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Luego de las 22 horas de hoy el conflicto instalado en el barrio Capra encontró una sorpresiva solución. Los vecinos accedieron a abandonar el predio que estaban ocupando con la condición de que la Policía liberara a los 18 delegados que permanecían detenidos en la seccional de la zona desde la tarde.

La Justicia había ordenado detener a 18 personas que oficiaban como representantes de las 250 familias que ocupaban un predio en el barrio Capra. Estaba previsto que a las 8:30 horas de mañana los delegados fueran conducidos ante el juez aunque tras la desocupación esa instancia no será necesaria.

Sobre las 20:30 horas de hoy, se había ordenado que otras 20 personas más fueran detenidas y conducidas a la comisaría, según informó Canal 12, aunque en primera instancia se habían resistido.

Algunos de los otros ocupantes se dirigieron hasta la comisaría 18 para manifestarse en apoyo a los delegados detenidos y planeaban hacer lo mismo mañana en el juzgado.

Las familias que ocuparon el predio en el barrio Capra pensaban retirarse del mismo ante la llegada de la Policía, aunque su abogado, Gustavo Salle, dio instrucciones tendientes hacia la permanencia en el lugar.

Finalmente, tras una breve asamblea, los ocupantes definieron quedarse en el terreno y volver en caso de ser desalojados por la Policía. "Si nos sacan, nos vamos pacíficamente pero vamos a volver", afirmaron a EL PAÍS digital algunos de los vecinos.

En tanto, el abogado Gustavo Salle, dijo a la prensa que "esto es lucha de clases" y criticó al gobierno por usar el tema de la vivienda como "mascarón de proa" de la gestión pero no ofrecer soluciones en casos como este. "Con la gente humilde son muy expeditivos para actuar" y no así "con otras personas", señaló el abogado patrocinante de los vecinos.

En horas de la mañana los ocupantes del predio situado entre Manga y Canelones concurrieron ante la Justicia para solicitar que se aplazara el desalojo que el juez penal Ricardo Míguez ordenó se cumpliera hoy a las cinco de la tarde.

Tras un par de horas dentro del Juzgado, Salles explicó que el juez definió que para la hora prevista se debe desalojar voluntariamente el terreno, o si no la Policía deberá llevar a los ocupantes al Juzgado.

En el lugar se instalaron entre 250 y 270 familias que reclaman acceder al terreno para construir sus casas, en parcelas que ya fraccionaron.

Salles mantuvo lo que había dicho a El País que la intención de las familias es negociar con el dueño del terreno y que el Estado le compre la propiedad para que luego sea vendida a quienes hoy están ocupando el predio.

Luego de salir del juzgado los representantes concurrieron al Ministerio de Vivienda y al Ministerio de Desarrollo Social, para tratar de obtener una solución. Pero estas gestiones fracasaron.

JUDICIAL. La mañana comenzó tranquila en el "barrio" dentro del barrio Capra. No se ven policías, no ha llegado una nueva información judicial. Bocalandro dijo que están tranquilos y preparándose para la tarde.

Quienes viven en ese terreno desde el mediodía del lunes tienen claro una cosa: no pretenden estar "de vivos" en el lugar. Bocalandro dijo que "todos los vecinos tienen intención de pagar por estar acá, por supuesto que sea una couta a la que podamos acceder. Por eso queremos hablar con el propietario", afirmó.

Dijo que la mayoría de quienes están en el terreno son obreros con trabajo pero sin un lugar fijo para vivir. Saben que al resistir la orde judicial están en desacato, pero como dijo ayer Bocalandro a sus compañeros "si hacemos bien los deberes -lo que implica estar tranquilos y prolijos- podemos lograr lo que queremos, que es estar acá".

El ahora representante de las familias afirmó que ante el Juez explicarán eso: que no quieren estar de arriba, que su intención es construir (a medida que se pueda) viviendas, crear un barrio y pagar una cuota accesible al propietario.