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DANIEL ISGLEAS

En un clima de consenso, fueron renovados los órganos de contralor del Estado luego de 15 años, lo que era una "asignatura pendiente" para el sistema político. Los partidos desean que a partir de ahora esto ocurra al inicio de cada gobierno.

La Asamblea General plasmó el acuerdo político concebido a instancias del presidente José Mujica, y logró reunir la cantidad constitucionalmente necesaria de votos para renovar al Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral.

En el acuerdo interpartidario se estableció que en el caso de los organismos de contralor, los presidentes serían personalidades que no ofrezcan resistencia alguna y sin identificación con ningún partido político, de forma tal de asegurar su imparcialidad.

La Asamblea General nombró para el Tribunal de Cuentas a Siegbert Rippe como presidente, y a los ministros Óscar Grecco, Diana Marcos, León Lev, Beatriz Martínez, Ruperto Long y Álvaro Ezcurra.

En la Corte Electoral, se designó a cinco miembros neutrales y cuatro representantes partidarios. La presidirá Ronald Herbert, y lo acompañarán co-mo neutrales Wilfredo Penco, Washington Salvo, Margarita Reyes y Gustavo Silveira. Los miembros políticos serán Walter Pesqueira y Germán Lezama (FA), Sandra Etcheverry (PN) y Alberto Brause (PC).

A pesar de su neutralidad, los ministros del Tribunal fueron propuestos por los partidos. Grecco, Marcos y Lev son del Frente Amplio, Martínez y Long son nacionalistas y Ezcurra es colorado. En la Corte, con los ministros neutrales ocurre lo mismo. Así, Penco y Salvo son del Frente Amplio, Reyes es del Partido Nacional y Silveira es del Partido Colorado.

RELACIÓN. La oposición reconoció que las condiciones pa- ra negociar la renovación de esos organismos se facilitaron con la asunción de Mujica. No solamente él en persona las impulsó, sino que la negociación corrió casi sobre rieles y los resultados quedaron a la vista: lo que no se había logrado en 15 años, se concretó ahora en poco más de tres meses de tratativas.

Por eso, Mujica no quiso faltar y permaneció en la sala de la Asamblea General durante toda la sesión especial de nombramiento de los ministros de ambos organismos. Luego, junto con los legisladores, se trasladó al salón de fiestas del Palacio Legislativo para presenciar la nominación y firma del acta de imposición en el cargo de los siete miembros del Tribunal de Cuentas y de los nueve de la Corte Electoral.

Este acuerdo interpartidario permite que con la nueva integración de ambos órganos, ningún partido tenga mayoría absoluta, y consagra la presencia de todas las fuerzas políticas en una relación más acorde a la realidad política actual.

La anterior integración de ambos organismos databa de 1995 y no reflejaba los cambios políticos que se produjeron en las tres últimas administraciones de gobierno.

Los mensajes que dieron los legisladores que negociaron el acuerdo apuntaron en un mismo sentido: que la renovación de los organismos mediante un acuerdo político que asegurara las mayorías parlamentarias necesarias, era una "asignatura pendiente" del sistema político.

La nota diferente la dio el diputado Pablo Abdala, que se retiró de sala antes de la proclamación de los ministros de ambos organismos. La razón es su disconformidad con la resolución política que tomó Unidad Nacional (UNA), sector al que abandonó.

Abdala pretendía que un representante de su agrupación política tuviera un cargo de relevancia en el gobierno, lo cual finalmente no ocurrió. En un momento de las negociaciones, se manejó que Álvaro Abdala, su hermano, responsable de las campañas de UNA en Montevideo, iría al Tribunal de Cuentas.

Las tratativas para integrar los organismos fueron llevadas a cabo por los senadores Enrique Rubio (Frente Amplio), Luis Heber (Partido Nacional), Iván Posada (Partido Independiente) y Ope Pasquet (Partido Colorado), en el marco de la negociación para la participación de la oposición en cargos de contralor en todo el Estado.

tono. Los mensajes enviados en la Asamblea General siguieron el tono cordial de esta instancia. Rubio pidió "no darle menos valor" al acuerdo del que "merece", prueba de lo cual fue la presencia de Mujica.

Presumiendo quizás el fin de los consensos, Heber adelantó que habrá "opiniones distintas" entre gobierno y oposición.

Pasquet agregó que la renovación de los organismos "potencia la democracia", y destacó el "clima de armonía".

Posada anotó que integrar los organismos de contralor era la "asignatura pendiente" del sistema político.

En la distribución que hizo el Poder Ejecutivo sobre los cargos a otorgar a la oposición, colocó a los organismos de contralor en un primer nivel jerárquico. El flamante presidente del Tribunal de Cuentas, Siegbert Rippe, es abogado y tiene un máster en administración pública y diploma de finanzas obtenidos en México. Es consultor en temas empresariales y de negocios. Es Asesor Letrado Externo de la Bolsa de Valores de Montevideo. Asesoró en materia bancaria y financiera al Ministerio de Economía y Finanzas y en materia comercial a la ANP. Fue director del Instituto de Derecho Comercial, asistente Académico del Rectorado de la Universidad de la República y coordinó la Unidad Central de Estudios del Mercosur de esa universidad. Ha publicado como director y/o coautor diversos libros y alrededor de 70 artículos de doctrina y de jurisprudencia comentada. Tiene publicaciones editadas en numerosos países y ha participado como docente, conferencista y/o panelista en cursos y eventos académicos y profesionales en Argentina, Bélgica, Brasil, Chile, Costa Rica, España, Estados Unidos, Italia, México, Paraguay, Venezuela, entre otros países, en temas también vinculados con sus diversas especializaciones académicas y profesionales. La Corte Electoral es presidida por el abogado Ronald Herbert, quien está al frente de un conocido bufete de abogados. Herbert es director de la defensoría de oficio penal de Montevideo. Presidió el Colegio de Abogados y fue profesor titular de Derecho Internacional Privado de la Facultad de Derecho hasta 1994.