BUENOS AIRES | GUSTAVO

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Fuentes de la Cancillería argentina rechazaron las especulaciones referidas a que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner habría desarrollado un papel activo en la reunión del G20 para que Uruguay fuera incluido en la lista negra de países que no colaboran a nivel internacional en el intercambio de información tributaria.

"El gobierno argentino no tiene la práctica de hablar mal de los países vecinos", se limitaron a señalar las fuentes ante una consulta de El País.

Al arribar a Buenos Aires de la reunión del G20 realizada en Londres, el canciller argentino, Jorge Taiana, señaló ayer que "se terminó la era del secreto bancario, y por eso la decisión política de avanzar para terminar con los paraísos fiscales".

"Esto es importante, y también ha sido un planteo de Argentina en noviembre, un poco en soledad con Francia, y ahora, en cambio, muy fuertemente impulsado por ese país y Alemania", señaló.

Tributaristas argentinos, en tanto, sostienen que los castigos previstos por el G20 a los países que no estén dispuestos a dar información fiscal no tendrían impacto sobre las inversiones en Uruguay provenientes de ese país.

"El dinero de argentinos en Uruguay se canaliza en inmuebles o inversiones financieras".

Si Uruguay se niega a brindar información, las penalidades previstas no tendrán un efecto directo sobre las inversiones de argentinos, al menos en una primera etapa", dice César Litvin, tributarista del estudio Lisicki-Litvin & Asociados, en Buenos Aires.

Los castigos a los países que no estén dispuestos a intercambiar información fiscal prevén el incremento de la solicitud de información a los contribuyentes e instituciones financieras sobre las transacciones, mayores retenciones de impuestos sobre la fuente de la renta y negar deducciones en los gastos por pagos a beneficiarios residentes en países que no cooperan con intercambio de información.

negativa. Litvin señaló, además, que "Uruguay no es un paraíso fiscal porque no es un país de nula tributación".

"Si los parámetros de control que hacen las entidades financieras uruguayas cumplen con los requisitos anti-lavado de dinero, el país tiene la facultad soberana de mantener su secreto bancario y financiero como más le plazca", agregó.

Para el economista Aldo Abram, titular de la consultora Exante, el impacto de la inclusión de Uruguay en la lista negra elaborada por la OCDE no afectará el ritmo creciente de depósitos de argentinos en bancos uruguayos.

"Quienes para cubrirse del riesgo argentino buscan refugio en el sistema bancario de Uruguay no lo dejarán de hacer porque el país fue incluido en la lista de la OCDE", dijo.

Según el Banco Central de Uruguay, a fines de febrero los depósitos de no residentes argentinos representan cerca del 90%, sumando US$ 2.556 millones, un 40% más que un año atrás.