El fiscal jefe de la Audiencia Nacional Española, Javier Zaragoza, acordó que se inicie una investigación preliminar sobre la posible colaboración entre las organizaciones terroristas ETA y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en base a un decreto de la fiscalía.
En diferentes medios de comunicación se ha publicado en los últimos días la existencia de vínculos entre ETA y las FARC y, en particular, sobre la presencia de miembros de la organización terrorista vasca en campos de entrenamiento de la guerrilla colombiana y la preparación de atentados contra políticos colombianos en Madrid. La información se basa en los datos encontrados en el ordenador del número dos de las FARC, Luis Edgar Devia, conocido como Raúl Reyes, que fue incautado tras la operación antiterrorista del Ejército colombiano el 1° de marzo en territorio ecuatoriano.
El fiscal menciona que los mensajes de correo electrónico encontrados en la PC de Reyes, fechados el 5 de julio de 2002, el 5 de agosto de 2003 y el 27 de septiembre de ese mismo año, hacen referencia explícita a cursos de adiestramiento recibidos por "los amigos de ETA", y se identifican algunas personalidades colombianas que podrían ser objeto de un atentado terrorista en Madrid: el vicepresidente Francisco Santos, el ex presidente Andrés Pastrana, y la ex embajadora de Colombia en España, Noemí Sanin.
Por ello, el fiscal ha abierto diligencias de investigación, que encomendó al fiscal Vicente González Mota, coordinador de la Fiscalía para terrorismo nacional. Este fiscal deberá indagar en particular `los vínculos históricos y actuales entre ambos grupos terroristas. Para cumplir estos objetivos, el fiscal deberá expedir una comisión rogatoria urgente dirigida al fiscal general de la Nación de Colombia, para que facilite toda la información de que disponga en sus investigaciones sobre los vínculos entre ETA y las FARC. Esta solicitud se tramitará por la vía diplomática, pero dada su urgencia se remitirá copia a través de Interpol, el magistrado de enlace de España en Colombia y la oficina del fiscal general de la Nación, en Bogotá. EL PAÍS DE MADRID
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