La ministra de Defensa Nacional, Azucena Berrutti, presentó ayer un proyecto de ley por el cual libera de "guardar silencio" a los militares que actuaron durante la dictadura (1973-1985).

La iniciativa quedó a consideración del presidente Tabaré Vázquez y establece que "el gobierno reconoce la posibilidad de manifestarse a todas aquellas personas que actuaron entre 1979 y 1985", las que "no están obligadas a guardar silencio", según informaron a El País participantes de la reunión del Consejo de Ministros.

La intención del Berrutti es que a través de ese proyecto todos los militares que quieran colaborar en el esclarecimiento sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura, puedan hacerlo bajo el resguardo de una ley, explicaron los informantes.

Este es el último proyecto de ley promovido por Berrutti antes de dejar su cargo el próximo lunes 3 de marzo.

El llamado "silencio austero" fue impuesto en filas del Ejército al término del gobierno de facto por el entonces comandante en Jefe, teniente general Hugo Medina.

La decisión de Medina fue tomada como una orden por todos los comandantes en jefe que lo sucedieron, hasta Ángel Bertolotti, quien a pedido de Vázquez en 2005 inició una investigación interna para esclarecer la situación de los ciudadanos desaparecidos.

La actitud de Bertolotti fue tomada en parte del Ejército, como una "traición", al reconocer por primera vez públicamente la intervención de personal de la fuerza de tierra en violaciones a los derechos humanos. La colaboración de Bertolotti con el gobierno de Vázquez fue objetada por los centros sociales de los militares retirados.

El "silencio austero" también fue objetado por algunos de los militares que actualmente se encuentran procesados, por entender que la orden de Medina de no hablar de lo ocurrido durante el gobierno de facto, los afectó directamente.

En reiteradas oportunidades, algunos de los procesados han señalado que durante más de dos décadas los mandos del Ejército guardaron silencio, pese a que algunas de las imputaciones que se les realizaron no se ajustaban a los hechos ocurridos.

Ante la imposibilidad de hablar, algunos solicitaron tribunales de honor, a los efectos de intentar aclarar su situación.

De prosperar la iniciativa de Berrutti, militares esencialmente de bajo rango podrían aportar información sobre los desaparecidos, sin ser sancionados por su actitud.