A. RODRÍGUEZ / D. ISGLEAS

Miembros de organizaciones de derechos humanos, militantes de izquierda y los promotores de la anulación de la ley de Caducidad celebraron el fallo judicial en Plaza Libertad con un acto en el que reclamaron anular esa norma jurídica.

La Coordinadora Nacional por la Anulación de la Ley de Caducidad congregó a cientos de personas y aprovechó la ocasión para recolectar más firmas en su campaña. Uno de sus integrantes más notorios, el dirigente sindical del gas, Luis Puig, sostuvo en un estrado montado en la plaza que el procesamiento del ex dictador Gregorio Alvarez es "un avance sustancial" para alcanzar "la verdad y la Justicia".

Puig lanzó duros ataques a los anteriores gobiernos por "proteger" a las principales figuras civiles y militares de la dictadura, y cuestionó a la actual administración por no derogar la ley de Caducidad, lo que permitiría, dijo, avanzar más aún sobre lo acontecido en las décadas del 70 y 80.

A nivel político, desde el Frente Amplio hubo reacciones de conformidad con el dictamen del juez Luis Charles.

"Da gusto vivir en un país en donde no se consagre la impunidad y se juzgue a los dictadores. Para que todos tengamos conciencia clara de que el Uruguay dice nunca más a la dictadura tenemos la satisfacción de que un dictador hoy está preso", declaró en la plaza la ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz.

En tanto, institucionalmente, la Vertiente Artiguista emitió un comunicado manifestando que el procesamiento "constituye un enorme avance en el camino de la derrota a la impunidad; un hito incomparable en la lucha por Memoria, Verdad y Justicia de todos estos años".

Esta agrupación frenteamplista sostuvo que el ex dictador "es un símbolo de los atropellos y violaciones sufridas por miles de compatriotas en la negra historia" de Uruguay y pidió "convencer" a los que aún tienen información sobre la desaparición de ciudadanos uruguayos que "ha llegado la hora de saber toda la verdad".

Por su parte, el senador comunista Eduardo Lorier dijo a El País que la decisión del juez Charles implica "un salto de calidad en el proceso de avance de la Justicia" porque Alvarez fue el "cerebro del terrorismo de Estado" en los 70 y 80, además haber sostenido "vínculos con el Plan Cóndor y vínculos con toda una estrategia que se construyó continentalmente por Estados Unidos, sembrando golpes fascistas en todo el Cono Sur".

Por su parte, la militante de los derechos humanos Luisa Cuesta, de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, celebró el procesamiento porque "se hace Justicia", aunque sostuvo que ya es "tarde".

"Dicen que la Justicia tarda, pero llega. Pero cuando llega uno está exhausto y ha perdido cantidad de compañeros y personas que murieron sin saber lo que había pasado con sus familiares. Esto también es doloroso porque es un remover de todo lo que pasamos en estos años", dijo Cuesta a El País.

LA OPOSICIÓN. Los partidos tradicionales adoptaron una posición de cautela y medida reacción, intentando no interferir con sus opiniones en la actuación de la Justicia. Para el senador nacionalista Luis Alberto Heber, por ejemplo, es "clara" la responsabilidad de Alvarez "como dictador". "En este tema no puedo ser objetivo porque formé parte de esa juventud que peleó contra la dictadura. Lo importante es que opine la Justicia", dijo a El País.

"Sabemos de su responsabilidad como dictador. Sabemos que hubo excesos y falta de garantías, y por eso respetamos el fallo y lo acatamos", agregó el senador blanco. Pero advirtió que "no nos alegramos, sino que miramos para adelante. Los temas del pasado hay que dejarlos donde están", subrayó.

Por su parte, el ex vicepresidente Luis Hierro destacó que lo más acertado es no dar opiniones sobre aquello que decidió la Justicia "para mantener la autonomía de ese poder". "Condeno la actuación de Alvarez como presidente de facto y como comandante en jefe del Ejército. He luchado contra él", dijo a El País, para agregar a continuación que "la condena histórica será más dura que la de la Justicia".