La fiscal Mirtha Guianze pidió al juez Luis Charles el procesamiento de militares detenidos por la desaparición de Adalberto Soba y Alberto Mechoso en Argentina en el año 1976, por el delito de privación de libertad.

"Yo mandé la notificación en sobre cerrado y veo que lo recogió la prensa" dijo hoy la fiscal a la agencia de noticias AP.

Por su parte, Charles citó ayer mismo a los acusados por la Fiscalía, para que se presenten mañana a las 13 horas. En esa audiencia les comunicará el pedido de procesamiento y es probable que emita su fallo. De concretarse el procesamiento, los militares no podrán ser extraditados a Argentina hasta no terminar de cumplir la pena en el país.

El delito de privación de libertad comprendido en el artículo 281 del Código Penal, establece una pena de un año de prisión a nueve años de penitenciaría.

La decisión de la fiscal Guianze se conoció en la misma jornada en que otros dos militares denunciados por delitos de violación a los derechos humano, fueron detenidos.

Entretanto, la esposa del coronel retirado Jorge Silveira, Leda Pascal, solicitó al presidente Tabaré Vázquez que traslade el caso del ex integrante del Organo Coordinador de Actividades Antisubversivas (OCOA) a la Suprema Corte de Justicia.

La solicitud se basa según Pascal, en que Silveira "es inocente" de los casos por los que se encuentra detenido. "A mi entender lo más justo sería que esta información llegara a la Suprema Corte de Justicia", señaló Pascal.

A través de una carta enviada al mandatario y a la que tuvo acceso El País, Pascal indicó que Vázquez y ella comparten "un secreto desde fines de 2005" y "es que yo sé que mi marido es inocente y usted también sabe de su inocencia", respecto "a los casos que actualmente se tramitan en la Justicia penal y en las situaciones en las que se solicita su extradición".

"Entiendo, a su vez que la presión política que rodea a un Presidente de la República, quizás actúe en forma negativa a la verdad que ambos conocemos", expresó Pascal, tras pedirle que el caso de Silveira lo hable "con la Primera Dama", quien en su condición de católica "le sabrá indicar el camino a tomar, que sin duda será el de la verdad".

Añade que con su pedido no está "bajo concepto alguno, avalando la culpabilidad de los demás detenidos", precisó. A instancias de la Justicia argentina, Silveira fue detenido en mayo con fines de extradición junto a José Gavazzo, Ernesto Ramas, Ricardo Arab, Ricardo Medina y Gilberto Vázquez, por su presunta participación en el Plan Cóndor y en especial por el caso Gelman.

DETENCIONES. Mientras, se concretó ayer la detención de Ernesto Soca, que integró el Servicio de Información de Defensa (SID), durante la dictadura militar. Soca fue alojado en Cárcel Central al igual que la mayoría de los militares retirados. José Araujo, es el único que se encuentra en Boiso Lanza. La detención de Soca, se realizó luego de que la jueza Aída Vera Barreto dio curso al pedido de extradición de la justicia argentina. También quedó en condición de detenido por la misma causa Luis Maurente, que se encuentra internado en el Hospital Militar. Personal policial comenzó a custodiar ayer la habitación de Maurente, que es contigua a la que ocupa Ramas.

Maurente, alias 309, también integró el SID y fue denunciado al igual que Soca por delitos de violación a los derechos humanos.

Los nuevos pedidos de extradición solicitados por el juez argentino Daniel Rafecas, por la megacausa Plan Cóndor, abarcan al prófugo Manuel Cordero y un militar fallecido (Díaz Olveira).

MALESTAR. Por otra parte, allegados a los militares detenidos manifestaron su malestar por la actitud que adoptó ante la Justicia, Juan Antonio Rodríguez Buratti. El coronel retirado que ocupó uno de los principales cargos en el SID, "defraudó" a algunos de sus camaradas al no reconocer responsabilidades en las acciones represivas que se realizaron en Argentina y asegurar que no tenía conocimiento del caso Soba.

El País