Durante tres horas, los integrantes de Plenaria, Memoria y Justicia realizarán hoy un escrache a representantes de los mandos militares que actuaron durante la dictadura.

Una caravana recorrerá distintas zonas de Montevideo para aproximarse a los domicilios de militares denunciados por delitos de violación a los derechos humanos. No obstante, fuertes dispositivos de seguridad y vallados, fueron dispuestos por el jefe de Policía, Ricardo Bernal.

A partir de las 14 horas, los adherentes de la entidad se concentrarán en el Obelisco, para luego iniciar la caravana. Si bien la dirigente de Plenaria, Irma Leites, anunció que la movilización finalizará en las inmediaciones de la residencia del ex presidente de facto Gregorio Álvarez, no adelantó qué otros militares serán "escrachados". La decisión de reservar el nombre de quienes serán denunciados, apunta a evitar la intervención policial, como en casos similares. No obstante, Bernal dijo a El País que de acuerdo a la información en su poder, las movilizaciones se realizarán en dos residencias de militares retirados, ubicadas en Pocitos y Punta Carretas. Las fincas serán custodiadas por personal de la División de Seguridad y de la Guardia Metropolitana. Se dispuso además vallar las zonas donde se realizarán los escraches. Las mismas medidas se instrumentarán en el domicilio de Alvarez.

Los activistas de Plenaria, prevén leer en las proximidades de cada vivienda "los delitos de lesa humanidad" de que son acusados los militares.

"Esta vez les toca a los jefes de los torturadores, de los asesinos y violadores, de los ladrones", señala el anuncio de la movilización publicado en la página web de la organización. Agrega que la organización contará con ómnibus para que los simpatizantes puedan participar de la caravana.

"Con condena social, juicio y castigo. Que termine la joda y la impunidad", señala la entidad como consigna.

Plenaria, Memoria y Justicia protagonizó en 2005 una serie de escraches a militares y civiles que intervinieron en la dictadura. En algunas de las movilizaciones la organización confrontó con las fuerzas policiales.

plan condor. Por otra parte, la Cámara Federal de Argentina confirmó ayer los procesamientos de militares por su participación en el Plan Cóndor.

El tribunal de segunda instancia convalidó el procesamiento de los ex integrantes de la dictadura militar de ese país que se extendió desde 1976 a 1983, por los delitos de "privación ilegítima de la libertad" y "asociación ilícita agravada" que había dictado el juez a cargo del caso, Guillermo Montenegro. El magistrado solicitó la extradición del grupo de militares retirados uruguayos que se encuentran actualmente detenidos en Cárcel Central, por la misma causa: José Gavazzo, Jorge Silveira, Ernesto Rama, Gilberto Vázquez, Ricardo Arab y Ricardo Medina.

En la resolución conocida, la Cámara definió al Plan Cóndor como "la relación ilegítima establecida entre los gobiernos y servicios de inteligencia" de Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil y Bolivia.

Agregó que la coordinación entre las dictaduras del Cono Sur permitió "compartir informaciones y cooperar para perseguir ilegalmente a opositores políticos". La medida alcanza a Jorge Rafael Videla, Albano Harguindeguy, Antonio Bussi, Luciano Benjamín Menéndez, Santiago Omar Riveros y Ramón Díaz Bessone, entre otros. Según los camaristas, durante la investigación quedó probado que los gobiernos de facto establecieron una "cooperación ilegal" destinada a "perseguir ilegalmente a opositores políticos", actuando en "paisajes ajenos para privar ilegalmente de la libertad ambulatoria a individuos para luego trasladarlos a su país de origen o bien procedían a la eliminación física". Para la Cámara Federal, los integrantes de los gobiernos de facto se aseguraban que los opositores no pudieran recurrir al "derecho de asilo" político para escapar a los países limítrofes.