Archivo de una causa polémica

Tupabandas, la historia que será leyenda

La causa que investigaba si el MLN se financió con dinero robado en democracia fue archivada este mes por falta de pruebas. Sin embargo, del expediente surge un dato nuevo que fue ignorado en la Justicia: miembros de las tupabandas abrieron sociedades anónimas a su nombre.

Foto: Fernando Ponzetto
Foto: Fernando Ponzetto

Corría el mes de junio de 1998. Semanas atrás, la Policía había conseguido detener a Luis Alberto (Beto) Oriol y a Alejandro Otero, cabecillas de una banda de delincuentes a la que se le adjudicaba una veintena de asaltos violentos. Oriol había pertenecido al MLN y había estado preso entre 1972 y 1985; Otero, en tanto, era hijo de uno de los viejos miembros del MLN. Habían caído varios integrantes de la banda, pero quedaban algunos más. Entre ellos, el tupamaro William Zipitría y un joven de 27 años del que solo revelaremos su nombre de pila: Ruben.

El 4 de junio de ese año, en un allanamiento, la Policía captura a Ruben en el sótano de una casa del centro de Montevideo. Estaba prófugo, se lo buscaba por su participación en una rapiña a una agencia de cobranza del Banco de Seguros. Acumulaba antecedentes por hurtos reiterados (1993) y encubrimiento de estafa (1994). Ese día queda preso y se le incautan dos revólveres.

Del análisis de las armas surge una novedad que permite asociar la banda a otro delito: una vieja rapiña perpetrada en el local de cobranza del club Colón, ubicado en San Martín y Fomento, en 1992. Los asaltantes eran tres. Se habían llevado 5 millones de pesos, cheques y el arma del guardia que entonces, casi seis años después, aparecía entre las pertenencias de Ruben.

Ya sin chance de desligarse, el joven habla. Y lo que dice forma parte de la causa que en el último año y medio investigó si las llamadas tupabandas financiaron al MLN con dinero robado en tiempos de democracia. A pesar de la información que aportan Ruben y otros testigos, el expediente, al que tuvo acceso El País, fue archivado a principios de este mes.

El fallecido Eleuterio Fernández Huidobro y el expresidente José Mujica. Foto: Presidencia.
El fallecido Eleuterio Fernández Huidobro y el expresidente Mujica. Foto: Presidencia.

En 1998 Ruben asegura que nunca participó de actividades ilícitas con “la banda de Oriol”, como la identifica la Policía. Reconoce, sí, que hizo negocios de intermediación con Augusto Maffei Morlán, uno de los cinco delincuentes “comunes” que en 1971 se fugaron del penal de Punta Carretas con un centenar de tupamaros. Dice que fue Maffei Morlán quien lo contactó con Otero, dueño del bar Pedrín (algo así como la sede del grupo), y los demás procesados. Maffei Morlán siguió delinquiendo después de fugado y, de acuerdo con información policial contenida en el expediente, integró la “banda de Oriol” y fue su gran delator.

Ruben declara ante la Policía -y aquí viene lo más revelador- que al conocerse con los demás miembros del grupo delictivo estos “le manifestaron sus intenciones de invertir el dinero, asesorándoles él de que la compra de sociedades anónimas era lo más apropiado”.

El negocio se concreta y Ruben cobra US$ 50 de comisión por su trabajo, que por lo que él cuenta consistió en intermediar: se contactó con un hombre llamado Marcelo, dedicado a la venta de garantías, y este a su vez le hizo el nexo con un estudio contable. Ruben dice que fue dos veces al estudio para abrir la sociedad anónima que finalmente se llamó Demornel y que se inscribió con la esposa de Oriol como presidenta, y con Otero como vicepresidente.

De la declaración del joven intermediario (que luego queda procesado con prisión), también surge que otro de los miembros de la banda, conocido como “Coque”, y el entonces prófugo Zipitría (que fue tupamaro), habían comprado otra sociedad anónima llamada Defoland.

Olga, la esposa del cabecilla Oriol, también es interrogada por la Policía pero no responde por qué es dueña de una SA ni para qué. Admite que con la sociedad compraron dos camionetas, una Fiat Fiorino y otra Chevrolet Apache, y que el dinero fue suministrado por Oriol y Otero.

Los policías buscan a los estudios notariales involucrados y descubren que tanto Demornel como Defoland fueron creadas por los mismos escribanos. En 1997 Defoland cambia de estudio dos veces y termina en un bufete de Buenos Aires. Los escribanos uruguayos declaran que los dueños de una y de otra SA son allegados entre sí.

Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros (MLN). Foto: archivo El País.
Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros (MLN). Foto: archivo El País.

Ahora bien, ¿qué fue de estas sociedades anónimas? En el Registro Comercial, la consulta de El País arrojó nula información de Defoland. En tanto, de Demornel reveló que fue creada en julio de 1997 y disuelta en marzo de 2015.

Defoland aparece mencionada en un informe elaborado por la Comisión Especial Investigadora sobre Hechos Ilícitos Vinculados con el Lavado de Dinero, formada en la Cámara de Diputados argentina en 2001. Esta SA figuran en un capítulo del informe llamado “La utilización de las Sociedades Comerciales uruguayas para el lavado de activos”. Y se la incluye porque es una de las que tiene en su directorio a dos mujeres que fueron testaferros comprobadas en decenas de sociedades. La directora de Defoland era hermana de un exdirector de DGI.

A su vez, los profesionales nombrados en el expediente de las tupabandas también aparecen en esta investigación de los diputados argentinos, así como en una causa por tráfico de armas en la que se verificó el uso de sociedades uruguayas.

Es sabido que desde antes de la dictadura el MLN usó sus recursos -en parte obtenidos de robos y secuestros- para adquirir chacras en la zona suburbana de Montevideo. Esas chacras, según recogen algunos de los libros que abordaron la historia tupamara, se pusieron a nombre de militantes que no estaban en la clandestinidad o testaferros. Ya en democracia, los bienes habrían pasado a estar a nombre de sociedades anónimas.

Esto, que se reafirma en el relato oral de varios extupamaros consultados, quedó en evidencia en 2016 tras una nota de El País. La investigación reveló que los matrimonios de José Mujica y Lucía Topolansky, y Daniel Placeres y Estela Pereyra, adquirieron en junio de 2011 dos padrones rurales linderos a la chacra donde viven, que pertenecían a Gafelur SA, una sociedad propiedad del MLN desde 2003. El mismo día que Mujica compró esos terrenos, Gafelur SA intentó traspasarlos al Fondos Raúl Sendic, creado por el MPP, pero no pudo hacerlo. En ese momento vencía el plazo que obligaba las sociedades anónimas a adecuar su paquete accionario y dejarlo representado por acciones nominativas pertenecientes a personas físicas. El expresidente confirmó todo lo informado por El País en aquel entonces.

En el expediente, tras el oficio que revela que varios extupamaros procesados por rapiña abrieron sociedades anónimas (en conjunto con otras personas), figura otro oficio policial del 26 de junio de 1998. Allí, el entonces jefe del departamento de Hurtos y Rapiñas, Eduardo Vica Font, solicita al juez que se averigüe si Demornel SA o cualquiera de los 14 integrantes de la banda de Oriol (y los nombra uno por uno) poseen cuentas bancarias. Y pide que, en caso afirmativo, se proceda a levantar el secreto bancario.

Queda por investigar.

La fiscal Stella Llorente decidió reabrir la causa de las tupabandas tras una publicación de El País. Foto: F. Flores
La fiscal Stella Llorente decidió reabrir la causa de las tupabandas tras una publicación de El País. Foto: F. Flores

Aquello que saltó en 1998 y que al parecer Vica Font quiso investigar, es un agregado suelto del expediente que ahora se archiva. No hay nada que permita inferir por qué se lo incluye ni tampoco indagatorias o conclusiones posteriores. No figura nada respecto a esa eventual averiguación sobre las cuentas. El País intentó comunicarse con Stella Llorente, la fiscal a cargo de la investigación en ese momento, pero se mostró muy ocupada y no respondió a pesar de los intentos de varios días.
Una de las incógnitas planteadas desde el inicio fue qué pasó con la plata robada. Para qué usaron el dinero las bandas integradas por tupamaros o extupamaros -hubo al menos dos, la de Oriol y la liderada por Rudhemar Carbajal Monroy- fue una pregunta que surgió en los 90, porque en los allanamientos no encontraban efectivo ni rastros de gastos importantes. Entonces, la hipótesis de las sociedades anónimas para depositar lo robado tuvo lugar.

Lo contó en el juzgado César Inzaurralde, un policía que trabajó en Inteligencia entre 1976 y 2006, y que ofició de analista de la información que provenía de otros departamentos policiales sobre las bandas que asaltaban bancos. Inzaurralde explicó que, de acuerdo a sus conocimientos, “en este tipo de organizaciones (por el MLN) el dinero no se reparte proporcionalmente en función del posicionamiento, sino que va a los proyectos de grupo”.

En ese sentido, expresó: “Acá entramos en una parte que queda por investigar, que es el conjunto de emprendimientos y actividades de muchos integrantes de los tupamaros, que no teniendo fondos ni forma alguna de crear sociedades anónimas, lo hicieron”.

El exinteligencia agregó que en su oficina existía información sobre “un número importantísimo de sociedades anónimas conformadas por la organización”, como “carpinterías, zapaterías, electrónica, sanitaria, compra de campos, terrenos, chacras, quintas”. Y afirmó: “En términos hipotéticos, la generación de parte de la ganancia, posteriormente volvería a estos proyectos sociales y políticos”.

Inteligencia sabía en ese momento que el MLN atravesaba una situación difícil en lo financiero y que se le hacía cuesta arriba sostener “la (radio) 44, (el semanario) Mate Amargo, la editorial Tupac Amaru, los asentamientos y las radios comunitarias”. Eran conscientes de que esas actividades “se realizaban a pérdida” y “se desconocía el financiamiento”. Por eso se hizo “seguimiento de las sociedades anónimas por el diario oficial”, explicó Inzaurralde, pero “una cosa es seguir la constitución de las sociedades anónimas y otra cosa muy distinta es ahondar en la actividad criminal para determinar qué hicieron con los fondos”. Esto último, dijo, no se pudo averiguar por falta de personal especializado.

En junio de 2017, cuando la oposición pidió una comisión investigadora sobre las tupabandas y el Frente Amplio la denegó, Mujica reconoció en el Senado que hubo tupamaros que robaron en democracia, pero los desvinculó del seno de su fuerza. Dijo: “Es muy probable que tres o cuatro militantes fuera de nuestra disciplina hubieran emprendido otro camino. No sabemos si por otro proyecto político o una desviación de carácter bandidista”.

El asalto a un local del BPS en Parque Posadas en 1998 fue la última rapiña asociada a una tupabanda. Foto: archivo El País
El asalto a un local del BPS en Parque Posadas en 1998 fue la última rapiña asociada a una tupabanda. Foto: archivo El País

No es suficiente.

El uso de las sociedades anónimas y la posibilidad de que el MLN se haya financiado con dinero robado no se pudo investigar en los 90. Y si bien se anunció que la Justicia lo haría casi 30 años después, tampoco lo consiguió.
En la causa se citó a seis de los mencionados en una nota publicada en esta sección en junio de 2017, que fue el disparador de la investigación.

De la nota al juzgado: cómo Vica Font relativizó sus dichos
Eduardo Vica. Foto: Ricardo Figueredo

La entrevista que se le realizó a Eduardo Vica Font, que fue jefe de Hurtos y Rapiñas en los años 90, y que fue publicada en junio de 2017, está grabada en video y varios fragmentos están disponibles en la web de El País. Sin embargo, en el juzgado, Vica Font se desdijo de varias de sus afirmaciones y a otras las relativizó.

Según se lee en el expediente, la fiscal Stella Llorente le preguntó: “Usted manifestó en esa entrevista (con Qué Pasa) que se le cortó el mambo, que hubo una orden para que no siguiera investigando. ¿Eso es verdad?”. Vica Font contestó: “No”. Entonces afirmó que la llamada fue de Nelsi Bobadilla, que era el jefe de Policía, y fue para felicitarlo por los procedimientos. Ante la insistencia de Llorente, el expolicía agregó que Bobadilla en esa llamada le dijo “que diera por liquidado el tema de las polibandas, para decir «bueno, ya está»”. Pero la fiscal volvió a preguntarle: “¿Usted recibió alguna orden de alguna autoridad para que no siguiera investigando este tema?”. Y Vica Font volvió a decir que no. En entrevista con Qué Pasa, en cambio, había asegurado: “Yo recibí felicitaciones de ciertas autoridades, y una de esas autoridades que no la voy a mencionar -y es una muy grande-, me dejó en el aire que no siguiera con las investigaciones de los destinos de los dineros”. Off the record sí reveló quién fue, y no era alguien de la Policía sino del gobierno de Julio María Sanguinetti.

También relativizó el hecho de que el dinero robado fuera a un comité de base del MLN. Dijo que cuando afirmó a Qué Pasa que le había quedado “muy claro que Fernández Huidobro recibía el dinero”, eran solo “presunciones”.

También atribuyó errores de interpretación a su afirmación de que por aquellos años había ido “recolectando información para hacer el procesamiento de Fernández Huidobro algún día”. En el juzgado, alegó: “Está un poco salido de lo que dije. Mi idea primaria era sacar de la calle a los delincuentes que hacían los asaltos”.

Le consultaron sobre las supuestas declaraciones de Luis Alberto Oriol, cabecilla de una tupabanda, a su subalterno Enrique Mariño. En entrevista con Qué Pasa se le había preguntado si en algún momento había escuchado a algún delincuente decir que robaba para una organización política, y había contestado: “No, yo en ningún momento. Yo era el jefe del departamento. El que tiene que hacer las cosas es el subcomisario, Enrique Mariño”. Y cuando se le repreguntó si Mariño le había transmitido si había oído algo en ese sentido, respondió: “Claro, pero como dichos”. En el juzgado, en tanto, afirmó que el único que había tenido “un mano a mano” con Oriol había sido él, y agregó: “Si se lo dije (a la periodista) está mal interpretado. Mariño nunca me informó nada oficial ni extraoficialmente”.

Una nota reabrió el caso

La historia de esta causa arranca con el libro Eleuterio Fernández Huidobro. Sin remordimientos, de la periodista María Urruzola, y el testimonio de un anónimo llamado “Beto”, que para quien haya leído los expedientes de las rapiñas es evidente que se trata de Luis Alberto Oriol. Entre otras cosas, Beto -u Oriol- le dice a Urruzola: “Se necesitaba meter el caño para financiar al MPP porque había poca plata (...) De cada operación se repartía una parte, y luego se le daba a la Orga”, por la organización. El capítulo del libro referido a las tupabandas terminó de afianzar lo que otros habían aportado antes. Por eso el fiscal de Corte, Jorge Díaz, en abril de 2017 le envió una copia a Stella Llorente y ella entendió el mensaje: abrió una investigación. Sin embargo, su labor se limitó a revisar los expedientes mencionados en el libro, y sin tomar declaración alguna, consideró falta de méritos para avanzar. Ante esto, la oposición pretendió abrir una comisión investigadora.

En el escrito que la fundamentaba se hizo una síntesis de lo publicado al momento sobre el tema. De ese material, en Qué Pasa tomamos personajes y hechos y realizamos una investigación propia que fue publicada el 18 de junio de 2017 con el nombre: “Tupabandas: la sospecha que quedará inconclusa”. En base a esa nota, Llorente decidió reabrir la causa.

El primer citado fue el excomisario Vica Font, que se presentó a El País como “el autor de la debacle de las tupabandas” y demostró tener elementos para aportar al esclarecimiento del tema. Sin embargo, en el juzgado, Vica Font se desdijo de varios de sus comentarios y a otros les bajó el perfil (ver más en pieza aparte en esta página).

No se tomó declaración a Mujica, pese a que el expresidente había dicho también en el Senado que no le tenía miedo al tema, que no era cobarde y que si la Justicia lo citaba no se ampararía en sus fueros.

Llorente sí indagó como testigo a Oriol, que negó absolutamente todo lo que se le atribuye, incluso las siete rapiñas por las que estuvo preso. Les tomó declaración a Enrique Mariño, sucesor de Vica Font en Hurtos y Rapiñas, al exministro del Interior Luis Hierro López y a su jefe de Información e Inteligencia, Luis Pereira Saldías; citó a los extupamaros Jorge Zabalza y Sergio Lamanna, a varios funcionarios de Inteligencia de la época, y a un policía que presenció el asalto al motel Goes, un episodio clave según lo señalado por Vica Font.

Ese asalto fue la punta de la piola de la que cinchó Vica para investigar, porque del asalto frustrado participaron dos personas que fueron investigadas por su nexo con el MLN. Eran un colombiano llamado Heber Santander -que resultó muerto en la rapiña- y una chica de 19 años, cuñada de Santander, que sobrevivió. A ella se le encontró “material sedicioso”. Pero el hecho fundamental fue que la novia del muerto, Roxana Melo, interrogada por Vica Font, dijo que después de cada robo iban a un comité de base de la calle Ejido, de Eleuterio Fernández Huidobro, a llevar el dinero.

A Roxana no la encontraron. La jefatura de Policía de Rivera emitió una averiguación de domicilio con la presunción de que estaría allí, pero del Sistema de Gestión de Seguridad Pública no surgieron datos. Desde Rivera pidieron al juzgado que al menos se proporcionara la cédula de identidad, cosa que no sucedió. Nada más pudieron hacer la Policía y la Justicia para contar con el testimonio de quien se consideraba la testigo esencial, a pesar de que El País sí logró ubicarla.

“Dejame en paz, vos tenés hijos y yo también”

En octubre de 2017, mientras la Justicia daba los primeros pasos en su investigación sobre las tupabandas, Qué Pasa consultó el expediente del asalto al motel Goes, ocurrido el 24 de septiembre de 1994, del cual surgió el testimonio de Orfilia Rosana Mello, novia del asaltante muerto. Ella fue interrogada por policías de la seccional 4ta. y luego por Inteligencia. Declaró que parte del dinero robado iba a un comité de base. Estas palabras no figuran en el expediente porque fueron separadas del asalto en sí. Pero en el expediente sí estaba su nombre completo, y con esa información se hizo una veintena de llamadas a personas con nombres similares, hasta que se dio con alguien que reveló que ahora se hacía llamar Rosana Rocha. Así, se la ubicó en Facebook. Cuando se le dijo por qué se la quería consultar, la mujer dijo que no hablaría del tema. Ante la insistencia, advirtió: “Dejame en paz, yo tengo hijos y vos también”, y bloqueó el chat. La Justicia no pudo ubicarla.

Finalmente, la fiscal Sylvia Gari, heredera del caso tras el cambio de Código del Proceso Penal, decidió solicitar el archivo, y la jueza María Noel Tonarelli se lo concedió. En su dictamen, Gari destaca que los delitos investigados están prescriptos (pasaron ya 30 años de las últimas rapiñas), pero igual se esmera en resumir el aporte de cada uno de los declarantes. Y aun reflejando que varios de ellos dieron elementos para reafirmar la causa, concluye que estos son “insuficientes como para determinar la vinculación de los ilícitos cometidos por las tupabandas y la organización MLN”. Y agrega: “Francamente no se avizora progreso alguno en la instrucción. El paso de tantos años impide obtener la prueba para ese nexo causal”.

Ahora sí: la sospecha quedará inconclusa, y la historia será solo una leyenda.

Reportar error
Enviado
Error
Reportar error
Temas relacionados
Max caracteres: 600 (pendientes: 600)