Se suele decir que el amor no entiende de formas. Tampoco reconoce límites, y en muchos casos es un “flechazo” que llega por sorpresa, aunque no se busque. Las cárceles uruguayas son escenarios hostiles, pero también testigo de “noviazgos” entre operadoras penitenciarias y privados de libertad.

El rol de los operadores penitenciarios es fundamental porque son civiles y generan un vínculo con los presos que los policías no tienen. El asunto es que en muchos casos es tanta la cercanía que funcionarias del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) han sido despedidas por mantener vínculos sexoafectivos con presos. De esto no hay un caso, sino varios.

Hace poco sucedió en la cárcel más grande de Uruguay, la unidad número 4 Santiago Vázquez, el exComcar. A una funcionaria se le inició un sumario con separación del cargo cuando sus superiores comprobaron por medio de testigos la forma de interactuar que tenía dentro del calendario con un privado de libertad. Según supo El País, en el expediente había pruebas como “cartas de amor” entre el privado de libertad y la trabajadora.

En este caso es claro, se estaba dando una distorsión del rol que tenía la operadora, que no la dejaba cumplir con sus tareas de guardia, control y rehabilitación. Este fue uno de los 170 casos de funcionarios destituidos este año, según datos de la Oficina Nacional del Servicio Civil a los que accedió El País, tomados hasta la fecha del 8 de agosto.

En Uruguay hay 296.925 empleados públicos, solo contando la Administración Central (Presidencia y ministerios), así como entes y servicios descentralizados. Son empleados que, a diferencia de los contratados por privados, no pueden ser despedidos de cualquier manera ni de forma rápida. La propia Constitución dice que los funcionarios presupuestados “se declaran inamovibles” pero la realidad es que el Estado sí puede destituirlos, aunque es un proceso largo, que lleva de seis meses a dos años.

¿Pero cómo se despide, en los hechos, a un funcionario? La Constitución establece tres motivos: ineptitud, omisión o delito. Y se deben demostrar con solvencia para que se concrete el apartamiento del cargo.

Si pertenecen a la Administración Central, deberán tener el voto del Senado para ser destituidos. No necesitan de esta venia parlamentaria funcionarios de intendencias, entes autónomos y servicios descentralizados. Tampoco los soldados o los policías. En ese caso cada organismo tiene su régimen interno y, una vez que se inició sumario con causal de apartamiento del cargo, la información es trasladada a la Comisión Nacional del Servicio Civil.

El año pasado se recomendó despedir a 279 personas. Los números son similares si se va para atrás: en 2020 fueron 230, al siguiente año 232.

La mayoría de las destituciones que se terminan concretando son en el Ministerio del Interior, tanto de funcionarios policiales como civiles, según coinciden jerarcas y legisladores que intervienen en el proceso, consultados por El País. Aunque también hay que tener en cuenta que es el ministerio que más funcionarios tiene.

La Oficina Nacional del Servicio Civil es el organismo que diseña y regula los vínculos de los funcionarios con el Estado. Es como la gran área de recursos humanos de Uruguay. Por eso allí llegan grandes expedientes que tienen que evaluar para emitir un juicio, que no es vinculante, pero que en casi todos los casos es aplicado por los organismos. Ariel Sánchez, subdirector de la oficina y presidente de la comisión que evalúa los casos, explica que allí “ingresan las propuestas legalmente previstas de destitución de funcionarios públicos”.

¿Pero cómo se dan en los hechos? Un organismo realiza una investigación administrativa y luego sumario, o a veces se va de forma directa al sumario. Y el jerarca máximo determina que por la falta corresponde “la máxima sanción”, es decir la destitución. Mientras que se da esta investigación, el funcionario es apartado del cargo: cobra medio sueldo, o se puede retener el total de su salario.

Lo que hace luego la comisión que funciona en Servicio Civil es estudiar lo presentado por el organismo. Esta comisión tiene cinco integrantes, cuatro por el gobierno y uno por la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE). Tanto el presidente de la comisión como Luis Costa, representante por COFE, concuerdan en que en la abrumadora mayoría de los casos que llegan se recomienda la destitución. “Nos aseguramos de que el funcionario haya podido hacer los descargos, porque es su derecho”, explica Costa.

-¿Qué ejemplo nos puede contar?

-Lo que se me ocurre del último tiempo es la Policía. Ellos tienen un régimen muy estricto. Son siempre funcionarios y están con su arma de reglamento en todo momento, y se hacen los controles aleatorios y por ejemplo encuentran que fumó marihuana, ya está, ya fue.

Pero en la Policía hay casos más complejos, dice el delegado por COFE. Como funcionarios denunciados por sus exparejas por violencia basada en género.

Otras reglas.

Los casos de destitución en intendencias

Los 19 departamentos manejan de forma variada la destitución de sus funcionarios públicos. Sus casos no son tratados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, aunque esta puede recibir consultas que refieran a la forma en la que se han realizado las investigaciones administrativas, y los sumarios. Y realizar luego, solamente por pedido expreso de una intendencia, un juicio, que no es vinculante.

Foto: Estefanía Leal / Archivo El País

Una vez que un funcionario municipal ha sido sancionado, y se resuelve aplicar la destitución, esta debe de ser analizada y aprobada por la Junta Departamental para que se haga efectiva.

Los funcionarios públicos emergen como pilares fundamentales de un engranaje enorme: el Estado. Son el sueño de muchos, por la estabilidad laboral y los buenos sueldos. Son maestras que enseñan a escribir, también con túnica blanca son médicos que operan corazones. Llevan armas las 24 horas del día: son policías. Tienen la responsabilidad de gestionar y ejecutar políticas públicas que atraviesan gobiernos de distintos partidos políticos. Pero son también muy cuestionados por los ciudadanos “de a pie”. A veces se los critica por la forma de desarrollar las tareas y los tiempos que manejan: “Toman mate todo el día y no hacen nada”, dicen, porque en el imaginario popular los funcionarios públicos trabajan poco.

“Lamentablemente algunos pocos que están de vivos en lugares grandes complicados de controlar”, dice Costa, el representante de COFE en la comisión.

Por estos días el Senado está próximo a votar una venia para destituir por robo a una funcionaria del Ministerio de Educación y Cultura. El caso está a estudio del senador Charles Carrera del Frente Amplio. Pero al menos dos veces por mes el plenario vota destituciones como esa.

Hay casos en todos los organismos, y por diferentes causales. El año pasado se aprobó la destitución de una funcionaria del INR por presentar un comprobante médico adulterado. La investigación confirmó que habían sido hechos a mano y con lápiz, no eran del BPS ni de la mutualista de la cual era socia. También se han dado casos donde presentaron documentos apócrifos justificando la realización de un examen en la Universidad de la República. Y se fue a buscar la fecha y ese día no se realizó examen alguno para la materia que el funcionario decía cursar en la facultad.

Otro caso: una funcionaria administrativa tuvo distintos cambios dentro de una dependencia, pero nunca respetaba lo que sus superiores le encomendaban hacer. Se realizó el proceso y se la cesó.

El senador del Partido Nacional integrante de la Comisión de Asuntos Administrativos, admite que “que te echen del Estado es excepcional” y “te tenés que haber portado muy mal”.

Los casos a tratar por la comisión parlamentaria se dividen entre sus miembros. Cada legislador informa a la comisión el resultado y luego es trasladado al plenario del Senado, donde se vota. De todas estas actuaciones no hay registro ni versiones taquigráficas, porque son secretas.

Para la senadora del Frente Amplio Amanda Della Ventura, integrante de la misma comisión que Gandini, “no es fácil decidir que hay que destituir a un funcionario público, pero los casos que llegan son muy claros”. Esta maestra de profesión cuenta que han tenido a estudio casos que se arrastran desde seis años atrás y que todavía no se había llegado a una definición.

El funcionario es destituido luego de que se lo encuentra responsable de una ineptitud, omisión o delito. Para eso se debe de realizar una investigación administrativa y un sumario, que deje en claro cómo fue causada la falta y por qué se pide la destitución. Además en muchos casos ya se realizaron las denuncias ante Policía y fiscalía.

La senadora del Frente Amplio dice que comúnmente los expedientes llegan con toda la información desde el organismo que pide la destitución. Y además todo lo que ingresa al Senado es porque ya pasó por la Comisión Nacional del Servicio Civil, así que es “el último paso”, después de que todo se revisara.

Gandini recuerda algún caso donde se ha devuelto el expediente: “Pero no es lo que generalmente pasa, puede haber alguna omisión formal y se pide que vuelva como corresponde”. Sin embargo, el presidente de la comisión de Asuntos Administrativos, el senador nacionalista Rodrigo Blas, no recuerda casos en los que no se votara la destitución

“Nadie es destituido sin su debido proceso”, responde el representante de COFE en la comisión de Servicio Civil. Algo parecido afirma Sánchez, el subdirector de Servicio Civil: “El proceso se da con todas las instancias administrativas correspondientes, y por eso muchas veces llevan años”.

Las garantías parecen suficientes para los funcionarios públicos, que en este momento se encuentran en una disputa con el gobierno por las nuevas disposiciones que se pretende aplicar en la certificación de las licencias médicas. Pero no hay batallas por “malas destituciones”, solo pesados expedientes que se acumulan por mes y hasta años, para finalmente despedir a un empleado público.