LA LEY QUE AÚN ESPERA

Es de esos temas eternos, de esos temas complejos que en Uruguay nunca terminan de resolverse. Para empezar, podría decirse que el combate al consumo abusivo de alcohol no fue una prioridad en los gobiernos del Frente Amplio: de hecho, la coalición de izquierda se tomó casi 15 años en decidirse a regular aspectos vinculados a la venta y la publicidad de las bebidas alcohólicas. Antes de eso hubo dos proyectos que fracasaron y este tercero que llevó varios años de discusión, en medio de dudas de los propios legisladores entonces oficialistas (y el rechazo de la mayoría de los opositores) y los intereses en juego de los diversos actores del mercado del alcohol.

Lo cierto es que a último momento, muy lejos de la firmeza emprendida con el tabaco y tras la derrota en las elecciones de noviembre de 2019, el Parlamento sancionó el 17 de diciembre una ley que, entre otros cambios, estableció un registro obligatorio de vendedores de alcohol, creó una mesa coordinadora para fiscalizar que la norma se cumpliera, fijó sanciones, obligó a incluir mensajes en etiquetas y publicidades, así como a poner dispensadores de agua en fiestas y espectáculos donde se vendiera alcohol.

Una ley de 38 artículos, promulgada el 23 de diciembre de 2019 y reglamentada a dos semanas del cambio de gobierno, el 17 de febrero de 2020. Una ley que hoy, dos años y medio (y una pandemia) más tarde,no se aplica ni se dedican recursos a controlar su cumplimiento. Pero que tampoco ha sido derogada por el gobierno de Luis Lacalle Pou.

Está ahí, pero es letra muerta. Al menos hasta ahora.

La norma vigente es menos ambiciosa que proyectos anteriores y la idea era que se aplicara en forma simple, según relatan referentes del gobierno anterior. Fue enviada al Parlamento en 2017 tras un par de años de debate en una comisión con integrantes de todos los partidos y de diversos sectores de la sociedad que se reunía en la residencia de Suárez con el entonces presidente Tabaré Vázquez.

En el Senado la discusión casi se congeló, al punto que ya en 2019 Vázquez reclamó apurar el tema porque quería aprobar la iniciativa. Se terminó sancionando solo con votos del Frente Amplio, acompañado en el Senado por la nacionalista Verónica Alonso.

Cinco años antes, el presidente José Mujica había enviado al Parlamento un proyecto de 55 artículos, que creaba la Unidad Reguladora de Bebidas Alcohólicas y establecía un sistema de licencias para la venta. Esa iniciativa quedó por el camino y, según supo El País, un alto funcionario de aquel gobierno transmitió en la transición a la administración de Vázquez que no haber podido aprobar esa ley fue una de las “frustraciones” más importantes de aquellos años.

Hoy, con una ley que no se aplica y latolerancia cero al alcohol en el tránsitovigente (ver recuadro más abajo), el drama del abuso del alcohol, que es la droga de mayor consumo, sigue ahí y a edades muy tempranas.

Repasemos algunas cifras. Primero, cada uruguayo toma 6,92 litros de alcohol puro al año, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Uruguay está a mitad de tabla porque hay países con consumo superior a 10 litros al año.

A fines de julio se difundieron los resultados de la última Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en Estudiantes de Enseñanza Media, realizada en 2021 por la Junta Nacional de Drogas (JND). El día que presentaron la encuesta, el secretario general de la JND, Daniel Radío, resaltó su importancia “para el diseño de políticas públicas”. ¿Pero cuánto ha avanzado el gobierno en este tema? Eso lo veremos un poco más adelante.

En el estudio se muestra un panorama que se mantiene estable respecto a mediciones anteriores pero que no deja de ser preocupante, como afirman los especialistas (ver recuadro más abajo): casi tres de cada 10 estudiantes de entre 13 y 17 años tuvo un episodio de abuso de consumo de alcohol en los 15 días previos a la encuesta. Se entiende por abuso haber tomado al menos dos litros de cerveza, tres cuartos litros de vino o cuatro medidas de bebidas destiladas y el exceso es algo mayor en el interior que en Montevideo. Además, ocho cada 10 tomó alcohol alguna vez en su vida, siete cada 10 en el último año y casi la mitad en el último mes. Lo novedoso es que por primera vez hay una mayor proporción de mujeres que de varones que toman (73,4% y 65% respectivamente en los últimos 12 meses).

La edad de inicio de consumo es, en promedio, 13 años. Es más baja que el tabaco (14,4) y la marihuana (14,9).

Volvemos a la ley. Una de las principales disposiciones, la clave de la iniciativa al decir del exprosecretario Juan Andrés Roballo, es la creación del registro obligatorio de vendedores de bebidas alcohólicas en el Ministerio de Salud Pública (MSP). El que se registra obtiene un “permiso” que debe ser exhibido en el local. La instrumentación del registro, con un trámite en línea, queda a cargo del MSP y de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), según el texto de la reglamentación.

Además, la ley crea una Mesa Coordinadora de Fiscalización del Mercado de Bebidas Alcohólicas, dirigida por el presidente de la JND (que hoy sería el prosecretario Rodrigo Ferrés) e integrada por representantes de diferentes ministerios y organismos, que debe controlar el cumplimiento y fiscalizar.

Desde el Instituto Nacional de Vitivinicultura (Inavi), el presidente Ricardo Cabrera adelanta a El País que ya designaron los representantes para esa mesa, pero hasta ahora no han sido convocados por la JND. Lo mismo sucedió en otros organismos, como el Banco de Previsión Social.

Las sanciones previstas para los que vendan alcohol y no estén registrados van desde observaciones a multas de 1.000 a 100.000 unidades indexadas (unos 5.500 a 550.000 pesos al valor actual) y la clausura del establecimiento.

Y también se debe instalar la Comisión Asesora Honoraria Consultiva en Materia de Uso Problemático de Alcohol en la órbita del MSP con representantes de empresarios, trabajadores, instituciones educativas y de investigación, para asesorar, proponer planes y programas.

Pero nada de eso pasó.

“Nunca se aplicó, se dejaron estar y nadie se preocupó en mover la ley”, confirma a El País el presidente del Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y afines del Uruguay (Cambadu), Daniel Fernández, y dice que en Uruguay al menos hasta hace un par de años había unos 27.000 puntos de venta de alcohol, incluyendo supermercados, almacenes, bares, restoranes y boliches, según datos que les brindó Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC). “Lo que nosotros pedíamos es que no existiera el 27.001, pero sigue todo libre y vende el que quiere”, agrega el empresario.

¿Qué dicen desde el gobierno? “Hablá con el Ministerio de Salud Pública”, responden a El País desde el equipo de comunicación de Radío, el secretario general de la JND, tras al menos 10 consultas telefónicas a lo largo de una semana. El jerarca no quiere hablar del tema, incluso contar si se ha creado o no un plan nacional para la prevención del consumo problemático de alcohol, previsto en el artículo 13 de la reglamentación.

Radío, quien en el período anterior era diputado, votó en forma negativa esta ley debido principalmente a un tema de “oportunidad política”, según consta en la versión taquigráfica.

Desde Salud Pública una alta fuente responde que el registro no fue creado ni tampoco la mesa coordinadora. ¿Se demoró por la pandemia o por otro tema? ¿Hay decisión de no aplicar la ley porque están en contra de lo que establece? “Está todo en un proceso de evaluación interna”, indica el informante y “todas las opciones” -desde aplicar la ley tal cual está, hacer cambios o eliminarla- están “arriba de la mesa”.

Y después, silencio.

En la Agesic no saben nada. “Llamamos al MSP pero no nos dieron información”, dice una fuente del organismo, quien explica que en realidad la creación de ese trámite en línea es muy simple y no tiene por qué implicar a la Agesic, más allá de lo que dice la ley.

Iván Posada, diputado del Partido Independiente y compañero de Radío, no conoce las razones por las que no se aplica la normativa pero dice que no es el mejor camino, en este y en cualquier otro caso. “Las leyes y los decretos o se modifican o se cumplen”, explica.

El nacionalista Álvaro Dastugue, presidente de la comisión de adicciones y en su momento integrante de la comisión multisectorial que instaló Vázquez, adelanta a El País que hará un planteo al Ejecutivo para que se adopten acciones vinculadas a la prevención del consumo de alcohol, aunque no necesariamente estén vinculada a la ley vigente. Además, convocará al Parlamento al psicólogo Paul Ruiz para que explique un estudio que realizó en la Udelar que relaciona el consumo de alcohol con la alta tasa de suicidios. “Es la droga más consumida, tenemos que hacer algo”, dice.

Diego Olivera, secretario de la JND en el gobierno anterior, dice que el gobierno “no actúa” para aplicar la ley y para él “es un misterio” porque la norma “está ahí, no la derogaron, pero no se controla”. El exjerarca sospecha que hay “una decisión política de no avanzar”.

El prosecretario del período de Vázquez, Roballo, afirma que las señales del gobierno con respecto al tema del tabaco, junto a la falta de implementación de esta ley, son “escandalosas, son alarmantes”.

—Ahora, el Frente Amplio se tomó casi 15 años en votar esta ley...

—Lo intentamos tres veces, lo logramos recién en la tercera, porque antes no había consenso interno ni votos de la oposición, es la realidad. Y esta costó sacarla —recuerda Roballo, quien dice que hubo planteos de la industria, sobre todo la del vino, a los legisladores.

Al respecto, Olivera admite:

—La verdad es que en el Parlamento no había mucha proactividad para trabajar este tema. Al sistema político uruguayo, y eso trasciende a los partidos, le cuesta mucho meterse con la regulación del alcohol porque es una sociedad donde el consumo y el comercio está muy normalizado y no hay mucha conciencia de los daños relacionados. Pero el alcohol causa niveles de mortalidad similares o superiores al tabaco.

La ley también establece que en todo espectáculo público donde se venda alcohol es obligatorio el “acceso en lugar visible e higiénico” de dispensadores gratuitos de agua potable, en una relación de un litro de agua potable por persona. El espíritu atrás de esta disposición es que “cuando vos tomás mucho alcohol, te deshidratás”, dice Roballo.

Hoy la gran mayoría de las salas no ofrecen agua gratuita y, según supo El País con fuentes de la industria musical, no existen controles. Sin embargo, hay unos pocos lugares donde esto se cumple, al menos en parte. El Antel Arena, según dicen fuentes de la empresa, pide a los productores que pongan puestos de hidratación en los shows donde el público está de pie en el campo (sucedió en el último concierto de Buitres). “Es una normativa de la intendencia y velamos porque se cumpla”, dicen desde el Arena.

En el concierto de este sábado de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en el Velódromo Municipal se anunciaron dos puestos de hidratación gratuita.

Otra disposición relevante es que los envases de las botellas deben llevar impresos los siguientes mensajes en su etiqueta principal: “Prohibida la venta a menores de 18 años de edad”, “el abuso en el consumo de alcohol es nocivo para su salud”, “el consumo de bebidas alcohólicas perjudica su capacidad para conducir vehículos u operar maquinaria” y “el consumo de bebidas alcohólicas durante el embarazo, incluso en pequeñas cantidades, puede dañar seriamente la salud”, acompañado de un pictograma que advierte sobre el riesgo de consumo durante el embarazo.

Hoy existe cumplimiento dispar de estos mensajes. Algunos vinos uruguayos, cervezas y destilados importados incluyen todos los mensajes requeridos por la ley. Pero hay muchas etiquetas de cerveza que solo dicen “beber con moderación - prohibida su venta a menores de 18 años”. En vinos es habitual el mensaje “venta prohibida a menores de 18 años”, también “si bebe no conduzca” pero muchas botellas y cajas no tienen ninguna advertencia.

Desde FNC indican que están “en proceso de adaptación a los nuevos requisitos”, mientras que Cabrera —el presidente del Inavi— indica que aún trabajan en “dar cumplimiento” a esta disposición. En cambio, el bodeguero Manuel Filgueira, integrante del directorio del Inavi, dice a El País que la ley “es ultradesmedida” ya que solo cambiar las etiquetas aumenta los costos y puede generar una mayor desocupación en un sector ya golpeado. Los permisos, en tanto, “llevan tiempo y dinero” y “solo le sirven a las empresas grandes, es un asesinato”, opina Filgueira.

Olivera, expresidente de la JND, piensa que las empresas que cumplen con el mensaje en el etiquetado lo hacen más “por iniciativa propia” que porque existan controles del gobierno.

Estos mismos mensajes deben incluirse en todas las publicidades y se debe destinar un 15% del espacio “a los mensajes preventivos”. ¿Esto se cumple? No, aunque algunos avisos publicitarios incluyen mensajes con advertencias, habitualmente en letra apenas visible y unos pocos segundos.

Las publicidades, según la ley, no deben “exhibir o exteriorizar significados o comportamientos que expresen el éxito social, profesional y/o sexual” ni “utilizar figuras públicas o personalidades reconocidas que asocien su éxito al consumo de bebidas alcohólicas” o promover “el consumo irresponsable”. Quien mire los avisos televisivos, sobre todo de vinos, verá que en algunos casos estas premisas se incumplen.

El psicólogo Ruiz, especialista en el tema, opina que muchas publicidades siguen “igual que antes” y que “el peor ejemplo” es un aviso de una bodega donde en una parte una mujer aparentemente embarazada celebra tomando una copa de vino.

Fuentes de FNC dicen a El País que desde hace más de una década trabajan “en la promoción del consumo responsable”. Eso implica “campañas de alcohol cero al volante” así como campañas y actividades “que buscan evitar el consumo en menores”. Es un asunto que les preocupa “como compañía pero también como miembros de esta sociedad y como padres, madres y hermanos”. La empresa ha llevado adelante campañas publicitarias como una que se titula “Si tomás, pedí agua”, donde participan varios famosos.

Desde Inavi, Cabrera declara que mantienen “una política permanente de consumo responsable” y que por estos días desarrollan una campaña de comunicación que “apunta a concientizar sobre la importancia de beber con responsabilidad”.

En tanto, según la ley la JND debe coordinar con el Ministerio de Educación y Cultura y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) “medidas para que en los centros educativos se impartan contenidos relacionados con la prevención del consumo riesgoso y problemático”. ¿Esto se realiza? No expresamente por esa ley, pero desde la JND una fuente indica que el tema de los riesgos y efectos de las drogas ya está incluido en los programas de biología de Secundaria y UTU y que se trabaja con ANEP en la prevención.

La ley, eso sí, mantiene lo previsto en una norma anterior, del año 2000 en el inicio del gobierno de Jorge Batlle, que prohíbe la venta de alcohol desde la medianoche y hasta las seis de la mañana en autoservicios y demás lugares, sin contar bares y restoranes. El contralor le corresponde a la Policía, mientras que la prohibición de la venta a menores de edad es fiscalizada por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

Según pudo comprobar El País en estaciones de servicio montevideanas, hoy es simple comprar bebidas alcohólicas luego de la medianoche. Fernández, de Cambadu, dice que “las estaciones de servicio son los que más cerveza venden en el país” y “hay colas para comprar en la madrugada”.

Daniel Añón, presidente de la Unión de Vendedores de Nafta, admite que, si la Policía controla la venta en el horario prohibido, “es muy poco”, aunque desde la gremial incitan a que “se cumpla” y asegura que muchos lo hacen.

Mientras todo esto aún está por definirse, hace unos días el Parlamento sancionó por unanimidad una ley que venía del gobierno anterior y que, en grandes rasgos, pasa los controles sobre fabricación y comercialización de bebidas alcohólicas de Ancap al LATU e incluye sanciones por manipulación o adulteración de bebidas destiladas. ¿Se llegará a aplicar?

Vodka con naranja o pomelo, fernet y gomitas

Consumo en jóvenes y adolescentes

El psicólogo Paul Ruiz, quien se ha dedicado a estudiar efectos de las sustancias psicoactivas en el sistema nervioso, dice a El País que el consumo de alcohol en Uruguay es “súper naturalizado” y le preocupa el daño en el cerebro “aún en desarrollo”, o sea en los casos de adolescentes y jóvenes. “Eso se llama salud cerebral”, indica el especialista.

La doctora Alba Negrín, profesora agregada en el Departamento de Toxicología de la Facultad de Medicina, habla del alcohol como “un problema que debe ser encarado a través de una regulación que realmente se cumpla” y recuerda que la única sustancia que bajó su consumo en el país fue el tabaco, tras las medidas implementadas desde hace ya más de 15 años. Los efectos del alcohol, resume la toxicóloga, pueden ser graves y llegar a la muerte “en el uso agudo”: hay deterioro intelectual progresivo, lesiones hepáticas y, claro, ayuda a provocar accidentes de transito y laborales al alterar la conciencia y los reflejos, entre otros. Negrín alerta que “un gran riesgo” es el consumo en las mujeres embarazadas, ya que es la principal causa de retardo mental evitable.

“Es decir, el alcohol no es ningún santo”, se ríe la experta, “a pesar de que muchos de nosotros lo usamos un montón”. Luego admite: “El alcohol siempre está presente. En las fiestas puede haber cocaína pero siempre hay alcohol, puede haber éxtasis pero hay alcohol. Y es una sustancia de sumisión, vos perdés la capacidad de oponerte, de defenderte, de decir ‘no quiero hacer esto’ y después no te acordás lo que hiciste ni con quién te fuiste”. Ese es el mayor riesgo que ella ve en los más jóvenes.

Negrín relata que hoy los adolescentes suelen preferir “bebidas blancas”, como el vodka, así como whisky y fernet “que tienen graduación muy alta y que se mezclan con bebidas dulces, como colas, naranja o pomelo”. Es la manera de “ir entrando” a las bebidas alcohólicas. También cuenta que es habitual el consumo de “gomitas de gelatina” colocadas en un recipiente con alcohol.

¿Qué modelos hay a seguir? Ruiz y Negrín mencionan países donde los productores de alcohol financian las campañas de prevención, está más regulada la publicidad, aumentaron los impuestos y se limitó dónde y cuándo vender las bebidas.