EVALUACIÓN ANTILAVADO

Normas aprobadas a último momento dejaron vacío y serán revisadas

Uruguay recibió la visita del Gafilat, un organismo mundial que controla cómo se previene el lavado. El sistema político impulsó cambios rápidos para cumplir con las exigencias y se aprobó una ley en 15 días. Ahora hay que zurcir las normas, que buscaron ser un lavado de cara.

Foto: archivo El País
Foto: archivo El País

"En el anca de un piojo”. Así creen los expertos que salvó Uruguay la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que vino al país entre el 5 y el 17 de mayo. Los técnicos mantuvieron más de 40 reuniones con 180 personas del ámbito financiero, tanto del sector público como del privado. Estaban buscando determinar de qué manera se combate el lavado de activos y la financiación del terrorismo por estas latitudes, por lo que el Parlamento tuvo que aprobar una ley de apuro para que quedáramos bien parados. De no lograrlo, pasaríamos a integrar la tan temida “lista gris”, que está compuesta por las naciones que no luchan contra estas prácticas mal habidas.

Ahora reina el hermetismo. Daniel Espinosa, titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), prefiere no participar de esta nota. Pide disculpas, dice que por dos meses no va a dar entrevistas y aclara: “Estamos en medio de una evaluación internacional y no quiero que una declaración afecte ese proceso”. Ninguno de los funcionarios de la Senaclaft consultados quiso brindar cualquier tipo de información al respecto.

El único que accede a hablar es Leonardo Costa, abogado especialista en temas antilavado y asesor de grupos que fueron evaluados. Su impresión es que Uruguay logró “transmitir el nivel de conocimiento de riesgo del país” y que también pudo mostrar “lo proactivo que ha sido el sector no financiero en cuanto a prevención”.

El Gafilat había venido por última vez en 2009, cuando aquí todavía no había una ley integral en la materia y los reportes de operaciones sospechosas eran mínimos. En este tiempo se aprobaron dos normas clave: la ley de combate al lavado de activos -a fines de 2017- y la ley antiterrorista, durante la visita de los evaluadores. Costa considera que ambas dan la pauta de que el país “tiene una gran sensibilidad” por el tema y adoptó las recomendaciones que le habían hecho en la visita anterior. El problema es que cambiaron las exigencias globales sobre el control del origen del dinero y ahora también se evalúa la efectividad de las leyes promulgadas. En ese punto, dice el abogado, Uruguay está “más complicado”.

¿El principal inconveniente? La falta de tiempo. La norma antilavado se reglamentó recién a fines del año pasado, por lo que hace pocos meses que es aplicada. “Como el sistema es nuevo, es muy difícil evaluar la eficacia. Es ahí donde, de pronto, la evaluación no va a ser 100% satisfactoria. Quizás a Uruguay le hubiese convenido hacer todo esto mucho antes, pero los procesos legislativos no son de un día para el otro”, agrega.

Aún más postergada fue la ley antiterrorista, que el Poder Ejecutivo ingresó al Parlamento en 2016 y terminó aprobándose de apuro en mayo. Fuentes políticas dicen que recibieron el llamado desesperado de Espinosa antes de que llegara el grupo de técnicos, pidiéndoles que agilizaran el trámite. El gobierno había impulsado un proyecto más ambicioso, que no logró ser estudiado del todo y derivó en un texto más simple.

Las iglesias que facturan más de US$ 490 mil por año son pasibles de ser controladas por la Secretaría Antilavado. Foto: AFP
Las iglesias que facturan más de US$ 490 mil por año son pasibles de ser controladas por la Secretaría Antilavado. Foto: AFP

Con las horas contadas, tanto los legisladores del oficialismo como de la oposición cumplieron con el pedido del titular antilavado y promulgaron la norma. Ahora, cuentan, hay que revisarla y zurcirla.

Ruben Martínez Huelmo fue uno de los que se pusieron la ley al hombro. El senador del Frente Amplio reconoce que la norma “es perfectible” y considera que debe volver al Parlamento para que puedan “arreglarla”. Por ejemplo, el texto no tipifica el delito de terrorismo, por lo que no tiene condena. “El delito está declarado y es el fiscal el que va a pedir la pena que considere. Los legisladores deberán verlo más adelante porque quedó algo muy genérico, como pasa con el abuso de funciones”, señala.

Pero la situación podría haber sido incluso más grave. Por más que el actual texto no tiene la pena estipulada, el proyecto sintetizado ni siquiera tipificaba el delito del terrorismo como esperaba el Gafilat. Cuando visitó la comisión de Asuntos Internacionales del Senado, el secretario antilavado pidió que mejoraran su redacción: “Hay una recomendación (de Gafilat) que establece cómo se debe tipificar el delito de financiamiento del terrorismo. En ese caso, recibimos algunas observaciones porque la actual definición que tiene Uruguay no cumple con los estándares”, dijo, según consta en la versión taquigráfica.

Luego de esa intervención, los legisladores utilizaron la definición de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el nuevo proyecto de ley. Estos cambios buscaban la aprobación de los técnicos evaluadores, si bien Espinosa se mostró cauto durante su alocución: “Entendemos que todo lo que se pueda aprobar será positivo y seguramente ayudará a defender mejor la situación del país. De todos modos, no podemos asegurar que la aprobación de la ley simplificada vaya a implicar que no estemos en una lista”, agregó.

Para Pablo Mieres, la demora en votar la ley antiterrorista se debió a que “el Frente Amplio tenía problemas”. El senador del Partido Independiente, quien también integra la comisión de Asuntos Internacionales, afirma que los legisladores oficialistas no lograban ponerse de acuerdo en torno al texto, por lo que “lo durmieron” durante dos años y medio. Pero, “cuando las papas quemaron”, acudieron a la oposición para aprobarlo con velocidad.

Pablo Mieres. Foto: Leonardo Mainé
Pablo Mieres. Foto: Leonardo Mainé

El ahora precandidato cuenta que él solicitó convocar a Espinosa a la comisión para evaluar si el texto que se iba a promulgar cumplía con las exigencias de Gafilat. “Ciertamente fue útil ese pedido porque no estábamos dando en el clavo. Todo se hizo muy a las corridas y esa no es la mejor manera de legislar, pero acá nadie quiere generarle un problema al país”, sostiene. Y menos le iban a traer inconvenientes ahora, cuando varios de los legisladores pujan por acceder a la Presidencia el año que viene.

En tanto, Pedro Bordaberry está “conforme” con lo que se logró. El senador del Partido Colorado, quien preside la comisión de Asuntos Internacionales, dice que la aprobación de esta ley muestra “la buena voluntad de todos los partidos”, que colaboraron para que Uruguay no integrara la lista gris del Gafilat. Eso sí, cuestiona “el orden de prioridades” del Parlamento: “Tuvimos que sacar esta ley en 15 días, cuando en la comisión de Ganadería estamos tratando el proyecto de legalización del chorizo casero en el interior. Hay algo que no funciona”, sentencia.

Los resultados preliminares de la evaluación serán entregados en agosto. La secretaría antilavado podrá presentar sus descargos y las conclusiones finales estarán listas en diciembre. Bordaberry está convencido de que al país “le va a ir bien”, aunque también plantea que “hay que seguir avanzando” en torno a este tema. La revisión de la ley antiterrorista y la mejor aplicación de la norma antilavado son, para él, dos maneras de continuar demostrando que Uruguay está dispuesto a colaborar con el resto del mundo.

La impresión de la Senaclaft antes de la temida visita

El titular de la Secretaría Antilavado, Daniel Espinosa, dijo en diciembre a El País que Uruguay podría quedar bien parado en la evaluación del Gafilat. “En lo legal estamos bien. La ley integral (antilavado) contempla todas las vulnerabilidades que detectamos. Ahora lo que tenemos que hacer es aplicar mejor e implementar todo lo aprobado”, aseguró. En esa línea, el especialista Leonardo Costa opinó que podría haber observaciones sobre “temas de efectividad”, en especial porque las dos normas clave son recientes. La ley antilavado se reglamentó en diciembre de 2018 y la antiterrorista fue promulgada a principios de mayo. La revisión de Gafilat toma en cuenta las 40 recomendaciones emitidas por el organismo para los países miembros del GAFI (entidad de alcance mundial) e indaga sobre su cumplimiento, habiendo medidas que son de implementación obligatoria. El listado del GAFI se divide en siete capítulos, centrados en temas como la cooperación y coordinación de la secretaría antilavado nacional con los privados; el nivel de delitos y decomisos por casos de lavado, el control sobre el financiamiento del terrorismo y las organizaciones sin fines de lucro; las medidas preventivas que deben aplicarse sobre los fondos en función del riesgo del cliente; la transparencia que existe para la identificación del beneficiario final de las personas jurídicas; las facultades con las que cuentan los organismos de control; y la cooperación internacional del país.

Cuestión de prevención.

Hubo 40 reuniones con los técnicos del Gafilat. El Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay participó de uno de estos encuentros, que buscaban corroborar que la información que la Senaclaft les había entregado era certera. Su presidenta, Cristina Freire, define la conversación como “muy cordial y muy técnica”. Sostiene que los evaluadores estaban al tanto de la realidad del país y que les hicieron preguntas concretas. “Nos pidieron que mantuviéramos los contenidos en privado, pero creo que quedamos muy bien parados”, señala.

Los contadores son unos de los afectados por la nueva ley antilavado. La mayoría de ellos pasaron a ser sujetos obligados debido a la norma, por lo que tienen que corroborar que los dineros de sus clientes no estén vinculados al lavado de activos. Ahora deben tener una ficha de sus asesorados, analizar sus ingresos y chequear de dónde provienen. Freire considera que la imposición “es trabajosa”, pero destaca que “es necesaria”.

“Hoy es ley y también hay un decreto, así que tenemos que cumplirlo. Ya le hemos dicho a la Senaclaft que se incrementaron las horas de dedicación, tuvimos que incrementar la capacitación de nuestros empleados, y todo esto fue a nuestro costo. No le podemos transmitir eso al cliente”, agrega.

Según la norma, los contadores deben analizar a sus clientes en bases de datos que especifiquen el nivel de riesgo que tienen. Cuando suenan las alarmas, tienen que dejar de lado las listas gratuitas y acudir a las pagas, que son mejores y más específicas. Los nuevos gastos corren por cuenta de los profesionales, quienes reclaman un mayor apoyo del Estado.

Freire les recomienda a sus colegas que trabajan de forma independiente que tengan “precaución”. Dice: “Tomen los recaudos para no tener futuros inconvenientes. Analicen a sus clientes, consulten al menos en las listas gratuitas y tengan al día las carpetas. Nosotros no estamos todo el día con el cliente y eso nos puede traer un problema”.

Los técnicos se reunieron con otros grupos, además de los contadores, obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado; como los bancos, corredores de bolsa, operadores inmobiliarios, abogados, escribanos y usuarios de zonas francas. Esto surgió de la nueva norma que, entre otros cambios, incorporó a la evasión fiscal como delito precedente del blanqueo de dinero y flexibilizó el secreto bancario.

Bordaberry tiene reparos con la ley. Considera que se terminó “recargando a los particulares”, ya que el Estado debería hacer un mejor control en torno al lavado de activos. “Tenés una inmobiliaria y tenés que preguntarle al que te quiere comprar una casa de dónde obtuvo al dinero; si lo obtuvo del narcotráfico o del terrorismo. Si te dice que es narco, seguro salís corriendo del susto que te pegás”, opina.

El legislador presidió la comisión normalizadora que intervino la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) el año pasado y -sin saber que los entrevistarían- dejó todo pronto para la visita que el Gafilat les realizó. Bordaberry cuenta que su trabajo parlamentario lo ayudó a poner en orden la institución, que hasta entonces no prevenía formalmente el blanqueo de dinero. “Nos dijeron que hacían algunas cosas, pero enseguida agarramos la ley y nos pusimos a trabajar. Soy legislador y cuando llego a una organización, de las primeras preguntas que hago es cómo se controla de dónde provienen los fondos”, agrega.

El senador contó en el programa Todo Pasa de Océano FM que en la AUF capacitaron a una abogada y escribana para que se encargue de evitar el lavado en la institución. La profesional, dice el senador, “tiene total independencia” y solo necesita que el presidente Ignacio Alonso le apruebe el presupuesto con el que cuenta. En este tiempo realizó manuales de prevención y capacitó a dirigentes de 22 clubes que mostraron interés en el tema.

La asociación recibió la visita de Gafilat gracias a otro cambio que estableció la nueva ley de lavado de activos, que incluyó dentro de la obligación de control del origen de los fondos a los clubes de fútbol, iglesias, partidos políticos y sindicatos. Sin embargo, ningún club fue entrevistado, informa el abogado Costa.

Tampoco recibió ningún tipo de control la Federación de Iglesias Evangélicas del Uruguay. Su presidente, Hugo Armand Pilón, cuenta que los contadores de las siete congregaciones que integran el grupo “están empezando a ponerse al tanto”, porque hasta fines del año pasado no estaban obligados a fiscalizar los fondos como ahora. Según la norma, aquellas iglesias que facturen más de US$ 490.000 al año deben rendir cuentas a la Senaclaft.

El pastor explica que la única que podría alcanzar ese monto es la que él integra, la Iglesia Evangélica Valdense. Estas instituciones se sostienen con las donaciones de sus miembros, si bien reciben aportes del extranjero. Congregaciones de Italia, Alemania, Inglaterra, Holanda y Francia son algunas de las que envían dinero al Río de la Plata.

En este sentido, explica que estos fondos vienen chequeados del exterior porque en esos países “son aún más estrictos”. Por lo tanto, Armand Pilón está confiado de que “no habrá ningún problema” cuando sean fiscalizados por la secretaría antilavado. “No hemos encontrado donantes con fines de blanqueo. En las iglesias las cosas se saben, es como dice el dicho: cuando la limosna es de cuantía hasta el santo desconfía”, agrega.

En tanto, la Iglesia Católica de Montevideo tampoco se reunió con los técnicos del Gafilat. Paulo Machado, el administrador de la institución, cuenta que en su caso sí fueron fiscalizados por la Senaclaft. Ocurrió hace unos meses, cuando una congregación les cedió un terreno y fueron citados por el Estado a raíz del valor de esa donación. El arzobispado entregó los documentos, la secretaría los evaluó y luego los llamó para decirles que estaba todo en orden.

Foto: AFP
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Machado explica que en la Iglesia se vienen preparando desde 2013, cuando el Gafilat le advirtió a Uruguay que el sector de las organizaciones no gubernamentales “era una pata débil”. Entonces armaron un manual y el trabajo de análisis que antes hacían informalmente, ahora se protocolizó. “Cuando venía un donante, consultábamos con conocidos a ver si sabían de dónde había sacado los fondos. Ahora tenemos formularios para los donantes, les pedimos información y usamos bases de datos para corroborar lo que nos dicen”, señala.

El administrador sostiene que los controles pusieron a la Iglesia “en una situación incómoda”, si bien no perdieron donaciones: “Viene alguien con ganas de donar y le decimos que para hacerlo tiene que llenar una serie de formularios. Hay gente que no lo sabe y queda de cara”.

Con las nuevas regulaciones recién arrancando, el sistema financiero uruguayo trata de ponerse a tono con lo que se espera de él. Diciembre será el mes definitivo. Entonces se sabrá qué tan prolijo salió Uruguay en la foto del Gafilat.

Solo el 10% de las asociaciones civiles deberá declarar

A partir de la promulgación de la ley de combate al lavado de activos, las asociaciones civiles que facturen más de US$ 490.000 al año deben rendir cuentas a la Secretaría Antilavado (Senaclaft). Partidos políticos, iglesias, clubes de fútbol, sindicatos, entre otros, son pasibles de ser fiscalizadas por esta institución. El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) realizó un censo para saber cuántas asociaciones civiles hay en el país y llegó a la conclusión de que son unas 6.500. Fuentes estatales informaron que solo un 10% de ellas superan el umbral de ingresos establecido, por lo que entran dentro de los sujetos obligados a reportar sus operaciones. La gran mayoría de las 650 que deberán ser fiscalizadas son partidos políticos, iglesias y clubes de fútbol. En ese sentido, las fuentes agregaron que se va a trabajar con cada sector para ver cómo se va a realizar el control. Paulo Machado, administrador de la Iglesia Católica de Montevideo, afirmó que en su caso nunca detectaron donaciones con fines de blanquear dinero. “Es un poco difícil lavar dinero en la Iglesia Católica. Porque para hacerlo, el lavador tiene que hacer una donación y yo debo contratarlo, por ejemplo, para construir una iglesia y le termino pagando. Pero no aceptamos donaciones condicionadas, entonces ese circuito no lo tenemos armado”, agregó. Por otra parte, el administrador contó que, a pesar de la nueva regulación, la información de los donantes sigue siendo reservada. Si la Senaclaft les llegara a pedir datos, la Iglesia Católica debería brindarlos. Hasta entonces, las operaciones son anónimas.

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