“Necesitaba trabajar y ta”: detectan “avivadas” en ingresos al Estado por cuota afro y pedirán declaración jurada

En la sala hubo un silencio. Los funcionarios de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) a cargo del encuentro no sabían cómo continuar. Los otros participantes del grupo se miraban entre sí con cara de sorpresa.

La pregunta había sido bien sencilla: qué los había llevado a cada uno a aplicar a un trabajo en el Estado mediante la cuota para población afrodescendiente.

Después de algunas respuestas esperables —un reconocimiento justo, historias de dificultades para acceder a un empleo, relatos variados de racismo explícito—, lo que descolocó a todos fue la confesión frontal de uno de ellos, que admitió que en realidad no se reconocía como afro pero que había dicho que lo era para mejorar sus posibilidades.

—Sinceramente, era como tener doble chance: por el general y anotarse por el afro… Más que en alguna etapa me dijeran “no podés concursar”… Sinceramente, no les voy a mentir, me anoté por anotarme.

No fue el único caso. En un segundo grupo, otro participante dijo más o menos lo mismo: que había usufructuado la cuota sin ser afrodescendiente porque le permitía conseguir un ansiado empleo público.

—Conocía sí la ley, pero ta, necesitaba trabajar y ta, me anoté.

Sus respuestas figuran en un informe del Laboratorio y Observatorio de la Gestión Humana del Estado, de la ONSC, sobre trayectorias laborales de los ingresos por cuota afro al Estado entre 2014 y 2024. Y exponen uno de varios puntos a ajustar en una ley que ha sido implementada y valorada por gobiernos de distinto signo político desde su entrada en vigor en 2014, pero que mantiene algunas limitaciones que hasta ahora ninguno ha podido superar: desde el “incumplimiento sistemático” del 8% de los ingresos al Estado hasta el sistema “imperfecto” de acreditación de la afrodescendencia, que lleva a “avivadas” de personas que dicen falsamente autopercibirse como tales.

La deficiencia es triple: el Estado está lejos de cumplir el porcentaje que se autoimpone por ley, el incumplimiento es más marcado en los cargos más calificados, y entre aquellos que sí ingresan hay personas que no son el público objetivo del cupo.

En los tres casos, como veremos, hay factores que algunos atribuyen a la oferta (los organismos responsables de contratar) y otros a la demanda (los aspirantes). Pero mientras buscan atacar los asuntos de fondo, y la comunidad afro reclama que “de una vez por todas” hayaun cumplimiento cabal de la norma, el gobierno avanza en algo bien concreto: la implementación de una declaración jurada para evitar —o reducir al mínimo— los casos de personas que dicen ser afro sin serlo.

A diez años de vigencia de la ley 19.122 que instauró el cupo para la población afrodescendiente en el Estado, la ONSC quería tener un estudio cuantitativo y cualitativo de los niveles de cumplimiento de la norma y su impacto en la población objetivo.

Para la parte cualitativa (grupos focales y entrevistas) se contactó a las oficinas de gestión humana de los organismos en los que hay personas que ingresaron por la cuota afro, y ya desde un comienzo hubo un dato que los investigadores observaron “con atención”: la “alta cantidad de denegaciones y de no respuesta a la convocatoria realizada”.

De un total de 1.776 personas elegibles se contactaron con 222, de las que solo terminaron concurriendo 39 (17,6%). El porcentaje de concurrencia fue sensiblemente menor que otras convocatorias a beneficiarios de otras acciones afirmativas, como la población trans (71,8% de concurrencia) y las personas con discapacidad (42%).

El informe final planteó dos hipótesis para esa baja concurrencia. “Por un lado, la presencia de casos de ingreso al Estado a través de la ley de personas que no son afrodescendientes pero usufructúan ese beneficio”; por otro, “la falta de orgullo de pertenecer a la población afrodescendiente y/o a la percepción del uso de la acción afirmativa prevista en la ley como una ventaja no merecida”.

Presidencia

La ley establece en su artículo 4º que los organismos estatales deben destinar el 8% de las vacantes anuales a “personas afrodescendientes que cumplan con los requisitos constitucionales y legales para acceder a ellos, previo llamado público”.

Sucede que a efectos de la ley, se considera afrodescendiente a “aquellas personas que, al postularse a cualquiera de los beneficios establecidos en la misma, se atribuyan esa calidad en base a su percepción de pertenencia en materia de etnia/raza”. La utilización de un criterio de autoidentificación en el sentido más amplio ha sido valorado por la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) como el “más adecuado”, pero también ha generado a lo largo de los años cuestionamientos o denuncias puntuales a ingresos de personas que no son “fenotípicamente afrodescendientes”: eso incluye desde casos que sí tienen ascendencia afro pero su piel no es negra, hasta individuos que directamente mientan sobre su autopercepción.

Desde la sociedad civil, Óscar Rorra de Mundo Afro dice que la implementación de una declaración jurada es una de las recomendaciones que estaban planteadas ya hace unos años, por lo que ven “con buenos ojos” que se ajusten los mecanismos de selección.

En 2024, por ejemplo, la Inddhh recibió una denuncia por un concurso en el Banco República, en el que se designó en un cargo por cupo a una persona que, según el sindicato, no tenía ascendencia afro. A raíz de ese caso, ambas instituciones trabajaron en ajustes en los formularios de los concursos, algo que ahora se busca extender al resto del Estado.

“No es lo general, son excepciones. Pero pasa”, dice Analía Corti, gerenta del Laboratorio de Innovación y Observatorio de la ONSC, responsable del estudio. “Y cuando pasa, genera problemas o tensiones. Por eso ahora con la comisión implementadora de la ley estamos planteando una declaración jurada para que no sea algo que simplemente marcás en un formulario web, sino que la persona tenga que leer algo que explique para qué es la ley, qué es ser afrodescendiente, y que aplicar por esa vía conlleve una responsabilidad y consecuencias”.

Aunque las autoridades señalan que sería difícil después “comprobar” quién miente o quién no, esperan que la declaración jurada actúe como un “filtro más” y disuada potenciales “avivadas”.

El tema de la autopercepción está ligado a un debate que ha rodeado a la ley desde su origen: cuál debía ser el público objetivo y cuáles debían ser las desigualdades a atacar.

La versión más reduccionista plantea que deberían primar los criterios raciales a la hora de acogerse al beneficio laboral, ya que las personas “fenotípicamente afro” son las que enfrentan mayores barreras de exclusión, y son aquellas cuya presencia en el Estado además ayudaría a “visibilizar” a esa población.

Del otro lado está la valoración más amplia de la “afrodescendencia”, entendida como una conjunción de elementos étnicos (sentido de pertenencia a un colectivo específico por un origen en común), raciales (las características físicas visibles) y relacionales (la forma en que las personas se vinculan cotidianamente con su identidad).

Foto: Darwin Borrelli

“A nivel internacional, la recomendación es la autodeterminación y que nadie te puede decir a vos, de forma externa, si sos o no afrodescendiente”, dice Rorra. “Es claro que con una persona fenotípicamente más afro, hay mayor probabilidad de discriminacón. Pero también hay que poner arriba de la mesa qué pasa si uno de tus padres o abuelos eran afro. Ahí también aparecen desigualdades estructurales”, agrega.

Esa misma definición inclusiva, admiten en las organizaciones, es la que inevitablemente da lugar a algunos dilemas o “tensiones”, como lo denominan en el informe de la ONSC, incluso entre la propia comunidad afro.

Algo de esa discusión quedó plasmada en las entrevistas que se recogen en el informe, como el siguiente intercambio entre participantes:

—Es un problema, porque es afrodescendiente, no significa que vos seas negro —inició uno de ellos—. Tener descendencia, es muy difícil el filtro...

—A mí me pasó en un concurso —dijo otro—, que cuando estaba en las pruebas, había una señora súper blanca, rubia, rompía los ojos verla.

—Capaz que ella se perciba o tiene una abuela más afro que la mía.

—Creo que la palabra clave es la percepción, habría que sacar esa palabra, porque te puedes percibir y capaz que no son negros todas tus generaciones, pero te percibís o lo usás como un beneficio para poder anotarte en el llamado y eso es muy subjetivo.

Desde el Observatorio de la ONSC anotaron que en las distintas entrevistas, “la autopercepción étnico-racial aparece como un eje problemático, que pone en cuestión el conocimiento de la ley”, y hallaron “tensiones éticas en torno al uso del cupo”, ejemplificado en el siguiente testimonio de uno de los participantes:

—Yo me puedo anotar a cualquier llamado y puedo ingresar en cualquier llamado, y capaz que una persona que realmente es afrodescendiente no tiene las mismas posibilidades que yo. Es fácil decirlo, porque ya usé la cuota y capaz saqué a una persona que en otro lado es discriminada. Yo era de las más morochitas, con eso te digo todo. Una era colorada, de ojos celestes, y yo digo: yo capaz que abusé, pero vos, mi amor… pequitas, todo.

“Es un debate que es sumamente complejo, pero no nos negamos a darlo”, zanja Rorra, de Mundo Afro. “Pero que vos no seas fenotípicamente afrodescendiente no significa que no seas afrodescendiente. Es una categoría que va más allá del color de piel”. El senador Felipe Carballo, autor del proyecto original que derivó en la ley, también señala a El País que la ley debería atender no solo a los que son fenotípicamente afro sino a todos los que pertenecen a la comunidad y tienen ese origen.

Pero así como se registraron casos de personas que apelaron al cupo simplemente para mejorar sus chances, también hubo participantes que expusieron sus dudas o pruritos para acogerse al beneficio, por los estigmas que pudiera acarrear.

—Hay personas afro que no se anotan por el cupo porque dicen que no quieren tener ese beneficio. Después tenés las personas que se aprovechan excesivamente… —dijo uno de ellos.

—A mí me costó decidirme —mencionó otro—. Pensé que iba a robar un puesto a alguien porque yo personalmente no me autodefinía.

—El cupo afro es como que se ríen, como si entraras con un nivel más bajo… también como una sensación de que hiciste trampa…

—A mí me pasó lo mismo, la gente tenía esa concepción de que era un obsequio una cosa así, como: a vos te regalaron eso…

Ese estigma muchas veces, según los relatos, se traduce en situaciones de discriminación, desde una participante a la que amenazaron con impugnarle el ingreso —“me decían ‘vos no sos negra, vos mentiste’, mi abuela negra africana, yo no tengo por qué explicar qué sangre tengo”—, o el de otra persona a la que le dijeron “negra quejosa, entraste por el Mides”, o el de otra a la que le hicieron entender que “no tenía derecho” a quejarse en el trabajo porque había entrado por el cupo.

A todo ello se suman diversos episodios de racismo dentro del Estado, ya sea en la atención al público o entre los propios compañeros de oficina. En las entrevistas, muchos de los participantes contaron que en los ascensores les han preguntado insistentemente “de qué país” son —“eso me pasa millones de veces”— o los han mandado “al piso de limpieza”, o les han elogiado “los dientes blanquitos”.

—Un gerente de área, uno de los comentarios que hizo dentro de otro contexto fue: “En cualquier momento si seguimos así hasta vamos a tener gerentes negros” —narró uno de los participantes.

Con ese contexto a cuestas, el informe destaca el “impacto transformador” de la oportunidad laboral para las personas afro que ingresan al Estado, con “múltiples testimonios que evidencian que el acceso al empleo genera cambios positivos y significativos no solo en las personas beneficiarias, sino que produce un efecto multiplicador en su entorno familiar y comunitario”.

Entre ellos se narran historias de personas que pudieron cobrar un sueldo mensual estable por primera vez, aprovechar las mayores certezas para completar estudios postergados, mudarse de una zona roja a un lugar más tranquilo, comprar una primera vivienda, simplemente sentir “orgullo de sí mismo” o, como dijo uno de los participantes, “pasar de sobrevivir a empezar a vivir un poco más”.

“Estamos hablando de una población que tiene el doble de pobreza que la población general”, subraya Rorra. “Esto le cambia la vida a mucha gente y es una política que no tiene costo para el Estado. Lo que hay que hacer es cumplir con la ley”.