Mansiones, autos y miles de celulares: el millonario botín de los delincuentes que financia al Estado

Se trata de devolverle a la sociedad por lo menos una parte del botín que genera la delincuencia, quitándole los bienes que fueron adquiridos a raíz de un enriquecimiento ilícito. Son principalmente los trofeos de los narcos, aunque van más allá del tráfico de droga. Muchos bienes están siendo decomisados en causas de estafas. Otros, por el delito de lavado de activos. Pueden ser fruto del contrabando o de la corrupción. Por trata de personas o un delito de lesa humanidad. Por defraudación tributaria o tráfico ilícito de armas.

Son más de 30 los delitos que admiten que los bienes puedan ser primero incautados y después incorporados para su gestión al Fondo de Bienes Decomisados de la Junta Nacional de Drogas (JND). Esta oficina se encarga de rematarlos, y también de administrar la adjudicación de bienes a organismos públicos que estén vinculado al combate y represión del narcotráfico, o a la rehabilitación de personas con consumo problemático de drogas.

De los bienes mal habidos se benefician desde el Ministerio del Interior hasta la Presidencia de la República. Se contribuye al financiamiento de la Fiscalía y de los medicamentos de alto costo que cubre el Fondo Nacional de Recursos. El alcance es amplísimo. Pero podría ser mayor. A eso se apunta.

Al fondo ingresan todo tipo de bienes, dependiendo de las causas. Desde un celular a una mansión. Desde un yate a un aire acondicionado.

En los últimos dos años, fueron decomisados 4.485 bienes. Según surge de la respuesta a un pedido de acceso a la información que realizó El País, la tasación de estos bienes corresponde a un total de 2.880.614 dólares y 388.320 pesos en 2024, mientras que en 2025 equivale a 2.397.001 dólares y 579.252 pesos. En los primeros cinco meses de 2026, se decomisaron 417 bienes con un valor de 1.713.500 dólares y 129.700 pesos.

Foto: Leo Mainé.

El artículo más común es el teléfono móvil (1.089 en 2024, 972 en 2025, 229 en 2026). Hay rarezas como las alhajas, cuyo valor suele ser decepcionante (en 2024 se decomisaron 17 por un valor de 1.200 pesos). Se decomisan muebles (200 dólares y 76.000 pesos en la suma de los tres años). Títulos accionarios (uno en 2024) y de valores (uno en 2024). Equipamiento electrónico y electrodomésticos (935 artículos en estos dos años y medio, con un valor tasado en 6.479 dólares y 218.871 pesos). Aeronaves (dos en 2024, por 530.000 dólares). Y vehículos marítimos (siete en 2024 y una en 2025, por un total de 60.900 dólares).

El que agrupa más dinero es el decomiso de vehículos terrestres. Los 527 que ingresaron al fondo entre 2024 y 2026 tienen un valor de venta estimado en 3.725.366 dólares. A su vez, los inmuebles van ganando protagonismo. Nueve se decomisaron en 2024, tasados en 480.500 dólares. En 2025 fueron 16, con un valor estimado de 830.001 dólares. Este año, antes de mayo, figura uno por 1.300.000 dólares.

Una fuente vinculada al Fondo de Bienes Decomisados adelanta a El País que, como un efecto de las últimas modificaciones realizadas en marzo pasado a la ley contra el lavado de activos, ya recibieron más viviendas. Es uno de los principales objetivos del gobierno. Unos días atrás un apartamento fue rematado en Pocitos. La operación se consideró un éxito: unas 70 personas visitaron el inmueble antes de ofrecer una cifra en la puja. Además, el fondo tiene previsto rematar en los próximos tres meses otras dos viviendas en la Costa de Oro, una en Montevideo y una cuarta en Punta del Este.

Hacia ahí apuntan las adecuaciones de la normativa, explica una fuente que trabaja en la articulación del fondo. A profundizar las investigaciones para decomisar más bienes, priorizando a los de mayor valor. “La idea es llegar hasta la última parte de la cadena. Que no se quede en agarrar el vehículo utilizado para transportar la droga, o en el dinero que se encuentra en una boca de pasta base, sino en ir al corazón de la organización criminal”, indica esta fuente.

Otra forma de decirlo es que se le quiere pegar a las organizaciones criminales (y a lo que no están organizados también) en donde más les duele.

Vaciarles los bolsillos.

En 2008, la JND firmó un convenio con la Organización de los Estados Americanos (OEA), que asignó a un asesor extranjero que instruyó durante dos años a las autoridades locales en el diseño del fondo. Milton Romani, secretario general de JND de 2005 a 2011 y de 2015 a 2016, recuerda que se le dio mucha importancia a este hito. “Visto de afuera, parece que el fondo es una bolsa donde vos agarrás los bienes de los narcos o de los que lavan dinero, los metés para adentro y después los rematás. Pero no es así. Implica una ingeniería muy difícil”.

Al principio, hubo complicaciones. “En un tiempo en el que no teníamos ni jueces ni fiscales especializados en crimen organizado, había que capacitarlos para que cuando tuvieran una incautación tuvieran la providencia de declarar medidas cautelares sobre los bienes, dejándolos aparte, a la espera de un proceso diferente”, dice Romani.

Cuando no lo hacían, los imputados se apresuraban a venderlos.

Romani todavía recuerda cómo se les escapó de las manos un edificio entero, el Ciudadela, de la causa contra el narcotraficante José Luis Suárez, detenido en 2006. La recordada Operación Campanita terminó con el procesamiento más de 30 personas —incluido el abogado del delincuente—, se incautaron 344 kilos de cocaína y miles de euros. El edificio había sido solicitado por la ANEP para mudar allí a su sede central, pero como ni la fiscal ni la jueza del caso pidieron una medida cautelar, Suárez lo vendió desde la cárcel.

El panorama empezó a cambiar hacia 2017, cuando la ley 19.574 contra el lavado de activos agrupó varias normativas que estaban dispersas y aportó nuevas herramientas para promover los decomisos. El abogado Pablo Casas, especializado en causas penales, dice que antes, cuando las fiscalías solían hacer una investigación por un delito, investigaban al delito en sí y a los bienes los dejaban de lado. La excepción era que hubieran sido usados como herramienta del delito.

“Hay una persecución mayor. Antes por lo general los bienes no los perseguían, salvo que los encontraran por la vuelta, o en el momento. Era la fiscalía la que tenía que probar que el bien era producto del narco, o del lavado de activos, o de otro delito precedente. Con esta ley lo que pasa es que se invierte la carga de la prueba”, dice Casas. A partir de ese momento, es el imputado el que tiene que demostrar que esos bienes fueron adquiridos de forma lícita. Lo que es extremadamente difícil, explica el abogado.

Además, para golpear más fuerte al patrimonio de la delincuencia, la ley de 2017 y sus sucesivas modificaciones incorporaron nuevos instrumentos que facilitan y amplían las opciones de decomiso. Un juez puede, por ejemplo, establecer un embargo preventivo sobre los bienes que están a nombre de terceros, y no solo del imputado. Es un mensaje que los delincuentes están recibiendo, opinan abogados y fiscales consultados. “Ahora el que pierde, sabe que pierde”, dice un abogado.

Pero los grupos más organizados buscan la manera de trampearlo. Dice Casas que se está empezando a ver “que hay como una organización y un manejo más de manual contable de los bienes, como un sistema para que no se los decomisen”.

Así, las organizaciones están sumando estudios contables y equipos de asesores para manejar los bienes que no fueron adquiridos de forma lícita, para tratar de darles jurídicamente una apariencia de licitud.

El tiempo solía ser un problema. Especialmente antes de que cambiara el Código del Proceso Penal (2017), cuando cada causa implicaba un juicio que podía demorar años. En ese ínterin, el fondo tenía que ingeniárselas creativa y económicamente para conservar los bienes hasta que el juez dictaminara el decomiso y para entonces, después de pagar altísimos costos de depósito, el bien terminaba deteriorado.

Hubo verdaderos dolores de cabeza. Romani no se olvida más de un yate que se rompió y se bamboleaba en el muelle de Santa Lucía, lo que provocaba las llamadas nocturnas de la Prefectura. Al final se remató. Y después terminó prendido fuego en otro muelle.

Con el cambio del código procesal y el predominio de los acuerdos abreviados, la celeridad le trajo al fondo la agilidad que faltaba. Los remates se multiplicaron. Pero siguieron los casos complejos. Como cuando Interpol quiso trasladarle al fondo el cuidado de las millonarias joyas de la causa del sindicalista argentino Marcelo Balcedo y su pareja Paola Fiege. “No las queríamos, estaban incautadas no decomisadas. Al final no se remataron, se devolvieron todas”, dice una fuente. O un cargamento de soja, que implicó estudiar ese mercado. O los múltiples caballos de carrera, fetiche habitual del universo narco, que sin el entrenamiento y la alimentación adecuada pierden su valor.

“¡Por suerte no hemos tenido más animales!”, exclama aliviada una fuente vinculada al fondo. Tal vez será el resultado de un trabajo constante que hace el escueto equipo de abogados y escribanos que recorre el país detrás de cientos de causas, insistiéndoles a policías, fiscales y jueces que apliquen “el sentido común” a la hora de seleccionar qué decomisar.

“Tienen que decomisar todo lo que es el objeto del delito, pero cosas sin sentido no”, señala una fuente. Hay causas en las que decomisan artículos de cocina, ropa en uso, riñoneras, carpetas con documentos. “Eso puede ser de valor para la prueba investigada, pero tener papeles personales y fotos a mí no me sirve”, explica.

La meta del fondo es que no se les escape ni una causa. La Policía es la primera en subir la información al registro. Las otras figuras claves son los jueces. Se acaba de acordar que el Poder Judicial emita una orden de servicios a sus jueces para que, cada vez que decomisen un bien a favor de la JND, tengan la obligación de notificarle a la oficina.

Además del dinero que ingresa en efectivo —el que se encuentra en una boca de pasta base, por ejemplo—, se suma el obtenido de los bienes rematados. De ese total, el 45% ya está comprometido, con una distribución que ha ido cambiando gobierno a gobierno.

El porcentaje derivado a la Fiscalía General de la Nación, que solía ser del 5%, fue duplicado por este gobierno. La Ley de Urgente Consideración determinó que el 25% sea enviado al Fondo Nacional de Recursos para financiar procedimientos de medicina altamente especializada y medicamentos de alto costo. El restante 10% va para el Ministerio del Interior. Y una partida de 52.000.000 pesos se destina a la Red Nacional de Drogas, para programas de rehabilitación.

Según información a la que accedió El País, los fondos económicos adjudicados al Ministerio del Interior en 2024 suman 2.060.587 pesos, mientras que en 2025 se le transfirió 1.383.640 pesos.

A su vez, esta cartera es la principal beneficiara de las adjudicaciones de bienes. Las adjudicaciones son la segunda opción, atrás del remate, que es el camino prioritario. “Lo que pasa es que a veces la necesidad, sobre todo de vehículos, hace que se entienda que sea más eficiente darles el vehículo frente al costo que pueda llevar el remate y venderlo”, explica una fuente.

El valor en dólares de las adjudicaciones varía año a año. Esto depende de varios factores, como el tipo de bien transferido. Hay vehículos con un valor de 59.000 dólares y otros de 6.700; inmuebles de 20.000 y otros de 150.000. A su vez, desde el fondo plantean que no hay una tendencia creciente de las solicitudes de adjudicación. “Más bien hubo una frenada y luego una meseta”, lo que se refleja en el pico en 2018 y 2019 que muestra la tabla más arriba.

Hay bienes que se piden “por nombre y apellido”, como en el caso de autos de alta gama que se sabe que fueron incautados en un operativo. Hubo algún caso que levantó polémica, como cuando el exministro del Interior Luis Alberto Heber se trasladaba en el Audi que se le había decomisado al narco Luis “Betito” Suárez. En todo caso, la adjudicación es un procedimiento que debe pasar por el aval de la JND y contar con el voto de 12 subsecretarios.

De 2018 a mayo de 2026 se adjudicaron bienes por un total estimado de 13.630.865 dólares.

Los vehículos son los bienes más solicitados y el Ministerio del Interior es el principal beneficiario.

En 2024 fueron transferidos bienes por un valor total estimado en 502.830 dólares, de los cuales 320.140 corresponden al Ministerio del Interior. En 2025, le fueron adjudicados bienes por 646.760 dólares sobre un total de 1.406.210 dólares. Y en los primeros cinco meses de 2026, se le adjudicaron bienes por 166.200 dólares de un total de 380.700 dólares.

La inmensa mayoría de las solicitudes del ministerio son autos. Pero también recibió motos, celulares, computadoras, cámaras de video, un televisor, un monocular y un contenedor.

Presidencia de la República es otra de las grandes beneficiarias de las adjudicaciones. En 2024, recibió autos por un valor de 129.000 dólares. En 2025, por 195.750 dólares. En 2026, 191.900 dólares, incluyendo un inmueble por 150.000 dólares,

Otros beneficiarios son el Ministerio de Defensa, la Dirección Nacional de Aduanas, ASSE y el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca).

Se trata de devolverle a la sociedad —y también al Estado— aunque sea un bocado de las ganancias de la delincuencia. Un valor económico que a su vez envuelve un mensaje simbólico.