Atrapados en el sistema de salud

Desde que el gobierno cerró las tranqueras del corralito mutual en febrero de 2017, 18.000 usuarios lograron cambiarse de prestador tras un trámite ante el MSP. Muchos otros recibieron una respuesta negativa. Estos terminan pagando el doble, yendo a clínicas privadas o simplemente resignándose.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

Ana tiene 23 años y es una de las atrapadas sin salida dentro del corralito mutual. En diciembre de 2017 consiguió un empleo de temporada en José Ignacio, la pusieron en caja y cometió el peor de sus errores. “Como iba a trabajar solo por dos meses decidí no volver a Montevideo para hacer el trámite y seguí pagando la mutualista de mi bolsillo”, cuenta. Terminó el verano y en abril de 2018 obtuvo un puesto estable en una empresa de la capital. Ahí sí, obviamente, quiso dejar de pagarle directamente al prestador de salud y pasar a gozar de los derechos que tienen todos los que aportan al Fondo Nacional de Salud (Fonasa). Pero cuando fue a la mutualista le dijeron que no la podían inscribir porque ella ya estaba dentro del sistema: figuraba como usuaria de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE). Y como estaba vigente el corralito, no había posibilidades de cambiarla.

A Ana le explicaron que tenía que llamar al Banco de Previsión Social (BPS) y pedir que sus aportes fueran a su mutualista. Por teléfono le contestaron esto: “Cuando empezaste a trabajar en José Ignacio debiste haber ido a la mutualista, porque si pasan 30 días y no te presentás, quedás automáticamente en ASSE. No hay solución”. Cortó y decidió ir al BPS personalmente. Allí otro funcionario, un poco menos apocalíptico, le regaló una esperanza: “Lo que podés hacer es mandar una carta a la Junta Nacional de Salud (Junasa), contar lo que pasó, pedir el cambio y esperar a que te contesten”.

Ella -que venía desde hacía tiempo atendiéndose con un mismo psiquiatra, en la misma mutualista y recibiendo la misma medicación- presentó la carta y la esperanza se dio contra el piso. “No te podés cambiar”, le contestaron en el mostrador. Adujeron que su caso no se atenía a ninguna de las tres variantes por las que un usuario puede salirse del corralito.

El decreto N° 177/009 es el que establece excepciones a la inmovilidad de los usuarios. Una de ellas es por mudanza, que corre para los casos en los que se dé un traslado de departamento; otra es por disconformidad con los servicios brindados por el prestador de salud, que deriven en una crisis de confianza; y la última es porque no puedan pagar. La Junasa no pone palos en la rueda de aquellos que piden pasarse de un seguro a una mutualista, o de una mutualista a ASSE. Pero sí lo hace cuando la situación es al revés.

“Yo no me había mudado ni estaba disconforme con ASSE. Mi problema era que nunca había pisado ASSE y ya tenía una mutualista en la que me había atendido toda la vida. Solo quería seguir en el mismo lugar y con mi médico”, dice Ana.

Sin solución, se borró de la institución privada e intentó pedir hora con un psiquiatra del prestador público. Pero los tiempos de espera eran de “meses”, por lo que pagó un médico de una clínica privada para que le recetara el medicamento que venía tomando. Pensó que era algo temporal, que en febrero iba a poder volver a su centro de salud de siempre. Hasta que esta semana se enteró de que el corralito no se abrirá y deberá esperar al menos hasta 2020.

En ese momento podrá cambiarse si la Junasa hace una excepción, puesto que la ley establece que nadie se puede afiliar a otro prestador hasta que no pase tres años en el mismo. Sin embargo, ella fue afiliada de oficio a ASSE este verano: “Estoy atrapada”, dice y sonríe, para no llorar.

Ivonne Lima está al frente del Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud, organización que se opone a la existencia del corralito. Cuando escucha la historia de Ana, suspira. “No es un caso. Es la situación en la que están muchos de los empleados municipales, que una vez que se jubilan los mandan automáticamente a ASSE”, dice.

Las intendencias tienen un arreglo diferente con sus trabajadores para la cobertura de salud, por lo que no integran el Fonasa y son incluidos en el sistema una vez que se jubilan. Entonces tienen un mes para anotarse en el prestador que elijan pero, si no lo hacen, son inscritos automáticamente en salud pública.

Nelson Sena, representante de los usuarios en la Junasa, dice que el problema se da por culpa del BPS. “Es el que debe informar al funcionario municipal en el momento que se jubila. Los trabajadores municipales no están en el sistema por decisión de los intendentes, pero sí se benefician del Fonasa cuando se jubilan. Es el BPS el que los tiene que asesorar y decirles que tienen un período ventana de 30 días. El problema también está en que una vez que pasan a ASSE deben esperar tres años para cambiarse”, afirma. Podrán intentar, igual que Ana, pedir el cambio a través de la Junasa, pero lo más probable es que les digan que no.

En lo que va del año fueron 18.000 los usuarios que lograron cambiarse de prestador de salud tras realizar el trámite en la Junasa. Unos 4.000 lo hicieron por “disconformidad”, según datos brindados por el MSP. A su vez, El País le pidió a la cartera el número de personas que solicitaron cambio y les fue denegado, pero no obtuvo respuesta. Organizaciones de usuarios también reclamaron este dato, pero dieron contra el muro de silencio. Incluso Sena, representante de los usuarios en la Junasa, sostuvo que él no había podido acceder a esa información.

Arturo Echeverría, presidente de la Junasa, dijo a El País que el organismo no tiene procesados los datos de cuántos fueron los usuarios que pidieron cambio. En tanto, advirtió que entre los que no pudieron migrar de un prestador a otro hay “muchos casos de gente a la que solo no le gustaba su prestador, por lo tanto no cumplían con la normativa”.

El corralito determinó que la migración de usuarios de un centro a otro bajara considerablemente en los últimos dos años. La última vez que se abrió fue en febrero de 2017, cuando se cambiaron 54.921 personas. Ahora, al no disponer de la cantidad de usuarios que pidieron cambiarse, es imposible saber si aumentó o disminuyó la voluntad de los miembros de Fonasa de elegir otro prestador. Lo cierto es que para este artículo no fue difícil encontrar casos de pacientes a los que les haya sido denegada la solicitud.

La Junasa demoró siete meses en contestarle una carta a Mariel, en la que pedía que su hija de tres años fuera cambiada de mutualista. La mujer explicó que la niña había sido mal diagnosticada por dos especialistas, que le habían advertido que tenía una patología que se solucionaba con un tratamiento. Pero ella decidió hacer una consulta a nivel privado con otro doctor, que sentenció que la menor debía ser sometida a una intervención quirúrgica. Este médico opera en otra mutualista y es por eso que la madre pidió el cambio.

Durante los siete meses en los que Mariel no obtuvo respuesta, vio cómo el expediente iba de una oficina a la otra, avanzando y retrocediendo casilleros como en un juego de ludo: “De un lado hacia el otro, de mesa de entrada a gestión de afiliaciones, y de ahí de vuelta a mesa de entrada. A veces estaba 20 días trancado en un mismo lugar. Después llevaron el expediente a la mutualista, que puede hacer sus descargos”, cuenta.

Mariel perdió la partida. La Junasa denegó el pedido en el entendido de que ella no estaba disconforme con la mutualista, sino que solo lo estaba con el diagnóstico hecho por los médicos. “Si bien es de recibo que el fallo en el diseño de los servicios de asistencia ambulatoria constituye motivo de disconformidad, este aspecto no es suficiente para configurar la pérdida de confianza que exige la normativa”, contestó el organismo.

La madre terminó anotando a su hija en la otra mutualista y haciéndose cargo de otra cuota, aparte del descuento que tiene por Fonasa. “Ahora pago las dos, no había otro solución”, dice, al tiempo que se lamenta de no haber sido más agresiva en la carta que escribió a la Junasa, mostrando disconformidad con todo el servicio y no solo con esos diagnósticos.

No obstante, también hay historias de éxito, en las que los usuarios logran migrar tras insistir mucho. Una de ellas es la de Azucena, que vive en Dolores (Soriano) y desde inicios de este año empezó a pelear para cambiar a su hija de ASSE a una mutualista. “Ella tiene una discapacidad leve y un cuadro profundo de depresión -relata. La verdad es que para conseguir turno con especialistas ha sido un infierno. Un día le dio una crisis y fuimos derivados a Mercedes. Estuvimos un año en lista de espera para que la viera una psicóloga. Para que la atendiera un psiquiatra tuve que terminar pagando consultas privadas. Por el hospital la vieron en agosto de 2017 y aún hoy seguiría en lista de esperara para una segunda consulta”.

Para la Junasa, algunos temas son importantes y otros no. Por ejemplo, las denuncias por las demoras en los prestadores ya se convirtieron en moneda corriente y prácticamente pasan desapercibidas. Lima, del movimiento de usuarios, señala que “ninguna mutualista cumple con los tiempos de espera, y eso está admitido al punto que se les permite a algunas mutualistas tener socios VIP, que pagan US$ 5.000 dólares por mes y a cambio reciben la hora en 48 horas”.

La normativa establece que a los usuarios que solicitan hora para medicina general, pediatría y ginecología se les debe agendar la consulta en un plazo de 24 horas. Para cirugía general tiene que ser en hasta 48 horas. Y para los especialistas, el plazo es de hasta un mes. “Estas son cosas que no se cumplen”, insiste Lima.

A la hija de Azucena tampoco le cumplieron, por lo que la madre envió el 5 de febrero una nota a la Junasa pidiendo que la pasaran de ASSE a la mutualista local. “Iba a cada rato al BPS en Dolores y llamaba insistentemente a Montevideo. Aun así me denegaron el cambio. El 11 de mayo presenté otra nota advirtiendo la situación de que mi hija estaba con ideas de muerte, angustia y aislamiento social, y que existía una fuerte disconformidad con el servicio de ASSE. Puse que encontrábamos serias dificultades para el tratamiento en el área de salud mental, con largas listas de espera por la constante falta de técnicos”, señala.

Finalmente, el 5 de junio le confirmaron que podía migrar al sector privado.

Si uno quisiera ver de primera mano la indignación de los usuarios bastaría con el siguiente ejercicio: poner en el buscador de una red social el nombre de un prestador de salud (da lo mismo si es público o privado), recorrer los resultados, y es muy probable que aparezcan las quejas de los pacientes. La mayoría protesta por las largas esperas para acceder a especialistas o por malos tratos tanto en persona, en el mostrador o por teléfono. También están los que dicen que nunca les atienden las llamadas. Y los que advierten por medicamentos que no les dan.

Si se ordenan los posteos por fecha, podrá verse la indignación de los que esperaban con ansias -como Ana y Mariel- la apertura del corralito y que ahora están poseídos por la ira tras la decisión del Ejecutivo de mantener las tranqueras cerradas, al menos por un año más.

Los usuarios no solo están poniendo el grito en el cielo en las redes; el teléfono del MSP no ha parado de sonar en estos días. “Hay gente que estaba esperando para cambiarse: están enojados y nos piden una solución”, señala una fuente de la cartera. Es que el propio ministro Jorge Basso había dicho -no una, sino varias veces- que el corralito iba a abrirse en febrero. Las idas y vueltas pusieron al jerarca en la mira de la oposición, que pidió su renuncia y también lo interpelará.

El corralito se mantendrá al menos por tres años, desde febrero de 2017 a febrero de 2020. La medida se tomó luego de descubrir casos de intermediación lucrativa, es decir, el pago de coimas a usuarios para que se cambiaran de prestador.

Es que en cada apertura del corralito hay mucho dinero en juego. El Fonasa paga a los prestadores unos US$ 70 por mes por cada socio. Los usuarios no se pueden cambiar por tres años y la cuenta es la siguiente: US$ 70 por mes por tres años son US$ 2.520. No parece mucho, pero si se considera que en 2017 se cambiaron 54.921 personas, hablamos de más de 138 millones de dólares que se movieron de un lado a otro.

Para evitar las coimas, el MSP hizo en abril un llamado a aspirantes de proveedores de hardware y software, en busca de una solución al problema. La única firma que se presentó fue Geocom, informó el programa Así nos va, de Radio Carve, y confirmó El País.

Geocom es una de las principales empresas de pos para el pago electrónico en Uruguay y se la ha vinculado al hijo del presidente Tabaré Vázquez. Búsqueda informó en julio que Javier Vázquez recibió dinero de varias empresas que hicieron negocios con Venezuela, a fines del primer gobierno de su padre, por el pago de trabajos de “consultoría”. En el caso de Geocom, la firma logró venderle al país caribeño un sistema de gestión de alcaldías por US$ 2.800.000.

El plan para evitar la intermediación lucrativa se diseñó durante todo el año. El proyecto fue un trabajo conjunto entre el presidente de la Junasa, Echeverría, y Geocom. Se iba a llamar More (por movilidad regulada) y consistiría en unos pos con huella dactilar que estarían en los mostradores de las mutualistas. Al usar las huellas, la idea era evitar estafas como la de 2017. Ese año se cargaron al sistema cédulas de trabajadores falsos, lo que les habría permitido a los prestadores recibir US$ 70 por mes por cada uno de ellos.

Solo faltaba explicarles el nuevo sistema a las autoridades de ASSE y de las mutualistas, por lo que el miércoles pasado se las llamó para concretar una reunión en el MSP, que se celebraría el viernes. Pero ese mismo viernes Vázquez firmó un decreto advirtiendo que el corralito seguiría cerrado hasta 2020.

Fuentes del mutualismo dicen que el presidente decidió frenar todo a último momento para evitar las suspicacias en torno a Geocom. La versión oficial del Poder Ejecutivo fue que, antes de abrir el corralito, se necesita endurecer las penas contra la intermediación lucrativa. El País intentó comunicarse con Geocom, pero no obtuvo respuesta. En el decreto, Vázquez sostuvo que el motivo de la decisión era que se había “constatado la persistencia de prácticas de intermediación lucrativa en la captación de usuarios”.

“La situación es complicada porque hasta el 14 de noviembre se venía trabajando en la Junasa, buscando elementos de seguridad para que las afiliaciones fueran personales, intentando darle garantías al sistema a través de un lector de huellas. Los aparatos los iba a comprar el BPS y se los iba a descontar a cada prestador. La falla que tiene esto -y que es incontrolable- es que alguien les puede dar afuera plata a los usuarios para que se cambien”, señala Sena, representante de los usuarios en la Junasa.

Y agrega: “Todo esto se da porque hay empresas de la salud que compran afiliaciones, que montan una infraestructura para eso. En 2017 las empresas mutuales gastaron US$ 154 millones en comprar servicios para afiliaciones. Y esa es plata que sale de lo que todos aportamos para el sistema de salud”.

El enredo cada vez es mayor. Y, en medio de toda la madeja quedaron los usuarios. Ahí, atrapados, pagando por un hospital o una mutualista que no les gusta.

(Producción: Camila Bello y Daniel Rojas)