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La ley que ni el Estado ni las empresas privadas cumplen: contratación de personas con discapacidad

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Persona en silla de ruedas en la Plaza Independencia. Foto: Leonardo Mainé.

CUOTA

Hace cuatro se reguló que las empresas privadas con más de 25 trabajadores deben tener al menos 4% del personal en una situación de discapacidad


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En un rincón de la sala, Angie Silva aguarda a que su madre termine su jornada laboral. Cada tarde la visita y luego se van juntas al hogar. Entre las personas que entran y salen de la oficina pocos notan su presencia: silenciosa, con todo el cuerpo volcado hacia la pantalla de su celular. Mira una película romántica en YouTube, su género favorito. O escucha alguna canción de moda. O, tal vez, piensa en cómo sería el logo para el emprendimiento gastronómico que quiere armar con una amiga que, como ella, está en situación de discapacidad.

El nombre lo tiene decidido. “La bandeja feliz”, cuenta y sonríe avergonzada.

-El negocio es que la gente compre y vea que la gente que tiene capacidades diferentes puede hacer cosas, que puedan conocer el material que nosotros trabajamos porque le cuesta a la sociedad vernos trabajando -explica.

A medida que fue creciendo, Angie realizó distintos cursos para acceder a un empleo, que para ella es como decir “salir de mi casa; despertarme cada día para ir y venir a todos lados: ser útil”.

A través de Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) aprendió a trabajar en logística de depósitos, en cadetería, portería y recepción; además estudió tecnología alimentaria, tisanería y realizó diferentes talleres de gastronomía, que es lo suyo. Pero hasta ahora no ha tenido suerte.

Cuatro años atrás, a fines de 2018, cuando se votó la ley de promoción del trabajo para personas con discapacidad en el sector privado, que complementa otra norma que rige en el Estado, Angie se entusiasmó: se entusiasmó levemente.

-Me imaginé que no iba a ser fácil porque es una nueva ley que la gente que trabaja nos tiene que aceptar tal cual somos y tal cual podemos hacer muchas cosas; ellos tienen que adaptarse a nosotros y nosotros a ellos -dice.
Cumpliendo con la norma, ingresó al Registro Nacional de Personas con Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Su madre es quien recibe los distintos llamados que se realizan desde ámbito público y privado para personas con alguna discapacidad, pero ella a su vez no se conforma y busca ofertas en los portales de empleo. En cada ocasión, las dos preparan el currículum y lo postulan.

Angie Silva. Foto: Leonardo Mainé.
Angie Silva. Foto: Leonardo Mainé.

Después esperan una llamada que nunca llega. Su madre opina que el problema es que los llamados exigen una formación que no se ajusta a la realidad educativa que atraviesa a las personas en situación de discapacidad, y también que las convocatorias no contemplan las discapacidades intelectuales: priorizan las motrices. Angie tiene una discapacidad motriz y además intelectual que no le impiden ser una persona autónoma y sin embargo, hasta el momento, ni siquiera la seleccionan para una entrevista.

Este año, cansada de esperar, su familia le consiguió un trabajo.

Angie cumple, pero no es lo que le gusta.

-No me gusta, pero tengo 28 años y es mi primer trabajo, así que lo cuido. Mi sueño ideal es cocinar, trabajar en una cocina para aprender de los demás.

Como teme que quizás esto nunca suceda, se ilusiona pensando en tener su propio negocio: “La bandeja feliz”. El sueldo que recibe lo ahorra para comprar su primera cocina. Dice: “Por algo hay que empezar”.

Una ley "difícil".

El último censo indica que hay 514.000 uruguayos con una discapacidad: o sea, el 15,8% del total. Cuando se discutió la norma que obliga a que las empresas con más de 25 trabajadores permanentes empleen al menos 4% de personas con discapacidad, había un 80% de desempleados en esa población y se estimó que el 37% iba a poder trabajar.

Aunque no hay una medición precisa del impacto de la ley desde el gobierno, la Federación Uruguaya de la Discapacidad (FUDI) y las cámaras empresariales reconocen que la situación no ha variado significativamente.
El proceso para que esta norma viera la luz fue complejo. La discusión parlamentaria insumió más de tres años con avances y retrocesos, pero sobre todo con advertencias de las cámaras empresariales que pronosticaban su difícil implementación puesto que ni el Estado cumple con la cuota; ya veremos por qué.

La aplicación se estructuró en tres fases y previó incluso un año de prórroga que finalizó este mes: ahora se está en la etapa de pleno cumplimiento pero, según las cámaras, todavía no están dadas las condiciones para obedecer la ley.

Desde la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, su gerente jurídico, Juan Mailhos plantea que la aplicación de esta norma conlleva un cambio cultural. “Es muy difícil pensar que puede ocurrir este cambio simplemente por la existencia de una obligación en una ley”, dice. Tal y como lo ve, esto también se dificulta porque “por un lado en algunos casos no hay sanciones” y por el otro “los incentivos que se ponen no son una atracción suficiente como para enfocarse a un tratamiento más serio de esta problemática”.

discapacidad

Dificultades de acceso y las jubilaciones.

Noelia Baillo adquirió la discapacidad visual a los 29 años y, además, también tiene una discapacidad motriz. “Lo primero que hicieron fue jubilarme por incapacidad para el trabajo y eso me impidió desarrollarme en otros ámbitos”, dice. Hoy cobra 14.000 pesos por mes de jubilación. En 2013 la interrumpió para ingresar a un puesto público en Presidencia como informática. Le gustaba, pero renunció por las dificultades de accesibilidad urbana.

El asunto es que el proceso de contratación de personas con situación de discapacidad parecería estar atravesado por un conjunto de problemas de distinta índole. Para empezar, en el punto de partida, se detecta una falla en el Registro de Personas con Discapacidad que gestiona el Mides para centralizar quiénes podrán postular a los llamados tanto públicos como privados. Pueden ingresar las personas mayores de 15 años. Estar inscripto es una condición excluyente, pero desde la federación que agrupa a las distintas organizaciones civiles plantean que las personas con discapacidad desconocen la existencia de este requisito. Al día de hoy lo integran 8.000 personas, algunas ya consiguieron trabajo pero por el momento el Mides no puede especificar cuántas.

Según supo El País, otro factor que influye para la no inscripción es que se exige que el diagnóstico -que revela la discapacidad- tenga menos de dos años de emitido y esto, en muchos casos, requiere una inversión económica para volver a hacer los estudios médicos que no todos pueden afrontar.
Este desconocimiento ha provocado situaciones como la que vivió Martha Giménez Torres.

Cuando integraba la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad y tenía el rol de veedora, por lo tanto debía participar en las entrevistas de trabajo para empleos en el Estado, recibió una llamada de un funcionario del Ministerio de Salud Pública:

-Mañana traete la viandita porque tenemos a 200 personas interesadas en un puesto. Vamos a estar todo el día entrevistando -le dijo.

Martha no podía creerlo. Asegura que ella “tiraba cuetes” por tener a 20 personas por entrevistar, por lo tanto, pensar en 200 era “una locura”. Pero siguió la indicación y preparó su vianda. Al otro día fue al MSP para entrevistar a los posibles aspirantes. “Lo único que vi fueron caras largas. Me decían que yo era una bruja porque había previsto que era imposible tener a 200 y, efectivamente, no se había presentado nadie”, cuenta Martha. Las 200 personas que se habían agendado para la entrevista cancelaron ese mismo día porque ninguna integraba el registro y es obligatorio para acceder a un trabajo por esta norma.

En el otro extremo, la ley prevé beneficios para las empresas que realicen obras de accesibilidad en los lugares de trabajo, así como otros, graduales, en aportes patronales para las empresas que, tras inscribirse en el Registro de Empleadores Cumplidores del Ministerio de Trabajo, logren el certificado de cumplimiento que emite la Comisión Nacional de Inclusión Laboral. Si bien las gremiales reclaman que estos incentivos son insuficientes, a su vez, desde la Cámara de Industrias del Uruguay se expone el caso de empresas que hacen los llamados, no encuentran a nadie con el perfil solicitado lo cual les impide cubrir la cuota, y a pesar de presentar pruebas de que cumplieron con el procedimiento, no se les permite acceder al certificado y por lo tanto deben pagar la multa.
Según información a la que accedió El País, la Comisión Nacional de Inclusión Laboral recibió en 2021 un total de 16 postulaciones de empresas en el registro de empleadores, pero solo cuatro fueron aprobadas y accedieron al certificado que habilita el beneficio. Entre las rechazadas, más de la mitad no cumplía con la cuota reglamentaria del 4%.

Laura Acuña, representante de la Cámara de Industrias ante la Comisión Nacional de Inclusión Laboral. Foto: Leonardo Mainé.
Laura Acuña, representante de la Cámara de Industrias ante la Comisión Nacional de Inclusión Laboral. Foto: Leonardo Mainé.

“Esta situación nos está preocupando ahora, pero también evaluamos un alto riesgo en que las empresas prefieran no tramitar el certificado y directamente pagar la multa por incumplimiento”, advierte Laura Acuña, representante de la Cámara de Industrias ante la Comisión Nacional de Inclusión Laboral.

Desde el Ministerio de Trabajo, en tanto, comunican que en octubre pasado se realizó el primer operativo para fiscalizar el cumplimiento de esta norma. Todavía están procesando la información, incluyendo la cantidad de empresas que han abonado multas por esta temática.

El verticalazo del Estado.

Desde 1973 el Estado tenía la obligación de reservar una cuota del 2% entre las vacantes que se generaban, para las personas con discapacidad. Ese porcentaje se incrementó a 4% en 1989 con la ley de personas discapacitadas, y se mantuvo en una norma de 2010, que determina la contratación dentro de los organismos del Estado. Sin embargo, hace casi medio siglo que no se cumple. En 2017 apenas se llegó al 1,3% del objetivo y en 2021 la cifra de cumplimiento fue del 0,4%. Para cumplir con la ley tendrían que haber entrado a trabajar en el Estado unas 175 personas en situación de discapacidad, en cambio ingresaron 18.

Aunque la norma indica que los jerarcas que están en falta podrán ser destituidos, hasta ahora no sucedió. Desde la Oficina Nacional del Servicio Civil asumen “que hay un subcumplimiento enorme” debido “a la falta de herramientas para capacitar a las personas con manuales e instrumentos pedagógicos”.

En este sentido, su director, Conrado Ramos, reconoce que “nunca pasó nada” con el incumplimiento, pero anuncia cambios para 2023. “Nosotros tenemos la potestad de parar los ingresos cuando vemos que un organismo no está cumpliendo, o sea, suspender el llamado”, plantea y asegura que se empezará a dar este “verticalazo” a partir del año que viene.

Ramos considera “fuerte” la nueva política que adoptará el organismo y lo resume así: “La espada del Servicio Civil por lo general no es filosa, pero ahora podría empezar a tener filo”.

capacitación

Consultoras adoptan un nuevo rol.

A partir de la falta de información sobre el tema y las dificultades para implementar la norma que denuncian desde las empresas es que, con motivo de la aprobación de la ley 19.691, surgió un nuevo rol para algunas empresas de consultoría. Umuntu es una de ellas. La empresa se define como una “consultora especializada en inclusión de la discapacidad” y comenzó a funcionar en 2018, el mismo año en que se aprobó la norma.

A ellos les llegan solicitudes de empresas que buscan contratar sus servicios a la hora de emplear a una persona con una discapacidad. Con ese pedido expreso Umuntu hace un “diagnóstico integral” de la empresa y sus condiciones laborales para ver si se adaptan a las necesidades de una persona en situación de discapacidad. También la propia empresa hace una selección de tres personas que “van con el perfil” que su cliente busca emplear. Estos salen de la “base de datos interna” que tiene Umuntu, según explica su cofundadora Mariana Goday.

“Los nombres que tenemos ahí vienen de un listado que hemos armado con el correr de los años con personas que llegan a través de nuestras redes sociales o página web y todas están buscando trabajo”, sostiene. La empresa no funciona como una ONG debido a que se cobra un monto a las empresas que buscan contratar sus servicios, pero no hay ningún costo para que las personas se inscriban allí y pertenecen a la base de datos de la organización.

La Fundación Bensadoun Laurent también hace algo parecido pero funciona desde 2014, cuando solamente los organismos públicos estaban exigidos a emplear a personas en situación de discapacidad. La coordinadora del área técnica de la fundación, Fernanda Berruta, asegura que a partir de 2018 notaron un aumento en la cantidad de consultas porque “muchas empresas quisieron informarse sobre los detalles de la ley”. En el caso de esta organización, la base de datos para seleccionar perfiles de personas en situación de discapacidad hoy tiene a unos 1.200 aspirantes. Además, la Fundación Bensadoun Laurent ofrece cursos de capacitación en distintas áreas para preparar a las personas antes de que se produzca un llamado.

Además de la posibilidad de “trancar” los llamados si no cumplen con la cuota establecida por ley, también se aprobó en la última Rendición de Cuentas un cambio en el universo sobre el que se aplica la cuota del 4% para personas en situación de discapacidad. Es decir, hasta ahora los organismos públicos debían cumplir con el porcentaje teniendo en cuenta a los trabajadores presupuestados y ahora la norma dice que el universo pasará a ser para “todos los puestos a ser llenados”, incluyendo así a los empleados zafrales o contratados directamente.

De este modo, es posible que el porcentaje de cumplimiento aumente porque se tomará en cuenta a más vacantes. Para la coordinadora del Observatorio Nacional de Servicio Civil, Analía Corti, el cambio que se viene en breve no tiene la intención de “que se cumpla más” sino que “da más oportunidad de alcanzar un trabajo para las personas con una discapacidad” y agrega: “Sabemos que muchas veces los llamados piden tener experiencia laboral y esta es una forma más fácil de tenerla en un cargo temporal para después poder presentarse a otra cosa”.

Con la normativa actual, en el Estado fueron solamente seis los organismos que realizaron ingresos de personas en situación de discapacidad y cumplieron con el mínimo del 4%. Estos son: la Administración Nacional de Correos, las intendencias de Montevideo, Durazno, Flores y Treinta y Tres e Inefop. Además, dentro de las personas que fueron contratadas, el 82% ingresó al Estado para cumplir tareas en puestos administrativos y más de la mitad son menores de 30 años.

Barreras por romper.

Este año, para facilitarle a los empresarios el cumplimiento de la ley, la Cámara de Comercio elaboró (con el apoyo de Inefop) una guía. El documento cita un estudio realizado por la consultora Adecco, especializada en recursos humanos, que señala que el 41% de las empresas no toma personal con discapacidad. El 57% no lo hace “porque nunca se planteó el problema”, el 29% porque no tiene la infraestructura necesaria o no dispone de puestos adaptados, mientras que el resto alega “miedos” como “evitarse incomodidades”, esperar un menor rendimiento de estos trabajadores “con mayor ausencia por motivos médicos”, o entender que “indemnizar a una persona con discapacidad es más caro”, optando por evitar el riesgo.

Acuña, de la Cámara de Industria, plantea que “hay un compromiso de las empresas por cumplir la norma” pero ven cómo “una ley modelo” carece de herramientas básicas para implementarse. “Por ejemplo la falta de técnicos que apoyen a las empresas para trabajar la adaptabilidad de las personas en los puestos y de los puestos a las personas”, indica. Cuando se formó la comisión, “nos encontramos con que el Mides tenía cinco operadores laborales para todo el país”. De la mano de este problema identifica que otra dificultad es encontrar personas capacitadas para ocupar ciertos empleos, “sobre todo técnicos”.

La Inspección de Trabajo no se alarma con este escenario. Asegura estar “al tanto de la problemática de falta de personal idóneo y de la dificultad de las empresas para adecuar las diferentes tareas y el medioambiente de trabajo a la discapacidad del trabajador” y añade que “es lógico que ocurra”. Confían en que esto “va a ir solucionándose lentamente con capacitación, tanto para las empresas como para las personas con discapacidad”.

El Mides plantea que, si bien actualmente tiene seis operadores, no les consta que la demanda los exceda. Karen Sass, directora de Discapacidad de la cartera, anuncia que además se capacitó a 30 funcionarios públicos como operadores laborales, para facilitar la adaptación. Respecto a la idoneidad, aclara que “no deben inventarse los puestos para las personas con discapacidad, cuando se piensa la vacante también debería pensarse en clave inclusiva y que los puestos sean los mismos que se ofrecen para la población general”.

El mismo planteo hacen desde Inefop: “Es un error pensar que hay un nicho de empleo específico”, dice Valeria Píriz y agrega que otra información equivocada es pensar que la inclusión en la plantilla reduce la productividad, “todos los estudios dicen exactamente lo contrario”.

A la hora de planificar las capacitaciones, Inefop contrata organizaciones que dan los diferentes cursos. Desde el instituto se trabaja en lograr la accesibilidad en todas estas organizaciones que brindan las capacitaciones, explica Virginia Barrera, entre otras cosas adaptando los cursos para las particularidades de cada discapacidad.

La meta anual -que se redujo durante y tras la pandemia, “se acrecentó mucho más la barrera social”- consiste en concretar 500 entrevistas, discernir con la persona cuál es el mejor proyecto ocupacional para ella y orientarla en qué organización hacer su capacitación de acuerdo a las habilidades, aunque se está poniendo el foco en las competencias digitales, que son los puestos más solicitados y con menos personas formadas en el registro. “Derivamos a personas a cursos que todos los días están comenzando”, apunta Píriz.

Tienen la puerta abierta para que se acerquen organizaciones de personas en situación de discapacidad que quieren plantear necesidades de capacitaciones, y empresas que necesiten capacitar a futuros empleados.
“Inefop es el interlocutor natural para tejer ese diálogo, pero falta difusión”, dice su director, Pablo Puppo. En ese sentido, plantea que acaban de cerrar la primera parte de una convocatoria a proyectos inclusivos de formación profesional, en la que se postularon seis propuestas. Una segunda etapa comenzará en febrero. En total, Inefop prevé destinar 50 millones de pesos para unos 20 proyectos, que pueden surgir desde empresas constituidas que quieran dar el paso y entonces cumplir con la norma.

No es poca cosa.

Y no es lo único por ajustar.

Nahuel Palomeque. Foto: Archivo.
Nahuel Palomeque. Foto: Archivo.

Desde Juanicó, Nahuel Palomeque, de 20 años, cuadripléjico desde los 17 tras un accidente de tránsito, no se rinde: está terminando el liceo, práctica rugby en silla de ruedas, ya finalizó un curso de auxiliar administrativo y ahora estudia para despachante de aduana. La semana pasada tuvo una entrevista para trabajar en una fábrica, frente a una computadora. “Me fue muy bien. El tema es que uno cuando sale, proyecta todo cómo seria, y lo complicado acá es el transporte. De mi casa a la ruta tengo un tramo de 1 kilómetro, si voy hasta la ruta puedo estar un día esperando un ómnibus y no hay inclusivos”, dice. Ni siquiera ha podido aún subir a un ómnibus con la silla eléctrica que se compró ahorrando la pensión de 10.000 pesos por mes.

-Lo que hay que entender es que para nosotros trabajar es una necesidad. Tengo que hacerlo y además: es lo que quiero.

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