La partida de $30 millones al teatro: la historia de una ley frenada por Lacalle Pou que volvió con el Frente

Había pasado ya la medianoche y todavía seguían: era la madrugada del jueves 27 y los senadores llevaban más de diez horas de intensa discusión, paseándose por los números de las más diversas áreas del gasto estatal. Entonces llegaron al artículo 319, que pasó bastante debajo del radar en los dos meses de debate de la ley de Presupuesto, pero que había sufrido algunos cambios en la comisión y ahora obligaba a los legisladores a afinar su músculo matemático en momentos de fatiga por el frenesí parlamentario y la acumulación de papeles.

—A ver, para no cometer errores —intercedió la nacionalista Graciela Bianchi—. Diez millones adicionales para el teatro independiente, ¿estamos de acuerdo? ¿Esto de 20 a 30 millones para qué? ¿También para el teatro independiente? O sea que todo es para el teatro independiente.

En medio de unos instantes de confusión, los frenteamplistas Sebastián Sabini, Daniel Caggiani y Bettiana Díaz explicaron que la Cámara de Diputados había aprobado 20 millones por un lado y otros 10 millones por otro, y que ahora correspondía juntarlos.

—Sin dudas es una redacción rara, pero contablemente cierra, ¿no? —intervino el nacionalista Sergio Botana, preocupado por que estuviera asegurado el financiamiento de cada partida— ¡Las entradas y las salidas dan igual!

Con votos de todos los partidos, al igual que en Diputados —aunque con otros cambios que deberán ser refrendados en esa cámara en la que el Frente no tiene mayoría—, el Senado confirmaba así su aval a una partida de $ 30 millones anuales al teatro independiente.

Y aunque el número es “insuficiente” a juicio de los trabajadores del rubro —que esperaban un piso de $ 80 millones y un “óptimo” de $ 300 millones— y al mismo tiempo puede parecer casi insignificante en el global del presupuesto, se trata de un artículo que carga con una larga historia, una de tensas disputas detrás de supuestas unanimidades y debates sobre la discrecionalidad o no en el manejo de los fondos públicos.

Es la historia de un reclamo de los teatreros que derivó en una “ley de consenso” votada sin ninguna voz en contra a finales de 2019, a un mes de las elecciones que pusieron fin al primer ciclo frenteamplista; que luego fue frenada por el gobierno de Luis Lacalle Pou —cuyas autoridades cargaron contra el diseño “corporativista” de la norma e impulsaron un proyecto alternativo que naufragó ante la firme resistencia de los promotores de la ley original—; y que ahora, con el regreso del Frente al poder, finalmente recibe sus primeros fondos, otra vez con el apoyo de todos los partidos pese a las críticas de los anteriores jerarcas.

Se suele decir que Uruguay es uno de los países con más oferta teatral per cápita del mundo. Nadie lo tiene medido específicamente, pero los que conocen del rubro señalan que si no es así, es casi así.

Las artes escénicas en general, y el teatro en particular, tienen raíces profundas que distintos gobiernos han procurado reconocer.

Existe un amplio consenso en el sistema político de que es necesario un apoyo estatal a la cultura, pero ese acuerdo enfrenta al menos dos condicionantes: la primera es la de los recursos, que son siempre escasos, y la cultura suele quedar relegada en la escala de prioridades; luego, una vez que aparecen los recursos, también está el debate de a quién otorgarlo y cómo repartirlo.

Foto: Estefanía Leal/El País.

Algunas leyes —desde la de 1992 que creó el Fondo Nacional de Teatro y su comisión administradora (Cofonte) hasta los fondos concursables instaurados en 2005 para las diversas disciplinas culturales— fueron conformando una constelación de apoyos, algunos apuntando a proyectos puntuales y otros directamente a instituciones.

Hace unos diez años, las distintas organizaciones del teatro independiente —es decir, excluyendo la Comedia Nacional, distintas salas oficiales y las salas comerciales— empezaron a impulsar una ley específica para el sector, con un fuerte énfasis en la necesidad de auxiliar a las salas de teatro —algunas de las cuales decían exponerse al riesgo de cerrar— y contar con recursos “permanentes” para la producción artística, por fuera de los concursos.

En ese reclamo confluyeron la Federación Uruguaya de Teatro Independiente (FUTI, que en realidad agrupa a las salas y grupos de Montevideo), la Asociación de Teatros del Interior (ATI), y la Sociedad Uruguaya de Actores (SUA, que en este caso representaba el interés de todos los grupos no federados, o aquellos que se conforman para un proyecto en particular).

Armaron un proyecto de ley y desde la bancada del MPP tomaron la posta: un grupo de diputados, entre los que se encontraba el hoy secretario de Presidencia Alejandro Sánchez y el actual senador Sebastián Sabini, presentaron el proyecto en el Parlamento y así se dio inicio a su discusión formal, que vio sus frutos en setiembre de 2019, a menos de un mes de la primera vuelta presidencial que llevaría a un cambio de gobierno luego de tres períodos de hegemonía frenteamplista.

Además de declarar el “interés general” en el teatro independiente —y de definirlo como aquel que reúne “autonomía artística, gestión autónoma y organización democrática”—, la esencia de la ley estaba en la creación de un Consejo Nacional Honorario del Teatro Independiente (Cnhti) encargado de gestionar las políticas de apoyo a la actividad, entre ellos con la creación de un Fondo de Subsidio al Teatro Independiente.

El Consejo Honorario se componía de un representante del Poder Ejecutivo y seis representantes de las asociaciones (dos de FUTI, dos de ATI y dos de SUA).

En julio de 2019 se aprobó en Diputados y en setiembre en el Senado. Durante la votación en Diputados, tanto Sabini por el Frente Amplio como la entonces diputada Graciela Bianchi por el Partido Nacional insistieron en el consenso que había generado el proyecto, y destacaron que contaba con el apoyo de las asociaciones. “Eso nos garantiza consenso para una buena reglamentación”, decía por entonces una de las representantes de las gremiales.

Pero no: se venía una época de diferencias y tensiones.

Al asumir el gobierno de Lacalle Pou, la ley de teatro independiente quedó postergada por una combinación de factores.

Para empezar, la pandemia sacudió todos los planes y obligó a redirigir los recursos para paliar la crisis económica producto del freno a la actividad, que incluía al sector artístico entre los afectados por el distanciamiento social.

Pero en paralelo, el gobierno inició también un reordenamiento institucional del fomento a la cultura, en una dirección distinta a la planteada por esa ley de 2019. A través de la Ley de Urgente Consideración (LUC), se le dio estatus legal a institutos como el Instituto Nacional de Artes Escénicas (INAE), que en la mirada de las autoridades debía centralizar las políticas de apoyo ya no solo al teatro sino a otras disciplinas que a su entender no recibían el mismo trato.

Luego de un período inicial de análisis, el ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, y la directora nacional de Cultura, Mariana Wainstein, plantearon que no les convencía el marco normativo que planteaba la ley de 2019, sobre todo el hecho de que el manejo o reparto de los fondos quedara en manos de las “corporaciones” y no del Estado.

“Este Parlamento aprobó, con poca diferencia de tiempo, dos leyes que involucran al teatro y que tienen enfoques diferentes”, dijo Da Silveira en 2023, en referencia a la LUC y la ley de teatro independiente. “La ley de 2019, básicamente, pone la administración de los recursos públicos destinados al teatro en mano de los beneficiarios, y atribuye a ese consejo cometidos que, en general, son del Estado: administrar recursos, celebrar convenios de cooperación, intercambios, apoyos, etcétera. Es una ley que prácticamente saca al Estado de la definición y ejecución de políticas orientadas a un sector como es el teatro”, argumentó.

Foto: Archivo El País.

Esa y otras decisiones tensaron la relación con las asociaciones.

Por ejemplo, se redujo un subsidio que FUTI recibía desde 2017, que pasó de $ 14 millones anuales a $ 7 millones, mientras que se le asignaron $ 2 millones a ATI (los del interior), que no recibían. Por su parte, a través del presupuesto propio de la Dirección de Cultura, el INAE pasó de manejar unos $ 9 millones anuales a unos $ 20 millones, impulsando un sistema de “ventanilla abierta” para los diversos proyectos que se presentaran.

También señalaron que los criterios anteriores privilegiaban a grupos específicos, como El Galpón o El Circular.

Mientras desde el teatro independiente continuaban su reclamo de que se cumpliera con la ley, se la reglamentara y se la dotara de fondos, las autoridades de la época empezaron a trabajar en un boceto de una norma actualizada y “armonizada” con su visión.

El entonces presidente de INAE Álvaro Ahunchain trabajó en un borrador de un proyecto de “Ley de Fomento de las Artes Escénicas”, que daba un mayor protagonismo al MEC y sumaba en el consejo a organizaciones como las productoras, la danza, los autores y las escuelas de formación artística. También establecía que el consejo tendría carácter “consultivo” y “no vinculante”.

Las distintas asociaciones fueron citadas a una reunión en el ministerio para dialogar sobre el borrador, pero el encuentro terminó luego de un tenso intercambio en el que uno de los representantes del teatro tomó las hojas del proyecto y dijo que aquello era una “porquería”.

Desde las gremiales insistieron en ese entonces que era “justo” que el teatro independiente tuviera sus propios recursos y un consejo para administrarlos, algo que iba en contra de la visión de los jerarcas, e impidió cualquier posibilidad de acuerdo.

“Pusimos mucho empeño pero el proyecto murió antes de nacer”, resume hoy Ahunchain.

Rumbo a la campaña electoral, el Frente Amplio incluyó el tema en su programa de gobierno y las actuales autoridades del MEC señalan que los recursos incluidos en el Presupuesto eran “una prioridad”. “Es una ley aprobada por unanimidad en 2019 que estuvo cinco años sin financiamiento ni implementación. La decisión actual corrige esa omisión, cumple con un mandato votado por todo el sistema político y responde a un reclamo sostenido del sector”, dice la directora nacional de Cultura, María Eugenia Vidal.

El proyecto del Ejecutivo otorgaba $ 20 millones para el fondo del teatro independiente y en el Parlamento se sumaron otros $ 10 millones provenientes de créditos asignados a apoyos para los gobiernos departamentales.

Ante la consulta sobre las críticas de la anterior administración, Vidal dice que el modelo de gobernanza de la ley es “una forma de gestión con antecedentes consolidados en Uruguay”, y que “han demostrado que la articulación equilibrada entre la sociedad civil organizada y el Estado fortalece la calidad y la legitimidad de las políticas culturales”.

“Da garantías para todas las partes y no deja espacio para decisiones discrecionales”, afirma la actual jerarca.

Desde el MEC señalan que tienen avanzada la reglamentación de la ley, a la espera de lo que suceda en el Parlamento con los recursos, y que será el Consejo Honorario el ámbito para discutir “los procedimientos, los criterios de funcionamiento del Fondo y las herramientas más adecuadas para asegurar transparencia, eficacia y acceso equitativo”.

MEC

Desde las asociaciones valoran el avance aunque critican la cifra otorgada —“reconocemos el paso de dar presupuesto, pero es un paso corto”, dice José María Novo de la Sociedad de Actores— y ya hacen números de cómo sería el reparto. “Durante todo este tiempo las tres asociaciones trabajamos en distintos planes haciendo proyecciones. En ATI se busca incentivar la circulación intradepartamental y la profesionalización en el interior del país. FUTI se planteaba no solo fondos para mantenimiento e infraestructura, sino crear una base de producción, y que no fuera concursable, sino recursos públicos volcados al incentivo de la producción, con contrapartidas. En SUA se pensaba en dos grandes puntales: la producción y la profesionalización, con el cumplimiento de la ley del artista”, explica Novo. Todo ello, señala, era sobre un piso mínimo de unos $ 80 millones, del que quedan lejos.

Graciela Escuder, de FUTI, dice que en algunos de los primeros números que habían esbozado planteaban una distribución de 40% para FUTI, 25% para SUA y 25% para ATI, con un 10% para atender políticas generales del consejo, cuestiones de funcionamiento e imprevistos.

Durante la discusión en la Cámara de Diputados se había agregado una cláusula estableciendo que el 35% de los fondos debían destinarse al interior del país, una iniciativa del blanco Fermín Farinha que determinó el apoyo de los partidos de oposición. Ese agregado provocó críticas de las asociaciones, que señalaron que los criterios de distribución debían quedar sujetos al Consejo Honorario, que ya tenían avanzados los ratios de reparto y que con los montos que se manejaban se “sobrecargaba” la política de corredores estipulada para el interior, es decir la circulación de obras.

Consultado acerca de cómo se “sobrecarga” el interior cuando se señala que el monto total es insuficiente, Novo (de SUA) dice que en los números manejados “sería mucho para los corredores e insuficiente para incorporar otras políticas”.

Al pasar por el Senado, y con el apoyo de todos los partidos, finalmente se votó un artículo sin la cláusula del 35%, con lo que la distribución quedaría totalmente en manos del consejo.

Ahora la pelota vuelve a Diputados, donde el Frente Amplio necesita dos votos para aprobar las modificaciones. Será el acto final de esta larga historia.