EL DRAMA DE LOS ASENTAMIENTOS

El ascensor está fuera de servicio y el guardia de seguridad señala la escalera. Resulta que hace unos días el service constató que el aparato se encontraba sin frenos y lo que pudo haber sido una verdadera tragedia en un edificio público se convirtió apenas en un pequeño inconveniente. O sea, para llegar a la oficina de la ministra de Vivienda, Irene Moreira, hay que subir a pie los cuatro pisos en el edificio de la calle Zabala en la Ciudad Vieja. Tras una mañana de recorrida por el interior, ella espera a El País en su despacho. Ese que, como corresponde, tiene en una de las paredes una bandera de Uruguay y un cuadro de José Artigas. Más chicas, sobre el escritorio, hay dos banderas de Cabildo Abierto, el partido que lidera junto a su esposo, el senador y general retirado Guido Manini Ríos.

Porque este es un ministerio con cabeza cabildante aunque, como pocos, tiene presencia de los tres partidos principales de la coalición en lugares relevantes. El subsecretario es el colorado Tabaré Hackenbruch y desde el año pasado está a cargo de la flamante Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (Dnisu) la arquitecta Florencia Arbeleche, una técnica del Partido Nacional que además es la hermana de la ministra de Economía Azucena Arbeleche.

Su rol será importante en esta historia porque dirige el plan de regularización de los asentamientos, un tema que es prioridad del presidente Luis Lacalle Pou para este año, según ya ha anunciado. Hay un fideicomiso con fondos del Instituto Nacional de Colonización, que incluirá hasta 240 millones de dólares a gastar en tres años en los planes, en forma paralela al presupuesto ya aprobado del ministerio.

El mandatario sigue de cerca el tema y habrá anuncios sobre la aplicación del fideicomiso tras Semana Santa, según adelanta la ministra. “Lo vamos a presentar en sociedad a la brevedad, falta que el presidente le ponga fecha”, explica. En esa línea, una fuente de Presidencia confirma a El País que habrá una firma de acuerdos, que será algo así como una presentación en público.

La creación de la dirección de Integración Social y Urbana en el ministerio de Vivienda estuvo envuelta en una gran polémica, cuando se negoció el texto de la Ley de Urgente Consideración (LUC) en el Parlamento a inicios de 2020. El Partido Nacional pretendía que la hoy Dnisu fuera un servicio descentralizado por fuera de la cartera, casi un ministerio paralelo, pero los socios cabildantes y colorados se opusieron porque la apuesta le sacaba a Vivienda uno de sus roles centrales.

La dirección coordina hoy la acción conjunta del Plan Juntos —creado en su momento por el expresidente José Mujica— el Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB) y el Plan Nacional de Relocalizaciones, además de proponer y ejecutar las políticas de prevención de futuros cantegriles, algo en lo que hacen mucho hincapié desde el gobierno porque si no “es una foto que se mueve”.

Al final la repartición quedó adentro del Ministerio de Vivienda pero a cargo de Arbeleche, figura de confianza del presidente. Ella integró el equipo técnico de Lacalle en lo vinculado a vivienda en la campaña electoral y era el nombre natural para el sitio, indica una fuente del entorno del mandatario. Y cuentan que la propia ministra de Economía bromeó con que “no la consultaron” cuando designaron a su hermana.

El tema de los asentamientos “es una de las obsesiones del gobierno y pongo acá principalmente al presidente de la República”, dijo la semana pasada el secretario de Presidencia Álvaro Delgado en una entrevista con el semanario Búsqueda, y recordó “que ha levantado esta bandera por lo menos en las dos últimas campañas electorales”.

En la de 2014 el hoy presidente decía que con el Frente Amplio los asentamientos “se convirtieron en una industria impulsada por motivos electorales o ideológicos”. Y llegó a plantear un ambicioso plan de “asentamiento cero”, con la meta de erradicar los cantegriles en unos 10 años, lo que no repitió en la campaña siguiente. Esa vez sostuvo que había más uruguayos viviendo en cantegriles que “en la salida de la crisis” de 2002

Se considera un asentamiento cuando hay al menos 10 casas precarias construidas en terrenos privados ocupados o de propiedad del Estado. Desde el Frente Amplio, la diputada del MPP Cecilia Cairo —excoordinadora del Plan Juntos— dice que en los últimos dos años se crearon unos 20 asentamientos nuevos y que el crecimiento de los ya existentes es hoy “exponencial”.

¿Pero cuántos asentamientos hay? La cifra no es exacta y no solo porque el panorama evoluciona en forma permanente. Moreira maneja una cifra que varía entre 600 y 650 (“es difícil porque el último censo es de 2011 y hay muchas forma de medir”, dice) con unas 200.000 personas. Cerca de la mitad están en Montevideo.

—El 19 de abril de 2020, cuando el gobierno recién empezaba, estuve en este despacho y me dijo que quería construir 50.000 viviendas. ¿Qué pasó en el medio? No creo que se alcance esa cifra.

—Esa cifra se tomó mal. El déficit era de 50.000 viviendas, que al final fue de 60.000 o 70.00, y yo quería hacer el mayor número posible -responde Moreira-. Pero evidentemente el escenario cambió, vino la pandemia y una serie de cosas a ajustar.

—¿Hay una estimación de cuánto se construirá?

—Nos marcamos como meta aumentar lo hecho en el quinquenio pasado.

—¿Aumentar cuánto?

El que habla entonces es Martín Tolmeo, director de comunicación del ministerio y hombre de confianza de Moreira y Manini, sentado al fondo de la sala:

—La idea es un 20% más.

—Claro, sí —dice Moreira.

Según el informe de gestión 2015-2020, en el período anterior se construyeron 75.077 soluciones habitacionales, pero solo una tercera parte son viviendas nuevas: 27.533. El resto son acciones, programa de mejoramiento y alquileres.

Las nuevas proyecciones de la Dirección Nacional de Vivienda, a las que accedió El País, estiman que apuntan a construir una cantidad similar (76.459 soluciones), aunque hay un aumento del 15% en las viviendas nuevas, unas 31.405. La cifra, de todos modos, no incluiría todo lo previsto en el nuevo fideicomiso.

Moreira dice que en los gobiernos del Frente “se vivieron años de bonanza económica y de entrada de dinero como nunca hubo”, lo que contrasta con “cifras históricas en temas de asentamiento”. Se hizo poco, asegura, aunque omite afirmar que la izquierda también heredó una situación crítica tras la crisis de 2002.

Desde la actual oposición, a su vez, sostienen que ya pasaron dos años y que el gobierno de Lacalle perdió tiempo. Así lo resume la diputada Cairo: “Ojalá ellos hayan juntado ya los 240 millones de dólares... Un fideicomiso lleva ocho meses poder instalarlo y un tanto más la licitación. No sé cuánto van a hacer hasta que finalice el período en tres años. ¿Por qué? Es demasiado tarde, esa es la verdad”.

Barrio La Paloma, al lado de Cerro Norte, un miércoles a eso de las 10 de la mañana. En la vuelta hay unos cuantos obreros que van de aquí para allá. Desde lejos se ve el emblemático edificio del Parque Tecnológico Industrial (PTI) y más allá el estadio Luis Tróccoli. El expasaje Lautaro, que bordea la cañada del mismo nombre, es el eje de un proyecto de regularización del PMB que se inició allá por 2014 pero que se aceleró en los últimos años y que incluye “área formal e informal”, no solo asentamientos.

Ahora no es más pasaje: es la calle Lautaro y de a poco una zona precaria y olvidada se va transformando en ciudad. Hay un moderno CAIF construido en 2017, la calle es de asfalto y el entorno de la cañada se emprolijó. Pero falta un montón.

Acá en la vuelta hay varios cantegriles que son parte del plan: el añejo Primero de Mayo —que nació a inicios la década de 1990 y es el más ordenado de todos—, y los más nuevos (y caóticos) La Ruta, Juventud 14 y Pernambuco, entre otros.

El proyecto de regularización arrancó con un censo que contó 885 personas e incluye construir 53 viviendas nuevas para familias que deben ser realojadas por vivir en zonas inundables o por la precariedad de sus ranchos. Otras solo serán mejoradas y también hay obras de infraestructura, como nuevas calles, saneamiento e instalaciones eléctricas.

La inversión total es de unos 129 millones de pesos y el 70% viene por préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo.

Los arquitectos Vanessa Cerchiaro y Federico Palermo explican que el programa tiene “un componente social importante”, casi tan relevante como las obras. “Es una intervención integral, la vivienda es la vedette, pero no es lo único”, dice Cerchiaro.

Ellos ofician de guía por la zona y muestran las siete primeras casas que se inaugurarán, si todo sale bien, el próximo 29 de abril. Dos son de un dormitorio y el resto de tres. Pero hay aspectos culturales y por eso las familias que recibirán estas casas participan en un taller de realojo, que incluye hasta la explicación de la responsabilidad que implica tener una propiedad y pagar cuentas. Al final del proceso les entregarán un manual de uso práctico de la vivienda.

Los arquitectos muestran un mapa de la zona y señalan el llamado “sector III”, que corresponde al cantegril Juventud 14. Allí las obras iban a arrancar en 2020 pero fueron postergadas para 2024 por las actuales autoridades.

Tras caminar tres largas cuadras por el Camino de las Tropas, está el asentamiento La Ruta, llamado así porque bordea la ruta 1. Su estructura es desordenada, llena de pasillos minúsculos y zigzagueantes. Ahí los recibe a los gritos Adrián, un referente del barrio. Cuarentón, camina nervioso para todos lados, se ríe y saluda: “Vamo’ arriba ustedes, ¿cuándo sale eso? Estoy esperando hace 25 años”.

“Eso” es el realojo, claro. Pero Adrián deberá esperar: por ahora su familia no está entre las elegidas. Entre las primeras del proceso, al menos. “Acá estamos entre la mierda y el pichí”, dice él y señala los caminos. Aún no llegó el saneamiento y la zona, baja, se convierte en un pantano cada vez que llueve.

Unos metros hacia el este se encuentra una zona que es prioritaria porque incluye una pequeña franja entre la ruta y un bañado. Las casas están en el medio y se inundan muy fácil.

Hay un par que ya fueron demolidas (en el futuro la zona quedará “como un queso”, explican) y en el sitio están los escombros. La idea es que los terrenos no puedan ser ocupados otra vez, pero todos saben que es bravo.

Cecilia Silva saluda por la ventana y luego sale al camino. Tiene 65 años y vive acá hace 22. “Antes estaba en el INAU”, relata. Ella vive con Abril y Majo (quien acaba de ser madre de Aldana) y el pequeño Raid, que “se mandó una macana” y está preso en el Inisa. La vivienda se llueve y se desbordan las aguas servidas. “Todo eso que ves ahí es caca”, dice ella y señala al costado de la casa.

—Queda menos —alienta la arquitecta Cerchiaro.

—Sí, yo espero que para el invierno sea realidad —responde Cecilia—. Más ahora que tenemos una bebita.

—Vamos a ver.

Cecilia y su familia no están entre las siete primeras familias que serán realojadas en pocas semanas, pero sí ya saben que entrarán en una segunda etapa.

A unos metros vive Dorian, un hombre que tiene vacas y las lleva todas las mañanas al bañado en el medio de la manzana. Él también será realojado pero en realidad no sabe si irá: “¿Qué hago con las vacas en una casa de un dormitorio?”, pregunta. Y nadie le sabe responder.

En el Cerro los técnicos del PMB no tienen claro hasta dónde se podrá llegar en este período. Según la diputada frenteamplista Cairo, lo que ha sucedido hasta ahora en el plan es que “o se han enlentecido las obras o se han parado o bien no se han licitado”. Pone el ejemplo de los asentamientos Maracaná Sur y Cotravi, ubicados en zonas inundables, donde asegura que hasta 2025 no se hará nada.

Pero en la Ciudad Vieja la ministra Moreira está satisfecha porque en breve habrá novedades del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) creado en la Rendición de Cuentas y que, según el gobierno, permitirá incrementar lo que se venía gastando en la administración anterior. “Ya teníamos todo programado en el presupuesto y este fideicomiso viene a ser algo paralelo: es decir, asentamientos que no iban a entrar en este quinquenio. Es una nueva inyección que nos habilitan”, celebra Moreira.

Hay un comité de evaluación que sigue de cerca el fideicomiso, donde participan representantes de los ministerios de Vivienda, Economía y Ganadería. Al ser un tema prioritario para el presidente, también está en las reuniones Hugo Odizzio, director de la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas.

Según la ministra, hay dos novedades respecto a lo que se venía haciendo. Una es que se actuará en los 19 departamentos en forma conjunta y con el congreso de intendentes. De hecho, las intendencias y las alcaldías ayudarán a decidir a qué asentamientos se le dará prioridad.

En el grupo interministerial manejan un listado de los primeros asentamientos a atender y una suerte de mapa con todo el relevamiento. En Montevideo y el área metropolitana es simple porque allí ya se trabaja en planes como el PMB pero en el interior el panorama es algo más complejo a la hora de priorizar, dice una fuente de Presidencia.

Lo segundo es que actuará el Sistema Público de Vivienda, que entre otros incluye al Plan Nacional de Relocalizaciones, el PMB, el Plan Juntos, pero también el histórico Movimiento de Erradicación de Vivienda Insalubre Rural (Mevir).

¿Por qué? La LUC amplió su ámbito de actuación: el Mevir pasa de lugares rurales y ciudades de hasta 5.000 habitantes, a localidades de hasta 15.000 personas. Allí entran casi todas las ciudades del interior, salvo las capitales departamentales. Además, otro artículo lo habilita a trabajar en cualquier parte del territorio “ante la emergencia habitacional”.

En ese marco, en febrero se firmó el primer convenio de cooperación entre Dnisu y Mevir, para obras específicas en asentamientos. ¿Cómo se explica el rol? “Bueno, Mevir arrancó erradicando asentamientos rurales en la época en que el problema de los asentamientos no era urbano”, justifica el presidente del organismo Juan Pablo Delgado, un arquitecto que integra el sector Aire Fresco del Partido Nacional. Hoy darán “un paso más para erradicar la vivienda insalubre de cualquier índole”, dice, y trabajarán en asentamientos en el interior con regularizaciones de barrios, relocalizaciones y arreglo de viviendas.

A fines de abril o inicios de mayo se anunciarán las primeras obras en tres o cuatro departamentos, pero Delgado aclara que será sin desvirtuar los fondos originales de Mevir ya que usarán una parte de los rubros del FISU.

Arbeleche, la funcionara de confianza elegida por Lacalle para el plan en los asentamientos, se llama a silencio ante la consulta de El País. En el equipo de Moreira dicen que no hablará hasta que se empiece a aplicar el fideicomiso. “Nos pidió ella, no es que yo no quiera que hable”, dice Moreira, quien la considera “una gran compañera que está en el mismo barco y con la que queremos ir juntas al mismo puerto”

Desde la oposición, la diputada frenteamplista Cairo valora como relevante que la encargada del plan de los asentamientos sea Arbeleche, la hermana de la ministra de Economía. “No es casual por supuesto, se lo están sacando a la ministra, de eso estoy segura”, dice.

—¿Que sea la hermana de la ministra de Economía implica más recursos?

—No, yo no mezclo las cosas —responde Moreira en su oficina—. Florencia es una directora más de las que tengo.

—Ahora, estamos ya empezando el tercer año de gobierno y ejecutar todo esto lleva su tiempo…

—Hay que generar un movimiento para que la máquina siga la marcha. Pero acá siempre estuvimos trabajando, ayer inauguré viviendas en Casavalle y en unos días estaré en Aeroparque. Ahora vamos a encarar todo con más fuerza.

—Pero, ¿qué van a hacer en concreto en estos tres años que quedan?

—Lo importante es que estamos dando el puntapié para encarar un trabajo serio en los 19 departamentos. Por lo menos estaremos presentes en dos o tres asentamientos por departamento.

—¿Lo central será eliminar asentamientos o solo mejorar las condiciones?

—Cada asentamiento tiene su propia realidad. No hay uno igual al otro. Hay algunos con zonas inundables, otros con zonas contaminadas o con plombemia. Es un traje a medida.

Ahí interviene Tolmeo:

—Discúlpeme, ministra. Depende mucho de las intendencias también. Si se debe relocalizar, se hará. En los que se pueda hacer mejoramiento de barrios, se hará. En los grandes programas del ministerio, como el PMB, se lleva un 65% del caudal solo la infraestructura...

—Saneamiento, caminería, cordón cuneta —dice ella.

Pensar en un país sin cantegriles, como aquel plan “asentamiento cero” de 2014, es una utopía. Para eso se necesitan unos 2.000 millones de dólares.

“Cuatro o cinco millones sale un solo asentamiento”, dice Moreira. El metro cuadrado son unos 1.200 dólares, “y eso que estamos bajando los valores”, afirma la ministra. Ahí entra en juego si la tierra hay que comprarla, si es donación o es del Estado. Y el material, obvio.

Como cualquier político, la ministra piensa en 2024. A fines de abril habrá un congreso de Cabildo Abierto en el cual se puede llegar a decidir que ella lidere una nueva corriente en el partido. “Buscando crecer”, dice. Y luego dispara una frase de esas que suelen pronunciar los dirigentes: “Voy a estar donde el partido me necesite trabajando por y para la gente”.

Moreira sueña con que, el día en que se retire del ministerio, pueda “mirar para atrás, que el esfuerzo tenga sus frutos y que haya el mayor número de viviendas”. Asegura que deja “todo en la cancha” y que llegó con “la mochila cargada de ilusiones” pero que “quizás eso no se vea y no son los tiempos que uno quisiera”.

—¿Manini Ríos la aconseja en el día a día y en su proyección?

—Me gustaría conversar más con Guido. Pero la agenda de él y la mía son muy intensas. Yo estoy 10, 11 o 12 horas en el ministerio. Eso sí, sería bobo de mi parte no escuchar una opinión sincera, como puede ser la de mi marido.

Economía trancó fideicomiso Entre Todos

Un plan dirigido a la clase media

Una gran apuesta del Ministerio de Vivienda es el programa Entre Todos - Sueños en Obras, que propone crear entre 3.000 y 5.000 viviendas para sectores de nivel socioeconómico bajo y medio y tiene topeado el precio del metro cuadrado. Se busca potenciar el alquiler con opción a compra, “a los cinco años se opta por la compra y se sigue pagando por 20 años”, dice la ministra Irene Moreira.

Este plan arrancó con un fideicomiso incluido en la ley de Presupuesto pero luego el Ministerio de Economía lo trancó: “Ellos tienen una visión holística y entendían que no era conveniente”, afirma la ministra. Ahora se aplicará el Sistema Nacional de Garantías. Además, la asociación de promotores privados tiene reparos y ve que el negocio tal como está planteado para las empresas “no cierra” por los costos.