Hay más cheques sin fondos, ¿por qué los abogados advierten que cobrarlos es una misión casi imposible?

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Por Clara Lussich y Mariángel Solomita
Después de todo, aceptar un cheque es un acto de fe. Expertos en finanzas reconocen que la digitalización del sistema de pagos redujo el uso de cheques significativamente, “esto ha hecho que se concentre más en sectores que lo usan como línea de crédito”, apunta una fuente en referencia a la prevalencia de cheques diferidos sobre los que son al día.

Aunque la circulación general de este instrumento financiero mengüe año a año, lo que no cambia es el problema que genera encontrarse con que el cheque no tiene fondos que habiliten su cobro. Distintos abogados penalistas coinciden en que el libramiento de cheques sin fondos es un delito viejo y conocido en nuestro país, de frecuencia cíclica, que alcanzó el mayor pico durante la crisis de 2002 y emergió nuevamente como un efecto de la pandemia, atravesando ahora una “reactivación”.

Jorge Barrera es uno de los abogados que nota el auge de consultas por cheques sin fondos. Opina que se debe “al aumento de renegociaciones o cambios de cheques que se realizaron producto de la pandemia, que fue un golpe fuerte en la economía”. Tal y como él lo ve, el impacto del covid llevó a que el acreedor acepte la renovación del cheque con una fecha de cobro más lejana en el tiempo, “esperando que el fin de la pandemia hiciera que con la reactivación de la economía la gente pudiera afrontar sus obligaciones”. Y muchas veces esto no pasó.

Foto: Francisco Flores.

Detrás de ese cheque incobrable puede haber “gente de bien” que emite cheques diferidos que después no puede cubrir; comerciantes o empresarios atados a una calesita de deudas que se convierten en una bola de nieve imposible de afrontar. “Esa gente tiene la chance de demostrarlo para que no le caiga el imperio penal”, advierte el abogado Juan Fagúndez.

En el mejor de los casos, los implicados llegan a un arreglo de pago evitando la judicialización del conflicto, u otro escenario es que tras la denuncia penal se logre un acuerdo reparatorio, saldando el total o una parte del monto, y al cumplirse se extingue el delito. “Los que no tienen con qué pagar pueden ser formalizados y llegar a un proceso abreviado”, dice Fagúndez, pero si tienen antecedentes o alguna otra causa similar o emparentada, no accederán al beneficio de la libertad vigilada e incluso podrían ir a juicio oral. En estos casos, la condena es de cárcel hasta por cuatro años.

En la vereda de enfrente de quienes emiten cheques sin fondos fruto de una fatalidad financiera comprobable, están los que los utilizan como modalidad delictiva. Uno de los estratagemas frecuentes que suelen ver los abogados es el robo de chequeras; el delincuente finge ser el titular firmando los cheques de cualquier manera y los entrega como forma de pago.

También hay empresas S.R.L. o S.A. que cuentan con distintos testaferros, que son quienes firman los cheques. “Después llamás al que firmó el cheque, le preguntás el medio de vida y te dice que cuidacoches o que maneja un taxi; cuando le preguntás cómo es entonces que libró cheques por miles de dólares te dice que él es el que está atrás”, plantea la abogada Laura Robatto. Y agrega: “Tenés también la frustración de pago. La persona que libra cheques y luego hace que otro denuncie la libreta como robada; o el que escribe mal la información a propósito, para que rebote en el banco”.

Foto: Fernando Ponzetto.

Estos escenarios, y más, están contemplados en el decreto de ley 14.412, la madre de la normativa en torno a los cheques que para algunos ya está demasiado añosa. Data de 1975: el Uruguay era otro. Pero, ya veremos, no es simple perseguir este delito, entre otras cosas porque existe un conflicto entre doctrinas que, por ejemplo, debaten cuál es la manera correcta de combatirlo si la Constitución de la República indica que nadie debe ir preso por una deuda pero la norma, para este caso, indica lo contrario.

“No hay que confiarse”, reconocen los abogados, porque les ha tocado asesorar a víctimas de cheques sin fondos y también a denunciados por librarlos que son citados por la Justicia, formalizados y en algunos casos encarcelados. Sin embargo, plantean que hoy por hoy, hay pocas consecuencias para quienes cometen este delito y eso es un problema para evitar que prolifere. “Hay algo en el imaginario colectivo de que no pasa nada, te denuncian y no importa”, plantea Andrés Ojeda.

Fernando Posada, penalista habituado a escuchar estos relatos, va un poco más lejos cuando advierte que este delito está quedando “impune” debido a las demoras que existen en la Fiscalía. El primer escollo está en el Departamento de Priorización y Asignación, que recepciona las denuncias y si ameritan las asigna a un fiscal: esta etapa tendría una demora por encima de los tres meses. El segundo obstáculo empieza cuando hay un fiscal asignado.

“Los clientes vienen afectados en busca de una solución, pero les tengo que decir que van a pasar meses para que les asignen un fiscal y que cuando eso suceda, como hace una especie de orden en sus asuntos y a estos no se les está dando demasiada prioridad, no verá una respuesta del sistema. Pero sí se ve una respuesta favorable para los que libran los cheques sin fondos”, sostiene Posada, que a la demora del proceso le llama el “combo siniestro”.

Foto: Marcelo Bonjour.

La Fiscalía se guía por instrucciones generales que indican dónde poner el foco en las persecuciones de los diversos delitos. Para la abogada Robatto, esto es una forma de diseñar una política criminal. El asunto es que el problema de los cheques no aparece entre los delitos enumerados como de interés público, “eso ha establecido víctimas de primera categoría y de segunda”, opina la experta. Y agrega: “Hay un debe porque se entiende que no es importante. Pero supongamos una persona que tiene un negocio y recibe cheques, como le pasó a un cliente mío la semana pasada, le dieron un cheque de 90.000 dólares que no puede cobrar y le está haciendo temblar su negocio. A mí me parece que estos casos son importantes también”.

Decíamos antes que en torno a este delito se despliega un debate entre doctrinas. El abogado Alejandro Balbi plantea que la más discutida es si cuando se libró el cheque el denunciado tenía un patrimonio acorde o si tenía una previsión que indique una intención de pago. “Si es así, no hay dolo porque pensaste que a los equis meses (que indica el cheque) ibas a poder cumplir, entonces no hay un delito”, plantea, “pero otros te dicen que no es así. Antes marchabas con cheques al día y con los diferidos, ahora se prioriza a los que están al día, eso demuestra una mutación de la doctrina”, señala.

Desde el punto de vista de los abogados, investigar si hubo o no dolo, “no reviste de gran complejidad”. Por lo general, el fiscal solicita una orden judicial para levantar el secreto bancario y se hace un estudio de la cuenta del emisor del cheque, además de solicitar otras pruebas que sirvan para evaluar si había buena voluntad de pago o no, “porque el cheque diferido no te implica que vos al momento del libramiento tengas que tener el dinero, sino que tengas la previsión de que vas a tenerlo”, insiste Robatto.

Ante la poca investigación en Fiscalía, Robatto opina que se está dando “una derogación de hecho del delito”. No le parece bien. “En derecho penal, es el legislador quien entiende que determinados bienes jurídicos deben ser protegidos desde el punto de vista penal, no es el operador jurídico el que debe determinar qué persigue y qué no. Si no estoy de acuerdo, busco derogar el delito, pero no lo derogo de hecho, porque hoy es esto y mañana es otra cosa”, lanza.

Foto: Estefanía Leal.

El año pasado, preocupados por las demoras en Fiscalía para responder a los delitos de esta naturaleza, y con la contundente información que les había arrojado un pedido de acceso a la información sobre la persecución de los cheques sin fondos, la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay se reunió con el fiscal de Corte interino, Juan Gómez. “Le planteamos que si no se actúa o se actúa tarde, se está generando un nicho de ejercicio para este tipo de delito porque hay un margen grande de impunidad. Si la Fiscalía tuviera tiempo y medios para actuar rápido, estoy seguro de que este tipo de delito bajaría muchísimo”, dice Fagúndez, presidente de la asociación.

En respuesta, la Fiscalía hizo cambios pero como “la foto” sigue siendo similar un año después, estos abogados ya tienen un plan B que busca apoyo entre los legisladores.

Pasaron más de cinco años desde que se modificó el Código del Proceso Penal que trajo la creación de fiscalías especializadas para ciertos delitos. En este tiempo, hubo tres cambios en las competencias respecto a la investigación de los cheques sin fondos.

Al principio, este delito era investigado por las dos fiscalías de delitos económicos, hasta que se determinó que solamente se ocuparían de los cheques que superaran los 100.000 dólares y las fiscalías de flagrancia —que son 16— se ocuparían del resto de las denuncias. Después, se creó una tercera fiscalía de delitos económicos para distribuir la cantidad de trabajo que tenían las otras dos, debido al incremento de los delitos de estafa que atraviesa el país, y entonces se determinó que serían exclusivamente las de flagrancia quienes lidiarían con el delitos de cheques.

Una de las claves para entender por qué tantos cambios y el tipo de tratamiento que reciben los cheques sin fondos está en el volumen de denuncias que atañen a este delito. Distintos fiscales coinciden en que es “cosa de todos los días” ver denuncias por libramiento de cheques, pero se quejan de que los abogados hablen de una “impunidad” alrededor de este tipo de delito: la niegan. Advierten, además, que muchas veces la denuncia penal se transforma en una suerte de “sistema de cobro” para las víctimas y eso la hace todavía más atractiva. Es decir, utilizan la denuncia penal para amedrentar al denunciado, sobre todo cuando se tiene el conocimiento de que tiene antecedentes y otra causa abierta.

“La denuncia de cheques sin fondos es un problema casi civil que está en el ámbito penal. Hay que entender que no se trata de que la Fiscalía quiera enlentecer el proceso, pero muchas veces la propia parte hace un juicio civil y ve si acuerdan, piden tiempo”, sostiene el fiscal Gilberto Rodríguez, de delitos económicos.

Foto: Archivo El País

El pedido de acceso a la información que hizo la Asociación de Abogados Penalistas en diciembre de 2021, solicitando la cantidad de denuncias por cheques sin fondos desde el cambio de código y cuántas fueron resueltas y mediante qué proceso, dio una idea de las cifras que se manejan en la Justicia alrededor del tema. Según el informe al que accedió El País, hubo un total de 1.233 denuncias durante el período referido y de estas unas 204 terminaron en una formalización, lo que equivale al 17% del total. También hubo 24 denuncias que se extinguieron gracias a que hubo un acuerdo reparatorio entre las partes y se efectuó el pago de la deuda. En total, unas 1.005 denuncias de las 1.233 efectuadas quedaron sin resolución, aunque algunas pudieron haberse solucionado mediante un acuerdo extrajudicial

Desde la asociación de penalistas anuncian que consideran hacer un nuevo pedido de información a la Fiscalía para conocer “la foto de hoy”, sin embargo, desde su rol de secretaria general, Robatto plantea que, para los abogados socios, la “sensación térmica” es que la situación se mantiene.

Sin embargo, los fiscales creen que es incorrecto basarse en las cifras para “asumir que no se hizo nada”. El principal objetivo de los denunciantes suele ser la recuperación del dinero y “no siempre” que el denunciado vaya preso, por eso Enrique Rodríguez, exfiscal de delitos económicos —desde febrero al frente de la flamante fiscalía de lavado de activos— plantea que la cantidad de formalizaciones para este tipo de delitos “no reflejan la realidad”. Para Rodríguez “no debe asumirse que no se hizo nada” porque la actuación de la fiscalía “suele tener incidencia para reparar el daño y conseguir el cobro”, pero advierte: “Hay que ser claros y entender que las fiscalías están para averiguar si hubo o no un delito. Esto no puede transformarse en una agencia de cobro de cheques”.

Es posible que este panorama esté detrás del éxito de empresas como Recupero S.R.L., dedicada a la recuperación de activos y que según distintos fiscales “empapela a la Fiscalía” con las denuncias de cheques sin fondos que compra a sus poseedores a cambio de una comisión. “No es que se prioricen otros casos, es que son de un volumen muy grande. Ya no es solamente el comerciante que quedó con las ruedas para arriba el que denuncia, si no que es una empresa que vive de gestionar eso”, explica el exfiscal de flagrancia Rodrigo Morosoli, hoy en estupefacientes.

Foto: Darwin Borrelli.

Recupero S.R.L. comenzó a funcionar hace 25 años. Su fundador, Leonardo Miller, dice: “Hay gente que pierde todo por no poder cobrar un cheque y lo que hacemos es tratar de ayudar en ese sentido”, y enfatiza en el hecho de que él no es abogado, pero su socio, Jorge Facciolo sí y es quien se encarga de presentar las denuncias. Esta firma tiene “arriba de 200 denuncias presentadas en Fiscalía” y según Facciolo algunas aguardan desde 2018. “Yo creo que hay fiscalías que desconocen que tienen una obligación de investigar”, opina el abogado.

Para saldar este problema —entre otros— la Asociación de Abogados Penalistas propone una reforma del código. “Consideramos que ciertos delitos económicos (a los que se les podrá poner un límite de monto o no) deberían de ser delitos perseguibles a instancia de parte”, dice Fagúndez. Esto daría lugar a la querella de parte, un instrumento que en algunos delitos avala la sustitución del fiscal para dar inicio a la persecución de un delito, permitiendo que un abogado lleve adelante la denuncia ante un juzgado penal. Esta propuesta se retomará este año, y será presentada a los distintos legisladores como una forma de descomprimir a la Fiscalía y que los cheques sin fondos no queden en un limbo.