Hay un aluvión de denuncias de delitos sexuales y los fiscales no dan abasto: ¿el fin del silencio?

INVESTIGACIONES COMPLEJAS Y LENTAS

Es una sensación ambigua: una realidad feroz que está dejando de ser invisible. Por eso distintos operadores judiciales que recepcionan, acompañan e investigan las denuncias de violencia sexual dicen que el aluvión de casos estremece, pero a su vez está señalando finalmente un “corrimiento del silencio”. La exposición pública que hoy puede percibirse como un problema para las víctimas, apenas tres o cuatro años atrás no era tal, “solo tenían esta visibilidad los casos más extravagantes”, plantean.

Ahora, las denuncias por delitos sexuales son miles. De acuerdo a información de la Fiscalía a la que accedió El País, en 2020 se registraron 3.387. De ese total, 2.710 identificaron a una víctima mujer, 550 a hombres y de 127 no hay datos. Según informó Mónica Bottero, directora del Instituto Nacional de las Mujeres, en 2021 la denuncias crecieron 7,7%. En tanto, desde redes de apoyo a las víctimas, abogados y fiscales pronostican que “no van a parar de crecer”. ¿Por qué? “La violencia sexual es un delito extremadamente común del que no tenemos una estadística real. El 90% de las víctimas con las que trabajo nunca lo denunciaron”, plantea Soledad González, politóloga y activista feminista.

Tal y como ella lo ve, la magnitud de movimientos mundiales recientes como el #MeToo en Estados Unidos, #Hermanayosítecreo en Argentina o a nivel local #VaronesCarnaval, sumado a nuevas leyes y un cambio en el rol de la víctima en el nuevo Código del Proceso Penal (CPP); el incremento de profesionales con mejor formación para detectar delitos sexuales, la creación de redes de sostén para quienes sufren estas agresiones y un cambio en la sensibilidad social están habilitando la proliferación de las denuncias.

Incluso, desde distintas instituciones señalan que además de los delitos nuevos hay víctimas denunciando agresiones del pasado, “casi al borde de la prescripción del delito”, señala el penalista Juan Williman, al frente del consultorio jurídico penal de la Universidad de la República.

En los últimos dos años, los delitos sexuales pasaron a representar el 70% de los casos que atiende este consultorio. “Esto nos pone al límite de las posibilidades operativas porque es un trabajo muy complejo”, advierte. El consultorio funciona en Montevideo y tiene un margen de gestión de una centena de casos. Patrocina de forma gratuita a víctimas cuyo tope de ingresos ronde los 30.000 pesos.

“El problema de estos delitos está en la recolección de la evidencia, porque no es un caso de flagrancia con testigos o con una prueba clara, ni se resuelve con procesos abreviados. Acá en la mayoría de los casos se va a juicio oral ya que no es común que el imputado asuma su responsabilidad”, dice el abogado. O sea, son procesos complejos y largos.

Las cifras del Ministerio del Interior indican que, del amplio abanico de delitos sexuales, hay un promedio de cuatro violaciones por semana. En los últimos días, un cúmulo de casos brutales causaron una gran conmoción. De todos ellos, la denuncia de una violación grupalcontra una mujer de 30 años en el barrio Cordón generó un intrincado debate que, entre varias aristas, puso sobre el tapete las exigencias de la opinión pública en el tratamiento de estos casos. Puntualmente, se le recriminó al sistema judicial mayor celeridad en su respuesta y entreabrió la puerta para constatar diversas fisuras en las distintas etapas de estos procesos.

“Hemos avanzado en estos cuatro años (desde el nuevo CPP) en la mejora de los mecanismos de denuncia y en la gestión de estas investigaciones, pero aún estas gestiones tienen grandes deficiencias por los tiempos que demoran. Y eso es algo que a las víctimas les afecta mucho”, plantea Mariela Solari, directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía.

Más de la mitad de los usuarios que acompañó la unidad desde su creación en 2017 sufrieron agresiones sexuales. El equipo técnico dedica buena parte de su trabajo a contener el “enojo” y la “frustración” que les provoca a las víctimas la demora general de este proceso, reconoce.

Hay una demora propia de la complejidad de estas investigaciones, y precisamente por eso distintos operadores judiciales plantean que, dada la relevancia de esta temática, llegó la hora de que el sistema acople una ingeniería institucional que está pensada para otro tipo de delito.

¿Cómo? “Habría que generar especificidades para los delitos sexuales en las distintas instituciones que conforman cada etapa del proceso”, resume Solari. Expertos plantean que estarían quedando relegados incluso en comparación al tratamiento que reciben otros delitos que conforman la violencia basada en género.

Hay mucha variedad en las formas y edades en que se realizan los abusos, dicen los investigadores. Esto pasó, por ejemplo, en los últimos 10 días. Tres personas fueron condenadas por explotar sexualmente a una niña de 10 años en Artigas. La madre de la pequeña y su pareja la ofrecían a otro hombre —quien a su vez la entregaba a otros agresores— a cambio de dinero. En Soriano, imputaron a un hombre por abusar de su hija de 12 años. Había quedado a cargo de la niña mientras la madre cursaba una internación por un cuadro depresivo. Un joven fue formalizado por violar y rapiñar a una anciana de 75 años, en Rocha. El Instituto del Niño y Adolescente pidió la clausura de un restopub en Salto donde la Policía halló a una adolescente de 17 años que era abusada. En la planta alta, donde se concretaban las agresiones, encontraron drogas y bebidas alcohólicas que le habrían sido suministradas.

La denuncia de una mujer de 30 años por una violación grupal provocó un repudio masivo en redes sociales, una manifestación multitudinariay un debate ético y jurídico sobre el tratamiento periodístico del caso por los medios en general y en particular por uninforme del programa radial La Pecera que realizó el periodista Ignacio Álvarez.

Esto a su vez generó una investigación de la Fiscalía por divulgación de materiales de contenido sexual sin el consentimiento de la víctima, y por un presunto incumplimiento del CPP por filtraciones de la investigación (al difundir la pericia médica forense, que estaba reservada). Dos allanamientos, uno en Azul FM y otro en la casa del periodista (que al final no se concretó) para obtener el celular de Álvarez —“para conocer a qué personas fueron cedidos esos materiales” y el origen de un cuarto audio que no habría sido emitido, según aclaró la fiscal Mariana Alfaro—, abrieron un nuevo y polémico capítulo.

Volviendo a la víctima, el viernes pasadotres hombres fueron formalizados por un delito de abuso sexual especialmente agravado y a uno de ellos también se le imputó por un delito de difusión de imágenes con contenido pornográfico sin autorización. Los imputados cumplen prisión preventiva, medida cautelar que la fiscal Sylvia Lovesio solicitó argumentando que presentaban “todos los riesgos procesales” y que a su vez es obligatoria para los delitos sexuales tras los cambios en la Ley de Urgente Consideración.

La polarización de la opinión pública en torno a este caso se agudizó a raíz de esta concatenación de sucesos y encendió una alerta entre los operadores judiciales. “Si las víctimas eligen hacer público su caso es su derecho, pero si no lo único que eligieron fue acceder a la justicia. Hay que ser muy cuidadoso porque esto creo que inhibe a otras víctimas a la hora de denunciar”, plantea Solari.

Si bien las denuncias son miles, los especialistas insisten en que cada una de ellas arrastra una ardua historia detrás. “Una víctima que llega al despacho para averiguar cómo funciona el proceso, recorrió un camino larguísimo. Los abusos sexuales son violencias que van más allá de un daño físico: provocan un daño físico, psicológico y emocional que generan un impacto profundo en la vida de la víctima”, dice Natalia Fernández, abogada especializada en violencia basada en género.

Hay víctimas que dejan de hablar durante días, semanas, meses. “Hasta que recuperan la confianza en su entorno para decir lo que les pasó”, dice Solari. Son como barreras. La primera, es la emocional; luego está la del entorno inmediato. “La de quien nos encuentra, con o sin lesiones, porque en las violaciones hay todo tipo de escenarios posibles”, sigue Solari. La tercera es el prestador de salud. “El examen físico rememora lo sucedido”, dice la experta y señala que muchas de las denuncias que llegan a la Fiscalía vienen por parte de los prestadores, cuyos informes están marcando un diferencial en la priorización de los casos graves, en el mar de denuncias que se acumulan. La cuarta barrera es la de sostener el proceso judicial.

Si se van a tener que enfrentar con el agresor. Si se verán expuestas a una represalia. Cuánto demora. Si el agresor va a ir preso y por cuánto tiempo. Quién va a enterarse de lo que les pasó. “Las preguntas que nos hacen antes de dar el paso de denunciar están llenas de ansiedad por saber qué va a pasar y cuánto va a demorar todo. Es importante trabajar de forma multidisciplinaria con las víctimas”, dice la abogada Lucía Fernández, especializada en violencia de género.

Con los cambios que incorporó el CPP y la ley de violencia basada en género durante el proceso no hay confrontación entre víctima y agresor, y la víctima tiene derecho a declarar de forma anticipada. “Se tomaron medidas para mitigar la revictimización pero es inevitable y siempre hay un lado de exposición, ahora más que nunca”, dice la abogada Alicia Deus.

El temor al “juicio paralelo”, el de la “moral de la opinión pública”, “asusta muchísimo porque se teme qué información privada se puede filtrar”, agrega Fernández. En definitiva, el fortalecimiento que requiere iniciar un proceso es muy alto. “Por eso muchas veces demoran años en denunciar”, plantea Deus. Estima que la mitad de las que consultan finalmente desisten. Eso se quiere revertir.

Los caminos para presentar la denuncia son las seccionales, las sedes fiscales y están las que llegan por los prestadores de salud. Según relatan distintos operadores judiciales, si bien Fiscalía tiene una oficina que depura y asigna las denuncias con criterios de priorización, el volumen de los delitos sexuales es tal que está exigiendo una mayor especialización empezando por la recepción de las denuncias, y también en las etapas que siguen.

En Montevideo hay ocho fiscalías de delitos sexuales, violencia doméstica y violencia basada en género, pero la magnitud y complejidad de las investigaciones provocaron que cuatro se especialicen en las agresiones sexuales. Fuentes de estas fiscalías aseguran que cada una maneja unos mil casos, con distintos grados de urgencia y gravedad, incluso no es raro ver denuncias de violaciones grupales.

En este sentido, Darviña Viera, quien estuvo a cargo de la Operación Océano hasta octubre, plantea que “los actores del sistema judicial, incluyendo la propia Fiscalía, no han entendido aún cómo se investigan los delitos sexuales”. Cuando lo hagan, “vislumbrarán que es imposible trabajar con tantos casos”.

“La prueba es el punto neurálgico de todo el proceso, pero una cosa es lo que sucedió en la realidad y otra es lo que se pueda probar. Eso cuesta mucho a veces entenderlo”, dice la abogada Fernández.

La recolección de la evidencia es compleja, y como los procesos abreviados son poco comunes en estos delitos, debe sostener una acusación y luego un juicio. “La declaración de la víctima (que puede llevar su tiempo) y las pericias forenses son fundamentales. Luego, lo habitual es que se debata en torno al consentimiento durante el acto sexual”, expresa Viera. “Se debe tomar la prueba en su conjunto para dilucidar y demostrar lo que pasó”.

Desde la Asociación de Magistrados Fiscales, su presidente Willian Rosa señala que los mismos problemas que están en Montevideo “se potencian en el interior”, donde no se han creado fiscalías especializadas. No hay presupuesto, no hay recursos.

“Estas investigaciones con pruebas difíciles de recolectar se tienen que llevar adelante en paralelo a situaciones urgentes de delitos de flagrancia u otros hechos graves como homicidios. A los fiscales se les exige rendimiento a partir de números y eso hace que tengan que priorizar a la hora de trabajar. La urgencia del día a día se va comiendo el tiempo para investigar estos delitos tan complejos”, dice.

Pero el relegamiento también sucede en la capital, incluso en las fiscalías especializadas. Distintas fiscales consultadas reconocen que ante tantos casos, se termina “trabajando en la emergencia”. O con los casos en que los abogados son más insistentes, o las propias víctimas.

En el interior, el acceso a la defensa pública es limitado y se restringe a quienes no tienen ingresos. No hay otra opción gratuita como el consultorio de la Universidad de la República, que de todas formas está a tope.

Abogadas particulares dicen que muchos de los casos les llegan cuando la víctima presentó la denuncia, la investigación no avanza y teme que le retiren las medidas de protección que un juzgado de familia especializado fija —en casi todos los casos— al iniciar el proceso.

Duran seis meses, tiempo en el que se estima habrá iniciado la investigación por la vía penal, instancia en la que además se podrá solicitar otras medidas cautelares más severas. Pero, si esta investigación se demora y el juez no prorroga las medidas de protección, caen. “Se repite bastante. Se está por vencer, la fiscalía no ha llamado a la víctima y ahí lo que hacemos es intentar acercar nueva prueba para reactivar el caso”, dice la abogada Natalia Fernández.

Algunas veces pasan meses, años, y la Fiscalía no da señales. Algunas denuncias se archivan sin que las víctimas se enteren qué pasó con su caso.

Pero vayamos a un escenario en el que la investigación prospere. El otro gran problema es la demora de las pericias que realiza el Instituto Técnico Forense. Cada ciudad con un juzgado debe contar con una unidad que tenga las cuatro disciplinas (medicina, asistencia social, psiquiatría y psicología), pero no se cumple. Falta presupuesto para los recursos e, incluso, hay llamados que quedan desiertos. Así, además de esperar, las víctimas deben trasladarse a otras ciudades para ser periciadas. A veces faltan porque no tienen dinero para los boletos. Otras veces, la demora es tal, “que están enojadas cuando las llamamos”, dice una perito consultada.

Andrea Chaparro, presidenta interina de la Asociación de Psicólogos del Instituto Técnico Forense, indica que debido a la explosión de denuncias de delitos sexuales por un lado, y además por los cambios del nuevo CPP, la ley de violencia basada en género y la reforma del Código de la Niñez, “se ha venido incrementando la cantidad de pericias y su complejidad”. Ahora en los juicios los peritos deben declarar, lo que implica un desafío. “Estos cambios no vinieron acompañados de la creación de cargos”, dice. Los psicólogos carecen desde hace meses de una dirección técnica que supervise el trabajo y no cuentan con capacitaciones.

El País consultó al Poder Judicial y no obtuvo respuesta, pero distintas fiscales mencionaron que las demoras en las pericias psicológicas se extienden de uno a cinco meses. El gremio estima que hay unos 60 psicólogos para todo el país. Una fuente consultada relató trabajar en una situación extrema. Dice haber realizado 240 pericias en 2021 y tener pendientes otras 200. “¿Si hay casos graves dentro de esas 200? Ni idea. No me da el tiempo de revisarlas a todas.” La orden que recibe es priorizar los casos de violencia doméstica ante delitos sexuales “y así van quedando relegados”, lamenta.

Dice: “Saco pericias como chorizos, a veces en una hora de entrevista y no en varios encuentros profundos como me enseñaron que debía hacer. Tenemos colegas que han sido sumariadas por no rendir. Trabajo con la presión en la nuca, sin supervisión y si pido apoyo de la jerarquía, no hay. Siento que el sistema a mí ya me ganó: trabajo atajando penales”.

Según informó Búsqueda y mediante información de la Fiscalía a la que accedió El País, en 2020 solo el 13% de las denuncias de delitos sexuales obtuvo una condena. Esto no quiere decir que el resto de los casos se archiven, insisten los expertos, pero sí ilustra la lentitud que envuelve a estos procesos.

Y el tiempo en la violencia sexual es clave. Cuando la respuesta no llega y pasan los años, es un riesgo. Dice la abogada Deus: “Las víctimas ven que la respuesta demora, que pasan por una exposición pública que puede ser terrible y eso desestimula a cualquier otra persona que quiera denunciar. La falta de acceso a la justicia es de las cosas que pueden producir más daño a una víctima porque es como decirle que no tiene derechos”.