Menos alimentos y a menos gente

Hambre de explicaciones

Sin aviso ni argumentos, el Ministerio de Desarrollo Social decidió reducir las prestaciones alimentarias que otorgaba el Instituto Nacional de Alimentación. El impacto lo sienten niños y embarazadas con riesgo nutricional, enfermos crónicos y organizaciones sociales de todo el país.

Hambre de explicaciones. Foto: Darwin Borrelli
Foto: Marcelo Bonjour

Todo empezó con buenas intenciones. Desde las direcciones del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) se transmitía el mensaje de que habría cambios en las prestaciones alimenticias y que el objetivo era el de siempre: aumentar la prevención, y focalizar en los niños más pequeños y en las embarazadas. Los funcionarios pedían más información para calmar la incertidumbre que por entonces empezaba a perturbar en las casas, en los barrios, en los centros de salud. Ya vendrán explicaciones, les contestaban.

Sobre fin de año, los técnicos del Instituto Nacional de Alimentación (INDA) —que dejó el Ministerio de Trabajo y se integró al Mides en 2016—, supieron que varios de sus programas pasarían a regirse por el Índice de Carencias Críticas, un instrumento que toma indicadores de vivienda, educación, confort y composición del hogar para determinar quiénes son beneficiarios y quiénes no. Supieron, también, que el Programa de Riesgo Nutricional (PRIN) dejaría de abarcar a todos los menores de 18 años con problemas de nutrición y pasaría a concentrarse en los menores de cinco. Seguiría incluyendo a embarazadas y a madres en lactancia adelgazada. Hasta ahí había dudas, pero no mayores discrepancias.

Pasó fin de año, pasó el verano, y en marzo se armó un cronograma de rondas en el interior para explicar que, como parte de estos cambios, las intendencias dejarían de ser las que entregaran los alimentos y la posta la tomarían las oficinas territoriales del Mides. Se hizo una primera capacitación, pero no hubo más. A la vez que se suspendía el cronograma, dejaba de funcionar el sistema informático por el cual los trabajadores ingresaban a la gente a los programas. Todo era muy confuso para los técnicos. Que ya se restablecería, les decían. Que se limitaran a transmitir que el sistema estaba caído.

El tiempo pasó y el sistema no volvió. Tras Semana de Turismo llegó una nueva comunicación: aquello de los menores de cinco años no corría más. La idea ahora era "universalizar" el PRIN a todos los recién nacidos y a todas las embarazadas en el tercer trimestre de gestación.

Pero eso tampoco sucedió. Pasó abril, pasó mayo, creció la incertidumbre y el malestar, y sin información concreta, los operadores no tenían otra que decirles a los beneficiarios que trataran de proyectarse a fin de mes sin las prestaciones que estaban acostumbrados a recibir. Que por las dudas no contaran con ello.

Finalmente se supo la decisión del Mides: el PRIN pasaría a ser para todos los niños nacidos en el Pereira Rossell, pero solo para ellos. Ya no importaría el riesgo nutricional. No se miraría más el bajo peso, el retraso de talla o la anemia. El programa ya no incluiría, como solía hacer, a embarazadas adolescentes, o con bajo peso, o con anemia, ni a madres con bajo peso que amamantaran. El PRIN pasaría a ser exclusivamente del Pereira y su beneficio, unos 600 pesos mensuales, se cobraría solo por un año, ya no por dos. Los niños nacidos en otras maternidades no estarían contemplados. Eso sí: los dos kilos de leche en polvo que recibían los beneficiarios antes, se eliminarían para todos. Para los del Pereira también.

Presupuesto:  INDA gasta el 17% de los recursos para unidades ejecutoras del Mides. Foto: Fernando Ponzetto
INDA gasta el 17% de los recursos para unidades ejecutoras del Mides. Foto: F. Ponzetto

A los técnicos del INDA la noticia les cayó muy mal. Informalmente supieron que los rubros no alcanzaban para la universalización. Sin una comunicación oficial, el 1 de junio comenzó a regir la nueva disposición. Desinformados, los operadores en territorio siguieron derivando gente. Nadie tenía una respuesta.

Dice Sergio Turra, nutricionista y vocero de los técnicos del INDA, que tras la exigencia sindical de ellos y de los funcionarios del Mides, se elaboró un protocolo a fines de julio. El documento no dice nada sobre el viejo PRIN. Ahora se llama "PRIN CHPR" (por Centro Hospitalario Pereira Rossell), y especifica: "El objetivo es complementar mediante una transferencia monetaria los ingresos de hogares vulnerables ante la llegada de un nuevo hijo". Para cobrarla no alcanza con la vulnerabilidad: se pide un certificado de nacimiento en el Pereira.

"No nos parece mal focalizar ahí", aclara Turra, "pero nos preocupa que los niños nacidos en maternidades similares al Pereira, inclusive en el sector privado, no sean contempladas de ninguna forma. ¿Por qué el Pereira? Es una injusticia".

Desde entonces, el sindicato del INDA intentó reunirse con las autoridades, pero no tuvieron éxito. El 20 de julio difundieron un comunicado, pero reinó el silencio. "Nos pusimos a disposición para ver cómo podíamos revertir el plan, porque nos parece que se está cometiendo un error. Solo se nos dice que no se discute la política con los trabajadores. Somos técnicos, con años de trabajo. Hemos sido pacientes, pero ahora salimos porque se desconocen algunos problemas alimentarios de la población", plantea Turra.

En una resolución fechada el 18 de mayo, y que no figura en la web de Presidencia ni en la del Mides, la ministra Marina Arismendi refiere a un "proceso de mejora de gestión y unificación de transferencias" y sostiene que "el programa Tarjeta Uruguay Social brinda actualmente cobertura integral a los objetivos que dieron origen al PRIN".

Según las cifras en poder del sindicato de funcionarios del INDA, el PRIN llegaba a 15.000 beneficiarios, entre niños y mujeres. Eso signficaba unos US$ 286.000 por mes. Desde junio se redujo a los 7.000 que nacen al año en el Pereira Rossell, independientemente de su situación nutricional. Es cierto que la obesidad y el sobrepeso son el principal problema, pero aún hoy hay 3.000 niños que nacen con bajo peso cada año. Según la Encuesta de Nutrición, Desarrollo Infantil y Salud (Endis), el 11% de los niños más pobres tienen retraso de talla y el 13% está en situación de inseguridad alimentaria severa.

"Sabemos que 600 pesos al mes no solucionan nada, pero era un aporte. Se nos ha dicho que las familias ya cobran asignación familiar, Tarjeta Uruguay Social, y está bien, pero aparte tenían esto y ahora ya no. No era un invento, no era un regalo, era porque tenían un problema nutricional", insiste Turra.

El director del INDA, Gerardo Lorbeer, no hace declaraciones porque está en negociaciones con el sindicato, según dijeron desde el Mides, aunque Turra aseguró que dichas negociaciones son salariales y no tienen nada que ver con estos recortes. En el ministerio tampoco quisieron hacer comentarios. Solo respondieron que la idea sigue siendo extender la prestación a otras maternidades, y que se empezó por el Pereira porque se entiende que allí se concentra el mayor número de nacimientos con "riesgo socio-sanitario". Sin embargo, eso no está escrito ni en la resolución ni en el protocolo.

Críticas y preocupación en la UdelaR y en la oposición

Las profesoras Gabriela Fajardo y Alejandra Girona, del Observatorio del Derecho a la Alimentación de la Escuela de Nutrición de la Udelar, enviaron una carta al director del INDA, Gerardo Lorbeer, en la que expresan su preocupación por los cambios, detallan una serie de cifras para exhibir los problemas nutricionales de la población uruguaya, y concluyen: "Por tanto, teniendo en cuenta la realidad nutricional de miles de familias y en particular de los niños y adolescentes que nacen y crecen en la pobreza, así como el impacto negativo que tiene el déficit nutricional sobre la salud y el capital social, afirmamos que cualquier estrategia que pretenda lograr de modo sostenible reducir la pobreza y el hambre, debe considerar el derecho a la alimentación y el acceso a alimentos de calidad como uno de sus ejes; mejora que no parecería ser posible si se recortan prestaciones a las poblaciones más vulnerables, sin un análisis técnico detallado, integrado y participativo de las consecuencias que las medidas adoptadas pueden provocar a corto, mediano y largo plazo.

Por lo expuesto, creemos oportuno establecer a la brevedad una mesa de trabajo intersectorial, a la que desde ya nos ponemos a disposición, como estrategia para la búsqueda de soluciones al problema planteado, mitigando así las consecuencias sobre la salud de la población".

La noticia llegó en estos días a la Sociedad de Pediatría del Uruguay, donde funciona un comité social que hasta ayer se estaba interiorizando al respecto para adoptar una posición.

En tanto, el senador blanco Luis Lacalle Pou, cursó un pedido de informes al Mides la semana pasada. Allí pide saber los motivos de los cambios que implican un "recorte al apoyo alimentario" de niños, embarazadas y madres en lactancia. Respecto a cada una de las modificaciones solicita se le adjunten "informes técnicos que avalen la medida". Además, pide que se le aporten los documentos con los que se les comunicó el cambio a los funcionarios, y "un informe técnico detallado" de las consecuencias del mismo.

Cada vez menos.

El dulce de membrillo. Eso, y la cocoa, son la obsesión de Cristina Figueroa, que junto a otras cinco madres de adictos rehabilitados llevan adelante una ONG en Rivera para ayudar a otros jóvenes que aún dependen de sustancias. Hace tres meses que la canasta que recibía del INDA le llega tarde, y con la mitad de los alimentos. El dulce de membrillo, que para ella es vital porque "baja las revoluciones" que le siguen al consumo, no le llegó más.

La visitadora del INDA le recomendó que escribiera un mail reclamando por lo perdido. Eso fue hace un tiempo, y no obtuvo respuesta. Hace unos días volvió a escribir, pero nada. Figueroa sabe que en Rivera hay varios comedores y clubes de niños afectados por lo mismo. Ella dice que su único apoyo económico proviene de la junta departamental. Si la ayuda del INDA no se restablece, no podrá seguir dando desayuno, almuerzo y merienda a los 38 jóvenes que se sientan cada día a la mesa en el local de "Volver: adictos a la vida". Perseverante, la mujer sale casa por casa a pedir a los vecinos el dulce y la cocoa. Por ahora los consigue, porque "la gente, cuando se trata de comida, te da".

A 250 kilómetros de allí, en Paso de los Toros, el único hogar de ancianos sin fines de lucro en la localidad enfrenta la misma pérdida. Por teléfono, y de memoria, Raquel Mujica recita las cantidades de alimentos que solía recibir: 120 kilos de leche en polvo, 156 de azúcar, 84 de harina, 36 de harina de maíz, 30 de sémola, 10 de lentejas, 36 litros de aceite. Hace 12 años que cada dos meses, los primeros días de mes, invariablemente tenía los alimentos en la cocina. Ahora, asegura, llega la mitad, y tarde.

Para Mujica sería "muy difícil" afrontar los gastos de la casa sin eso. Los 48 abuelos a los que cuida aportan una mensualidad, pero el presupuesto está armado teniendo en cuenta el aporte del INDA que ahora parece tambalear. Estos últimos meses se las arregló recortando "gastos menos importantes" para tener para la comida. Como le resulta insostenible, escribió una carta al INDA. Al cabo de 10 días le mandaron un refuerzo alimenticio. ¿Qué pasará el mes que viene? No sabe. Nadie le ha dado una respuesta.

Unos 200 kilómetros más lejos, en un merendero de Nuevo Berlín, Julia Minetto atiende la llamada y pide unos minutos para fijarse en un viejo bibliorato cuándo fue la última vez que llegó alimento del INDA. El 25 de mayo, dice. Le queda leche en polvo como para funcionar hasta el martes. La cocoa se consigue, el azúcar también. El dulce de membrillo para ella no es tan importante. Lo fundamental es la leche. "Es lo que necesito", explica.

Minetto pone en contexto la localidad en la que trabaja. Dice que no es "tan pobre", que los niños reciben tres comidas en la escuela de tiempo completo, que hay iglesias que ofrecen una taza de leche los fines de semana. Sin embargo, hay 31 niños y adultos que cuentan con su merienda cada día. Ahora que el INDA manda menos, y con menos frecuencia, pide ayuda al municipio. "Nos vamos manejando", asegura. Todo es solucionable. Todo, menos la leche.

Como estas tres organizaciones, hay unas 620 a las que el INDA asiste como parte del programa Apoyo a Instituciones Públicas y Privadas (AIPP). Son merenderos, clubes de niños, hogares de ancianos, organizaciones que trabajan con adolescentes y con personas con discapacidad. Todas atienden población vulnerable o tienen fines socioeducativos. Según relevó el sindicato, la leche en polvo se redujo un 50% y los alimentos en promedio un 20%. Además, lo que se entregaba cada dos meses ahora se hará cada tres. La disminución del suministro se dio sin aviso ni explicación.

Y a menos gente.

Hay otros afectados: son celíacos, personas con insuficiencia renal en hemodiálisis, portadores de VIH, pacientes oncológicos, diabéticos imposibilitados de trabajar, enfermos de fenilcetonuria, lupus, fibrosis quística, esclerosis múltiple, pie de cristal. Hasta hace un mes, si sus ingresos eran menores a $ 10.032, podían inscribirse en el Plan de Atención a Enfermos Crónicos (PAEC) y recibir una transferencia de unos $ 600 (o una canasta con alimentos con el equivalente), y un kilo de leche en polvo.

Ahora, como parte de los cambios, la ministra resolvió que los beneficiarios sean solo aquellos elegibles según el Índice de Carencias Críticas. Implica que ya no se tienen en cuenta solo los ingresos, sino también las condiciones de la vivienda. Implica, en los hechos, que aquellas personas que vivan en casas con piso, techo o paredes de material, ya no calificarán. Implica, también, esperar una visita de los técnicos del Mides para valorar el hogar. Según denuncia el sindicato del INDA, las visitas llevan un año de atraso.

Varias asociaciones de pacientes consultadas están al tanto de los cambios y han recibido consultas. En Asepo, la que nuclea a los que viven con VIH, dijeron que están atendiendo las situaciones puntualmente, por ejemplo, con tiques de alimentación. Pero la organización tiene pocos recursos como para sostenerlo.

En Acelu, la asociación de celíacos, han recibido decenas de llamadas, sobre todo de madres de niños con celiaquía que no entienden por qué ya no acceden a la prestación. Susana Tchekmeyan, presidenta de la asociación, está indignada. Hace dos semanas, mientras llegaban las primeras consultas telefónicas, en el Parlamento el ministro Danilo Astori rechazaba la posibilidad de contemplar una baja en los precios de los productos sin gluten, que cuestan hasta 400% más que los comunes. Pidió una reunión en el INDA, se la aceptaron, pero se suspendió y ahora está esperando recoordinar.

"Al cambiar los criterios, está saliendo mucha gente de esa prestación. No es mucha plata, pero todo ayuda para quien no tiene la posibilidad de llegar a fin de mes. La lucha debería ser para que fuera mucho mejor", se queja. "Estamos perdiendo un derecho adquirido".

Unos 300 CAIF quedarán sin vigilancia nutricional

El sindicato del INDA también alerta que entre los cambios implementados, se decidió que siete nutricionistas que habían concursado por sus cargos y hacían vigilancia alimenticia en 16 departamentos, pasen a trabajar como operadoras de Uruguay Crece Contigo. Por ahora no está planteado que haya un llamado para cubrir estas vacantes. Tras la redistribución de las técnicos, hay 38 mil niños que asisten a unos 300 CAIF que quedarán sin esa supervisión. Actualmente, las nutricionistas realizan dos controles de peso y talla al año para detectar niños con riesgo nutricional, se contactan con los centros de salud para el seguimiento de los casos y hacen gestiones para garantizarles todas las comidas. Se pierde también el asesoramiento en las compras, en la cantidad y la calidad de los alimentos. "Ya no habrá quien detecte los casos más frágiles. Solo los más evidentes recibirán ayuda", advierte el sindicato. El INDA perdió el 50% de sus nutricionistas en los últimos tres años.

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