Un año y medio después de la última gran sequía, el fantasma de la falta de agua se instala nuevamente en el agro, ahora en medio de una ola de calor que complica el escenario. Las previsiones no son alentadoras: febrero, marzo y abril traerán menos lluvias de lo habitual y se esperan temperaturas por encima del promedio, según proyecciones del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA).

La incertidumbre en el sector productivo crece. Los datos que maneja el INIA muestran cómo ha evolucionado el porcentaje de agua en el suelo: en 2023 hubo sequía aguda, en 2024 una situación de buena cantidad de agua y ahora el suelo con una falta de agua notable.

La necesidad de avanzar en la instalación de sistemas de riego es evidente según los especialistas, autoridades y productores consultados en este informe, pero los recursos económicos para las inversiones no están disponibles. Tampoco hay acuerdos políticos, porque el problema no es solo productivo sino también ambiental. No se pueden perforar pozos en todo el país ni construir represas sin un marco normativo que lo respalde.

La ley de riego aprobada en 2017, conocida en el sector como la “ley de (Tabaré) Aguerre” (por el ministro de Ganadería de la época), no fue reglamentada en su totalidad. Ni en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez ni en el actual, que está por terminar, avanzaron en su implementación. Todo indica que quedará en el olvido, y que una nueva batería de medidas tendrá que ocupar su lugar. Mientras tanto, el agro sigue a la espera, con la mirada en las proyecciones de los meteorólogos y la incertidumbre de reestructurar el negocio o abandonarlo.

Foto: Leonardo Mainé

Hay acuíferos que aún no se recuperan, los más profundos, según dice a El País el presidente de OSE Raúl Montero. Siguen mostrando los efectos de la crisis hídrica pasada, esa que dejó al área metropolitana sin agua potable. “El agro necesita que llueva en toda la superficie, porque necesita un riego general que no se interrumpa. Nosotros precisamos que nuestros cauces no se corten”, dice. Aunque lejos de la situación que amenazó con dejar a Montevideo literalmente sin agua, OSE está trabajando para no tocar las reservas de Paso Severino, que hoy tiene más de 60 millones de metros cúbicos almacenados. “Tomamos el agua que ya pasó por la represa de Aguas Corrientes y la devolvemos al otro lado, manteniendo un nivel adecuado para el bombeo. Durante la crisis de 2023 utilizamos este sistema de manera intensiva, lo que provocó que el agua del Río de la Plata ingresara al río Santa Lucía, aumentando la salinidad”, dice Montero.

A pesar de la mejora en los niveles de Paso Severino, Montero advierte que los ríos y afluentes del Santa Lucía continúan con caudales extremadamente bajos. “Todavía no se han recuperado completamente del déficit hídrico de los últimos tres años”, explica. Así, OSE sigue monitoreando de cerca la situación hídrica en todo el país, con el objetivo de garantizar un abastecimiento estable y sostenible en los próximos meses. Por eso en la última reunión de directorio decidieron evaluar con la presidenta de Aguas Corrientes si es viable reactivar y utilizar el trasvase que se realizó en el río San José durante la crisis de 2023, para llevar agua hasta la planta potabilizadora. Eso porque el trasvase se rompió en una tormenta a pocos meses de ser inaugurado: el agua le pasó por arriba.

Las precipitaciones del miércoles pasado, aunque bienvenidas, trajeron un alivio parcial. Algunas zonas lograron recuperarse, pero en otras los suelos siguen castigados, y la sombra del déficit hídrico no cede.

En medio de este panorama, las visiones chocan. Desde el colectivo Un Solo Uruguay, el diagnóstico es claro: “El gobierno no ha hecho nada” para que los productores chicos y medianos tengan mejores condiciones para acceder al riego. “En este país, donde llueve regularmente en invierno, primavera y otoño, no debería faltar el agua. Sin embargo, llega el verano y nos quedamos sin ella”, dice Norberto Pereira, productor agropecuario e integrante de Un Solo Uruguay.

En muchos lugares el agua subterránea es accesible con perforaciones, pero el problema es que no todos los productores tienen los recursos para realizarlas. “Hice tres pozos y no encontré agua. Pero no hay nada que me acompañe en esa inversión”, dice Pereira. La realización de un pozo semisurgente puede estar en torno a los 30.000 dólares, pero no es siempre una solución, porque son muchas las tierras donde no hay agua subterránea y otras tantas donde no se pueden hacer perforaciones porque habría daños medioambientales irrecuperables.

Y hay otro elemento: la factura de UTE. Si se llega a tener un pozo que bombee agua, el alto costo de la energía cambia toda la ecuación productiva: si bien aumenta los rendimientos, los costos fijos son mucho más altos. “En Uruguay la energía es carísima. Los que trabajan con riego gastan 30, 40 o 50.000 pesos de luz por mes. Entonces, ¿para qué queremos riego si después la energía nos va a matar?”, dice el productor.

En el encuentro “Agro en Punta”, realizado el pasado miércoles en el Centro de Convenciones de Punta del Este, el economista Ignacio Munyo, defendió el riego. Y, en su exposición “Riego: claves para despegar la productividad”, dijo que en sectores como el lechero, la implementación traería un aumento de la productividad de un 150%.

Ahora estamos en plena transición y el futuro ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, dice a El País que el riego y la planificación del manejo del agua serán temas centrales y prioridades en su gestión: “La situación tiene que ser estudiada en detalle”.

En su visión, la estrategia debe construirse de lo menor a lo mayor. “Lo principal es que cada establecimiento cuente con agua suficiente para el ser humano y la producción”, señala, haciendo énfasis en la necesidad de garantizar recursos tanto para las familias rurales como para enfrentar eventuales crisis climáticas.

Foto: Francisco Flores/Archivo El País.

Uno de los proyectos en los que ya está comprometido el Frente Amplio es el de la represa de Casupá y Fratti ve en él una oportunidad para experimentar con un sistema de riego multipredial financiado por el Estado, con la intención de generar un modelo atractivo para la inversión privada. “Es una represa que abastecería tanto a la zona metropolitana con agua potable como al agro, aunque esto último no está definido”, dice.

Fratti reconoce que la ley de riego aprobada en 2017 ha generado poco interés en el sector privado y que es necesario analizar si debe ser ajustada para fomentar su aplicación. “Cuando se plantea el riego multipredial, hay que pensar en una combinación público-privada porque no creo que el Estado pueda llevarlo adelante solo”, afirma.

Foto: Archivo El País

Para Emilio Mangarelli, vicepresidente de la Federación Rural del Uruguay, este es un año en el que hay que hablar de faltante de agua, y no tanto de sequía. Pero reconoce que gracias a los desastres de 2023 “el riego se instaló en la agenda política y todos los partidos políticos ven lo importante del tema”.

—Con la experiencia de lo que pasó en la crisis, ¿qué se ha hecho para mejorar?

—Rezar— contesta en tono de humor el productor.

Mangarelli dice que hay que repensar todo el sistema productivo. En su campo no tiene riego: “Al lado mío, tanto del lado izquierdo como del derecho, compró una empresa grande, unas 14.000 hectáreas, y tienen riego. Yo los miro por el alambre y se me cae una lágrima cuando comparo”. Es que, claro, sus vecinos tiene en un rendimiento mucho más alto.

La ley de riego fue diseñada para fomentar el uso de sistemas de riego con el objetivo de aumentar la productividad agropecuaria y garantizar un uso más eficiente del agua. Sin embargo, desde su sanción ha generado un debate intenso por las posibles implicancias ambientales y sociales.

La ley permite la creación de asociaciones de usuarios que puedan gestionar proyectos de riego, también introdujo la posibilidad de crear embalses privados, con la idea de captar agua en períodos de abundancia y utilizarla en épocas de déficit hídrico.

Otorga a privados un papel más relevante en la gestión y explotación del recurso hídrico, lo que fue cuestionado por organizaciones ambientales y académicos, al considerar que se podía priorizar el uso comercial por sobre el acceso público y sustentable del agua.

Para Marcel Achkar, docente e investigador de la Facultad de Ciencias, el riego es cada vez más necesario. “Uruguay necesita seguir produciendo, la agropecuaria es la base de nuestra economía y lo seguirá siendo. Pero la ley de riego no es la solución: está mal concebida, mal estructurada y terminó sin aplicarse”.

Sobre esta ley, Achkar apunta a dos problemas principales. Primero, el impacto ambiental de las represas: “Cada vez que se represa un curso de agua hay un impacto que debe ser manejado con precisión. La ley menciona los caudales ecológicos, pero sin definirlos. Si en un río como el Queguay ponemos 25 represas, lo matamos como ecosistema”. El segundo problema es cultural: “La ley está orientada a grandes productores, pero en Uruguay no hay tradición de trabajo en conjunto. Los privados no se asocian y, cuando lo hacen, terminan en conflictos”.

Leonardo Maine/Archivo El Pais

Achkar destaca que, a pesar de la existencia de más de 150 solicitudes para construir represas, ninguna se ha concretado. “Hay una mezcla de problemas constitucionales, económicos y culturales que han inviabilizado proyectos de riego en el país”, dice y agrega que, además de la falta de medidas de reglamentación, tampoco se han desarrollado microeconómicas que podrían haber ayudado a pequeños productores.

El académico se muestra crítico de los intentos de replicar el modelo de riego del sector arrocero, un sector que, según él, funciona de manera más industrial y comercial. “Uruguay no puede seguir esquivando el tema del riego. Se necesita una discusión seria sobre cómo debe ser el riego en todo el país”, dice Achkar.

La ley tiene otro problema señalado por muchos, y criticado hasta por legisladores del Frente Amplio que la votaron, y es la privatización del agua. La ley podría contradecir el artículo 47 de la Constitución, que establece que el agua es un bien público y su gestión debe ser pública y sustentable.

Foto: Darwin Borrelli.

Más allá de la planificación de nuevas obras, Fratti observa que algunos sectores productivos, como el arrocero y el cañero, han logrado consolidar sistemas de riego sostenibles con inversiones históricas. Sobre el caso de Bella Unión, donde el sistema de riego implementado en la década de 1970 sigue funcionando eficientemente, dice: “Ha sido una tremenda inversión en su momento, es un ejemplo de cómo sacar agua del río y utilizarla”, destaca. Sin embargo, advierte que el país hoy no está en condiciones de realizar inversiones similares sin apoyo externo. “Ojalá el Ministerio de Economía nos dé buenas noticias, porque hoy no sobra dinero para este tipo de proyectos”, admite el futuro ministro.

Fratti insiste en que el foco debe estar en soluciones prácticas y accesibles. “Creo en la revolución de las cosas simples: que cada establecimiento tenga agua suficiente para la familia y la producción”, sostiene. En el caso de la granja, donde muchos pozos no dan suficiente caudal, propone explorar alternativas como pozos comunitarios en zonas donde la disponibilidad de agua es crítica.

En cuanto a la implementación de la ley de riego en la administración actual, Fratti es crítico. “Este gobierno ha tenido la característica de anunciar cosas que luego no se concretan. Se habló del riego pero no se avanzó; se habló de sembrar moscas para el control de los bicheros, pero no se avanzó. Lo mismo con la guía digital de ganado, que aún está en régimen de prueba y quedará para la próxima administración”, cuestiona.

Otro de los desafíos que identifica es la situación del productor mediano, un eslabón que, a su entender, está desapareciendo. “El mediano tiene los mismos problemas que el chico: dificultades de escala, falta de asesoramiento técnico o inversiones que no puede afrontar”, explica. Según los estudios que maneja, en Uruguay hay 10.000 productores con un promedio de 67 hectáreas y otros 10.000 con extensiones un poco mayores, pero con ingresos mensuales que en muchos casos no superan los 6.000 dólares. “No pueden vivir de la producción agropecuaria a menos que se dediquen a actividades muy intensivas”, agrega.

El fenómeno de La Niña que afecta al clima global se presentó este año de manera débil y corta. Pero, ¿qué implica esto para Uruguay? Guadalupe Tiscornia, experta del INIA, explica que La Niña se define por un enfriamiento de las aguas del Pacífico, lo que a su vez genera respuestas en la atmósfera y, en consecuencia, afecta los patrones climáticos en distintas regiones del mundo. Este año ese enfriamiento no fue tan marcado y además se produjo con retraso, lo que derivó en un evento más breve y con menor impacto.

En el caso de Uruguay, La Niña suele estar asociada a lluvias por debajo de lo normal. No obstante, la debilidad del fenómeno evitó que su influencia fuera determinante en el comportamiento del clima. “No es que no haya tenido ningún efecto, pero no llegó a ser lo más influyente”, dice la especialista.

Foto: Fernando Ponzetto/archivo El País

Uno de los aspectos clave es que las lluvias que se producen en un corto período de tiempo no siempre resultan beneficiosas. “Si llueve mucho en un solo día, el agua no se infiltra correctamente, escurre y arrastra sedimentos”, señalan desde INIA. Para el sector agropecuario, la distribución temporal de las precipitaciones es tan importante como su cantidad.

Los datos de precipitaciones muestran un comportamiento irregular, explica Matilde Ungerovich, investigadora de la Facultad de Ciencias de la Udelar. En algunas regiones del país, diciembre trajo lluvias por encima de lo normal, mientras que en noviembre las precipitaciones fueron escasas. En el sur, la falta de lluvias persistió en ambos meses y el norte registró precipitaciones mínimas en enero, incluso cuando el resto del país recibió aguaceros significativos.

A pesar de las recientes lluvias, el panorama sigue siendo incierto. “No podemos hablar de una falta total de agua, pero sí de precipitaciones por debajo de lo normal en varias regiones”, señala Ungerovich. “Los modelos nos dan una tendencia general, pero no permiten anticipar si lloverá en febrero y luego habrá sequía, o si la falta de lluvias se prolongará hasta abril y luego se recuperará”, advierte la investigadora.

En este contexto, surge una pregunta clave: ¿se han tomado medidas suficientes para enfrentar un nuevo período de estrés hídrico? La reciente crisis del agua en Montevideo en 2023 dejó en evidencia la vulnerabilidad del sistema ante eventos prolongados de déficit hídrico. Y plantea interrogantes sobre la preparación del país en materia de infraestructura y gestión del recurso.

Por ahora, la incertidumbre domina el escenario climático. La sequía sigue siendo una amenaza latente.

Plaga.

El problema de las cotorras crece en el agro

Puede parecer un tema menor pero las cotorras son una amenaza cada vez más presente para los productores rurales uruguayos, un problema que influye en la cantidad de producción y por tanto en los precios finales. Según Atilio Quercini, productor de granjero de Progreso, en Canelones, la plaga de estas aves viene desde hace más de dos décadas. Si bien son nativas de esta zona, en los últimos años han invadido cada vez más las zonas productivas, atacando cultivos como tomates, manzanas y otros productos frutales.

En los primeros años, las soluciones eran rudimentarias pero relativamente eficaces. Las intendencias se hacían cargo del control, contratando cazadores que instalaban cables con una sustancia pegajosa para atrapar a las cotorras. Estos cazadores ponían un alambre en altura con el producto “pega-pega” que, con la ayuda de otras cotorras atrapadas previamente, atraía a nuevas aves, que se posaban y quedaban pegadas. Luego, los cazadores las capturaban y las sacrificaban. Sin embargo, Quercini opina que esa estrategia, aunque efectiva en su momento, no era sostenible. “Las cotorras venían de montes de eucaliptos abandonados, no eran tierras de productores. Pero cuando encontraban cultivos frutales, atacaban lo que estaba más cerca”, dice. El problema, según el productor, es que la proliferación de estos montes ha aumentado y, con ello, las colonias de cotorras. Además, este productor señala que hay una falta de control efectivo por parte del Ministerio de Ganadería y las intendencias y esto dejó a los productores desprotegidos.

Darwin Borrelli/Archivo El Pais

Desde la Dirección General de la Granja, Nicolás Chiesa reconoce el problema. “Son una plaga nacional y los productos que se usaban antes ahora están prohibidos”, dice.

Esos productos son nocivos para los animales domésticos o silvestres que entran en contacto con las aves afectadas y, aunque sean usados por especialistas, también tienen consecuencias en humanos. Además, Chiesa explica que se les ha dado soluciones a los productores, como subsidios para colocar redes que no permitan que las avenas dañen los cultivos, pero que solo unos pocos han optado por esta medida.