Punta Ballena no es solo un lugar para ir a ver los mejores atardeceres en verano y conectar con la naturaleza. Si bien su atractivo turístico ya es una tradición, su nacimiento como espacio único data de hace aproximadamente 530 millones de años cuando la fricción entre placas tectónicas desplazó hacia el noreste el bloque este (el que mira hacia Maldonado) creando una falla de escala continental. Toda la conformación rocosa que se visualiza se formó en esa época, y es el límite donde se unió lo que hoy es el este de Uruguay, antiguamente más relacionado a África, con el oeste de Uruguay, ya adosado a lo que hoy es el continente americano.

Desde el punto de vista geológico, el actual territorio uruguayo está dividido en dos y no por las aguas del río Negro, sino por esta “falla” geológica que comienza en la zona de Punta Ballena y se desplaza 250 kilómetros hacia la ciudad de Melo en el departamento de Cerro Largo. Entre sus grutas y piedras de gran tamaño, hay ahora una discusión activa, en torno a un proyecto que pretende construir 29 edificios y 300 apartamentos en una zona privada de Punta Ballena que no está siquiera cercada, es de acceso libre. Muchas personas usan los terrenos para diferentes prácticas deportivas como parapente, senderismo y escalada, pero son predios privados.

Vecinos y científicos se manifiestan en contra del proyecto, por considerar que atenta contra la biodiversidad del espacio. Incluso lo hizo el intendente de Maldonado Enrique Antía, quien dijo: “Hay que defender Punta Ballena, y hay maneras de defenderla en forma inteligente y que también se respete lo de la propiedad privada, pero hay lugares donde no vamos a permitir edificaciones”. Aunque ahora el asunto está en el Ministerio de Ambiente, que podrá autorizar o no en primera instancia lo presentado por los privados.

El pasado jueves el tema llegó directo al presidente de la República porque el ministro de Ambiente Robert Bouvier, junto al subsecretario Gerardo Amarilla, informaron del asunto a Luis Lacalle Pou en el piso 11 de la Torre Ejecutiva. Al término de la reunión, el ministro señaló que se trata de “un tema que tiene sensible a la ciudadanía”. Además, Bouvier dijo que mantuvo una conversación con el intendente de Maldonado, aunque no se habló “de ninguna solución” sino “simplemente de ideas que podría haber” al respecto.

Estefania Leal/Archivo El Pais

El presidente estaba ya al tanto del tema y lo venía siguiendo y, según dicen fuentes del gobierno, para Lacalle Pou es un asunto importante. El mandatario fue informado en la reunión sobre el proceso en el que se encuentra el asunto, y que aún se deben esperar otras instancias del trámite para que el ministerio realice la evaluación medioambiental.

Porque, según establece la normativa, el privado debe realizar a su costo el estudio ambiental. Y también el social, lo que implicó que representantes de la empresa se reunieran con vecinos y organizaciones de la zona para contar la propuesta. Esto fue en el mes de abril y mayo. Ahí las principales preocupaciones que manifestaron los entrevistados fue el problema del tránsito, ya sea durante la construcción como cuando la zona esté habitada. Y el segundo problema fue el saneamiento, según consta en la información que la empresa presentó al ministerio.

Ahora se está en la etapa de puesta en manifiesto, donde el proyecto es puesto a consideración pública y toda la ciudadanía puede realizar descargos vía web: esta etapa finalizará el 12 de diciembre. En ese momento el ministerio tiene que recoger todo lo presentado, analizarlo, para luego recién llamar a una audiencia pública, poner una fecha y lugar, donde la empresa tendrá que presentar el proyecto a la ciudadanía y defenderlo. En ese espacio también los técnicos del ministerio podrán hacer sus aportes. No hay plazos legales para que esto ocurra pero, según estimó el ministro de Ambiente, es algo que quedará para principios de 2024.

El grupo inversor que lleva adelante la iniciativa privada -que tiene como uno de sus referentes al banquero argentino Delfín Ezequiel Carballo González- habla de “terrazas” y no torres, ya que no superan los tres o cuatro pisos y serán construidas siguiendo la forma escalonada que presenta el lugar. No como las construcciones que ya existen. En opinión de fuentes cercanas a la propuesta privada, las construcciones no sacarán la vista que se tiene actualmente de la zona, porque serán edificios que se “mimetizarán” con las rocas y vegetación del lugar. Queda libre toda la explanada que llega hasta el agua y también dos miradores más, que serán de uso público.

No es la primera vez que se presenta un proyecto para el lugar, en este periodo de gobierno hicieron una propuesta, que el Ministerio de Ambiente devolvió con cambios. Luego de eso los privados cambiaron de consultora, para realizar el estudio de impacto ambiental, y se presentó la que hoy conocemos: se la catalogó como categoría C. Esto implica que se deba llevar adelante una audiencia pública obligatoria en la que la ciudadanía y los impulsores del proyecto puedan discutir y generar insumos para que luego el ministerio estudie el caso. Lo mismo que pasó con la instalación de la planta de UPM en Pueblo Centenario.

El viceministro Amarilla dice que hasta el momento hay 10.500 planteos. “Pensamos que algunos pueden ser similares, pero va a haber otros diferentes, y ahí tendremos que analizar toda esa información para después clasificarla y convocar a la audiencia pública”, dice Amarilla. También recuerda que en el período pasado, cuando aún no existía el Ministerio de Ambiente, la Dirección Nacional de Aguas ya había recibido una propuesta de este grupo inversor liderado por Carballo González, quien compró terrenos a los herederos de Antonio Lussich, que se hizo de estas tierras a principio del siglo pasado cuando todo era arena y rocas.

Nicolás Chacón, integrante de la Red Unión de la Costa, dice que el ruido entre los vecinos comenzó cuando el ministerio publicó en su página web el resumen del documento de impacto ambiental. Esto fue a fines de octubre y a los pocos días, el 2 de noviembre, se realizó una reunión entre vecinos y organizaciones de la sociedad civil, para hablar sobre el tema. “Nos llegaban muchas preguntas y por eso resolvimos juntarnos. Son varias las organizaciones que funcionan en Punta Ballena, y también algunos vecinos que no están organizados se empezaron a preocupar”, cuenta Chacón.

Foto: Ricardo Figueredo

Lo primero que les impacta es que el proyecto está categorizado como C por el propio Ministerio de Ambiente. “Esto quiere decir que tiene un impacto inadmisible e irreversible, por lo cual existe la posibilidad de que el ministerio le diga que no a este proyecto”, opina Chacón. Pero hay otros reclamos sobre la propuesta, que tienen que ver con cómo quedará la zona: “Implica prácticamente tener del lado este y oeste todo construido, salvo el mirador final y otros pequeños espacios”.

Los vecinos que habitan estas zonas privilegiadas y las organizaciones medioambientales están poniendo el tema en la discusión pública. Para Chacón, en este asunto no hay banderas políticas y “la gente es la que está ejerciendo presión, no sería justo que después de todo el trabajo aparezcan políticos que le quieran llevar una solución al presidente y se quedan con el rédito”.

El integrante de la Red Unión de la Costa dice que el proyecto cambiará la fisonomía y el paisaje del lugar, que se vende como destino natural. También cree importante considerar el período de obra y lo que implica utilizar explosivos para poder realizar los cimientos de los bloques de edificios. Y otro aspecto importante: el ataque a la biodiversidad y vegetación que existe en esas rocas, muchas de las cuales son especies únicas en Uruguay y el mundo.

Chacón cree que se tiene que pensar el uso del espacio por parte del Estado, y que el Ministerio de Ambiente debería de velar por el interés general, que está por encima de la propiedad privada.

En los render arquitectónicos que se presentaron se ven construcciones que tienen el techo con vegetación verde, no hay colores en las fachadas y todas las construcciones quedan con el color gris del cemento mezclado con el verde de las plantas. Para Federico Cernuschi, licenciado en Geología de la Universidad de la República (Udelar) y doctor en Geología de la Universidad Estatal de Oregon en Estados Unidos, el proyecto no es descabellado, partiendo de la base de que está en el lugar donde se puede construir porque se trata de un terreno privado y aparentemente están cumpliendo los procesos legales previstos, si bien tiene una envergadura muy grande para el sitio.

“No se está tapando de cemento los afloramientos del lugar, por lo que creo que desde el punto de vista del patrimonio geológico el riesgo es bajo, considerando que la falla tiene más de 200 kilómetros de extensión”, opina el geólogo. “Por otro lado creo que sí hay que dar una discusión seria sobre lo que se quiere hacer con ese espacio desde otros puntos de vista”.

Cernuschi es también vecino de la zona y está seguro que un proyecto de estas características va a cambiar la dinámica del lugar, pensando en que la densidad de personas que pasen va a ser mayor. Por eso, cree que el movimiento que en temporada ya es caótico pasará a serlo aún más. “Es un camino muy angosto, en doble mano, es el mismo por el que entrás que por el que se da la vuelta”, dice el geólogo. Aunque agrega un matiz, este pico se da esos 20 días de temporada alta y los fines de semana del resto del verano. Para Cernuschi, por un lado va la presión turística y lo que el departamento y Uruguay quiere tener en Punta Ballena: “Pero si me pongo del punto de vista más científico estricto, no tendríamos que haber permitido nada de lo que ya hay construido ahí”, dice.

-¿No hay ninguna diferencia geológica entre lo que hoy está y el suelo donde se proyecta construir?

-No hay diferencia geológica con la zona que ya está construida. Por otro lado permitimos construcciones en otros terrenos, que tienen similar valor geológico, ambiental y paisajístico, donde se han construido hasta en la primera línea de costa sobre la arena en la playa de Portezuelo, en la playa Las Grutas. Toda la parte de Punta Ballena que da sobre la ruta está a la venta o en construcción. Desde este punto de vista, todo lo que tenemos acá está en un estado un poco precario... El bosque que está más atrás en toda esta zona, que está plantado con eucaliptus y pinos, son todas especies introducidas, en lo que fue un campo de dunas costero con una vegetación muy distinta. O sea, ya no hay mucho realmente natural acá. Estamos preservando pedazos de cosas modificadas. Desde el punto de vista purista y en mi opinión, me encantaría que todas estas puntas oceánicas en nuestro territorio tengan lo que tengan, hubieran arrancado siendo parte del patrimonio del país y fueran preservadas de esa manera. Pero ya tenemos esta historia de modificación intensa y poca preservación real de áreas naturales aquí y en el resto de Uruguay. La península de Punta del Este por ejemplo está totalmente construida. La discusión, en todo caso, sería querer mantener o frenar estas modificaciones, y no seguir construyendo más en varias zonas clave de todo el país, no solo en Punta Ballena.

Foto: Ricardo Figueredo

Mauricio Faraone, licenciado en Geología de Udelar y máster en Geociencias en el ramo de Patrimonio y Geoconservación por la Universidad del Minho de Portugal, no opina igual que su colega. “El proyecto afectaría la integridad del sitio”, dice, “lo primero sería la morfología, el paisaje, con su característica forma que simula el lomo de una ballena”.

Faraone opina que la particularidad radica en la deformación de las capas rocosas, que con los años han creado la silueta distintiva de una “ballena”. El desarrollo del emprendimiento privado, a su juicio, también afectaría la propia roca y las estructuras del sitio, ya que el proyecto propuesto implica profundización, excavación e incluso el uso de explosivos para remover rocas, “comprometiendo la integridad del lugar”.

-Pero hay una parte grande que ya está construida, ¿qué pasa en ese caso?

-Cuando nos referimos al sitio geológico, hablamos de toda Punta Ballena que, en la actualidad, no está urbanizada. La parte ya construida no se considera, dado que ha perdido su integridad y no es accesible. Los demás sitios son de propiedad privada y, de concretarse el proyecto, se verían afectados. Es relevante considerar si el Estado debería expropiar la porción privada para preservar el área. Desde mi perspectiva, el Estado cuenta con diversas herramientas para proteger el sitio, como el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Aunque el terreno sea privado, esto no debería ser un obstáculo, ya que muchas áreas protegidas están en manos privadas. Otra opción sería declarar el sitio como área protegida, asegurando su acceso público para usos turísticos y recreativos. Esta declaración también resguardaría el patrimonio geológico, biológico y natural en general, ya que la presencia de rocas únicas en la zona propicia la existencia de especies singulares.

Según la ley 17.234, de creación del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, hay cuatro categorías de manejo que integran valores geológicos: Parque Nacional, Monumento Natural, Paisaje Protegido y Sitios de Protección. Para el geólogo Faraone, la categoría específica denominada “monumento natural”, que se enfoca en la protección de la biodiversidad y la geodiversidad, podría ser usada en este caso.

Una de las imágenes que se vende al mundo por parte del Ministerio de Turismo como Uruguay Natural es la de Punta Ballena. La foto recorre publicidades en Argentina, Brasil y otros países, y hasta hay una marca de alfajores que lleva su nombre. Algunos de los consultados para esta nota, como la arquitecta Laura Alonso, profesora de Historia del Paisaje en la Udelar, dice que Punta Ballena tiene “el carácter de un paisaje único e identitario”, por lo cual no se puede intervenir de la misma forma que en otros espacios costeros.

Foto: Ricardo Figueredo

Para Alonso hay que trabajar en mantener estos espacios distintivos, y no dejar que los privados avancen generando “paisajes genéricos”, que pueden estar en Uruguay o en cualquier otra parte del mundo. “Se genera un tipo de edificación internacional, for export. ¿Para qué van a venir acá? Si lo que se ofrece está en cualquier otra parte”, reflexiona la arquitecta Alonso.

Para comenzar a hilar más fino, la experta dice que es necesario que se entienda la diferencia entre paisaje y paisaje natural. ¿Por qué? El paisaje en realidad es una especie de artefacto de la cultura o una construcción de la cultura acerca de la naturaleza. “Inclusive cuando hablamos de paisajes naturales puede que no quede nada natural, pero sí el relato cultural de lo que el lugar significa”, dice Alonso. Por eso cree que, si finalmente se consolida el proyecto, la fisionomía de Punta Ballena cambiará a nivel paisajístico y este aspecto es importante culturalmente para la comunidad. “Ya que no es nada menor todo el movimiento social y el efecto que generó en todo el país, cuando por la costa de Maldonado se están produciendo constantemente alteraciones que pueden afectar y poner en peligro el medio ambiente”, sostiene la arquitecta.

Por ahora no hay fecha segura para saldar esta discusión, lo cierto es que el 12 de diciembre es la fecha límite para enviar reclamos de forma oficial al Ministerio de Ambiente, que es la autoridad que tiene competencia para saldar el asunto. Amarilla, el viceministro de Ambiente, dice que “los técnicos van a evaluar, van a estudiar, los temas que se aporten en esta discusión”.

Desde los vecinos y organizaciones de la sociedad civil se sigue “militando” para mostrar que es un espacio usado por muchos, según dice Chacón, integrante de la organización Red Unión de la Costa. Él espera que la decisión final del gobierno vaya “en beneficio de un espacio de interés general, y no de unos pocos que usarán unos 20 días al año el lugar”. Como todo, hay varias bibliotecas así como intereses en juego y hasta el presidente Lacalle Pou sigue el tema de cerca. La batalla no terminó.