Un caballo cruzó la ruta 11 y la vida de una familia cambió para siempre. Fue sobre el mediodía del 8 de julio de 2024: Agustín, de 23 años, conducía su moto desde San José de Mayo hacia el pueblo de Raigón, rumbo al almuerzo. No alcanzó a esquivar al animal que irrumpió de golpe sobre el asfalto. Y el impacto fue brutal.
Su madre, Susana, repite que aquel accidente no fue una fatalidad, sino el resultado de una larga cadena de leyes y regulaciones que no se cumplen. Lo dice con la voz cansada, acostumbrada a explicar una y otra vez lo que pasó aquel día y lo que, según denuncia, ninguna autoridad quiere escuchar. “Hasta una gallina, un cordero o un caballo en ruta nacional deben ser retirados. Está escrito”, reflexiona. “Pero nadie se hace cargo”.
Su hijo sobrevivió, aunque los médicos pronosticaban lo peor. Pasó 24 días en CTI. Estuvo meses internado, en coma, con traqueotomía y sonda gástrica. Hoy, más de un año después, va de lunes a viernes a una clínica de rehabilitación en Maldonado. La familia tuvo que cambiar su vida y mudarse para recibir un mejor tratamiento.
Agustín avanzó mucho: camina, se alimenta solo, está volviendo a manejar dinero y trabajar. Pero la familia aún carga con el costo económico y emocional de un proceso que parece no tener fin.
Susana recuerda cómo es que ese caballo “apareció”, cómo los testigos contaron ante la policía, la justicia y a ella misma que el animal subió la barranca del puente y tomó velocidad justo antes del impacto. El dueño, dice, no sufrió consecuencias legales. “Declaró que el caballo se lo había regalado a otro y ahí quedó todo. Nadie investigó más. Los vecinos le tienen miedo, porque es un hombre violento”, asegura Susana.
En Uruguay los caballos sueltos en las rutas -y también en los barrios, sobre todo en la periferia de Montevideo y otras ciudades- son una postal repetida. Una amenaza que se vuelve rutina. No importa el departamento ni la hora: aunque la mayoría de los accidentes se dan por la noche, según explican desde Policía Caminera, también suceden de día, como le pasó a Agustín. Detrás de cada accidente hay un nombre, una familia y un vacío.
¿Cómo puede ser que un caballo -o varios- estén sueltos o atados en la vía pública sin que ocurra nada? ¿Cómo es que un animal de 400 kilos, con un instinto errante y capaz de asustarse con el menor estímulo, termina viviendo casi como una mascota doméstica en plena zona urbana? El País constató que esto sucede no solo en barrios de Montevideo, sino también en áreas suburbanas de Flores, San José, Canelones, Salto, Artigas, Rivera, Durazno y Rocha, entre otros departamentos.
En pleno 2025, siguen sucediendo accidentes, muchos graves. Ha habido casos recientes. El domingo 5 de octubre, a la altura del kilómetro 266 de la ruta 9, en Rocha, una camioneta volcó tras embestir a un caballo. En el vehículo viajaban cuatro personas, entre ellas dos niños, que fueron asistidos en el lugar por personal de emergencia y diagnosticados con politraumatismos leves.
Un poco más de una hora después, esa misma noche en el kilómetro 175 de la ruta 14, en Durazno, un auto chocó contra otro caballo. Dos mujeres resultaron heridas, y el animal fue retirado de la ruta tras el impacto, quedando bajo la responsabilidad de la Dirección Nacional de Seguridad Rural.
Casi una semana más tarde, el sábado 11 un repartidor en moto chocó con una tropilla en la zona de Villa del Bosque, Canelones, según informó el medio pandense El Megáfono. Al hombre le hicieron una tomografía pero su vida no corre peligro.
Otros tienen menos suerte. En 2024 cinco personas murieron en accidentes de tránsito en los que estuvieron involucrados animales, según datos de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), que no distingue entre equinos y vacunos. Sin embargo, la mayoría de los siniestros fatales tienen como protagonistas a caballos.
Este año hubo al menos tres muertes vinculadas a caballos en la vía pública. Dos de ellos: una mujer perdió la vida cuando dos autos chocaron contra una tropilla de 23 caballos, en enero en Salto; y en mayo un motociclista falleció al chocar con un caballo mientras circulaba por la ruta 8, en Montevideo.
Pero cada año hay decenas y decenas de siniestros provocados por equinos sueltos; algunos se saldan con chapas abolladas, otros con muertes. El año pasado hubo 113 accidentes con animales embestidos en rutas nacionales y en lo que va de 2025 ya ocurrieron 106 casos, según datos oficiales que no cuentan los accidentes dentro de las ciudades. En los partes oficiales se enumeran matrículas, alcoholemias y actas de intervención, pero nunca se menciona quién debía controlar a ese animal ni cómo terminó en medio de la ruta.
El comisario mayor Marcelo Moreira, jefe de la Inspección General de la Dirección Nacional de Policía Caminera, dice a El País que el problema de los caballos sueltos en las rutas empieza mucho antes del siniestro, “parte de una tenencia responsable que hoy no existe en estos casos”, afirma. “Los animales que terminan en la ruta no salen de un haras ni de un predio en buen estado; salen de baldíos donde no hay absolutamente nada o de campos pequeños con alambrados en condiciones pésimas. A veces tienen tres o cuatro alambres rotos, los piques caídos, la mitad del cerco por el suelo. Son condiciones críticas”.
Según Moreira, cuando logran determinar de dónde salió el animal, lo que no siempre es posible, casi nunca hay consecuencias. “Generalmente son orejanos, como decimos nosotros, sin marca ni chip, imposibles de rastrear. Es muy distinto a un caballo de carrera o de cría, que tiene control, identificación y marcaje. Pero estos otros… nadie sabe de quién son”, explica.
Aun así, reconoce que los escapes también pueden ocurrir en predios en regla. “Puede pasar que alguien ingrese a un establecimiento y deje una portera o un portón abierto, y el caballo salga. Pero eso es lo menos frecuente. La mayoría de los casos tiene que ver con abandono y descuido”, asegura el comisario.
Con 23 años de experiencia en Policía Caminera, Moreira admite que el problema se repite año tras año, sin que haya un sistema de control efectivo.
Susana, la madre de Agustín, dice que no busca venganza. Pero busca que alguien asuma responsabilidad. “El problema no son los caballos, son los dueños. Tiene que haber una ley que los obligue a responder. Mi hijo está vivo de milagro, pero pudo haber muerto. Y otros sí murieron. Esto va a seguir pasando si nadie hace nada”, lamenta.
¿Cuáles son las normativas? El comisario Moreira las recuerda de forma clara: “Cuando hablamos de animales sueltos, la legislación está desde 1983. Luego tenemos el reglamento nacional de circulación vial. Incluso lo que era el código rural”. Y en agosto de 2022 se aprobó un nuevo decreto sobre caballos sueltos en la vía pública, que cosecha detractores y defensores. Sobre esa regulación volveremos más adelante.
Más allá de todos los detalles legales, para Susana el panorama es tan duro como claro: “Solo quiero que se sepa que esto no fue un accidente. Fue una negligencia del Estado. Porque todos saben lo que pasa, pero nadie hace nada”.
El procedimiento
Todo comienza con una denuncia, casi siempre a través del 911. Cuando alguien ve un caballo suelto o atado en la vía pública, llama a la Policía. En teoría el procedimiento correcto sería que los efectivos concurran al lugar con el personal y los elementos necesarios para manejar y trasladar al animal. Pero, en la práctica, eso casi no ocurre.
Según cuentan responsables del Ministerio de Ganadería de varios departamentos, no todos los policías tienen formación para capturar a los animales ni trailers para trasladarlos. Y, claro, no hay espacios para los caballos en las seccionales policiales.
En algunos departamentos se negociaron predios de las intendencias. En otros con el Ministerio de Defensa. Pero hay casos donde los caballos eran retirados por la policía y luego robados por sus propios dueños.
María Laura Lachaga, integrante de la ONG Trato Ético Animal -que trabaja desde hace años en esta problemática-, dice que la Policía no tiene la formación necesaria para actuar ante estos casos y que, muchas veces, ni siquiera toma las denuncias, ya sea por teléfono o en las seccionales. “Cuando la Policía captura un caballo, debería trasladarlo a un espacio adecuado -que en muchos departamentos no existe- y comunicar la situación al Ministerio de Ganadería. Ese organismo evalúa la sanidad del animal y, si está en condiciones, puede enviarlo a remate. Ese es el procedimiento”, señala.
Lachaga recuerda un caso que la marcó: un camión atropelló a una yegua y a su potrillo; este último murió en el lugar. “En lugar de trasladar al animal, la Policía se dedicó a buscar al dueño”, lamenta. La yegua quedó libre en el sitio, pudiendo provocar nuevos accidentes.
Moreira explica cómo actúa la Policía Caminera ante este tipo de llamados: cuando se recibe un aviso, se envía el móvil más cercano al lugar. Pero en el interior del país, donde las jurisdicciones son amplias y las distancias largas, la respuesta puede demorar entre 40 minutos y una hora. Ese primer paso no siempre es sencillo. “Estos animales en su mayoría son ariscos, difíciles de enlazar o atar. Por eso, muchas veces solo logramos desplazarlos fuera de la ruta y asegurar que no vuelvan a ingresar”, dice el policía. La Caminera no dispone de vehículos especiales para trasladar animales, lo que hace que el procedimiento sea “muy complejo y limitado”.
El comisario también advierte que el problema no se limita a zonas rurales o marginales. “Muchas veces las personas de menos recursos cuidan a sus animales porque son su herramienta de trabajo. El problema más grave está en los casos donde aparecen diez, doce, quince caballos sueltos y nadie sabe de quién son. Ahí es cuando todo se vuelve incontrolable”, dice Moreira.
Charlas a la policía sobre Bienestar animal
María Laura Lachaga, de la ONG Trato Ético Animal, cuenta que su organización trabaja para concientizar sobre el cuidado de los animales y la prevención de accidentes. “Llevamos talleres y charlas a diferentes escuelas de policía del país, con un equipo legal y etólogas. Hablamos sobre la convivencia responsable con los animales y cómo la violencia hacia ellos suele reflejarse también en violencia hacia las personas”, explica.
Las jornadas incluyen además herramientas para la comprensión de su comportamiento. Desde la ONG buscan que estas experiencias contribuyan a una mayor preparación de los efectivos y a la prevención de accidentes, incorporando una mirada educativa y de respeto hacia los animales.
Cambio cultural
El procedimiento para retirar y disponer de los caballos sueltos en la vía pública está regulado por el decreto 233/022, publicado el 1° de agosto de 2022, que es desconocido por muchos que deberían aplicarlo.
Es una norma que ha generado polémica. Lachaga, de Trato Ético Animal, dice que no dio una solución de fondo: “Es un decreto que está plasmado en el papel con la intención de resolver un problema que no se soluciona tapando agujeros”. Además, para la activista ni siquiera ha sido difundido correctamente. “Muchas dependencias policiales desconocen su contenido, eso muestra que faltan muchas puntas para abordar realmente el tema”.
Según cuenta un médico veterinario que trabajó para el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), “todos se lavan las manos y se van pasando la pelota” ya que “los recursos y el personal son finitos en todos los organismos”.
Este veterinario se refiere al artículo 11 del decreto y dice que muchas veces no se cumple: “Los Ministerios del Interior y de Defensa Nacional coordinarán su colaboración con la Autoridad Sanitaria Competente, para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente Decreto, cuando la misma lo requiera. Asimismo, podrá requerir el apoyo de los Gobiernos Departamentales”.
Otra fuente que trabaja en el departamento de Cancelaciones con estos temas opina que el problema es que “nadie se quiere hacer cargo” del tema, “es un fierro caliente”. La policía “va, corre al caballo para un lugar más alejado cuando hay una denuncia, y en la mayoría de los casos tampoco hay herramientas para hacer más nada”, detalla. El que habla es un ingeniero agrónomo que trabaja en la zona de Santa Lucía, donde se han dado problemas con caballos; en 2024 falleció un joven de 25 años.
Según Marcelo Rodríguez, director general de Servicios Ganaderos del MGAP, una vez que el animal es retirado de la ruta, se realiza una revisión sanitaria y, si no aparece un propietario que justifique su pertenencia, se emite una resolución para enviarlo a remate. “Nosotros nos ocupamos de que los trámites sean ágiles, porque hay que tener un lugar donde dejarlos y que estén alimentados”, señala.
Rodríguez destaca que las coordinaciones entre los organismos suelen realizarse con rapidez y que “hay funcionarios muy diligentes y comprometidos” en resolver estos casos. Sin embargo, varios de los consultados para este informe relatan que trámites que deberían resolverse en días o semanas terminan estancados durante meses en las oficinas del MGAP. De todos modos, Rodríguez advierte que el problema de la tenencia responsable requiere un esfuerzo sostenido: “Hay que trabajar siempre y no solo desde el Estado, sino entre todos”.
El jerarca subraya que se trata de una realidad cultural compleja, que no cambiará de inmediato, pero en la que “se ha avanzado mucho”. Aclara que la realización de los remates donde se venden los caballos decomisados depende de que un rematador se presente a la licitación, ya que el MGAP no puede designar directamente a uno.
-¿Pero cuáles son los principales factores que explican la situación de los caballos en la vía pública?
-Esa respuesta no la tengo -dice Rodríguez-. Es para un estudio sociológico, cada situación es diferente y hay que tratar de resolverla con mucho diálogo.
En el barrio
Arón tiene 14 años y sostiene la piola de un caballo en Casavalle. Se deja sacar una foto, dice que el pingo es de su tío y que él solo está ahí porque lo mandaron a correr al caballo, para atarlo en otra zona.
“Por el pasto, es”, dice el muchacho. Que no sabe cómo su familia llegó a tener este animal ni tampoco por qué su tío lo mandó a él a hacer esta tarea.
Escenas como esta se repiten en otros barrios montevideanos. Como en Colón, donde se hizo viral un grupo de caballos corriendo en plena calle. Otro punto habitual es el cantero de Avenida Italia.
Gastón Cossia, exdirector del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) y actual diputado del Partido Nacional, advierte sobre una “ausencia total de control y fiscalización” en Montevideo.
La gran pregunta es: ¿para qué o por qué estas personas mantienen caballos? Muchos son vendidos de forma ilegal a precios muy bajos: un animal adulto puede costar apenas 2.500 pesos. Más allá del uso práctico, como transporte y trabajo en el reciclaje, estos animales también funcionan como símbolo de estatus y legitimidad social.
“En la capital hay una desidia. No se cumple ni se fiscaliza lo establecido en el digesto municipal respecto a la tenencia de equinos, y hay una aceptación tácita de las infracciones que se cometen cuando circulan carros con caballos por la ciudad”, afirma Cossia, quien es activista en este tema.
Lachaga, integrante de la ONG Trato Ético Animal, señala que durante la actual administración del INBA no cuentan con la misma vía de contacto directo que tenían antes para actuar en casos de emergencia. “Pasó, por ejemplo, que en la seccional de Santa Lucía un caballo estuvo 14 días en un lugar inadecuado: sin la alimentación correcta, sin atención veterinaria, en un espacio pequeño y sin condiciones mínimas”, advierte.
Para Cossia “estamos frente a un fenómeno que combina la falta de fiscalización, la ausencia de políticas sostenidas y una tolerancia institucional que agrava el problema”. Y Lachaga lo resume así: “Es como en el caso de las mordeduras de perros; el animal no tiene la culpa, el tenedor es la persona que se tiene que hacer cargo”.
Los carros siguen, a pesar de los planes de sustitución
En algunas calles de Montevideo todavía se ven caballos que tiran de carritos cargados con chatarra, o residuos para clasificar y reciclar. Pese a los anuncios oficiales, la tracción a sangre sigue formando parte del paisaje urbano.
En 2017 el diputado y veterinario Gustavo Cossia presentó un proyecto de ley que buscaba erradicar progresivamente el uso de caballos. La propuesta apuntaba a sustituir la tracción a sangre por vehículos de tracción motora o eléctrica, y establecía la prohibición del uso de equinos para tareas de tiro y arrastre en ciudades de más de 5.000 habitantes a partir del año 2020.
El objetivo era dar un marco legal a un proceso de sustitución que ya había sido anunciado por varias intendencias, pero que nunca se concretó del todo en algunos casos.
En Montevideo, por ejemplo, se implementaron programas de reconversión laboral y se entregaron vehículos eléctricos a clasificadores. Se trata de los famosos motocarros, que hoy contribuyen con la limpieza alrededor de los contenedores y en la recolección de bolsones con material para reciclar, dispuestos en muchos edificios y casas. Pero los animales siguen apareciendo muchas veces desnutridos o lesionados. Organizaciones protectoras de animales denuncian, que no hubo un censo sobre la cantidad de caballos en Montevideo ni tampoco un plan para que la reproducción frenara.
Desde el Ministerio de Ganadería reconocen que el problema excede lo sanitario y entra en el terreno social: detrás de cada carro hay una familia que depende de él para subsistir.
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