LEY DE FALTAS

Dormir a la intemperie o dentro del sistema: nuevo gobierno reabre la eterna discusión

El debate sobre la “elección” de la calle o el refugio es un clásico de todos los inviernos, pero esta vez el Mides está en línea con el Ministerio del Interior y apuesta a nuevos tipos de convivencia

Situación de calle. Foto: Gerardo Pérez
Foto: Gerardo Pérez

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En la vereda de la avenida Uruguay duerme un joven de unos 20 años sobre un colchón. Pasa una señora y frena. “¿Qué hacés acá afuera?”. Él se levanta. Usa lentes y su ropa está impecable. “¿Qué hacés durmiendo acá?”, sigue la mujer.

Él no responde. Hace equilibrio para ponerse los championes. “¿Hay otra persona ahí con vos?”, dice la señora. La frazada tapa a otro hombre en el mismo colchón de una plaza. “Levántense, entren ahí o llamo al 0800”, dice, y señala el salón donde funciona la cooperativa Ni todo está perdido (Nitep), que integran 50 personas en situación de calle.

La mujer espera a que el más joven se termine de calzar y pase la puerta. Por el tono, por el reto, cualquiera pensaría que era su madre, pero él estaba en un colchón en la vereda y ella siguió su camino, sin despedida y sin pronunciar un nombre.

A unos metros del colchón, “El Pelado”, que de día vive en la calle y de noche en un refugio, suelta: “Sabés qué es el 0800, ¿no? Ley de Faltas”.

El 13 de junio murió un hombre en Paso Molino por hipotermia. Vestía solo una remera. Había estado en refugios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en 2017, pero optó por la calle. Esa misma semana se reunieron el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, y el presidente de la república, Luis Lacalle Pou. Uno de los ejes del encuentro fue abordar el problema de las personas en situación de calle.

Tras la reunión, el ministro anunció que la Policía aplicaría la Ley de Faltas, porque “la vía pública no es un lugar de convivencia”.

El anuncio generó resistencia en la oposición. El diputado Gonzalo Civila señaló que este proceder le “aterra”. Micaela Melgar —exdirectora del Mides— se expresó en Twitter, donde señaló que la ley “ya se aplica” y pidió al ministro más información. “En ningún país del mundo sirvió aumentar la represión para abordar el problema de la situación de calle. Ya lo sabe todo el mundo”, escribió la exjerarca.

En concreto, la medida anunciada por Larrañaga habilita a la Policía a desalojar a los indigentes de los espacios públicos para trasladarlos a una puerta específica del Mides. En el caso de las personas que se niegan a abandonar la calle, se notifica a Fiscalía para que intervenga.

El rol de Mides es recibir a las personas: “Ahí tenemos un equipo y se les ofrecen respuestas habitacionales. La realidad es que algunas personas acceden y otras quieren perpetuar su condición porque han tenido malas experiencias en refugios. Pero nosotros les brindamos la solución”, señala Fernanda Auersperg, directora de Vulnerabilidad de la cartera.

Mismo enfoque.

No es nueva la ley ni la discusión. Colchones en las plazas, muertes por hipotermia, debates sobre “el derecho” de ocupar un espacio público se repiten todos los años como en loop.

El ministro del Interior basa su accionar en una modificación que se hizo a la Ley de Faltas en 2013, durante el gobierno de José Mujica. En concreto, se agregó al Código Penal un artículo que prevé que quien esté ocupando “espacios públicos, acampando o pernoctando en forma permanente en ellos, será castigado con pena de siete a 30 días de prestación de trabajo comunitario”, en caso de que ya hubiera recibido dos exhortaciones por parte de las autoridades a abandonar el lugar.

Pero incluso antes de la modificación a la Ley de Faltas hubo medidas alineadas al operativo que impulsa Larrañaga. En 2012, Mujica ordenó al gabinete de Seguridad elaborar un paquete de medidas para hacer frente a las estadísticas de delito, que arrojaban las peores cifras en años. Los ministerios de Interior, Defensa, Relaciones Exteriores, Cultura y Desarrollo Social presentaron un documento el 20 de junio de ese año en el que detallaban 15 medidas para hacer frente a la violencia, la emergencia de ese momento. “Estrategia por la Vida y la Convivencia”, se llamó el documento, que en el apartado sobre el uso de espacios públicos decía:

“Una acción decidida y sistemática de prohibir el uso del espacio público para dormir o acampar debe concebirse como una estrategia que apunta a garantizar los derechos humanos, en primer lugar de quienes duermen y viven en la calle. Todos comprendemos que hay que defender los derechos de las personas incluso cuando la misma no lo desee o demuestre una actitud contraria. Esta acción es la consecuencia lógica de un Estado que está reconstruyendo un sistema de bienestar y protección social y no da vuelta la cara a este problema. Pero también, hay que concebirlo como una decisión de hacer valer los derechos de todos los ciudadanos”.

Después vino la ley, y ahora, un operativo que pretende desocupar la “suerte de residencia ocasional”, y considerar “la dignidad de las personas que viven en esas circunstancias”, dijo Larrañaga.

Pero hay también otro mecanismo judicial: la internación compulsiva. La ley 18.787, aprobada en 2011, dispone la internación obligatoria de personas “que se encuentren en situación de intemperie completa, con riesgo de graves enfermedades o incluso con riesgo de muerte”. La norma dice que debe haber un médico que constate por escrito el riesgo.

En los primeros días de gobierno, el ministro de Desarrollo, Pablo Bartol, informó a Búsqueda que analizaba la posibilidad de aplicar la internación compulsiva a personas en situación de calle, “al menos de quienes tienen problemas de salud mental o adicciones”. La ley que lo habilitaría nunca fue reglamentada, pero ya fue aplicada en 2012.

Respecto a la Ley de Faltas, hay una alineación de los ministerios. Esta política fue tema de conversación entre Bartol y Larrañaga en los primeros días de gobierno, y se profundizó tras la primera muerte. “Se acabó eso de que tienen derecho de estar en la calle”, sentenció el jerarca del Mides tras la noticia.

El hombre de la calle.

Juan Hass es integrante de Nitep, el colectivo que surgió hace dos años en la Facultad de Ciencias Sociales y ahora tiene una “sede política” —dice Hass— en un salón cedido por la Intendencia de Montevideo.

Es músico de profesión y tiene una larga trayectoria como murguista. Ahora es el referente del colectivo que integran alrededor de 50 personas en situación de calle. En el salón hacen reuniones, talleres, brindan un desayuno y un almuerzo. Funciona como una suerte de solución “paliativa” para los que se acercan, pero el objetivo de la organización es “salir adelante de forma colectiva”, dice.

Cuando se anunció la reactivación del operativo para aplicar la Ley de Faltas, salieron al cruce. Hass explica que están en contra de la ley de la misma forma que estaban en contra de “la ley anterior”, pero se refiere a la misma norma. La diferencia está en que “la ley de Faltas ‘anterior’ se aplicaba la tercera vez que te encontraban en la calle; ahora, sin mediar palabra, te suben a los móviles”, dice Hass.

Para Nitep, esta norma los “criminaliza”. “No somos muebles, no somos objetos movibles que molestan a la ciudadanía. Somos personas”, señala el referente. “Estos operativos quitan dignidad, autoestima, las ganas de salir adelante. Nadie eligió estar en la calle. Nadie dijo ‘me voy porque me gusta vivir en la calle’. Y esto agudiza más el problema”.

¿Por qué, entonces, se prefiere la calle antes que el refugio? ¿Por qué la calle termina siendo la “mejor” opción para pasar la noche? Para Hass “hay un gran tema”, y es el de siempre: las restricciones a la cantidad de bolsos, los perros, el alcohol.

“La gente, más allá de que tiene que desprenderse de sus cosas, sabe que en la calle no hay horario. En un centro del Mides tenés un horario de entrada y salida, y hay mucha gente que no está acostumbrada a ellos. Ya sea por pasta base o alcohol, no quieren estar dentro del sistema porque no podrían tener las libertades que tendrían estando en la calle”, asegura, aunque en este contexto la libertad y la elección solo son palabras.

“No es vida para nadie tener que salir a las nueve de la mañana (de un refugio). De no existir el colectivo, no hay un lugar adonde ir. Los shoppings están cerrados, y si no están cerrados, te sacan. Te sacan de las terminales; no tenemos la posibilidad de tener un baño”. Para ilustrarlo, Hass pone el ejemplo más cotidiano: “A la hora de tomar un mate, lo pensás. Lo pensás porque después sabés que si tomás un mate precisas un baño. Pensás dos veces antes de aprontarlo”, dice.

El objetivo del colectivo es la reinserción laboral para poder acceder a una vivienda. Hacen énfasis en “salir adelante con las capacidades de cada uno”, a través del trabajo: “Queremos tener nuestro sustento para tener una vida digna que más o menos colme las expectativas de cada persona que tiene un ingreso fijo”, sentencia Hass, que tiene sus discrepancias con el “asistencialismo”. Ellos quieren trabajar de los oficios que aprendieron, tener autonomía, y que en el camino a conseguirla no se los suba a un patrullero.

Pero la motivación no es la misma para todos. No hay un perfil de persona sin hogar. El escenario cambia constantemente, y Hass reconoce que la pasta base es el flagelo mayor, el que empieza a trazar la curva del círculo vicioso entre la droga, la calle, la cárcel y de nuevo la calle.

El 60% de las 2 mil personas en situación de calle estaban antes en el sistema carcelario. Por eso, Gabriel Cunha, director del programa Calle del Mides, señala que “el abordaje interinstitucional para atender esto es clave”. Desde la cartera reconocen la “heterogeneidad” de esta población. Ahora están concentrados en las soluciones inmediatas que requiere una emergencia sanitaria, pero advierten que la raíz del problema es profunda.

“Quizás después tengamos que empezar a evaluar centros de adicciones, centros que aborden salud mental. Eso es trabajo interinstitucional, pero recién se está dando la discusión”, dice Auersperg.

El después.

En el Mides están orgullosos y con ganas de más. Cunha y Auersperg tienen planes ambiciosos: un “menú diferenciado” para abordar las distintas situaciones de las personas en situación de calle. Esto se traduce en emprendimientos para los jóvenes, más centros de 24 horas para los más adultos, viviendas donde convivan de a dos. Todo se resume, de nuevo, en una cotidianidad: la llave de una casa.

“En los refugios el abordaje es tutelar, institucional. En estos nuevos modelos van a tener la libertad: esa es tu cama, ese es tu lugar, esta es tu llave. Podés entrar y salir de acuerdo con las normas de convivencia de tu compañero”, señala Auersperg en referencia a los centros que quieren construir. Todo depende del presupuesto que se le asigne a la cartera, y adelantan que es “ambicioso”.

La emergencia sanitaria apuró los planes del ministerio. El objetivo primero era segmentar la población, dice Cunha. “El Covid, lo que hizo, fue acelerar ese proceso y que generáramos varios dispositivos diversificados. Nuestra intención ya era esa y no vamos a ir hacia atrás, vamos a mantener esos cupos”, agrega Auersperg en referencia los 400 lugares que se habilitaron tras la emergencia sanitaria.

Hay 48 personas de las que dormían en el Palacio Peñarol y en los clubes de Nacional y Defensor que fueron “mudadas” a contenedores mixtos en la rural del Prado. Otros 29 fueron a un centro de 24 horas en Sayago, con habitaciones mixtas. Las 70 personas que viven temporalmente en el Hotel Urban van a estar allí hasta setiembre, cuando pase el invierno, y la intención de la cartera es que pasen a un centro de 24 horas bajo la órbita del programa Cuidados. El Estadio Charrúa, por ahora, sigue funcionando como lugar de aislamiento para los que presentan síntomas.

TRATA DE PERSONAS

Desde Bangladesh a una cama en el Charrúa

Uno de los casos de Covid importados es el del bangladesí que fue encontrado deambulando en el Chuy después de cruzar la frontera. Fernanda Auersperg cuenta que se comunican con él a través del traductor de Google, que en el Charrúa dicen que es “amigable” y que vino a Uruguay porque le habían hablado bien del país. Pero las autoridades confirmaron que es víctima de trata de personas y su caso está siendo investigado. Tanja Pacífico, jefa de la Organización Mundial de las Migraciones (OIM) en Uruguay y Paraguay, advierte que con el cierre de las fronteras quedaron muchos migrantes varados en zonas fronterizas. “Al no poder cruzar, aumenta la dependencia hacia sus traficantes, que conocen el territorio y saben cómo cruzar sin detección de las autoridades”. La población migrante de Bangladesh está muy presente en todo el mundo, dice Pacífico, y particularmente en Brasil la comunidad es “muy grande”.

Pese a que las autoridades celebran estas soluciones “rápidas”, a Cunha y a Auersperg les frustra que en la calle, a la vista de la gente y de la suya propia, no se perciba una disminución de personas a la intemperie.
Para ellos son más de 2 mil los que no tienen hogar, por eso van a hacer un censo en las próximas semanas en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística.

“Necesitamos un dato real. Si nos quedáramos con esa foto de 2019 donde hay mil personas en calle, y nosotros generamos 400 cupos, ahora tendríamos que ver la mitad de gente en la calle”, dice la jerarca. Ambos dan por hecho que la crisis económica arrojó a más personas a esta situación y que eso se verá en el nuevo censo. “Es muy subjetivo. Es activar el olfato: ¿es gente que está reingresando o que está por primera vez? Tendemos a pensar que son el quintil más bajo de los 400 mil trabajadores informales”, dice Cunha.

Ante la consulta de habilitar nuevos cupos o abrir más refugios frente a esta eventualidad, responde: “Se piensa en dar más soluciones. No es un tema de cuántos cupos más”.

El proyecto frustrado que dividió a la interna del FA.

Daoíz Uriarte, abogado y dirigente de la Vertiente Artiguista, presentó en julio del año pasado un proyecto de ley que prohibía a las personas dormir en espacios públicos y se preveía que, quienes lo hicieran, fueran trasladados por disposición de un juez a un refugio del Mides o a la casa de un familiar. Para el abogado, las penas de la Ley de Faltas son poco eficientes. De hecho, en su proyecto no hay sanciones. Para explicarlo, Uriarte hace una analogía: “El arresto y la conducción de una persona, sin cometer delito, está previsto por ejemplo para el testigo que se niega a concurrir a un juzgado. En estos casos, el juez de la causa puede ordenar la conducción de esa persona para llevarla a declarar, y si se niega, puede caer en desacato”. Uriarte comenta que, al haber sido presentado durante el período electoral, el proyecto no llegó a discutirse. Además, hubo resistencia dentro del propio Frente Amplio: el Partido Comunista y Socialista manifestaron dudas sobre la efectividad de “obligar” a las personas.

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