Desde las escorts a las viejas whiskerías y el trabajo en la calle: la reforma que viene en el negocio del sexo

Claudia Gutiérrez se para de noche en alguna esquina del Prado. Tiene 50 años y empezó a trabajar en la calle a los 23, engañada por quien era el padre de sus hijos. Nunca imaginó que seguiría allí tres décadas después, pero dice que no le queda otra: tiene que llegar a fin de mes, cubrir sus necesidades y las de sus dos hijos más chicos. “Es tierra de nadie. Estuve en whiskerías, en todos lados, por páginas también trabajé. Yo cobro por adelantado, pero muchos se hacen los vivos y después te la quieren sacar”, dice; en su voz hay una mezcla de seguridad y cansancio.

Fue presidenta del sindicato Otras (Organización de Trabajadoras Sexuales) y hoy integra la Comunidad de Personas que Ejercen el Trabajo Sexual en el Uruguay. “Lo que nos importa es que la ley salga con lo que nosotras necesitamos, no con lo que ellos quieren”, afirma. Con “ellos” se refiere a los senadores y diputados con los que se han reunido. Porque Claudia milita al tiempo que se sigue parando en la calle para trabajar. “Estás expuesta todo el tiempo. A que te suban a un auto y te hagan cualquier cosa. Hay compañeras que han quedado casi muertas de las palizas. Otras que se quitaron la vida”.

Veintitrés años después de la aprobación de la ley que reguló el trabajo sexual en Uruguay, historias como la suya siguen ocurriendo detrás de las luces de neón o de los arbustos de algún parque. En medio del ruido de la crisis económica, el gobierno de Jorge Batlle impulsó una norma de vanguardia para su tiempo. Pero aquella ley, la 17.515, que buscaba proteger a las trabajadoras sexuales, hoy se quedó algo vieja, y el Frente Amplio propone reformarla.

La discusión promete ser tan larga pero no tanto como la anterior, aquella que llevó casi una década. Las principales modificaciones giran en torno a dos grandes ejes: derechos humanos y protección laboral. Entre las propuestas que se plantean (y todos los actores están de acuerdo) hay dos: eliminar el registro que hoy depende del Ministerio del Interior y transferirlo al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, además de suprimir el “carné sanitario” que las trabajadoras sexuales están también obligadas a tener.

Foto: archivo El País.

Uno de los reclamos más reiterados es superar el enfoque “sanitarista” y policial que caracterizó a la ley original. El control sanitario obligatorio y la regulación estricta de las zonas donde puede ejercerse la actividad son vistos por muchas trabajadoras como mecanismos que refuerzan la estigmatización y la vigilancia estatal.

La nueva mirada que busca incorporar la ley apunta a reconocer el trabajo sexual como una actividad laboral legítima, ejercida voluntariamente por personas adultas y a garantizar que no sea objeto de persecución ni sanción policial. En otras palabras, propone pasar de una lógica de control a una de derechos: que quienes ejercen el trabajo sexual dejen de ser vistos como un “riesgo sanitario” y sean reconocidos, finalmente, como trabajadores y trabajadoras.

“Se busca cambiar la visión de la trabajadora sexual como un posible vector de enfermedades”, explica la diputada Sylvia Ibarguren del Frente Amplio. Señala que el enfoque actual está centrado en evitar que las trabajadoras tengan enfermedades de transmisión sexual, pero no en garantizar un cuidado integral de su salud. En la misma línea, Claudia Gutiérrez dice: “El problema es que nosotras no somos lo que importa; lo importante es darle al cliente la seguridad de que no tenemos nada”.

Aunque la ley actual reconoce el trabajo sexual, en la práctica las barreras para acceder a la protección social siguen siendo altas. “Queremos una carátula específica de trabajo sexual en el BPS, pedimos que esa modificación esté en la ley”, dice Gutiérrez. Desde su agrupación, que tiene representación en 19 países, también reclaman mayor supervisión estatal ante abusos o intermediarios que operan en la informalidad.

Vamos a los números. Según el Ministerio del Interior, hay 14.099 personas registradas como trabajadoras sexuales en todo el país, la gran mayoría mujeres. Sin embargo, las organizaciones estiman que en realidad hay más del doble.

No hay forma de estimar con precisión cuánto se puede ganar al mes, pero en la calle los servicios sexuales suelen pagarse entre 500 y 1.500 pesos. En apartamentos o en servicios de las llamadas escorts, la tarifa puede llegar hasta 7.000 pesos por hora. Todo depende del tipo de servicio, del entorno en que se brinda y de la edad de la trabajadora sexual: las más jóvenes y las embarazadas suelen recibir mejores ingresos.

El control del ministerio se centra sobre las más vulnerables, aquellas que llevan más tiempo en la actividad y, en muchos casos, se vieron obligadas a obtener el famoso carnet. La policía puede detener a cualquier trabajadora sexual que no lo lleve consigo, que no lo haya renovado o que haya cambiado de departamento. “Tenemos que ir a reportarnos en la comisaría, como si fuéramos delincuentes, si nos cambiamos de departamento”, explica Gutiérrez.

En Montevideo funcionan 25 locales habilitados: 21 prostíbulos, dos prostíbulos con whiskería y dos whiskerías con espectáculos. Las casas de masaje y los apartamentos privados están prohibidos por la normativa vigente, pero todos saben que existen.

“Los apartamentos son complicados: se meten en tramas de explotación de menores y también de adultos. Muchas veces les cobran aunque no tengan clientes, o los ingresos vienen directamente de páginas”, dice Gutiérrez. Para ella, la calle es dura, pero lo que puede pasar en el mundo digital es casi igual o peor.

Más allá de los números y de la ley, las denuncias persisten: proxenetismo en whiskerías del interior, condiciones precarias en algunos locales habilitados, y nuevas formas de explotación que se trasladan a las redes sociales, donde muchas mujeres ofrecen contenido sexual sin ningún tipo de regulación.

En este oficio que algunos siguen llamando “el más antiguo del mundo”, muchas quedan por el camino. Y como repiten las trabajadoras y especialistas consultadas para este informe, el trabajo sexual no puede tratarse como un trabajo cualquiera.

Tanto el Frente Amplio como el Partido Nacional coinciden en que la normativa se quedó atrás en el tiempo y que es necesario adecuarla a los cambios del mercado, las nuevas plataformas digitales y la realidad de las trabajadoras. Ahora el proyecto está en la comisión legislación del trabajo y seguridad social de Diputados, y esperan que salga para su sanción en cámara con votos del oficialismo y también de los blancos y colorados.

Estefania Leal/Archivo El Pais

El diputado Pedro Jisdonian, del Partido Nacional, explica que el proyecto impulsado por su partido junto con la diputada del Partido Colorado María Eugenia Roselló busca mejorar las condiciones de las trabajadoras sexuales y reducir la estigmatización asociada a la actividad. En el período anterior se presentó un proyecto que tuvo media sanción, pero luego no fue aprobado en la Cámara de Senadores.

Una de las principales propuestas de la oposición es trasladar el Registro Nacional de Trabajo Sexual del Ministerio del Interior al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ya que el registro actual “ficha” a las trabajadoras como si fueran delincuentes. “Nos reunimos muchas veces con los colectivos de trabajadoras sexuales”, dice el diputado blanco.

Además, proponen actualizar los requisitos para habilitar prostíbulos e incluir en la regulación las plataformas digitales, un aspecto ausente en la ley vigente. También plantean sustituir el actual carné sanitario por un carné de salud extendido, gratuito y con enfoque integral, que contemple salud mental y acceso al sistema sanitario como cualquier otro trabajador. Jisdonian considera que el término “carné sanitario” resulta estigmatizante y que este cambio responde a una de las demandas centrales de las trabajadoras.

La iniciativa incluye, además, formación laboral a través de Inefop y la participación del Mides en una comisión honoraria de seguimiento. El diputado reconoce la complejidad del tema, las situaciones de dependencia laboral y subraya la necesidad de un abordaje integral: “Muchas personas quedan atrapadas en un círculo de vulnerabilidad del que es difícil salir”, señala.

Foto: Estefanía Leal

Del otro lado, la diputada frenteamplista Ibarguren también impulsa una modificación profunda de la ley, aunque desde un enfoque más amplio de derechos. Para ella, la norma actual “es obsoleta” y “mira el trabajo sexual desde una lógica sanitarista y policial, sin reconocerlo como un trabajo con derechos”.

El proyecto frenteamplista propone, al igual que el Partido Nacional, trasladar el registro al Ministerio de Trabajo y eliminar la obligación de reportarse en comisarías al cambiar de lugar de trabajo, práctica que Ibarguren califica de “horror”. También plantea reemplazar el carné sanitario por uno de salud laboral y reconocer el trabajo sexual como una actividad legítima, con reglas claras sobre tiempos y remuneración.

Además, incorpora la figura del cooperativismo como alternativa a la relación con los dueños de los locales, y refuerza las sanciones al proxenetismo, proponiendo que el Ministerio de Trabajo intervenga ante vulneraciones de derechos laborales.

Tanto Ibarguren como Jisdonian reconocen que el debate es complejo y que el tema no suele ocupar espacio en la agenda pública. Aun así, ambos destacan la existencia de puntos en común entre los proyectos y la posibilidad de alcanzar consensos. “Estos procesos requieren tiempo y voluntad política, pero también un cambio de mirada sobre quiénes ejercen este trabajo”, resume Ibarguren.

Fabiana Fernández tenía 29 años y estaba embarazada de siete meses de su tercer hijo cuando rompió bolsa en pleno servicio. No quiso, pero dice que durante casi todo el embarazo tuvo que seguir consumiendo alcohol porque así se lo exigía el dueño del local. Su historia no es un caso aislado.

La diputada Ibarguren cuenta que han recibido denuncias de mujeres a las que los dueños de las whiskerías obligan a beber alcohol para incentivar el consumo de los clientes, y que hay casos donde se ha logrado una sanción. “Nadie puede obligar a una persona que ejerce el trabajo sexual a tomar, pero sabemos que eso pasa”, afirma. Explica que el problema radica en la falta de control laboral: “Los locales son habilitados por las intendencias pero solo desde el punto de vista edilicio, no está el Ministerio de Trabajo. ¿Quién controla, entonces, la relación de trabajo?”.

Fernández tenía más trabajo desde que estaba embarazada. Hasta que una noche, en una de esas habitaciones donde el olor a desodorante de ambiente barato se mezcla con el humo de las hojillas y el tabaco, sintió que algo se rompía adentro. La llevaron al hospital: el parto se había adelantado por la intensidad de las relaciones sexuales.

Esta escena, con matices, podría repetirse hoy. Fernández pensó que iría a un trabajo “mejor” al dejar de estar parada en la ruta 1, atendiendo principalmente a camioneros, para trabajar en una whiskería. “Pero ahí la mayor violencia viene de los dueños, no de los clientes. Tenés un patovica y otros guardias, pero los dueños son los que te pueden cobrar una multa por no trabajar estando enferma, o fijar una tarifa según el servicio que prestás”, relata. Su vida, por momentos, cambia de escenario: vive en Montevideo con sus hijos y otras trabajadoras sexuales, y viajan a San José para cumplir con los turnos de trabajo.

Foto: Archivo El País.

Karina Núñez, referente en el ámbito del trabajo sexual, conoce estas historias de primera mano. Las vivió durante sus propios años trabajando embarazada en prostíbulos y las escuchó una y otra vez en las entrevistas que hizo a decenas de compañeras a lo largo y ancho de este pequeño país, donde la prostitución siempre fue legal. Las miradas abolicionistas también están, suelen venir de los sectores más conservadores: no buscan proteger a las trabajadoras sino erradicar el trabajo porque consideran que ética o moralmente no debería existir.

Nuñez, como varias de las trabajadoras sexuales consultadas para este informe, creen que hay que ir hacia un reduccionismo y empoderamiento económico. Ella define al trabajo sexual como “una manifestación del sistema económico sobre los cuerpos pobres”, y sin dudas deja claro que realmente son muy pocas las mujeres que teniendo otras opciones reales eligen este camino.

A diferencia del interior del país, donde cada intendencia pone una “zona roja” como lugar donde se puede ejercer el trabajo sexual, en Montevideo eso no existe, entonces se puede trabajar en cualquier lado. Hay zonas más conocidas que otras: en la tardecita se ven mujeres trans en Bulevar Artigas.

—¿Siempre venís a esta zona?

—La verdad que no, trabajo más en la ruta. Voy para el lado de Zonamerica y todo eso.

—¿Y cuánto te podés llevar por noche?

—Esto es día a día, corazón. Ahora vengo porque tengo una amiga acá y nos acompañamos.

Dos trabajadoras sexuales trans, consultadas en la calle, admiten que no tienen “ni idea” del proyecto de ley, y que “la gente es doble moral, se burlan de vos pero después los tenés acá pagando”.

Una de ellas estudia en la Facultad de Psicología, tiene 26 años, y espera con eso poder salir de la lógica de la calle. “Yo tuve la suerte de que en mi casa siempre se me aceptó”, cuenta a El País.

Heloísa Greco, psicóloga y referente de la ONG El Paso, trabaja en el acompañamiento directo a personas que ejercen el trabajo sexual. En los talleres ofrecen espacios de escucha activa, apoyo en salud mental, vivienda, alimentación y capacitación laboral, con un objetivo central: reducir la exposición a situaciones de violencia.

“No podemos ofrecer una salida inmediata del trabajo sexual, pero sí acompañarlas para disminuir el riesgo y la violencia”, explica. Esto brinda información sobre derechos, estrategias para evitar conflictos entre colegas y apoyo a quienes deciden continuar en la actividad de manera más segura.

Greco recuerda que en un diagnóstico de 2020 realizado por El Paso en Montevideo, la mayoría de las trabajadoras sexuales reportó haber sufrido algún tipo de violencia, que puede provenir de clientes, colegas o incluso del Estado. El acompañamiento de la ONG busca minimizar estos riesgos, ofrecer alternativas graduales hacia otros trabajos y fomentar la autonomía, sin imponer una salida inmediata.

“La ley podría cambiar mucho si facilitara el acceso a la seguridad social. La mayoría de las mujeres que atendemos no tienen aportes al BPS; ninguna estaba cubierta. Eso es algo que la ley sí podría garantizar”, opina la psicóloga.

Habrá que ver si los legisladores de todos los partidos se ponen de acuerdo. Y si lo aprobado efectivamente significa un paso para que “el oficio más viejo del mundo” sea un trabajo más digno.