Del impuesto que hizo dormir mal a Oddone al buque insignia de Mujica: cuatro flancos que abrió el Presupuesto

Con la presentación del proyecto de ley de Presupuesto, el gobierno liderado por Yamandú Orsi presentó su hoja de ruta para el quinquenio y definió con números sus prioridades para el período. La pelota ahora está en la cancha del Parlamento, y allí empiezan los flancos abiertos: desde un impuesto que pone en tensión la política de zonas francas —y que el propio ministro de Economía, Gabriel Oddone, marcó como un posible “antes y después”— hasta las tensiones por los recursos en seguridad y educación —incluyendo a "la hija predilecta” de José Mujica—, algunos de los principales debates que seguirán en los próximos meses.

De las modificaciones incluidas en el presupuesto, quizá la de mayor envergadura —por su peso en la recaudación y sus implicancias sobre un régimen clave de la captación de inversiones del país— es la adhesión de Uruguay al “impuesto mínimo global” para aquellas empresas que lo estén tributando en otro lugar del mundo.

Aunque el objetivo del gobierno es implementarlo “quirúrgicamente”, sus implicancias son tales que el ministro Gabriel Oddone llegó a admitir en el Parlamento —más allá de que luego le quitó dramatismo a sus palabras— que el asunto literalmente le había quitado el sueño.

Ignacio Sánchez. El País.

“Créanme que muchos de nosotros, durante muchas horas en las últimas semanas, hemos dudado, no hemos dormido bien, porque sabemos que lo que estamos haciendo –no tenemos ningún problema con eso– es un riesgo”, dijo ante los diputados de la comisión de Presupuestos y Hacienda. “Yo he sentido en las últimas semanas que es como un avión cuando ya ingresó en una pista de despegue en un punto de no retorno. Habíamos llegado a una decisión en la que en el momento que divulgáramos esto, lo que estaba atrás no existe más”.

Toda una definición para un presupuesto que muchos han caracterizado como mesurado y esquivo a los cambios vertiginosos.

La discusión se da en torno a la creación del Impuesto Mínimo Complementario Doméstico (IMCD), que sería la pata local del impuesto mínimo global impulsado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y actualmente vigente en 53 países.

Ese impuesto transnacional, concebido por los países desarrollados para limitar los regímenes de baja tributación —esto es, en contra de una herramienta utilizada por países en vías de desarrollo—, tiene como uno de sus pilares la fijación de un impuesto mínimo de 15% para las empresas que facturan más de 750 millones de euros al año.

El gobierno plantea que las multinacionales abarcadas por ese impuesto, que operan en Uruguay y que ya estén afectadas por el tributo en otra jurisdicción paguen aquí lo correspondiente a su actividad local.

Vayamos a un ejemplo para hacerlo más gráfico. Una empresa europea que hoy opera en una zona franca uruguaya paga cero impuestos en el país. Pero al tener operaciones en la Unión Europea, que forma parte del impuesto mínimo global, está obligada a pagar un 15% de tributo por su renta, incluyendo la generada en Uruguay. El deseo del gobierno es que, incorporándose —al menos parcialmente— al acuerdo de la OCDE, esa porción de la contribución quede en el país.

El discurso del oficialismo es que se trata de un tributo “neutral”: que lo pagarán solo las empresas que ya lo están haciendo en otro país, y que por lo tanto no es más que “una relocalización”.

Esencialmente, las críticas han sido dos. Una primera ha apuntado a que la redacción no es lo suficientemente clara o garantista para dejar afuera a aquellas multinacionales que hoy no estén pagando el tributo en ningún otro lado.

Una segunda es más de fondo y señala que aun despejadas las cuestiones de redacción, el impuesto no es necesariamente “neutral”.

A nivel político, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente se han parado firmemente en la vereda contraria al impuesto, como también lo ha hecho Identidad Soberana. Distinto es el caso de Cabildo Abierto: su líder Guido Manini Ríos dijo a El Observador que deberán analizar detenidamente la propuesta pero que en principio les “da la impresión de que es justo”.

Desde la sociedad civil, la Cámara de Zonas Francas ha salido a marcar la cancha en oposición a la iniciativa, por razones de “oportunidad” y de “legalidad”.

Respecto a la oportunidad, Enrique Buero, presidente de la Cámara, señaló que Uruguay compite con otros países de Sudamérica en atracción de inversiones y que por el momento solo Brasil se ha incorporado al impuesto mínimo.

Según los empresarios, aun bajo la hipótesis de que se abarque únicamente a aquellas compañías que ya estén pagando el impuesto, su implementación en Uruguay implica una modificación significativa al esquema de captación de inversiones que el país ha mantenido durante décadas. Los empresarios señalan que lo “más inteligente” sería “no apurarse” y ver cómo se van moviendo los otros actores globales.

Sobre ese punto, el propio Oddone admitió que hubiera preferido discutir el tema por fuera de los plazos perentorios del Presupuesto, pero que lo “condicionó” la situación fiscal —y la decisión política de aliviarla por la vía de los ingresos y no del gasto.

“Si yo pudiera diferir esto al 2026, estaría mucho más contento, porque me hubiera permitido hablar con mucha más gente, explicarlo mucho mejor. Pero la situación fiscal me dice que yo tengo que transmitirle a los mercados que nosotros tenemos un plan creíble, consistente, financiable. Para hacer eso, tengo que hacer una consolidación fiscal, y para hacer una consolidación fiscal de un gobierno izquierda, no voy a hacer un ajuste al gasto”, expresó a comienzos de mes en el Parlamento.

En cuanto a la legalidad, el principal embrollo es cómo compatibilizar el impuesto con la ley de zonas francas. Esa norma establece el compromiso de que a los usuarios de zonas francas no les aplicará ningún impuesto presente o “a crearse”.

Por esa razón, empresarios del rubro señalan que la “aspiración de mínima” es que se respeten los derechos adquiridos.

Eso implicaría no solo dejar constancia de que el impuesto aplica a aquellos que ya lo pagan —como el gobierno se ha mostrado dispuesto a hacer—, sino también habilitar a las empresas ya instaladas a no pagarlo en Uruguay si así lo desearan.

Ahí está, según algunos consultados, parte de la complejidad de la solución: para que sea validado por la OCDE no puede haber opción de “no sumarse”; mientras que para contemplar los derechos adquiridos por la normativa de zonas francas, las empresas —según esta visión— tienen su derecho a exigir un nuevo contrato previo a un cambio de condiciones.

Otra interpretación es que la validación del impuesto por parte de la OCDE —es decir, la incorporación de Uruguay a los mecanismos de traspaso de información y localización del tributo— asegurarían la “neutralidad” impositiva y pondrían al país a resguardo de eventuales reclamos.

El impuesto global es el más importante de los cambios tributarios. Pero está lejos de ser el único. De esa batería impositiva, hay algunos que generaron más debates que otros.

El que más ha dado que hablar es el llamado “impuesto Temu”, no tanto por su peso recaudatorio (se estima en unos 40 millones de dólares al año) sino por la masividad de las plataforma afectada.

Actualmente se habilita el ingreso vía encomienda de tres compras anuales de hasta 200 dólares cada una, sin pagar IVA.

El proyecto del gobierno amplía a 800 dólares anuales las compras en el exterior bajo el régimen de encomienda, pero las grava con la tasa básica del IVA (22%), con una tributación mínima de 20 dólares por envío. Para el caso de compras a Estados Unidos, hasta los 200 dólares se mantiene el régimen vigente sin IVA.

El impuesto ha cosechado críticas del Partido Nacional y el Partido Colorado —que consideran que no moverá la aguja para los comerciantes o importadores y que por lo tanto solo tiene fines de recaudatorios—, mientras que Cabildo Abierto se ha mostrado proclive a apoyarlo, siempre que se comprometa una especie de devolución a las pequeñas empresas nacionales.

Algo similar ocurre con el impuesto a los incrementos patrimoniales de activos en el exterior, una modificación que según el gobierno también es “neutra” porque relocaliza tributos que ya se pagan fuera del país.

En el capítulo tributario, uno de los cambios que generó mayor debate —y cuya aprobación todavía es incierta— es el que habilita a la Dirección General Impositiva (DGI) a levantar el secreto bancario sin autorización judicial.

El Ministerio de Economía aduce que la innovación es a partir de una recomendación de la OCDE, que ha cuestionado la lentitud de las autorizaciones de levantamiento del secreto bancario.

Estefania Leal/Archivo El Pais

Desde el MEF comunicaron que están trabajando en formulaciones alternativas. Una opción intermedia es añadir que la solicitud de la DGI deba hacerse de “manera fundada” y ante una “presunción de evasión”, según declaró el propio ministro Oddone.

El diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone dijo a El Observador que no cerraba la puerta a votar el artículo.

Mientras tanto, el presidente Yamandú Orsi señaló que “lo que está en cuestión y lo que planteamos es que no necesariamente tenga que haber una intervención judicial”, pero que el gobierno está dispuesto a “corregir” la redacción. “Capaz que derogarlo, ojalá no. Ojalá podamos llegar a un acuerdo”.

Parte de la llave del gobierno para asegurar los dos votos que precisa en Diputados vendrá, según estiman en el oficialismo, de las negociaciones de reasignación de gasto en otras áreas.

En ese plano, la bancada frenteamplista ya está trabajando en dos caminos en paralelo. Por un lado, recoger las reivindicaciones de los partidos de oposición —sobre todo los de aquellos proclives a apoyar el Presupuesto, como Cabildo Abierto—, y por otro, atender las críticas de su propia base.

Dentro de un presupuesto limitado en incrementos, los reclamos han venido de casi todas las áreas, pero una particularmente sensible para las reivindicaciones izquierdistas es la de la educación.

Tanto es así que el presupuesto hizo coincidir al Pit-Cnt con dirigentes blancos y colorados: todos ellos cuestionaron los montos dedicados a educación y advirtieron un supuesto declive de la inversión en ese rubro en relación al PIB.

Si bien el gobierno contrarresta esa conclusión, y reivindica especialmente los incrementos para la ANEP —por ejemplo, con partidas para el aumento de las becas y la atención en comedores—, en el oficialismo reconocen como un “problema” la escasez de recursos destinados a la educación terciaria, tanto para la Universidad de la República (Udelar) como para la Universidad Tecnológica (UTEC).

Ambas instituciones han alertado que verán resentidas sus planificaciones y hasta algunos de sus cursos si no se les asignan más recursos.

Foto: Archivo El País

En el caso de la UTEC, se da la peculiaridad de ser uno de los buques insignia del gobierno de José Mujica, y que pese a las diferencias políticas iniciales por su modalidad de cogobierno, con los años se transformó en una política reivindicada por todos los partidos. El mensaje del Ejecutivo le otorgó un aumento de 6% frente a un pedido de 72%.

Tal como informó Búsqueda días atrás, las negociaciones por posibles reasignaciones de gasto están enfocadas tanto en UTEC como en Udelar.

Legisladores frenteamplistas aseguran que ya tienen identificados algunas posibles soluciones, pero plantean que también están condicionados a la negociación con el resto de los partidos.

La prioridad, en ambos casos, es atender particularmente los programas de educación terciaria en el interior del país.

La seguridad es la principal preocupación de los uruguayos, y también uno de los capítulos con más polémica. Mientras que el gobierno destaca que la seguridad fue una de las prioridades, con un 15% del total de partidas incrementales en el presupuesto, desde la oposición han cuestionado lo que ven como una “falta de urgencia” en la implementación de las políticas, así como un incumplimiento de algunos compromisos de campaña.

En el centro de ese debate está el llamado Plan Nacional de Seguridad, cuya etapa de diseño continuará hasta marzo de 2026. Ese plan, que las autoridades pretenden que rija los lineamientos en seguridad a mediano y largo plazo, incorporará los planteos del diálogo interpartidario, así como el aporte de técnicos y la sociedad civil.

Foto: Leonardo Mainé/El País

En la oposición aducen que el Presupuesto debería haber incorporado de por sí una mayor batería de medidas y propuestas para atacar el aumento de la violencia.

El proyecto, por ejemplo, prevé una partida de 100 millones de pesos adjudicada al Plan Nacional de Seguridad para el año 2027, como una forma de ir reservándole recursos, pero todavía no está definido en qué se implementará concretamente.

Otro flanco de debate en seguridad es el cumplimiento de la promesa de Orsi de sumar 2.000 nuevos policías. Tanto en el debate presidencial como en otras entrevistas, el hoy presidente se comprometió a que una de sus primeras medidas sería la incorporación de 2.000 policías más. En los primeros meses de gobierno, esa promesa quedó postergada para la instancia presupuestal. Y ahora que llegó el presupuesto, hay miradas encontradas respecto a su cumplimiento.

Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Lo concreto es que se crean 500 nuevos cargos policiales para el Instituto Nacional de Rehabilitación (es decir, para las cárceles) y otros 500 nuevos cargos civiles en esa órbita. En ambos casos se hace de forma escalonada a partir de 2027, empezando con 200 cargos. Por otro lado, el Ministerio cubrirá unas mil vacantes policiales que ya estaban generadas, según anunció Negro.

Es sumando esas dos disposiciones —500 nuevos policías penitenciarios a crearse entre 2027 y 2029, y la reposición de mil vacantes policiales— que las autoridades llegan a la cifra de 1.500 nuevos policías.

“Habiendo cumplido ya en este momento con la incorporación de 1.500, estamos en condiciones de asegurar que en el resto del quinquenio vamos a cumplir esa promesa de campaña”, afirmó el ministro.