Nuevas reglas en las aulas

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Dice la madre que no lo puede creer: “No puedo creer que un profesor con antecedentes de acoso sexual haya abusado de mi hija mientras era su alumna, se lo condene, se fugue y nadie sepa nada más. Está todo quieto acá en Rivera. Nunca más tuve noticias ni de mi abogada, ni de Fiscalía, ni de la Policía y el 17 de mayo pasado me encuentro con que su padre había subido al Facebook una foto en la que está él posando con una de sus hijas y otros familiares”.

Después, el padre del docente prófugo borró la publicación. Para ese entonces la fiscal de Rivera, Alejandra Domínguez, ya estaba informada de que el profesor de física que había sido condenado en febrero a cuatro años de prisión por abusar de una alumna estaba radicado del otro lado de la frontera con Brasil. La Policía tenía identificada la casa, pero cuando finalmente llegó la orden del juez brasileño y fueron a detenerlo había huido: otra vez.

“Sabemos que está en comunicación con su familia, pero es muy hábil. Él siempre tuvo todo planeado. Generó la idea de que no había riesgo de fuga yendo a cada audiencia y poniéndole carita de bueno a la jueza, que consideró que no ameritaba prisión preventiva mientras esperábamos la sentencia del Tribunal de Apelaciones. Y ahí se fue. Tenemos esperanzas de agarrarlo porque no tiene cédula brasileña. Le estamos respirando en la nuca y lo sabe”, dice la fiscal.

El desenlace del caso develó distintas incongruencias en la prevención, protección y abordaje de situaciones de violencia sexual en centros educativos. El 20 de febrero El País informó que en el momento en que la madre de la alumna realizó la denuncia ante la dirección del liceo, el docente era subdirector de otro liceo a pesar de estar suspendido de su cargo en la UTU por haber acosado moralmente a un alumno de primer año. Y había sido sumariado en 2008, en Secundaria, por acosar sexualmente a una alumna.

Distintos testimonios coincidieron en que sus comportamientos “eran vox populi”. Pero que cuando los alumnos denunciaban, algunas autoridades de algunas instituciones relativizaban la situación. Varias muestras de los acosos de este docente retumbaron en las cuentas de Twitter e Instagram cuando en octubre pasado el colectivo Hermanas Luisi creó el hashtag #melodijeronenelliceo.

La indignación popular que suscitó este caso, y el ruido que generaron las denuncias en redes, estuvieron precedidas del golpe que generó la Operación Océano en el sistema educativo al revelar que cuatro de los imputados ejercían la docencia y que la mayoría de las víctimas eran alumnas de instituciones privadas.

Pero también en 2020 culminó el juicio del docente de música Guillermo Freijido, que fue condenado a tres años de prisión —que se amplió a cinco tras la apelación— por reiterados delitos de abuso sexual contra dos niños. Y en diciembre, un joven denunció en redes sociales que su hermano de 12 años habría sido víctima de un intento de abuso por un docente de gimnasia. La institución privada involucrada se enteró por Facebook.

Entonces, en medio de ese 2020 convulsionado por el COVID-19 y las clases virtuales, el sistema educativo en su totalidad se vio interpelado y salió a revisar la efectividad de sus mecanismos.

Tras un pedido de acceso a la información solicitado a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Primaria respondió que desde 2015 cuatro funcionarios (docentes y no docentes) fueron destituidos por cometer delitos sexuales contra alumnos. A su vez, dos funcionarios fueron denunciados por sus pares por acoso sexual y están siendo investigados.

En cuanto a la educación media —franja que comprende a las principales víctimas de estos delitos, según estudios de ONG especializadas—, Secundaria respondió que “no cuenta con registro al respecto”. Sin embargo, en una consulta posterior, la secretaría de esta dirección informó que desde abril de 2020 recibió 34 denuncias de acoso sexual. En dos casos se dispuso la destitución, en otros dos la inhabilitación del funcionario para ejercer la docencia; en 11 se aplicaron sanciones de suspensión, 16 están en trámite y tres fueron archivados por no contar con sustento probatorio para sancionar.

Desde la Educación Técnica Profesional (UTU) se informó que, en los últimos seis años, 39 funcionarios fueron denunciados por delitos sexuales contra alumnos siendo 37 sumariados, tres destituidos y dos tienen la investigación en curso. La psicóloga de UTU, Andrea Coppola, explica que los delitos sexuales se detectan principalmente de docentes hacia estudiantes. Luego, de docentes con cargos de gestión hacia funcionarias y finalmente entre estudiantes. Los acosadores suelen ser hombres y las víctimas mujeres.

A partir de 2009 está vigente la Ley de Acoso Sexual que regula la prevención y sanción en el ámbito laboral y en las relaciones docente-alumno, tanto en el ámbito privado como público. Después, en 2014 la ANEP aprobó un protocolo, que fue implementado “a medias” según las autoridades actuales, que lo están revisando y pretenden actualizar.

En ello trabaja asiduamente Gloria Canclini, directora de Derechos Humanos del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP. “La sociedad, las circunstancias que se desataron y la pandemia nos hace mirar el protocolo con otra perspectiva”, plantea. Según explica, la Comisión Asesora en Situaciones de Acoso Sexual nunca fue constituida como preveía el protocolo.

Entre otras tareas, le competía supervisar el cumplimiento de la Ley de Acoso Sexual y diseñar y ejecutar campañas de sensibilización y capacitación destinadas a funcionarios y alumnos. Por ahora la comisión se arma solo para casos puntuales, pero se analiza su conformación y propósitos, así como la difusión de una campaña institucional, que “hasta ahora no ha tenido lugar” a pesar de que también estaba prevista en ese documento de 2014. También se analiza —indica una fuente— que esta capacitación sea incluida en la currícula de los estudiantes y de docentes en formación.

“La verdad es que en este momento no está armado el sistema como nos gustaría, pero cuando se recibe una denuncia los equipos actúan y se le da seguimiento hasta que llega a una definición”, dice la directora. Cuando llega una denuncia se recurre a la cadena de mando: la dirección notifica a la inspección; se hace una investigación administrativa y el área jurídica de cada subsistema queda a cargo.

Si se constata un delito hacia un menor, hay obligación de denunciar ante la Justicia. “El asunto es que llegar a una destitución es un camino largo que funciona igual que en un proceso penal en cuanto a la búsqueda de pruebas y recolección de testimonios. Además, el acoso en el ámbito educativo es una falta que puede merecer la destitución del funcionario, pero no siempre es un delito penal”, advierte Bautista Duhagón, actual secretario General de Secundaria y exasesor jurídico de esta dirección desde 2008.

“Si hay capacitaciones es porque los docentes las hacen por su propia voluntad, porque institucionalmente no hay una capacitación en la temática”, dice la experta en violencia de género Virginia Cáceres, secretaria general de la ANEP desde hace un año. “Vamos a sacar una nueva edición de los protocolos de violencia en Primaria —que son varias, además de la sexual está la moral y el bullying— con nuevos componentes, y está previsto hacer una capacitación en todo el país para docentes, directores e inspectores, porque de nada sirve tener un mapa de ruta si luego no lo conocen. Eso fue lo que pasó antes”, plantea.

Aparte de las capacitaciones, uno de los desafíos principales que asumirán las nuevas autoridades es cumplir con la creación del registro —también previsto en aquel protocolo, y que coexistiría con el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales, que integran condenados por la Justicia— donde estén ingresadas las denuncias de situaciones de acoso sexual laboral y docente planteadas en el ámbito de la ANEP, que incluya las medidas adoptadas y las resoluciones.

¿Por qué es importante que exista? “Es necesario crear un registro que pueda sistematizar las situaciones de todos los subsistemas por motivo, porque no puede pasar que un docente que no puede tomar horas en Secundaria por estar sumariado por una de estas situaciones, las tome en UTU”, explica Cáceres.

Sin ese registro, el cruce de información entre subsistemas no sucede. Esto habilita peligrosas ambigüedades como la del profesor de Rivera prófugo, que estaba sumariado de UTU pero seguía ejerciendo la docencia en Secundaria. En este sentido, un expediente de 2013 al que accedió El País sobre el docente de un club de ciencias de un liceo que mediante dinero obligaba a que sus alumnos tuvieran relaciones sexuales, se golpearan entre sí e incluso los llevó a un hotel y los drogó con somníferos, arroja que también enseñaba en UTU, en Formación Docente y en la Universidad de la República.

Considerando que el multiempleo en los docentes también abarca al sector privado, ¿este registro debería incluir a los colegios? “Son cuestiones no tan fáciles de implementar como parece. Tenemos que trabajar respetando la Ley de Protección de Datos Personales porque hay que proteger al alumno, pero no hay que obviar que el que un docente sea investigado tampoco quiere decir que sea responsable: no se lo puede someter a un escarnio”, advierte Canclini.

Este “territorio gris” es una preocupación para el sector privado, aunque también advierten que se dan situaciones de falsas denuncias. “Que estés sumariado por una sospecha de abuso no aplica que naturalmente deban separarte de otro cargo docente, pero es una situación muy compleja porque el motivo genera un riesgo. Lo que solemos hacer los colegios es darles licencia mientras se aclara la situación, porque no se puede mirar para el costado. Pero eso sí: vos tenés que enterarte del sumario”, dice Adrián Arias, director de la Asociación Uruguaya de Educación Católica (Audep).

En tanto, el departamento jurídico de la ANEP analiza la continuidad de una resolución de 2007 que permite que cualquier funcionario sumariado solicite que, tras ocho años, se borre su legajo. El profesor de Rivera —por ejemplo— había presentado este pedido.

El País intentó conocer la opinión de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria y de la Federación Uruguaya de Magisterio sobre la efectividad del protocolo de 2014 y los cambios que se prevén, pero no obtuvo respuesta.

“Los que abusan de su poder están en los centros educativos al igual que en el resto de la sociedad. Lo complicado es poder prevenir y lograr la prueba para poder demostrarlo y hacer la denuncia en la Justicia”, insiste Duhagón, el abogado que es secretario General de Secundaria.

En la misma línea se expresa Sergio Sommaruga, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada. “La violencia en las aulas es un tema tabú”, dice. Y agrega: “Existe ese paradigma de que la enseñanza privada es impoluta. Se romantiza un mundo ideal con respecto a la pública que no es real. En los colegios hay consumo de drogas, hay violencia y se cometen delitos sexuales”.

Para “poner el asunto sobre la mesa”, durante los últimos Consejos de Salarios este sindicato acordó con los institutos de enseñanza privada religiosos y laicos (y otros que conforman el mismo grupo de negociación) la elaboración de un protocolo de protección, detección y abordaje que se firmará en estos días.

¿Cómo actúa entonces el sector privado ante una denuncia de delitos sexuales? Explica Juan Carlos Noya, el presidente de la Asociación de Institutos de Educación Privada (Aidep), que hasta el momento, ante estos casos  —“que son excepcionales”— “las instituciones lo arreglan individualmente con su equipo jurídico”.

Ahora cambiarán las reglas.

Como forma de prevención, el documento “les da profundidad a las formas de relaciones no adecuadas para prevenir situaciones de riesgo”, explica Arias, de Audep. Establece indicaciones de conductas para los campamentos y actividades extracurriculares, así como los tipos de vínculos no permitidos. No estar a solas con un alumno (incluir testigos o, en todo caso, reunirse en un lugar vidriado), ni transportarlos en su vehículo, ni mantener una relación de amistad con este, son algunas novedades.

Por otro lado, define la responsabilidad de la institución de responder a un acto de violencia sexual sucedido en una actividad promovida por el centro entre cualquier miembro de la comunidad (alumnos, funcionarios, propietarios del instituto).

Analía Rodríguez, representante de Aidep ante la Comisión por Protocolo de Acoso Sexual, adelanta que si la institución no aplica el protocolo ante una denuncia de este tipo “deberá responder con una indemnización a la víctima”. Para aterrizar estas normas, cada centro deberá conformar un órgano competente con personal especializado en la temática. Ante la constatación del delito contra un menor, la situación será derivada al Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia Contra la Violencia.

“El primer paso es difundirlo para que no quede encajonado”, dice Sommaruga, del sindicato. “Nos va a hacer bien como sector. Es comprometerse con que no se barrerá más debajo de la alfombra”.