"No los vas a ver más”, le dijo Andrés Morosini a su expareja antes de llevarse de forma abrupta a sus hijos, Alfonsina y Francisco, de 2 y 6 años. Durante la siguiente hora y media recorrió unos 77 kilómetros hasta llegar al arroyo Don Esteban, en Soriano, donde se arrojó con el vehículo al agua. Así mató a sus dos hijos y al mismo tiempo se suicidó, en un caso que fue investigado como violencia vicaria, una de las formas más extremas de violencia de género. Aunque las muertes ocurrieron pocas horas después del secuestro, el auto permaneció sumergido a tres metros de profundidad y recién fue hallado un día más tarde, junto con los cuerpos de las víctimas.
Cuando ocurrió ese crimen el 5 de setiembre del año pasado, no se activó una Alerta Amber. Se trata de un protocolo de emergencia y un sistema de difusión rápida que se activa cuando un niño desaparece y se encuentra en inminente riesgo de sufrir daño grave, explotación o ser víctima de algún delito. En muchos países existe este sistema. En Uruguay la ley ya había sido aprobada por el Parlamento un año antes y reglamentada por decreto, pero el sistema todavía no estaba operativo.
Tampoco lo está hoy.
Una desaparición infantil se mide en minutos, no en horas, no en días. Y, paradójicamente, una herramienta pensada para ahorrar tiempo ha necesitado casi dos años para terminar de construirse.
Por estos días las autoridades están en la fase final para la implementación de la alerta, según reconstruyó El País.
¿Cómo funcionará? Si un caso reúne las condiciones previstas por la norma, la respuesta debería desencadenarse en cuestión de minutos. Todo comienza en la Unidad de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes de Interpol Uruguay, donde policías especializados -junto a psicólogos incorporados para esta tarea- analizan la denuncia, reconstruyen el entorno del niño, estudian el contexto familiar y buscan indicios de que existe un riesgo real para su vida o su integridad. Si concluyen que corresponde activar la alerta, el caso pasa de inmediato a la Fiscalía y, sin importar la hora, un juez es contactado por la vía más rápida, generalmente una llamada telefónica, para autorizar la difusión.
A partir de ese momento, cada minuto se aprovecha para multiplicar la búsqueda. La fotografía del menor y sus datos aparecen en un flyer institucional, diseñado especialmente para Alerta Amber Uruguay e identificado con elementos gráficos nacionales (entre ellos el Escudo Nacional) para evitar confusiones con alertas de otros países. En cuestión de minutos, la imagen comienza a circular de forma simultánea en medios de comunicación, las plataformas de Meta, pantallas y cartelería pública, mientras la Policía alerta a peajes, puestos de control y pasos de frontera. La intención es que, durante esas primeras horas decisivas, miles de personas pasen a formar parte de la búsqueda y cualquier ciudadano pueda convertirse en un posible testigo clave para la policía.
Nadie puede asegurar que una Alerta Amber hubiera cambiado el desenlace de aquel caso que se dio el año pasado, porque en menos de dos horas el padre de estos dos niños cometió los delitos. Sin embargo, el doble homicidio instaló una discusión que había comenzado años antes y que hoy reúne a policías, fiscales, jueces, técnicos y especialistas: cómo actuar durante las primeras horas cuando desaparece un niño y cuándo corresponde activar un mecanismo de búsqueda masiva.
El director general de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol, comisario mayor Juan Alves, dice a El País que “no hay que esperar 24 horas para hacer una denuncia”. Eso un mito que aún sigue instalado en la población, explica, y que hay que trabajar para romperlo. “No existe ningún tiempo prudencial, más si estamos ante la desaparición de un menor”, dice Alves.
Origen de la ley: diputado redactor viajó a EE.UU.
La ley surge a partir del reclamo de familiares de niños y adolescentes desaparecidos y de la necesidad de reducir los tiempos de respuesta. Así lo explica el diputado del Partido Nacional Álvaro Rodríguez Hunter, redactor del proyecto. “En algunos casos a los que tuve acceso, la comunicación había sido lenta. En un país como Uruguay, donde en dos o tres horas se puede cruzar una frontera seca, el tiempo marca la diferencia.”
Tras un viaje a Estados Unidos invitado por ese gobierno, conoció de primera mano el funcionamiento de la Alerta Amber, decidió adaptar ese modelo a la realidad uruguaya, con la ayuda de la abogada Gabriela Torres y familiares de desaparecidos, entre ellos allegados de Ignacio Susaeta.
Debate político por la implementación de la ley
La demora en la implementación es hoy motivo de discusión entre el gobierno anterior y el actual. El exministro del Interior Nicolás Martinelli asegura que la herramienta ya estaba en condiciones de aplicarse. “Estamos casi a un año de ese suceso de Soriano y todavía no se presentó ninguna reglamentación nueva”, sostiene el exministro. Las actuales autoridades responden que la eficacia de una Alerta Amber depende de algo más que una ley: exige protocolos claros y una coordinación precisa entre Policía, Fiscalía, Poder Judicial, Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) y empresas tecnológicas para que, cuando llegue el momento, el sistema funcione en cuestión de minutos. “Veinticuatro horas pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte de un menor”, dice el diputado blanco Álvaro Rodríguez Hunter, redactor de la ley que creó la Alerta Amber Uruguay.
El nombre toma como referencia el sistema creado en Estados Unidos tras el secuestro, violación y asesinato de Amber Hagerman en 1996. Una niña de 9 años, cuyo caso dio origen a un mecanismo nacional de difusión inmediata para la búsqueda de menores desaparecidos. El nombre Amber es, además, un acrónimo de America’s Missing: Broadcast Emergency Response (“Respuesta de emergencia para la difusión de personas desaparecidas en Estados Unidos”), aunque también mantiene el nombre de la niña. Ese antecedente fue el que tomó el diputado Hunter al redactar el proyecto de ley.
Durante la elaboración de la norma, Interpol propuso agregar la palabra “Uruguay” a la ley. Según explica a El País un exjerarca de esa dirección, el objetivo era evitar confusiones con alertas emitidas por Estados Unidos u otros países. Para redactar el proyecto, Rodríguez Hunter estudió legislaciones de más de una decena de países y adaptó el modelo a la realidad uruguaya. “Analicé cómo funcionaban estos sistemas en Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile e Inglaterra, entre otros”, señala a El País.
En Argentina el sistema se denomina “Alerta Sofía”, en homenaje a Sofía Herrera, la niña que desapareció en Tierra del Fuego en 2008 y nunca fue encontrada. El diputado Rodríguez Hunter optó por mantener la denominación internacional. “Elegí Alerta Amber porque es un nombre que la gente ya identifica. En ese momento estaba muy presente el caso de Madeleine McCann y el nombre Amber aparecía en todo el mundo”, dice. Descartó utilizar el nombre de una víctima uruguaya para evitar una posible revictimización de su familia.
Uno de los antecedentes más relevantes en la región ocurrió en Argentina en octubre de 2025. Tras el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, madre y abuela de su hijo, en Córdoba, Pablo Laurta, integrante del colectivo uruguayo Varones Unidos, huyó con el niño de cinco años. Las autoridades activaron la Alerta Sofía ante la sospecha de que intentara cruzar de forma ilegal hacia Uruguay mediante una balsa. La difusión masiva de la imagen del menor y del sospechoso movilizó a las fuerzas de seguridad de distintas provincias e Interpol. Más de 24 horas después, una empleada de un hotel de Gualeguaychú reconoció a Laurta y su hijo, mientras desayunaban, por ver en redes sociales la circulación de la alerta. Y es entonces que desde el hotel dieron aviso de inmediato a la Policía, lo que permitió su detención sin incidentes. El menor fue rescatado con vida. El episodio volvió a demostrar el valor de una herramienta diseñada para actuar durante las primeras horas de una desaparición de alto riesgo.
Las negociaciones y los protocolos que ya se crearon
Aunque la ley fue aprobada por unanimidad por el Parlamento a fines del período pasado, el último paso para poner en marcha el sistema llegó el 28 de febrero de 2025, el último día del gobierno de Luis Lacalle Pou. Ese día, mediante un decreto reglamentario, el Poder Ejecutivo creó la Comisión Alerta Amber Uruguay, el ámbito encargado de diseñar el protocolo que permitirá aplicar la ley.
La comisión es presidida por el Ministerio del Interior e integra representantes técnicos de diferentes organismos. Desde entonces trabaja en la definición de los procedimientos que deberán seguir todas las instituciones para que, cuando un caso reúna las condiciones previstas por la ley, la alerta pueda activarse en cuestión de minutos.
Para la representante del INAU en la comisión, Ximena Gianni, el objetivo ha sido “dotar a la ley de un protocolo que permita aplicarla con garantías”. Por eso “lo primero que hicimos fue estudiarla en profundidad, identificar aspectos que entendíamos que podían mejorarse y fortalecerla para su ejecución”, explica. Además, aclara que el trabajo del organismo no se limita a los menores bajo protección del INAU, sino que alcanza a toda la población menor de 18 años.
Ese protocolo parte de una premisa: no toda desaparición de un menor habilita una Alerta Amber. La ley reserva la herramienta para los casos en que existan elementos que permitan presumir que la desaparición está vinculada a un hecho delictivo o violento que pone en riesgo la vida o integridad del niño. Esa evaluación, que debe realizarse en poco tiempo, es uno de los aspectos más delicados de todo el sistema.
Sea que los responsables del menor desaparecido realicen la denuncia llamando al 911 o concurriendo a cualquier dependencia policial, la primera valoración queda en manos del Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes de Interpol Uruguay, donde intervienen investigadores y psicólogos especializados. Allí se analiza el contexto familiar, si alguno de los progenitores está o estuvo de alguna forma vinculado al mundo del delito, los antecedentes de violencia basada en género, conflictos por la tenencia, amenazas, medidas cautelares, el entorno social y cualquier otro indicador de riesgo antes de recomendar o no la activación de la alerta.
La abogada Ana Claudia Flieller, jefa del Departamento Jurídico de la Dirección Nacional de Investigaciones, explica que la ley exige tres requisitos simultáneos: una denuncia por la desaparición de un menor de 18 años, indicios de un riesgo inminente derivado de un hecho delictivo o violento y el consentimiento expreso de sus padres, tutor o familiar habilitado para difundir la imagen y los datos del niño. “Estamos hablando de la publicación de la imagen de un niño, niña o adolescente. Por eso necesitamos ese consentimiento informado”, señala.
Sin embargo, el comisario Alves aclara que esa autorización no implica que la alerta vaya a activarse automáticamente. “El consentimiento nos deja la autorización pronta en caso de que los técnicos determinen que existe un riesgo inminente. No tenemos que salir a buscar a la familia y eso nos permite ganar tiempo”.
Si el equipo concluye que se cumplen las condiciones, la Policía comunica de inmediato el caso a la Fiscalía. El fiscal de turno analiza el informe y, si entiende que corresponde, solicita la autorización judicial por las vías más rápidas. “Es el mismo procedimiento que se sigue en cualquier investigación penal. La Policía informa a la Fiscalía, la Fiscalía se comunica con la Justicia y el juez autoriza la activación”, resume Alves.
En Uruguay la mayoría de los reportes de desapariciones corresponden a salidas no autorizadas del INAU. Y son localizados a las pocas horas o días. Desde 2010 el Departamento de Búsqueda de Personas Ausentes abrió fichas a 1.664 niños y niñas. También a 19.693 adolescentes, según publicó El País en 2024.
Las autoridades insisten en que la Alerta Amber está pensada para situaciones excepcionales. Flieller toma como referencia el caso argentino: en un país de 46 millones de habitantes se activaron apenas diez alertas desde 2019. “Si hacemos esa relación, en Uruguay debería utilizarse en muy pocas oportunidades”, sostiene. En la misma línea, el director general de Interpol advierte que un uso indiscriminado terminaría debilitando la herramienta: “Si la usamos para todos los casos, pierde credibilidad y la población deja de prestarle atención. Tiene que reservarse para situaciones donde realmente exista un riesgo inminente”.
El diputado Rodríguez Hunter, en cambio, entiende que ante la duda es preferible activar el sistema. “Puede pasar que alguna alerta se aplique de más. Sí, puede llegar a pasar. Pero es preferible que se aplique de más y llegar a tiempo, antes que no contar con la herramienta cuando realmente se necesita”. El legislador sostiene además que la herramienta también puede resultar clave en situaciones vinculadas a intentos de suicidio de adolescentes.
Por otro lado, la propia ley también prevé la situación inversa: existen casos en los que una difusión masiva podría poner en mayor riesgo a la víctima. Por eso habilita a la Policía, la Fiscalía y la Justicia a no activar la alerta cuando entiendan que mantener la reserva favorece la investigación o protege al menor. Pueden ser casos de secuestros, donde se esté en comunicación con el secuestrador o se esté ya realizando un operativo de rescate. En cualquier escenario, las autoridades remarcan que la búsqueda nunca se detiene. Que una Alerta Amber no se active no significa que el caso pierda prioridad.
Salidas no autorizadas de hogares del INAU
Las salidas no autorizadas de adolescentes de centros del INAU fueron uno de los principales temas que abordó la comisión que se instaló. Según explicó la representante del organismo, Ximena Gianni, se trabaja en un protocolo específico para estos casos, con el objetivo de distinguir aquellas ausencias que no ameritan una Alerta Amber de las que sí podrían justificar su activación.
El director de Interpol, Juan Alves, explica que todas las denuncias deben investigarse porque detrás de algunas pueden existir delitos. Un ejemplo reciente es el de la adolescente de 16 años que murió en mayo de 2024 tras dar a luz, luego de un embarazo producto de explotación sexual. La investigación determinó que era víctima de una red de trata y había registrado 17 salidas no autorizadas de INAU.
¿Cómo será finalmente la implementación?
Ahora el proceso entra en una etapa decisiva. La comisión ya tiene prácticamente terminados los protocolos de actuación y durante estos días mantiene reuniones con Meta, empresa matriz de redes sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp, para ultimar los mecanismos de difusión. También quedó definida la ficha institucional que se utilizará cuando se active una Alerta Amber.
Ese formulario incluirá la fotografía del menor, su nombre completo, edad, sexo, el lugar donde fue visto por última vez, señas particulares, peso, estatura, color de ojos y de cabello, además de un teléfono y un correo institucional para recibir información de la ciudadanía.
En una primera etapa, la difusión se realizará a través de la página oficial de Alerta Amber Uruguay, las redes sociales institucionales, los medios de comunicación y las plataformas de Meta. Más adelante se prevé incorporar el envío de alertas directamente a los teléfonos celulares mediante tecnología broadcast.
Ese desarrollo ya comenzó, dice la ingeniera Inés Pérez, coordinadora de proyectos del Departamento de Sistemas de Tecnología de la Información de la Fiscalía General. “El broadcast a todos los celulares implica una inversión importante”, dice. “Además, hay que adaptar sistemas para la autorización judicial y la activación de las alertas. Son desarrollos que ya se están trabajando”.
La ley también prevé cuándo debe desactivarse la Alerta Amber. Esto ocurre si el menor es localizado -con vida o fallecido-, cuando transcurren 48 horas desde la activación y al cumplirse el plazo máximo de difusión de 15 días. En todos los casos, la desactivación se comunica con un aviso institucional específico, aunque la búsqueda y la investigación policial continúan.
La Alerta Amber Uruguay todavía no se estrenó. Cuando lo haga, pondrá a prueba algo más que un protocolo: la capacidad del Estado para tomar decisiones en minutos cuando cada segundo cuenta. Porque, al final, toda esta ley gira alrededor de una sola pregunta: si una imagen difundida una hora antes puede cambiar el desenlace de una historia. En una desaparición infantil el reloj nunca empieza cuando se activa una alerta: empieza mucho antes, cuando la desesperación irrumpe en una madre o un padre y se choca de golpe con la realidad de no saber dónde está su hijo.
“Fue un segundo”: casos de Alerta Sofía
Desde su creación, en marzo de 2019, el sistema Alerta Sofía se activó en diez oportunidades en Argentina. Diseñada para los casos más graves de desaparición de niños, niñas y adolescentes, la herramienta solo se utiliza cuando existe un riesgo inminente para la vida.
La activación más reciente ocurrió en junio por la desaparición de Luciana Aylén Barrios Alarcón, una adolescente de 15 años que fue vista por última vez al salir de su colegio. Tras un amplio operativo de búsqueda y la difusión masiva de su imagen, la joven fue encontrada “sana y salva”. Había permanecido desaparecida durante algo más de 24 horas. Luego de su aparición, la familia pidió preservar la privacidad del caso.
Unos meses antes, en marzo, la Alerta Sofía también se había activado por la desaparición de Esmeralda Pereyra López, un caso que conmovió especialmente por tratarse de una niña de apenas dos años que permaneció casi 22 horas desaparecida. La pequeña fue hallada con vida en un descampado, a unos 30 kilómetros de su casa, un lugar al que, según los investigadores, no habría podido llegar por sus propios medios. Su madre contó que la pérdida de contacto ocurrió en cuestión de segundos. “Yo la había cambiado, le había sacado el pañal. Fue en un segundo que me arrebataron a mi hija”, relató. También explicó que la puerta del patio estaba abierta porque su madre estaba lavando ropa y que desconoce si la niña salió por allí o por la puerta principal.
Durante la búsqueda, la mujer manifestó sospechas sobre un circo que se había retirado de la zona ese mismo día. Tras el hallazgo de la niña, la fiscalía continuó investigando distintas hipótesis. La causa continúa abierta.
El caso que marcó un antes y un después fue el de Loan Peña. El niño de cinco años desapareció el 13 de junio de 2024 en la provincia de Corrientes, y su búsqueda derivó en una de las investigaciones más impactantes de los últimos años en Argentina. La activación de la Alerta Sofía, que ocurrió 23 horas después de que se denunciara su desaparición, generó cuestionamientos sobre la rapidez del protocolo. A más de dos años de su desaparición, Loan continúa sin ser encontrado.
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