¿Iguales ante la Ley?

Según datos del primer semestre de 2026 aportados por el Ministerio del Interior, a través de los reportes del Área de Estadística y Criminología Aplicada a nivel nacional, se registraron 21.434 denuncias por violencia doméstica y asociados, entre enero y junio de este año. La cifra demuestra una leve baja de un 1,1 por ciento respecto al mismo período del año anterior. Montevideo concentra entre el 35 y 40 por ciento de este volumen de denuncias, lo que se atribuye a la densidad demográfica.

La violencia basada en género es una problemática crítica que exige una respuesta de máxima responsabilidad, empatía y rigurosidad profesional, ya que están en riesgo la salud emocional, la integridad física, e incluso la vida de las personas afectadas; en eso hay consenso.

Con la promulgación de la Ley 19.580, en 2017, se procuró estructurar un abordaje efectivo de esta situación. Es más, la normativa marcó un hito, puesto que se pasó de un enfoque estrictamente penal o centrado en el ámbito doméstico, a un marco de protección integral, que abarca prevención, atención, sanción y reparación. Sin embargo, hay sectores que proponen cambios en la ley, pues consideran necesario reforzar las garantías procesales de las personas acusadas; modificar aspectos vinculados a la valoración de testimonios y prueba pericial; y sancionar las denuncias falsas o la simulación de delitos que lamentablemente existen y generan graves perjuicios para quienes las sufren. Asimismo, críticos de la ley señalan que nociones como la relación desigual de poder en base al género, provienen del ámbito de las ciencias sociales y no están definidas concretamente en el texto legal, lo que según el entender de ciertos juristas genera dificultades o subjetividades en la aplicación judicial.

Consultada la doctora Gianina Pastorini Llambías, del Estudio GPL Abogados, especializada en Derecho de Familia, la profesional comienza la conversación explicando que existen pocas situaciones judiciales que produzcan tanta angustia e incertidumbre como recibir la noticia de una denuncia por violencia basada en género. “En cuestión de horas, un hombre puede verse obligado a retirarse de su hogar, a no acercarse a su expareja, y en muchos casos, a dejar de ver a sus hijos por un tiempo. Estas consecuencias responden a una lógica legítima: el sistema está diseñado para actuar rápido, porque en materia de violencia la demora puede costar vidas”, resume la abogada.

La especialista comparte que el proceso comienza con una noticia o sospecha de violencia, que no necesariamente proviene de la propia víctima. “Un vecino, un familiar o un amigo pueden ponerla en conocimiento de la autoridad, ya sea concurriendo a una comisaría o con el patrocinio de un abogado, presentándose ante el Juzgado de Familia Especializado. Desde ese instante, el sistema queda obligado a adoptar de inmediato las medidas de protección que la situación reclame”, describe.

“Guiado por la urgencia, el Juez pondera la gravedad de los hechos, su reiteración y los antecedentes que existan. En función de ello dispone las primeras medidas y convoca a las partes a una audiencia que deberá celebrarse dentro de las siguientes 72 horas, y que él mismo está obligado a presidir, bajo pena de nulidad. Mientras tanto, el equipo técnico del juzgado entrevista a los involucrados y elabora un informe de valoración del riesgo existente entre ellos, que llegará a manos del Magistrado antes de que se abra la audiencia”.

La doctora Pastorini advierte que la citación que recibe el denunciado trae consigo una obligación que no admite excusas. Si la persona se niega a comparecer, puede ser conducida por la fuerza pública, y aun si no se presenta, la audiencia se celebra de todos modos. “El tribunal resuelve sin haber oído su versión. Por esa razón, desde el ejercicio profesional no sugerimos en ningún caso dejar de concurrir, ya que la incomparecencia solo priva al denunciado de la oportunidad de ser escuchado”.

Llegado el día de la audiencia, y contrario a lo que el público imagina, no existe confrontación alguna entre las partes; estas no se encuentran ni se ven puesto que cada una brinda su declaración por separado. La abogada detalla que tampoco hay espacio para negociaciones, dado que en esta materia la ley prohíbe expresamente la mediación y la conciliación, en el entendido de que lo que se persigue no es un acuerdo sino la protección de quien se encuentra en riesgo. “Reunidos todos los elementos, y siempre que se acredite que un derecho fundamental está vulnerado o amenazado, el Juez debe disponer en forma fundada las medidas cautelares de protección que correspondan. Ese abanico comprende, entre otras, la prohibición de acercamiento y comunicación con la víctima, el uso de una tobillera electrónica, la entrega de armas y la prohibición de portarlas, el retiro del hogar, la asistencia a un programa de rehabilitación y la restricción en la disposición de los bienes comunes. Las prohibiciones de acercamiento y comunicación se extienden por un mínimo de seis meses, sin perjuicio de que puedan modificarse, prorrogarse o cesar antes, si las circunstancias así lo justifican. Antes de su vencimiento, el Tribunal vuelve a reunir a las partes en la denominada audiencia evaluatoria, donde resuelve si las medidas se mantienen, se sustituyen o llegan a su fin, teniendo presente si existieron nuevos hechos de violencia o incumplimientos de las medidas dispuestas”.

Pastorini advierte que cuando hay hijos de por medio, la resolución no puede limitarse a los adultos. El Juez debe pronunciarse también, con carácter provisorio, sobre la pensión alimenticia, la tenencia y la eventual suspensión de las visitas del denunciado. Esas visitas podrán reanudarse transcurridos al menos tres meses, siempre y cuando no se hayan reiterado hechos, y habiéndose cumplido lo ordenado. Asimismo, pueden habilitarse bajo supervisión antes del tiempo estipulado, en situaciones excepcionales. Este aspecto, advierte la profesional, fue matizado a favor del denunciado por la reciente Ley 20.141 de corresponsabilidad en la crianza.

“Atraviesa todo el proceso una advertencia que no debe perderse de vista: el incumplimiento de lo dispuesto por el juez configura el delito de desacato. Aun cuando el denunciado considere injusta una medida, el camino es impugnarla ante el juzgado y nunca desobedecerla”.

–¿Qué garantías tiene hoy un denunciado?
–Si bien la Ley 19.580 se enfoca en la protección de la víctima, no suprime el debido proceso. La primera garantía que conviene tener presente es que las medidas cautelares no equivalen a una condena, ya que el proceso de protección busca prevenir un daño, y no declarar responsabilidad penal. La eventual imputación de un delito se tramita por separado ante la Fiscalía, donde rigen plenamente la presunción de inocencia, la responsabilidad de probar ese delito por parte de la Fiscalía y el derecho a una defensa.

En la audiencia, el denunciado tiene derecho a ser oído, asistido por un abogado de su confianza o por la Defensoría Pública.

Puede ofrecer prueba y controvertir la que a su vez se presente en su contra, incluido el informe de riesgo. Tiene derecho a obtener del Juez una decisión fundada, que de no ajustarse a derecho, puede apelar ante el Tribunal de Apelaciones que corresponda. La ley no consagra una presunción automática de veracidad de la denuncia como tampoco invierte la carga de la prueba, sino que exige una valoración racional y libre de estereotipos. Las medidas se fijan por un plazo determinado, pueden modificarse o cesar y deben revisarse en la audiencia evaluatoria. Además, si los hechos notoriamente no constituyen violencia, el Juez debe remitir el asunto al tribunal competente. Con todo, la doctrina crítica ha cuestionado aspectos como la interpretación más favorable a la mujer en caso de duda, la prohibición de medidas recíprocas y la imposibilidad del denunciado de pedir el diagnóstico complementario, puntos que han alimentado el debate legislativo reciente. Cuando hay hijos, la Ley 20.141 incorporó el artículo 35 BIS al Código de la Niñez y la Adolescencia. Esa norma obliga al Juzgado de urgencia a designar un defensor para los niños y a no alterar el régimen de tenencia o visitas vigente salvo que su interés superior lo exija. También reserva al Juzgado de Familia la posibilidad de suspender las visitas solo ante un riesgo para el niño, en forma transitoria y revisable, y dispone que aún con medidas cautelares, debe procurarse que el vínculo se mantenga mediante modalidades protegidas.

La convivencia de ambas normas genera cierta tensión. Mientras la Ley 19.580 pone el acento en la suspensión de las visitas, el artículo 35 BIS privilegia la continuidad del vínculo salvo que exista riesgo, y los tribunales resuelven ese problema caso a caso bajo un mismo criterio rector, que no es otro que el interés superior del niño.

–Existen reclamos de los padres que teniendo un régimen de tenencia o visitas acordado, no se cumple. ¿Qué opciones tiene usted para hacerlo efectivo?
–Frente a un incumplimiento de un régimen de comunicación y/o visitas, el perjudicado debe comparecer en el expediente de violencia de género o doméstica a intimar el cumplimiento de las visitas. Previamente, recomendamos acudir a la seccional policial más cercana del domicilio del niño a denunciar dicha situación. En ese momento, la autoridad policial concurrirá al domicilio de la denunciada o denunciado a efectos de notificarlo. Luego por medio del Juzgado de Familia Especializada, se la intimará y citará a efectos de que informe el motivo del incumplimiento bajo apercibimiento de tomar medidas que se encuentran dispuestas en los Arts. 40, 43 y 44 del CNA.

–Entre la norma y la realidad, ¿qué sucede?
–Todo lo expuesto describe cómo debería funcionar el sistema, pero en la práctica, la realidad suele ser otra. Una vez que el aparato judicial se activa, la respuesta inicial es prácticamente la misma ya sea por una denuncia fundada, por un hecho efectivamente violento o por una denuncia que busca obtener por esta vía, más ágil y rápida, lo que debería discutirse en otro proceso. Según se reconoce en los propios ámbitos judiciales, el volumen de denuncias que ingresa cada día hace imposible discriminar entre unas y otras, y la ley, en esta etapa urgente, tampoco lo exige, por lo que las medidas se adoptan casi de forma automática. El problema es que las consecuencias y los agravios son idénticos para todos, y el denunciado que nada hizo, carga con el mismo peso que quien ejerció violencia. De un día para otro se ve obligado a abandonar su hogar y a dejar de ver a sus hijos durante meses mientras el vínculo se deteriora. Debe soportar las miradas y los rumores que corren por el barrio, la familia, el club o las redes sociales, y enfrentar la desconfianza de compañeros y empleadores, que en ciertas actividades puede derivar en la pérdida del trabajo. A todo ello se suman los costos económicos de afrontar honorarios, un nuevo alquiler y una pensión provisoria, además del desgaste emocional que implica atravesar un proceso de estas características. Aun cuando la causa termine archivada, el estigma social no se levanta con la misma rapidez con que se dispusieron las medidas. Nada de esto supone desconocer la necesidad de proteger con urgencia a quienes realmente están en riesgo, sino advertir que un sistema incapaz de distinguir entre situaciones tan diversas termina generando nuevas víctimas. Por eso, el desafío pendiente es dotar a los Juzgados de los recursos necesarios para que la rapidez de la respuesta no se convierta en sinónimo de injusticia.

Pablo Rivara.

–¿Qué sucede con las denuncias falsas?
–La Ley 19.580 se conforma con la verosimilitud del hecho denunciado, para poner en marcha el sistema de medidas cautelares de protección, y para eximir de responsabilidad a quien denuncia. Esto significa que no se exige prueba concluyente de los hechos, sino que alcanza con que el relato resulte coherente, razonable y posible, es decir, que tenga apariencia de verdad. La ley, sin embargo, guarda silencio sobre las consecuencias de la denuncia falsa, ya que no establece un delito propio. La sanción debe buscarse entonces en el Código Penal, cuyo artículo 179 castiga con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría a quien denuncia a sabiendas un hecho que no ocurrió o simula sus indicios. A esa norma general se sumó en 2023, por obra de la Ley 20.141, el artículo 179 BIS, que agrava la pena cuando la denuncia se dirige contra la persona con quien se tienen hijos en común y da lugar a medidas cautelares bajo las leyes de violencia. Corresponde distinguir con claridad entre la denuncia falsa, que es delito, y la que simplemente no logra probarse o termina archivada, que no lo es. Las condenas por falsedad son escasas: un relevamiento de la Universidad CLAEH sobre los expedientes iniciados entre 2021 y 2023 encontró solo dos vinculados a violencia de género, y ambos terminaron en condena. Aun así, esas condenas existen, y una de las más notorias se conoció en 2026, cuando una mujer fue condenada por haber denunciado falsamente a su expareja por abuso sexual y la tobillera electrónica que él portaba sirvió para demostrar que no había estado en el lugar. El caso muestra que el sistema tiene herramientas para detectar la falsedad, pero también confirma lo que advierten quienes impulsan reformas: el daño a la vida familiar, laboral y social del denunciado queda hecho mucho antes de que se pruebe su inocencia.

–¿Hay iniciativas parlamentarias para remediar ese daño?
–En mayo de 2024, el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto en el que proponía modificar cuatro artículos de la Ley 19.580. Se buscaba aclarar que la interpretación más favorable a la mujer no puede debilitar el debido proceso ni las reglas de valoración de la prueba; reformular esa valoración bajo los parámetros de la sana crítica y el derecho de defensa, y remitir expresamente a la calumnia y simulación de delito frente a las denuncias falsas. La iniciativa contó con el respaldo de la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay y el rechazo de la oposición del Gobierno y de organizaciones feministas. Hasta el momento el texto de dichos artículos no ha sido modificado en la base de IMPO. En sentido inverso, luego de un caso de alta conmoción pública ocurrido en setiembre de 2025, legisladores del Frente Amplio plantearon derogar la Ley 20.141 (Ley de Corresponsabilidad en la Crianza). La propuesta encontró la resistencia de la oposición y hasta la fecha no ha prosperado, por lo que la ley continúa vigente.

–¿Qué se aconseja a un denunciado?
–La primera y más importante recomendación es comparecer siempre a la audiencia y hacerlo asistido por un abogado, ya que la ausencia no detiene el proceso y lo priva de su única oportunidad inmediata de ser oído. A ello debe sumarse el cumplimiento estricto de las medidas dispuestas, aun de aquellas que considere injustas, absteniéndose de contactar a la denunciante por cualquier medio, incluso a través de terceros o de redes sociales. El incumplimiento de estas medidas configura un delito y deteriora cualquier defensa posterior. Resulta igualmente fundamental preservar y aportar la prueba disponible, como mensajes, correos, testigos o registros que permitan contextualizar los hechos, cuidando siempre que su obtención haya sido lícita. También conviene controlar que la resolución esté debidamente fundada, y si corresponde, apelarla en tiempo y forma. Cuando hay hijos de por medio, es importante verificar que se haya designado un defensor del niño, invocar el artículo 35 BIS del Código de la Niñez y la Adolescencia, y cuando proceda, requerir la intervención del Juzgado de Familia y la remisión de los testimonios correspondientes. Por último, el denunciado puede solicitar la revisión de las medidas cuando cambien las circunstancias, y debe prepararse adecuadamente para la audiencia evaluatoria. La eventual denuncia por calumnia y simulación de delito debe evaluarse con prudencia y reservarse para aquellos casos en que existan elementos sólidos de falsedad dolosa, y no para el mero archivo de la causa o la falta de prueba.

–Después de años de ejercicio del derecho, ¿qué reflexión le merece esta situación que genera tanta polémica y división en la sociedad?
–Proteger con eficacia a las víctimas y garantizar el debido proceso al denunciado no son objetivos opuestos, sino condiciones igualmente necesarias para la legitimidad del sistema de justicia. En ese sentido, la normativa uruguaya ofrece al varón denunciado herramientas reales de defensa, como la audiencia, la asistencia letrada, la exigencia de fundamentación, los recursos, la revisión de las medidas, y desde 2023, reglas específicas para preservar el vínculo con sus hijos. Aun así, persisten zonas de tensión que el debate legislativo todavía no ha resuelto, de modo que conocer esas herramientas y ejercerlas con responsabilidad constituye en definitiva, la mejor protección. Somos conscientes de que se trata de un tema delicado, en el que cada palabra pesa y detrás de cada expediente hay personas que sufren. Por eso queremos dejar en claro que en nuestro ejercicio profesional defendemos a ambos lados, a quienes padecen la violencia y a quienes son denunciados, convencidos de que la protección de unos y las garantías de otros no se excluyen. Pocos se animan a decirlo en voz alta, pero lo que aquí planteamos es algo que una gran mayoría de los operadores del derecho comenta en voz baja en los pasillos de los juzgados. Creemos que llegó el momento de hablarlo abiertamente, con responsabilidad y sin miedo, porque solo así será posible construir un sistema que proteja de verdad, sin dejar a nadie fuera de la justicia.