LA CLAVE
La decisión judicial de imponer el pago de una cifra millonaria al Estado en favor de los familiares de los presos muertos en un incendio en la cárcel de Rocha, es tardía pero justa. Se trata de una de las peores tragedias que ha vivido el sistema carcelario en el país. El fallo confirma que las autoridades del Ministerio del Interior de la época tuvieron información suficiente para prevenirla. Pese a eso, no solo ocurrió, sino que no hubo responsabilidades políticas. Una vergüenza mayúscula para el país.
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