En medio de un conflicto sangriento en el puerto de Montevideo, que está costando y costará millones a todo el país, el gobierno hizo lo que suele hacer. Un decreto a medio camino, que no soluciona el problema ni deja contento a nadie. Ni a la empresa, ni al sindicato... Pero mucho menos al país, que sigue viendo cómo un grupo de activistas radicales puede tener a toda la economía nacional de rehén, mientras negocia condiciones de extremo privilegio para ellos solos.
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