¿Y si cumplimos la Constitución?

El caso del asesor del asesor del edil Gonzalo Gómez tuvo una derivación inesperada luego de la conferencia de prensa en que explicó sus funciones. El centro del asunto estaba en el vínculo de Pablo Leiva con el narcotráfico pero, súbitamente, paso a estar en las curiosas funciones que cumplen los asesores de los ediles, que ahora parece, muchos conocían.

En cada departamento la situación es distinta, por lo que vamos a centrarnos en Montevideo que es la que luce más borrascosa. Los curules cuentan con una partida de unos $260.000 que permite contratar hasta 5 asesores, a lo que se suman cuatro pases en comisión, vale decir, empleados públicos que dejan de cumplir funciones en su oficina y pasarían a desempeñarse en la junta departamental. Adicionalmente tienen otros beneficios, como cientos de boletos, pero concentrémonos en lo fundamental.

Un edil montevideano tendría entonces un equipo de nueve personas para asesorarlo, cifra que superaría incluso la de la mayoría de los diputados y senadores. Dado que los despachos de la junta departamental son aptos para dos personas con viento a favor cabe preguntarse que funciones cumplen estas personas. A juzgar por las declaraciones de los ediles Gómez y Kruse varios no cumplen funciona alguna, al menos ninguna función clara.

Varios politólogos, exediles y otras personas con conocimiento del asunto han expresado con claridad que en varios casos, ciertamente no pueden ser todos (queremos creer), el monto fijado para los cinco asesores es el apropiado para que no paguen IRPF y luego le devuelven el dinero al edil o lo vuelcan a su organización política, partido, sector o lista. De esta forma, con un mecanismo espurio se está violando la Constitución que a texto expreso señala que los ediles son honorarios. Más aún, podría haber severos inconvenientes de distinto tipo, comenzando por los tributarios.

Se ha discutido por estos días que la función de los ediles debería ser paga, lo cuál es una discusión legítima, pero que forma parte valoraciones normativas, el deber ser. El ser, lo positivo, es que la Constitución dice que son honorarios y, por lo tanto, hasta que se reforme la Constitución deben serlo, salvo que queramos transitar por el fino pretil de decidir en que asuntos debe respetarse la Carta Magna y en cuales no.

Es notorio además que los ediles no necesitan nueve asesores y de hecho sería muy difícil que los juntara, salvo para jugar un partido de fútbol 5. Lo que podría admitirse, dentro del espíritu de respetar la norma, es que se reintegren gastos en que incurran en sus funciones, pero contra recibos y fundamentaciones claras, no como un ingreso personal o partidario.

En tiempos en que el descrédito en la política avanza rápido varios políticos de nuestro país no parecen ser contestes de esta situación. La supervivencia de nuestros partidos políticos, nuestros casi bicentenarios partidos fundacionales y el Frente Amplio que ha pasado el medio siglo, merece un esfuerzo consciente por no generar situaciones en que la gente se indigna con razón sobre los excesos de la política.

El asunto demanda acciones concretas y ciertamente de acuerdo entre los distintos partidos que integran la junta departamental. Debe llegarse a un nuevo acuerdo de retribuciones que cumpla la Constitución efectivamente y que le demuestre a la ciudadanía que la política puede mejorarse a sí misma respondiendo a los estándares que los políticos le exigen a través de leyes y decretos a todos los ciudadanos.

Si quiere promoverse una reforma constitucional para que los ediles pasen a ser rentados es bienvenida, pero parece claro que en el actual estado de opinión pocas personas van a votar en favor de aumentar los ingresos de los políticos. Lo que están en juego es mucho más importante que el tipo de ingresos que pueden tener los ediles, es el respeto a la Constitución y la valoración de la actividad política como un llamado noble que procura el bien común.

Sabemos afortunadamente que en nuestro país la enorme mayoría de los políticos son personas vocacionales y honestas, que realizan un esfuerzo denodado por representar de la mejor manera posible a la ciudadanía. Este episodio, por lo tanto, debe abrir una posibilidad de demostrarlo.

Si se barre para abajo de la alfombra sólo se fomentará la antipolítica, la demagogia, los discursos exacerbados contra los políticos y nada bueno puede salir de allí. Los partidos políticos tienen la palabra, y no pueden callar por mucho más tiempo.