Treinta años de la Constitución

Esta semana se cumplirán 30 años de la aprobación legislativa del proyecto de reforma constitucional que modificó las reglas de juego electorales que nos habíamos dado en 1966. De esta manera, esta Constitución que fue plebiscitada favorablemente en diciembre de 1996, se ha transformado en la segunda más longeva de nuestra historia, detrás de la primera de 1830.

Esa longevidad tiene un par de explicaciones muy claras. En primer lugar, se trató de una reforma profunda que ordenó la vida partidaria y dio mucha estabilidad a nuestro sistema democrático. En efecto, la sucesión de citas electorales que tenemos cada cinco años, internas, nacionales, balotaje y departamentales, por un lado desgasta enormemente el debate político. Pero, por otro lado, permite que los partidos se organicen y presenten a la ciudadanía propuestas claras y coherentes, y que los temas nacionales sean valorados sin la interferencia de las cuestiones departamentales.

También, los departamentos pudieron dar importancia a sus instancias de decisiones locales dando protagonismo propio a sus elecciones en mayo y, por supuesto, la cita del balotaje puso foco en las cualidades específicas que debe tener el presidente para gobernar. No es casualidad, en este sentido, que en estos treinta años los gobiernos departamentales hayan tomado mayor peso político, y que los presidentes electos tengan a su vez responsabilidades políticas mayores que los que habían ganado las elecciones antes de 1996: es que los presidentes son, desde esa fecha, electos por mayoría absoluta de votos.

En segundo lugar, la longevidad de esta Constitución responde a la dificultad que hubo hace treinta años para lograr las mayorías para que se aprobara el proyecto. En efecto, el Frente Amplio (FA) puso condiciones muy altas -por ejemplo, limitar las candidaturas a intendente por lema- que los demás partidos aceptaron con el objetivo de que el proyecto saliera aprobado por un enorme consenso partidista. Lejos de cumplir con una negociación de buena fe que reconociera la gran cantidad de objetivos izquierdistas obtenidos en todo el proceso, el FA terminó votando en contra del proyecto en el Parlamento. Luego, inició una campaña llena de mentiras de cara al plebiscito de diciembre.

Con este antecedente es claro que los partidos tradicionales pasaron a pensar diez veces antes de incluir cualquier cambio en lo aprobado en 1996. Algunos de esos cambios, como por ejemplo la habilitación de la acumulación por sublema en Diputados, serían muy positivos para la dinámica de las agrupaciones partidarias, que son las que movilizan el alma ciudadana en cada instancia de voto. Empero, ninguno de ellos logró ser tan convincente como para arriesgar la posibilidad de que la izquierda terminara haciendo lo mismo que en 1995-1996, es decir, que negociara acuerdos que le favorecieran para después contrariarlos ante la opinión pública. Todo el mundo ha preferido entonces dejar el texto tal como está.

En estos días, con lo ocurrido en la Junta Departamental de Montevideo, se han despertado iniciativas de reformas que podrían incluir, por ejemplo, la remuneración a los ediles. El problema, como para el caso de los sublemas para Diputados, es que abrir la Constitución a reformas puede traer consigo iniciativas muy perniciosas. Si, por desventura, una parte de la izquierda intentara integrar allí el voto de los uruguayos en el exterior, por ejemplo, rompiendo así con un equilibrio de poderes que da protagonismo a la Corte Electoral desde hace un siglo en todo lo que refiere a los temas de elecciones, el país entero se expondría a un enorme retroceso de su calidad democrática institucional.

Así las cosas, las reglas de juego de la Constitución de 1996 llegaron para quedarse. Imponen con su lógica de balotaje una polarización que se ha ido afianzando en estas décadas, en torno al amplio espectro de izquierdas reunidas en el FA por un lado y por otro lado en torno a la Coalición Republicana que, más allá de su forma de comparecencia electoral, es claro que tiene a blancos y a colorados como sus principales protagonistas. Ella gobernó en dos períodos en este siglo XXI: con Batlle y con Lacalle Pou.

Con estas reglas el desafío que nuestra democracia tiene es el de hacer respetar la voluntad popular. Por ejemplo, si existe una mayoría en octubre que claramente no es frenteamplista, como ocurrió en 2024, que eso no se traduzca por una mayoría del FA en el Senado como pasó ese año. Es una tarea muy importante de cara a 2029.