Editorial

Lo que está mal de la "ley trans"

Más allá del tema de fondo, su justicia o pertinencia, todo el debate en torno a esta norma muestra lo que funciona mal de nuestro sistema político. Y que puede tener consecuencias nefastas a futuro.

El derecho a ser". Así titulaba La Diaria su edición de ayer, en lo que se buscaba un tono de festejo por la aprobación de la llamada "ley trans". Ese título refleja un error básico que tiene mucha gente bien intencionada sobre como funciona un sistema liberal democrático. Y en general el debate sobre el tema, deja en evidencia una serie de vicios importantes que padece nuestro sistema político desde hace tres períodos, y que representa una seria amenaza a futuro para el clima de convivencia.

Sobre lo primero, resulta asombroso que alguien crea que una ley puede otorgar a alguien el derecho a "ser". Ni siquiera cuando hablamos de opciones de tipo sexual. No vamos a narrar toda la evolución política occidental de los últimos cuatro siglos, pero las leyes y hasta la Constitución no crean derechos como a la vida o a la libertad individual, simplemente los reconocen como algo preexistente, y obligan a los estados nacionales a respetarlos y a hacerlos respetar.

Esto es algo que no es materia de discusión, salvo entre quienes tienen una formación marxista, y que desconocen la calidad suprema de la libertad personal, entre lo que figura el derecho de cada uno a hacer con su vida lo que guste, en tanto no perjudique a terceros. Es por ello que de ese nicho provienen todos estos debates estériles y polarizantes. De la misma forma que hace apenas medio siglo para un dirigente comunista era normal enviar a un homosexual a un campo de reeducación, hoy se cree que hace falta una ley para que alguien pueda "ser".

Ahora bien, al menos por el espíritu de lo que han dicho sus impulsores, esta ley buscaría mejorar la calidad de vida de un grupo especialmente vulnerable de la sociedad. ¿Quién se puede oponer a eso? Nadie. ¿Por qué entonces hay tanta polémica? Por lo siguiente.

Si la intención real fuera la que se dice, el camino racional hubiera sido que algún legislador sensibilizado por esta problemática se hubiera plantado en la comisión legislativa del caso y hubiera dicho "muchachos, me preocupa lo que está pasando con este grupo de uruguayos que no pueden realizarse como los demás por esto, por esto y por esto". "Ok", le dirían sus compañeros de comisión, "¿qué podemos hacer para ayudar?". "Podemos hacer tal y cual". "Mirá, esto me hace ruido, ¿qué te parece si vamos por este otro lado?". Así se llegaría a una solución que dejara a todos contentos. Así funciona una democracia.

Lo que pasó fue bien distinto. Aterriza en el Parlamento un proyecto redactado por algún lobby vinculado al Mides, 20 artículos de los cuales 3/4 partes son simplemente declarativos y mal escritos, donde la gran solución es: subsidios y empleos en el estado. Y donde la frutilla de la torta era que los menores se podían cambiar de sexo sin permiso de los padres, citando para ello un artículo del código civil sobre matrimonio. Como si uno se pudiera divorciar de su cambio de sexo. Además, por supuesto, implica que los subsidios los manejará el Mides, en vez del BPS como sería natural, agrandando la torta de recursos que manejará el club político que es esa cartera.

Quienes conocen el tema señalan que este grupo tiene dos problemas centrales: se van de sus hogares a temprana edad al sentir rechazo, y son discriminados en cuestiones laborales. Para eso la ley no da solución. ¿No sería mejor financiar centros donde puedan ir transitoriamente a vivir y ser apoyados? ¿No sería mejor desarrollar en el ministerio de Trabajo una repartición encargada de supervisar que no sean discriminados? Nada de eso hay en la ley.

La verdad es que los propios legisladores que la votaron saben que buena parte de lo que allí se dice, nunca se va a cumplir. Como no se cumplen las cuotas votadas en otras leyes, ni la ley de accesibilidad, ni tanta otra norma votada en fervores de este tipo. Las leyes, pocas y buenas, dice el proverbio. Acá, nuestros legisladores creen que van a cambiar el mundo votando leyes todos los días. Aunque después nadie las cumpla.

Pero hay algo más grave. Tanto en el debate, como en el espíritu mismo de la ley, existe una intención política. Lo que se busca es embretar a la oposición en un dilema existencial: o apoyás esta ley 100%, o si tenés el mínimo reparo, sos un homofóbico antiderechos. Todo el debate se plantea en esos términos excluyentes. Para luego, en base a mayorías de mano de yeso, atropellar a cualquier matiz, y votar la ley tal y como la redactó el lobby y el Mides. La consecuencia es que un sector grande de la sociedad se siente avasallado por un grupo de activistas. Y así es como se empiezan a generar las reacciones, que después terminan en fenómenos políticos como los que vemos en países vecinos.

Hay que tenerlo claro.

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