Editorial

Mientras los uruguayos seguimos pagando el combustible más caro de la región para tapar los agujeros en la gestión de Ancap, otro tipo de pérdidas revelaron que el ente también padece problemas en otras áreas claves de su funcionamiento.

Tenemos que aprender la lección, hay que ver cómo mejoramos la comunicación entre todas las partes que tenemos responsabilidad en esto”. La frase pertenece a Juan Gómez, director de Ancap, cuando en 2015 un derrame de 200 mil litros de gasoil en el río Uruguay, junto a la toma que usa OSE para el agua potable de Paysandú, recién salió a luz cuando los sanduceros abrieron la canilla para sacar agua para el mate. Cuatro años después, parece que no se aprendió nada.

Es que la foto del inicio del verano no fueron las largas colas para cruzar el puente de Fray Bentos, ni las playas llenas de turistas. La imagen excluyente fue la de un sacrificado buzo de la armada, completamente empetrolado, mientras intentaba reparar un manguerón roto en la boya de José Ignacio, que según información oficial derramó seis mil litros de combustible en la zona más cotizada y frágil de la costa este del país. La imagen sirvió para ratificar la utilidad y el esfuerzo de nuestra nunca bien reconocida Armada Nacional (esa a la que se le retacea hasta el combustible para controlar las aguas territoriales), y para revivir la inquietud por la ubicación y el mantenimiento de la boya petrolera.

La comunicación inicial del ente monopólico fue pobre y confusa. Justo en el inicio de una temporada que ya lucía complicada, y cuando más se necesitaba claridad. Al punto que la presidenta de Ancap, Marta Jara, fue convocada al Parlamento por la oposición para que aclarara una cantidad de dudas que habían quedado sin responder. Las respuestas de Jara estuvieron lejos de satisfacer a la senadora Carol Aviaga, quien afirmó que “esperaba más”, que “no se dieron explicaciones reales” de la operativa ni de las medidas que se iban a tomar para evitar que el hecho se repitiera. “En verdad, no nos querían contestar ninguna pregunta. Queremos que se reconozca las falencias que tiene Ancap respecto a la boya José Ignacio. Mientras lo sigan negando, no se mejora”, dijo la senadora.

Y los hechos parecen darle la razón. El 1° de febrero, un nuevo incidente en la boya generó titulares. Mientras se procedía a la descarga del buque petrolero Nordic Grace se constató que había una pérdida en una válvula. De nuevo, la Armada fue llamada al lugar a apagar el incendio. Y la presidenta de Ancap, Marta Jara, en vez de llamar a una conferencia de prensa e informar al detalle lo ocurrido, el impacto, y explicar si es normal esta seguidilla de incidentes, optó por usar las redes sociales para mostrar unas fotos tomadas por la Armada, y apresurarse a afirmar desde su despacho capitalino que “No hubo impacto”.

A diferencia de eso, El País envió a un fotógrafo experimentado al lugar, dos días seguidos, quien tomó unas fotos que muestran algunas manchas en la costa, y que acompañaron una recatada nota titulada “Derrame de crudo en la boya de José Ignacio ya fue controlado según Ancap”. Un titular que, para ser autocríticos, es bastante complaciente con el organismo público, y que estuvo lejos de buscar ningún tipo de sensacionalismo, en un momento en que la temporada turística no requiere más golpes.

Sin embargo, la señora Jara se lo tomó a mal. Y usó de nuevo sus redes sociales para disfrazarse de Donald Trump y salir a agraviar a El País, señalando que las fotos no eran del día en cuestión, y que se estaba “desinformando”. De nuevo, una dosis de mala fe importante de la jerarca, ya que las fotos eran del día en cuestión, tomadas por Ricardo Figueredo, un profesional de intachable reputación.

Lejos de reaccionar ante esto, y pese a que sus palabras lanzaron contra el diario al típico grupo de resentidos y sabelotodos que vegetan en las redes esperando cualquier señal para ventilar sus problemas emocionales, Jara ni se rectificó, ni pidió disculpas. Tampoco creyó oportuno salir a explicar a la sociedad qué es lo que está pasando en la boya, ni qué medidas se tomarán para evitar que siga pasando este tipo de cosas.

Se trata de un problema, y volvemos aquí a lo ocurrido en Paysandú, o a lo que acaba de pasar con el agua de OSE en la Costa de Oro, o con UTE y el embalse en Rincón del Bonete, que parece ser congénito en nuestra elite dirigente de las empresas públicas. No está claro si es un tema de protocolos, de burocracia interna, o de soberbia de quienes están transitoriamente a cargo de activos que pertenecen a todos los uruguayos. Pero existe un tendencia al secretismo, a tapar los errores, a despreciar al ciudadano y su capacidad y derecho a contar con información veraz y realista, que llega a dar miedo. Por no mencionar el desprecio con la prensa cuando cumple con su función de controlar la forma en que manejan los recursos públicos. Por lo visto, la lección sigue sin aprenderse.