La noticia de la semana, indudablemente, ha sido la renuncia del Ministro de Ambiente Adrían Peña, líder del grupo político Ciudadanos y una figura relevante de nuestro sistema político, a partir del equívoco generado con su título universitario. Lamentablemente la inauguración de obras importantes para el país pasaron más desapercibidas y afortunadamente para la sensatez nacional también pasaron abajo del radar los intentos de reflotar el affaire Astesiano desde publicaciones militantes diarias y pseudoperiodistas radiales y televisivos.

Lo cierto es que cuando el jueves se dio a conocer que Adrián Peña no contaba con el título de Licenciado en Administración de Empresas se desencadenó un proceso cuyo fin no parecía presagiable en una primera instancia. Las explicaciones brindadas por Peña respecto a que había completado las materias y la tesis de la carrera, disculpándose por haberse presentado con ese titulo en el pasado, parecieron suficientes. Durante el fin de semana un detalle complicó las cosas. Filtraciones de información personal de un alumno desde la Universidad Católica del Uruguay hicieron público que a Peña le faltaba un curso de una semana para completar su título.

Seguramente si esa hubiera sido su explicación el jueves o el viernes cuando se conoció la noticia el tema no hubiera pasado a mayores, pero al afirmar que tenía las condiciones para obtener el título el asunto se entreveró en el fin de semana cuando apareció la noticia de que debía un curso corto. Estamos ante uno de esos casos en que la oportunidad de explicar la situación con claridad y salir sin consecuencia se presenta solo una vez, y por el curso corto que Peña desconocía que le faltaba, la explicación falló.

Lo cierto es que el ahora exministro en su conferencia de prensa fue frontal y directo. Reconoció que había mentido sobre su título, hablo sobre su historia personal y sobre su decisión de presentar renuncia al Ministerio. Es cierto que Peña cometió un error importante y que luego de haber saltado todo el asunto del título de Sendic tuvo tiempo para arreglar esta situación antes. Pero también es cierto que en tiempos de campaña política y gestión no siempre es fácil para los dirigente todoterreno hacerse tiempo para asuntos académicos o profesionales.

Con su actitud de renunciar, por cierto, Adrián Peña acierta, al actuar de acuerdo a al ética de la responsabilidad que caracteriza a su parido políticos desde el fondo de la historia y que todo el sistema político y la ciudadanía debe reconocérselo. Algunas personas, erigidas en guardianes de la moral de la sociedad sin que nadie los convoque, también le reclaman una renuncia al Senado que no corresponde. Peña renuncia al cargo para el que fue designado, un cargo de confianza política gubernamental, mientras que al Senado accedió gracias al voto a la ciudadanía y ese voto no es revocable hasta la próxima instancia electoral, dónde la gente volverá a decidir si le renueva su confianza o no.

La renuncia de Adrián Peña se suma a otros episodios vividos en el actual gobierno, como el que involucró a la vicecanciller Carolina Ache o al director de secretaría del Ministerio del Interior Luis Calabria, en que jerarcas del gobierno renuncian a sus cargos por razones de ética personal, sin que su honestidad o idoneidad para el cargo estén cuestionadas. Esta situación es radicalmente distinta al de otros casos con los que se han querido comparar, como las renuncias por corrupción de los gobiernos del Frente Amplio. Entiéndase bien, Raúl Sendic, Fernando Lorenzo y Fernando Calloia fueron condenados por la Justicia, al igual que el diputado Daniel Placeres.

Estas personas cometieron delitos y fueron aplaudidos y felicitados por sus compañeros de partido. ¿Recuerda el lector la caravanas de autos hasta la casa de balneario del exministro procesado? ¿Tiene en su memoria el lector la ovación de los legisladores frentistas al procesado Placeres? Los escandalosos episodios de corrupción de las administraciones frentistas con el apoyo institucional de sus correligionarios frente a las renuncias de jerarcas de la Coalición Republicana por su propia conciencia y responsabilidad personal, limpios de cualquier cuestionamiento a su honorabilidad, marcan el abismo ético que existe entre los dos bloques. Entre los jerarcas atornillados a cualquier costo del período anterior y la responsabilidad democrática de los que integran la actual administración existe una diferencia que la ciudadanía sabe distinguir perfectamente.