Al momento de entregar este editorial para su impresión, la aguardada noticia de la semana aún no se había producido. La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg seguía sin presentar, por iniciativa propia, su renuncia al cargo.
Todo este escándalo comenzó en octubre del año pasado cuando la ministra redujo de cinco a tres años la inhabilitación de la anestesista Inés Miralles, responsable de la muerte de una paciente por causa de un procedimiento mal hecho.
Como se recordará, la anestesista fue cuestionada por una actuación muy irregular en la aplicación de anestesia a la pediatra Soledad Barrera, que sufrió un paro cardiorrespiratorio durante una cirugía de vesícula realizada en diciembre de 2023. Como consecuencia, quedó en estado vegetativo hasta su muerte en agosto de 2024. Miralles fue condenada a dos años de prisión por homicidio culposo; la pena fue luego convertida en libertad a prueba. A la vez, una decisión del Ministerio de Salud Pública la inhabilitaba por cinco años para ejercer la medicina.
La ministra de Salud Pública redujo la sanción a solo tres años, para lo cual debió pasar por alto el dictamen de la Comisión Honoraria de Salud Pública. Esto llevó a que a fines de abril de este año, once de los trece integrantes de dicha Comisión renunciaran a sus cargos. Tal decisión hizo pensar que la ministra reaccionaría de alguna forma, ya sea dando marcha atrás sobre su medida o renunciando ella misma.
Nada de ello sucedió. Lustemberg se empecinó en defender su postura pese a un creciente clima de críticas, a las que se sumaban las de quienes cuestionaron que defendiera a capa y espada la posibilidad (inconstitucional por donde se mirara) de que el director de ASSE Álvaro Danza, mantuviera simultáneamente sus empleos en la actividad privada. Al final Danza renunció a sus otros puestos para mantener el de ASSE, lo cual implicó reconocer que sus críticos tenían razón.
Desde entonces la gestión de la ministra estuvo marcada por su insólita decisión. Poco le importó la renuncia masiva en la Comisión e hizo oídos sordos a los reclamos de la oposición. También pasó por alto las más silenciosas, pero reales, críticas que venían desde adentro.
En estos días hubo un vuelco dramático en la situación cuando, ante los recursos presentados por la familia de la víctima, el presidente Yamandú Orsi revocó la decisión del Ministerio y se restableció la inhabilitación por cinco años. Tal anuncio implicó, por sí solo, un duro revolcón para la ministra.
Lo curioso es que el texto en el que el presidente públicamente desautorizó a su ministra, fue también firmado por ella. Lustemberg, al necesitar una justificación que disimulara su comprometida situación, explicó que la medida debía reverse porque habían aparecido “elementos nuevos” en el caso.
Nadie a lo ancho y largo del territorio tuvo noticias de que hubieran surgido nuevos elementos y una aclaración contundente vino desde la Asesoría Jurídica de la Presidencia que contradijo los argumentos del Ministerio y rechazó que para restablecer la inhabilitación de 5 años fuera necesario invocar “nuevos hechos”. Bastaba lo ya sabido desde el primer momento y entendía que la rebaja fue una resolución “arbitraria”.
Desde que todo este lío empezó, la ministra Lustemberg no ha hecho más que ser desautorizada una y otra vez. Quedó en falsa escuadra ante la familia de la víctima y ante el país entero. Quedó en falsa escuadra ante la mayoría de la Comisión Honoraria que optó por renunciar.
Quedó en falsa escuadra ante sus propios colegas, médicos que no terminan de entender su obstinación ni de justificar su decisión.
Quedó en falsa escuadra ante el presidente de la República que, aún en un tono que parecía cubrirla, de hecho la desautorizó ante el país entero.
Quedó en falsa escuadra ante la Oficina Jurídica de la Presidencia que al ver que la ministra buscaba una coartada para salvar su pellejo debió aclarar que nunca existió tal coartada.
Lo insólito es que al momento de escribir estas líneas, la ministra no presentó su renuncia indeclinable al presidente: una medida que todo el país está esperando desde hace ya varios días.
No se trata de que el presidente deba pedírsela. No importa que la oposición se la reclame y pida una interpelación. Esa renuncia tiene que salir de ella misma. Hay una seguidilla de hechos contundentes, que hacen que su permanencia en ese cargo sea a esta altura insostenible.