EDITORIAL

Si algo caracterizó a los tres gobiernos del Frente Amplio fue el desmesurado crecimiento del Estado y el aumento de la burocracia, cargas que recaen sobre los sufridos contribuyentes.

Cuando era oposición el Frente Amplio solía denunciar casos de "clientelismo", "amiguismo" o de funcionarios "puestos a dedo" por los partidos tradicionales. Una de sus grandes promesas de campaña fue el anuncio de la puesta en marcha de un sistema de rigurosa selección de personal basado en los méritos. Ese era uno de los pilares sobre los que se asentaría la reforma del Estado propuesta —y nunca concretada— por la izquierda. Ahora se sabe que los presuntos reformistas en más de una década de gobierno aumentaron con 60.000 funcionarios —algunos hablan de más de 70.000— las filas de la burocracia estatal.

A esos nuevos funcionarios deben sumarse las decenas de miles que los gobiernos de Tabaré Vázquez y José Mujica debieron nombrar para reponer las bajas por jubilación y otras razones. Lo cierto es que una vez obtenido el mando las puertas de las oficinas públicas se abrieron generosamente para dar cabida a militantes frentistas y otros compañeros de ruta.

Para empezar, hubo emblemáticos casos de nepotismo como el protagonizado por Tabaré Vázquez al nombrar a su hermano primero prosecretario de la Presidencia y después subsecretario del Interior, cargo este último que conserva hasta la fecha. Señalemos de paso que por más que se diga que este caso no infringe las normas por cuanto su superior sería el ministro del Interior, está claro que el nepotismo se configura cuando, como acaba de ocurrir, Jorge Vázquez actúa como ministro en ausencia del titular de la cartera. Es decir, bajo las órdenes directas de su propio hermano.

Más allá de este episodio hubo una chorrera de designaciones que estuvieron lejos de pasar por el tan pregonado tamiz del concurso y del examen. Por la vía de los cargos de confianza, pases en comisión y contratación de asesores, la planilla de empleados públicos se incrementó a un ritmo parejo. Más allá de la cobertura de las bajas normales en la administración que fueron llenadas por millares en estos doce años, Vázquez y Mujica incorporaron además a unas 25.000 personas en sus respectivos períodos. Si bien resta por ver qué ha pasado en este tercer gobierno frentista en materia de aumento de personal, es seguro que la legión burocrática no disminuyó.

En un país en donde según el último censo la población no aumenta y adonde arribaron hace tiempo las modernas tecnologías de la información que simplificaron la función pública, tan desmesurado crecimiento carece de otra justificación que no sean las viejas plagas del estatismo sazonadas por el clientelismo y la demagogia, vicios denunciados antaño por la izquierda y ahora practicadas hasta el hartazgo desde el gobierno. Prueba de ello es el entramado de parientes y recontra parientes de gobernantes que ocupan cargos en todo el escalafón público.

Es cierto que se crearon nuevos organismos y que el Estado profundizó su labor en ciertas áreas. También es verdad que una porción del aumento corresponde a personas que ya desempeñaban tareas públicas en calidad de contratadas o a título provisorio, cuya situación se regularizó en los últimos años. De todos modos, ninguna de estas consideraciones alcanza para justificar ese "boom" de decenas de miles de funcionarios demás, en una administración pública ya de por sí superpoblada.

Intentando defenderse de las críticas recibidas voceros gubernamentales aducen que buena parte de los nombramientos se hicieron en sectores críticos como la seguridad y la educación. Ese argumento es como un boomerang ya que a pesar de robustecer sus cuadros, la educación siguió barranca abajo como lo prueban las cifras de repetición y algo similar ocurre con la seguridad, en donde el mayor número de efectivos no se refleja en una sustancial reducción en las estadísticas del crimen.

El panorama general de la burocracia pública resulta más desolador si se recuerda que en los tres gobiernos frentistas se adoptaron pocas medidas para dinamizar el aparato estatal. El promocionado nuevo estatuto del funcionario público, aprobado tiempo atrás, apenas introdujo cambios en la situación. Entre otras propuestas que no terminaron de concretarse figuraba la posibilidad de destituir por causas justificadas a los malos funcionarios. Esa y otras iniciativas quedaron en agua de borrajas, por lo que el país padece hoy el lastre de un Estado gigantesco.

Cuesta imaginar que el sector privado y los sufridos contribuyentes puedan seguir soportando por mucho tiempo más la carga de semejante mastodonte burocrático.