Críticas

Ramón Eduardo Montevideo

Nelson A. Lemes Treinta y Tres

Carlos Larraya Montevideo

SEGUIR Julia Rodríguez Larreta Introduzca el texto aquí Es injusto decir que la mala situación de la Argentina es el resultado de ineptos e improvisados en el manejo de la política. Macri tenía un plan. Hoy día podemos decir que estaba basado en premisas optimistas. Que no tomó el toro por las astas de entrada es verdad. ¿Pero de qué manera se debía actuar? Hay que hacerse esa pregunta. Se argumenta que, aparte de abrirse al mundo, lograr salir del default y hacer el blanqueo, debió de entrada confesarle al pueblo que la situación en la que encontró las arcas del Estado le forzaba a tomar medidas draconianas. Devaluar fuertemente el peso y además reducir los salarios para así bajar el déficit fiscal. Reducir los subsidios al transporte, subir las tarifas de la electricidad, gas, agua, etc. Erradicar las jubilaciones de privilegio y las truchas, disminuir los empleados públicos nacionales de las empresas del Estado y exigir lo mismo de las provincias. También revelar el saqueo al que había sido sometida la nación y meter presos a los ladrones. Todo de un golpe. Entre distintas variantes de estas expresiones de deseo por parte de mucha gente que lo apoyó y todavía algunos que lo siguen respaldando, se lamenta que no haber provocado un "shock" de entrada. Creo que debemos rememorar diciembre del 2015 y admitir que era un gobierno débil, no en su voluntad de cambiar las cosas, sino por la falta de mayorías parlamentarias y el acecho de los opositores enquistados en diferentes estamentos del poder. Un tratamiento de "shock" como algunos proponían, solo lo pueden hacer regímenes militares luego de un golpe o un caudillo con amplia mayoría y respaldo de la fuerza pública, a la que los Kirchner desmanteló. Es por eso, en mi opinión, que Macri diseñó un plan gradualista que consistía en ir reduciendo paulatinamente los subsidios, ajustando poco a poco las tarifas públicas, endeudándose en el exterior, mientras lanzaba a nivel nacional un gran plan de obra pública para dinamizar el empleo, el consumo de cemento y acero, haciendo crecer la economía y por ende la recaudación, para reducir el enorme déficit fiscal heredado. Era parte del proyecto invitar a capitales extranjeros a volver a invertir en la Argentina, para lo cual necesitaba recomponer el alicaído prestigio de moroso serial y de país inestable en cuanto a reglas de juego y compromisos contraídos. Al campo le quitó o le redujo las detracciones y lo instó a lanzarse a producir y exportar más. Lo mismo trató de hacer en la industria, así como aumentar el intercambio comercial con su principal mercado, el Brasil. Pero estas políticas no tuvieron el resultado esperado. Una fuerte sequía, la peor en 40 años, seguida de copiosas lluvias en el momento de la cosecha, golpeó al campo mermando aún más los pobres rindes por hectárea. La obra pública tardó en empezar ya que no existían en carpeta proyectos bien estudiados para llamar a licitación, con las salvaguardias necesarias. No es algo que se prioriza y coordina bien si se hace a las apuradas, además de ser un asunto siempre sujeto a críticas e investigaciones posteriores. El sueño de inversiones extranjeras no se concretó. Es lógico. La Argentina tiene una presión fiscal enorme. Algunos la calculan en 70% entre los gravámenes directos e indirectos, más una inflación actual del 40%. Hay opciones más atractivas en el mundo, la verdad. Brasil y su mercado, es todo un capítulo, pero basta con decir que hace 3 años que está en una recesión, peor a la que se encuentra Argentina hoy, si bien parecería que están empezando a salir del parate. En gran parte, esto se debe indirectamente al vergonzoso Lava Jato. Y lo mismo está en la actualidad, aconteciendo en Argentina. Muchos empresarios están preocupados, las coimas que habrán pagado, por lo que ahora no les interesa tanto encarar una inversión. No ir presos es la prioridad que los ocupa. El pasado miércoles, el juez Bonadioo procesó para empezar, a 42 personas, entre ellas a la ex presidente, a un "superministro", a un secretario de estado y a importantes funcionarios. A empresarios de primera línea y varios por asociación ilícita para defraudar a la nación. Parece que el peor momento de la crisis de confianza que sufrió el gobierno en agosto pasó. El acuerdo con el FMI parece estar encaminado, en parte por el fuerte ajuste presupuestario encarado por el gobierno y el apoyo de EE.UU. (Trump) que tiene enorme peso en esa institución. Si el clima ayuda y Argentina tiene una buena cosecha en la próxima campaña (18/19) y se hacen grandes progresos en la producción de petróleo y gas, en el yacimiento de "vaca muerta". Si Brasil sigue recuperándose, si aflojara un poco el caudal de críticas de las que su gobierno es hoy blanco preferido, si disminuyeran las acciones desestabilizadoras de organizaciones bien pagas de sus enemigos, y los argentinos no se dejan llevar por la volubilidad, puede ser que Macri logre terminar su mandato. De hacerlo, y si el peronismo sigue dividido no todo está perdido para Cambiemos.

EDITORIAL Si algo caracterizó a los tres gobiernos del Frente Amplio fue el desmesurado crecimiento del Estado y el aumento de la burocracia, cargas que recaen sobre los sufridos contribuyentes. Cuando era oposición el Frente Amplio solía denunciar casos de "clientelismo", "amiguismo" o de funcionarios "puestos a dedo" por los partidos tradicionales. Una de sus grandes promesas de campaña fue el anuncio de la puesta en marcha de un sistema de rigurosa selección de personal basado en los méritos. Ese era uno de los pilares sobre los que se asentaría la reforma del Estado propuesta —y nunca concretada— por la izquierda. Ahora se sabe que los presuntos reformistas en más de una década de gobierno aumentaron con 60.000 funcionarios —algunos hablan de más de 70.000— las filas de la burocracia estatal. A esos nuevos funcionarios deben sumarse las decenas de miles que los gobiernos de Tabaré Vázquez y José Mujica debieron nombrar para reponer las bajas por jubilación y otras razones. Lo cierto es que una vez obtenido el mando las puertas de las oficinas públicas se abrieron generosamente para dar cabida a militantes frentistas y otros compañeros de ruta. Para empezar, hubo emblemáticos casos de nepotismo como el protagonizado por Tabaré Vázquez al nombrar a su hermano primero prosecretario de la Presidencia y después subsecretario del Interior, cargo este último que conserva hasta la fecha. Señalemos de paso que por más que se diga que este caso no infringe las normas por cuanto su superior sería el ministro del Interior, está claro que el nepotismo se configura cuando, como acaba de ocurrir, Jorge Vázquez actúa como ministro en ausencia del titular de la cartera. Es decir, bajo las órdenes directas de su propio hermano. Más allá de este episodio hubo una chorrera de designaciones que estuvieron lejos de pasar por el tan pregonado tamiz del concurso y del examen. Por la vía de los cargos de confianza, pases en comisión y contratación de asesores, la planilla de empleados públicos se incrementó a un ritmo parejo. Más allá de la cobertura de las bajas normales en la administración que fueron llenadas por millares en estos doce años, Vázquez y Mujica incorporaron además a unas 25.000 personas en sus respectivos períodos. Si bien resta por ver qué ha pasado en este tercer gobierno frentista en materia de aumento de personal, es seguro que la legión burocrática no disminuyó. En un país en donde según el último censo la población no aumenta y adonde arribaron hace tiempo las modernas tecnologías de la información que simplificaron la función pública, tan desmesurado crecimiento carece de otra justificación que no sean las viejas plagas del estatismo sazonadas por el clientelismo y la demagogia, vicios denunciados antaño por la izquierda y ahora practicadas hasta el hartazgo desde el gobierno. Prueba de ello es el entramado de parientes y recontra parientes de gobernantes que ocupan cargos en todo el escalafón público. Es cierto que se crearon nuevos organismos y que el Estado profundizó su labor en ciertas áreas. También es verdad que una porción del aumento corresponde a personas que ya desempeñaban tareas públicas en calidad de contratadas o a título provisorio, cuya situación se regularizó en los últimos años. De todos modos, ninguna de estas consideraciones alcanza para justificar ese "boom" de decenas de miles de funcionarios demás, en una administración pública ya de por sí superpoblada. Intentando defenderse de las críticas recibidas voceros gubernamentales aducen que buena parte de los nombramientos se hicieron en sectores críticos como la seguridad y la educación. Ese argumento es como un boomerang ya que a pesar de robustecer sus cuadros, la educación siguió barranca abajo como lo prueban las cifras de repetición y algo similar ocurre con la seguridad, en donde el mayor número de efectivos no se refleja en una sustancial reducción en las estadísticas del crimen. El panorama general de la burocracia pública resulta más desolador si se recuerda que en los tres gobiernos frentistas se adoptaron pocas medidas para dinamizar el aparato estatal. El promocionado nuevo estatuto del funcionario público, aprobado tiempo atrás, apenas introdujo cambios en la situación. Entre otras propuestas que no terminaron de concretarse figuraba la posibilidad de destituir por causas justificadas a los malos funcionarios. Esa y otras iniciativas quedaron en agua de borrajas, por lo que el país padece hoy el lastre de un Estado gigantesco. Cuesta imaginar que el sector privado y los sufridos contribuyentes puedan seguir soportando por mucho tiempo más la carga de semejante mastodonte burocrático.