Garantías para el voto

El asunto pasa desapercibido en nuestra política nacional porque lo tenemos muy bien resuelto ya hace más de cien años. Se trata de la forma en la que se deciden y resuelven las elecciones tanto en sus modalidades prácticas en el día mismo del acto electoral, como en sus garantías previas y posteriores que procuran garantizar el respeto por la voluntad de los votantes expresada en las urnas.

Los ejemplos de dificultades electorales en el mundo abundan. Sin ir muy lejos, la elección de balotaje de Lula la semana pasada dejó planteado un problema sustancial: ¿estuvo bien que se decidiera extender el horario de votación a partir de una iniciativa salida del equipo de Lula, cuando las autoridades electorales no habían dado su acuerdo para tal cosa? Hay quienes dicen que eso favoreció naturalmente la remontada del presidente- candidato. Y naturalmente también hay quienes señalan que no puede limitarse por horarios la posibilidad de que el ciudadano vaya y vote. La polémica pasa entonces al tema de los controles de esos votos de la tardecita del día del balotaje brasileño, y del manejo de las máquinas de voto electrónico que los reciben. Y la conclusión de todo esto es una disputa, con un Bolsonaro que reacciona poniendo en tela de juicio todo el proceso mismo de la elección.

No es el único país con problemas. La democracia más importante del mundo que es Estados Unidos (EEUU) arrastra enormes dificultades para asegurar que los resultados de las elecciones sean efectivamente fiel testimonio de la voluntad popular. Y no es cuestión de referirse a viejos asuntos históricos, como pudo ser la polémica elección presidencial de Kennedy en 1960, donde se acusó de fraude electoral en distintos Estados claves del país, o la de Bush en 2000 con el conteo tan particular y la polémica en el Estado de Florida. En esta misma década, existen Estados de EEUU en los que no se pide sistemáticamente un documento de identidad para poder efectivamente ejercer el derecho al voto. No existe un padrón único nacional ni tampoco una credencial cívica tal como los conocemos en nuestro país, por ejemplo.

¿Qué decir de otros procesos electorales de nuestra región que tantas sospechas han levantado? El ejemplo más dramático, y hasta ridículo, fue en todos estos años lo ocurrido en Venezuela, con fraudes recurrentes y masivos de parte de la dictadura chavista que impidió de esta forma cualquier alternancia en el poder. Y sin duda que para poder avanzar en la democratización futura tanto de Venezuela, como de Cuba o de Nicaragua, por ejemplo, las garantías electorales deben ser tales que den certezas a todos de que se cumplirá con la voluntad popular.

Aquí es donde nuestro caso es tan importante para la región y para el mundo. Hace más de cien años el Uruguay supo generar un acuerdo fundamental, profundo y duradero en torno a las mejores garantías posibles para el ejercicio del voto. Esa Corte Electoral, que luego fue constitucionalizada, es la base a partir de la cual nuestra democracia funciona con legitimidad y confianza. Fueron muchas las ocasiones en las que, efectivamente, la diferencia entre el ganador y el perdedor no pasó de algunos miles de votos, y es gracias a la confianza que brinda todo el sistema que hace cien años nos dimos que jamás hubo un problema institucional en este sentido.

En este tiempo de inmediatez y de digitalización, importa entender bien sobre qué bases funcionan nuestras garantías electorales. El voto en papel es fundamental e irremplazable: está allí la garantía, la prueba, el testimonio varias veces escrutado - en la noche de la propia elección y luego en el segundo escrutinio días más tarde - de qué fue lo que se votó. Están también los delegados partidarios que acceden a la copia del acta del escrutinio en el momento de la elección y que luego participan del segundo recuento. Y por supuesto, está la completa autonomía de la Corte Electoral para resolver los temas vinculados a su ámbito, con una conformación plural que asegura que todos estén allí representados.

Hay más garantías que importan mucho, como por ejemplo el padrón electoral propio que no depende de tal o cual particularidad administrativa definida por el Poder Ejecutivo - lo que sí ocurre con la cédula de identidad, claro está -. No es cuestión de enumerarlas todas aquí. Pero sí es clave entender que esta tarea extremadamente garantista de la Corte Electoral debe ser muy valorada por nuestra democracia. Ella es nuestro pilar discreto y fundamental para que todo funcione correctamente.