Febrero amargo

Ayer se cumplieron 50 años del tristemente célebre 9 de febrero de 1973, en que se formalizó el deterioro de la institucionalidad uruguaya, con la desobediencia de algunos mandos militares al poder civil y la formulación de los “comunicados” con que aquellos empezaron a incidir ilícitamente en las decisiones de gobierno.

Para muchos puede parecer reiterativo evocar esos acontecimientos. Pero hay que tener en cuenta que en los últimos lustros se ha propagado intencionadamente una versión mentirosa de la historia. A los más jóvenes se les ha trasmitido -incluso en libros de estudios- que los militares perpetraron el golpe en defensa de la oligarquía y en contra de la izquierda, y que los guerrilleros tupamaros se alzaron en armas para defender la democracia.

Ambos asertos no son solo tergiversaciones. Son falsedades absolutas.

Por eso hay que poner una y otra vez las cosas en su lugar: la guerrilla tupamara, que se había iniciado en plena democracia en 1963, había sido derrotada en forma definitiva en 1972. Paralelamente, se intensificaban secretas negociaciones entre militares y guerrilleros en los cuarteles, a espaldas de los poderes democráticos del país.

Jorge Batlle fue el primero en denunciar esas transacciones espurias y advertir en noviembre de 1972 que se venía un alzamiento militar. El entonces presidente Juan María Bordaberry designó a un ministro de Defensa Nacional leal a la institucionalidad, el general retirado Antonio Francese, pero los mandos de la Ejército y la Fuerza Aérea desacataron su nombramiento. Se hizo famosa la frase que pronuncia Francese cuando el presidente, obligado, lo releva: “Yo solo tengo este librito para defenderme”, dijo, blandiendo la Constitución de la República.

Ante una magra asistencia popular a la convocatoria de Bordaberry en defensa de las instituciones, el presidente por entonces constitucional termina pactando con los sublevados su permanencia en el cargo y otorgándoles una injerencia creciente en el mando efectivo del Ejecutivo. Allí, en el pacto de Boiso Lanza, nace el Consejo de Seguridad Nacional, un órgano asesor exigido por los golpistas.

Lejos de denunciar esta situación, el naciente Frente Amplio -que se había estrenado en las elecciones de 1971- mira con simpatía los famosos comunicados 4 y 7 que emiten los mandos militares sublevados. En las críticas que estos hacían a la corrupción y la oligarquía, interpretaban una vocación “peruanista”, a tono con el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada que impulsaba el dictador Juan Velasco Alvarado en aquel país.

Al Frente Amplio poco le importaba entonces -como poco parece importarle ahora, a juzgar por su adhesión a los Maduro, Ortega y Díaz Canel- la institucionalidad democrática, a la que sus ideólogos solían menospreciar como “democracia burguesa” que garantizaba meras “libertades formales”.

Por eso en aquel febrero, la coalición de izquierda, con la honrosa excepción de Carlos Quijano, le puso todas las fichas a la sublevación militar. El diario comunista El Popular editorializó explícitamente sobre el asunto, estableciendo que la división no era entre militares y civiles sino entre oligarquía y pueblo. Para ellos, la oligarquía eran los partidos fundacionales, y el pueblo, los militares sublevados y el Frente Amplio.

Se trató, claro está, de una definición por demás exagerada, si tenemos en cuen-ta que en la elección celebrada escasos meses antes, la izquierda había concitado menos del 18 por ciento de los votos de ese “pueblo” al que invocaba.

En aquel entonces se autoatribuían mesiánicamente las mayorías nacionales, sin tenerlas de su lado en realidad: algo parecido a lo que siguen haciendo ahora, ¿no?

Y allí se alzaron las voces blancas y coloradas, denunciando el desastre que se avecinaba. Es especialmente recordable el coraje del vicealmirante Juan José Zorrilla, quien no tuvo reparos en atrincherar a la Armada en la Ciudad Vieja en resistencia contra los sublevados. Y también la denuncia enérgica formulada por el entonces senador Amílcar Vasconcellos, cuyo libro “Febrero amargo” debería ser de lectura obligatoria.

Señala allí con lúcido coraje: “Que nadie se haga ilusiones: Latorre llegó y nadie ha olvidado cómo se tuvo que ir; los ‘latorritos’ que tratan de llegar -aunque puedan lograrlo mediante la ayuda de cobardes y traidores- que no olviden la lección histórica”.

Y de aquel 27 de junio en que terminó de caer la estantería, aún resuena la voz de Wilson Ferreira Aldunate: “Perdonarán que yo, antes de retirarme de Sala, arroje al rostro de los autores de este atentado el nombre de su más radical e irreconciliable enemigo que será, no tengan la menor duda, el vengador de la República: ¡viva el Partido Nacional!”.