Editorial

La injustificable reticencia de ministerios y entes autónomos en responder a los pedidos de informes de los legisladores es una de las causas de la tan criticada “judicialización de la política”.

Según la Constitución de la República, art. 118, todo legislador tiene derecho a pedir "los datos e informes que estime necesarios para llenar su contenido", una prerrogativa que el gobierno viene minando al no contestar esos pedidos o al hacerlo fuera de plazo. A tal punto llega el incumplimiento del Poder Ejecutivo que los legisladores, amparándose en el derecho que tiene cualquier ciudadano, optan por acudir a la ley de acceso a la información pública que les permite recurrir a la justicia.

La reticencia a informar, violatoria de la Constitución, opera como una restricción a la función de control otorgada al Parlamento. Confirma además la ya denunciada tendencia al secretismo que ha caracterizado a los gobiernos del Frente Amplio en ciertas áreas de la actividad pública. Se estima que un tercio de los pedidos de informes enviados desde el Poder Legislativo a ministerios, entes y otros organismos permanecen sin contestar, lo cual configura una grave anomalía.

Es que detrás de los reclamos de los legisladores late el interés del ciudadano común en conocer aspectos de la marcha de la administración. Las estadísticas sobre las quejas en esta materia demuestran que los más incumplidores son los ministerios de Transporte, Interior, Industria y Ganadería. Entre los entes se destaca la escasa colaboración de Antel.

En el afán de cumplir con sus funciones senadores y diputados utilizan cada vez más la ley de acceso a la información pública para llevar el caso a la justicia que, tras un breve proceso, puede obligar a las instituciones estatales a suministrar los datos solicitados. Quienes desde el gobierno tanto protestan porque "se judicializa la política" son los responsables de esta distorsión que introduce al Poder Judicial en un asunto que debiera resolverse entre los otros dos poderes del Estado.

Diez años atrás, cuando en el primer gobierno frentista se aprobó la ley de acceso a la información pública, el propio Tabaré Vázquez proclamó la voluntad de darle al país "un seguro de transparencia". Un seguro que se fue agrietando a través de leyes y decretos posteriores en donde el Ejecutivo se encargó de recortar esa potestad cuando se procura aplicarla a diversas áreas del Estado.

De todas formas los legisladores se las ingenian para sacar al gobierno de su mutismo como lo prueba el caso que involucró al diputado nacionalista Pablo Abdala y a la ministra de Industria, Carolina Cosse. El parlamentario quiso conocer los detalles sobre el contrato firmado para el alquiler de la nueva sede ministerial. Lo hizo a través del mecanismo del pedido de informes y se lo reiteró personalmente a la ministra. Fue inútil. Finalmente, gracias a la ley de acceso, Abdala consiguió en sede judicial que el ministerio le proporcionara los datos requeridos.

Ante esta situación desde la oposición se presentó un proyecto de ley para acortar los plazos concedidos a los organismos públicos para contestar los pedidos de informes de los legisladores, iniciativa que fue neutralizada por la mayoría parlamentaria del oficialismo. De esa manera, una y otra vez la izquierda gobernante niega en los hechos la prometida aplicación de los "principios de transparencia y publicidad" en la actividad pública.

Esa tendencia a mantener en secreto acciones gubernamentales de interés público ha sido y es fuente de polémicas y frustraciones desde que el Frente Amplio llegó al gobierno. El manto de silencio con que se quiso cubrir la operación del cierre de Pluna en momentos en que el tema ardía en la opinión pública es un ejemplo. Algo similar ocurrió con los resultados de las pruebas sobre la contaminación del río Uruguay en la zona de la papelera de UPM que se mantuvieron bajo reserva durante largo tiempo a pesar de los reclamos por conocerlos.

La ley de acceso también imponía a los organismos estatales la obligación de tener al día sus respectivas páginas web notificando sus actividades, un deber que la mayoría de ellas cumple a medias, según confirmó la reciente versión del Índice de Transparencia en el Estado Uruguayo (Itael). De las 127 instituciones públicas analizadas, el promedio de transparencia fue del 56%. Se destacan los casos de los ministerios de Educación y Cultura, y Turismo, en donde la transparencia deja mucho que desear.

Así, de un modo u otro, queda acotada cuando no bloqueada la información que los legisladores requieren o la que reclama la opinión pública. Todo ello con el agravante de la inconveniente intervención de la justicia en asuntos que incumben al Poder Legislativo y al Ejecutivo.