El programa Todas las Voces de Canal 4 sorprendió a la audiencia con una gráfica que en un primer momento parecía de alguna conferencia en la Academia de Ciencias, más que de un programa político.

Una de esas infografías mostraba células y numerosas ramificaciones. De esas que a partir de la pandemia se empeñan en mostrar al vulgo desde la TV y las redes para ilustrar a los ignaros en el tema. Dibujos o fotografías de minúsculos núcleos coloreados al borde de lo artístico, para esclarecer sobre el virus, las nuevas cepas, etc. Sin embargo, se trataba de otra enfermedad muy política, muy uruguaya y más peligrosa de lo que aparenta; la “estatitis”. Un mal endémico que afecta al Uruguay desde sus albores y con brotes recurrentes. Difícil de doblegar y enquistado. A veces latente o en estado agudo, según el sector.

En la pantalla se observaban como unos soles rodeados de numerosos desprendimientos. Pero no eran imágenes de laboratorio, sino un informe sobre las empresas estatales y sus numerosos hijos putativos.

En Uruguay, (3 millones de habitantes) en el 2020 existían 299.000 vínculos laborales según los últimos datos (pronto se conocerán los nuevos) de la ONSC. Además de los contratados y las personas que trabajan en las 68 empresas subsidiarias que proliferaron sobretodo, durante las administraciones frenteamplistas en calidad de Sociedades Anónimas de Propiedad Estatal. Se rigen entonces por el derecho privado, estando por fuera del control legislativo.

En estos momentos abundan los reclamos desde el sector gremial y del Frente Amplio acusando al gobierno de buscar la destrucción de las empresas del Estado. Por ejemplo de Antel, ya que se permitirá a los cableoperadores la transmisión de datos. Antes hubo otro escándalo por la portabilidad numérica.

En la mentada infografía se observaba que el Banco de Seguros, abierto a la competencia durante el gobierno de Lacalle Herrera, pesar de los negros vaticinios de la izquierda, compite, le va muy bien y justamente, es el único sin las antedichos desprendimientos. En 1995 se liberalizó el mercado de los seguros y no ocurrió ninguna de las catástrofes que la oposición presagiaba. Lo que sí sucedió fue que la apertura generó una baja importante de los costos, la gente se benefició y el BSE no perdió su lugar de liderazgo.

Sin embargo, el embate de los opositores contra el gobierno no cesa. Se escuchan desde las consabidas frases de que quieren vaciar a los entes autónomos, que se quiere privatizar, (anatema superlativo) aunque nadie en el Ejecutivo hable de algo semejante. Ya está laudado que el uruguayo por más caras o ineficientes que sean las empresas y los servicios estatales, por más grasa y vicios que contengan, son parte de su ADN. Así que hay que depender de ellas, sea como sea. La práctica se hizo costumbre y se convirtió en rasgo cultural.

Pero de todas maneras, hay medidas que pueden aliviar el yugo del “Ogro Filantrópico”, dijera el mejicano Octavio Paz. Y a eso está abocado el gobierno, así como a respetar a la justicia. Porque la vituperada autorización a los cableoperadores es cumplir con una sentencia de la Suprema Corte. Un fallo de hace varios años que el Frente Amplio ignoró.

Aunque sus integrantes, cada dos por tres se rasgan las vestiduras, como si sus gobiernos hubieran sido un ejemplo de respeto a las leyes y a las normas. Y eso que el presidente Mujica, el gran marketinero, declarase un día tranquilamente que “lo político está por encima de lo jurídico”. El mismo que afirmó en entrevista con la revista Veja, de Brasil, que si le traían una ley de medios la tiraría a la papelera. Pero la Ley de Medios que invocan para manifestarse en contra de lo actuado hoy por el gobierno, fue impulsada por el suyo, en el 2014.

Carolina Cosse, siendo Presidente de Antel, no le contestaba ni si ni no, al sector privado que había hecho una gran inversión en tendido de cables y estaba en condiciones de pasar internet. Ella consolidó con su silencio un monopolio de hecho para Antel. El de la transmisión de datos, mientras se embarcaba en el proyecto de la fibra óptica. Que así como es algo muy conveniente, requirió una megainversión que no la pagó Antel per se, como parece afirmarlo, sino que salió de los bolsillos de los uruguayos pagando las tarifas más altas de la región.

Promulgada la ley bajo Mujica en 2014, el sindicato de las telecomunicaciones, socio activo del FA , se agarra de ella amenazando con una inmediata judicialización del asunto para detener la habilitación. La cual es en respuesta al fallo de la Suprema Corte en el juicio de cinco empresas perjudicadas.