Ha trascendido el avance del diálogo social que emprendió la administración Orsi para tratar cambios al sistema de seguridad social. El objetivo es redactar un documento final a ser presentado antes del acto del Pit-Cnt en el día de los trabajadores, a pesar de que aún no ha surgido un consenso que incluya a las cámaras empresariales.
El camino de este diálogo social es muy relevante porque es una muestra muy clara del sentido izquierdista que anima al gobierno. Obviamente, debe preocupar a cualquier persona sensata y que tenga noción de cuáles son las carencias y límites de nuestra economía nacional, ya que hay varios ejemplos que ilustran el asunto y que se han ido conociendo en estos días.
El primero refiere a un asunto de valores sociales: el acuerdo del diálogo social fijará un aumento sustancial de partidas de asistencia para matrimonios con hijos, por tarjeta social y asignaciones familiares. Pero, en paralelo, quita las condicionalidades para obtener esas partidas, es decir, por ejemplo, la obligación para las familias de que los niños vayan a la escuela. Es toda una confesión acerca de para dónde quiere la izquierda que vaya el país: extensión de dádivas estatales pero pocas responsabilidades como contraparte, como la de ocuparse de que los niños se eduquen y que con ello puedan hacerse de las herramientas mínimas para salir adelante.
El segundo refiere a una promesa de campaña del Frente Amplio. Si bien es cierto que se mantiene formalmente la edad de retiro a los 65 años, lo planteado en el diálogo social implicará habilitar un régimen de “causal de retiro anticipada” para habilitar jubilaciones a los 60 años. Cuando se sabe que el aumento de la edad de retiro prevista en la reforma de 2023 no fue un capricho sino la consecuencia necesaria de nuestra evolución demográfica, y que además esa evolución ha ido para peor desde ese año con menos nacimientos que los previstos, se hace evidente la irresponsabilidad política que está detrás de esta medida.
La tercera disposición que ha trascendido será promovida a partir del diálogo social es un cambio fenomenal con relación a los ahorros jubilatorios de las AFAP. En efecto, se quitará a las AFAP la administración de las cuentas personales y se les dejará solamente el manejo de portafolios de inversión. Hubo acuerdo sobre esta reforma de parte de la central sindical y también de la gremial de jubilados ONAJPU, ya que en definitiva es un paso muy importante en el sentido de eliminar totalmente las AFAP que, sabido es, se trata de un objetivo que ambos tienen hace lustros.
Cuesta creer que esta última medida no se transforme en una bomba sobre el trenzado de certezas jurídicas y económicas que el país ha ido tejiendo durante años para ser un lugar atrayente para las inversiones tanto nacionales como extranjeras.
Más allá de que resulta evidente la violación a la expresión de la voluntad popular de octubre de 2024, que explícitamente apoyó al sistema de ahorros de las AFAP al no aprobar la reforma constitucional que quería liquidarlo, la pregunta evidente que surge de todo esto es la siguiente: ¿cómo cree el gobierno que puede dar este golpe sin afectar certezas jurídicas, tanto de las empresas del rubro como de los ahorristas que libremente han optado por tal o cual AFAP para que administre sus dineros en sus cuentas personales?
Cuando se ve el panorama completo del resultado del diálogo social queda claro que el gobierno está mostrando su peor rostro radical. Ya no es posible para la administración Orsi disimular el sentido izquierdista de su gobierno tras los acuerdos y la camaradería propia del talante de un buen intendente.
Ya no será posible seguir apoyando una cosa y su contraria a la vez, sin pagar ningún costo político y haciendo como que todo sigue lo más bien.
Esto es sencillo: en este diálogo social ha estado involucrado el gobierno y sus resultados involucran también al Frente Amplio. La hoja de ruta que deja es, sin ningún lugar a dudas, un desastre para el país, porque relativiza valores sustanciales que hacen a la responsabilidad y al mérito, porque niega una evolución demográfica y económica que todos conocemos, y porque impone una ruptura de las certezas jurídicas con relación a los ahorros jubilatorios que es típica de los gobiernos populistas que tanto daño han hecho en toda nuestra región.
Aquí está el centro de la oposición que todo el país sensato tendrá que llevar adelante. El camino del diálogo social nos lleva al peor populismo.