Civila debe renunciar

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Jesús tenía 83 años y pasó sus últimos días tirado en una plaza del Buceo, cerca de Bulevar Batlle y Ordóñez, en un barrio con vecinos, comercios y tránsito. No murió escondido en un rancho perdido ni en una noche de helada sin aviso. Murió a la vista de todos, y sobre todo a la vista del Ministerio de Desarrollo Social, que sabía perfectamente dónde estaba y en qué estado.

Los vecinos hicieron lo que el Estado no hizo. Le llevaron comida, lo taparon, y llamaron una y otra vez al Mides, al 911 y a Salud Pública. El 911 les contestó que no era asunto suyo y les pasó un número. El Mides mandó un equipo que le dejó un bidoncito de agua de medio litro y la promesa de volver con una campera. Cada vez que los vecinos insistían, la respuesta era que el hombre estaba “en monitoreo por protocolo”. Tuvieron que grabar una llamada para que alguien les creyera.

La reconstrucción del propio ministro Gonzalo Civila es todavía peor que el relato de los vecinos. Según el Mides, el primer aviso llegó el domingo a las seis de la tarde, el equipo fue a la hora, volvió antes de medianoche, volvió de madrugada, y recién el lunes a las dos de la tarde, en la cuarta visita, alguien decidió llamar a una ambulancia. Veinte horas mirando a un anciano deteriorarse a la intemperie, llenando formularios. Lo llevaron al Hospital Español y murió el miércoles.

El ministro dice que el hombre no quería ir a un refugio ni a un centro de salud. Pero él mismo admite que el protocolo obliga a llamar al 105 “ante la mínima percepción de riesgo sanitario”, y que lo que se investiga es por qué no se hizo desde la primera intervención.

El argumento de la negativa resulta ridículo. Un hombre de 83 años tirado en el piso de una plaza no está ejerciendo su libertad, está indefenso, y para eso existen médicos que pueden disponer un traslado aunque la persona se niegue. Nadie los llamó.

El diputado Pablo Abdala ya pidió informes con preguntas por demás pertinentes que el ministro debería haberse hecho a sí mismo hace rato, no después del velorio.

Sería muy cómodo reducir todo a una falla técnica de unos funcionarios de una ONG conveniada, que es exactamente hacia donde apunta la “investigación administrativa urgente” que pretende cortar el asunto por el lado más débil. Pero esto no es un error aislado de procedimiento, es la falla de un sistema que ya fracasó muchas veces y que nadie corrigió. En 2025 murieron personas en la calle en Goes, en Rivera, en el Buceo. Este año murió un hombre dentro de un refugio en La Teja, otro en Flor de Maroñas en plena alerta roja, otro en el Prado. Cada vez hubo conferencia, lamento y promesa de revisión que nunca llegaron.

En junio de 2025 Civila reconoció un “déficit en el sistema de captación”. Pasó un año y medio. Ahora el Mides ni siquiera tuvo que salir a buscar a nadie, los vecinos se lo encontraron, se lo señalaron, pidieron por favor que lo atendieran. Ni así.

Por eso la responsabilidad no termina en el equipo de calle. Los protocolos, los convenios, el control de las organizaciones contratadas y la supervisión dependen de los jerarcas. Y por encima de todos hay un ministro que hizo de la situación de calle su bandera, que habló de “poner la cara y el cuerpo”, de “personas con nombres y apellidos”, del Plan 365 y de la estrategia integral.

No se pueden hacer gárgaras con discursos sobre los más vulnerables y acumular un récord de muertos en la calle que en cualquier país serio ya le habría costado el cargo.

Un país que se presume solidario y que valora fuertemente la integración social se deshilacha cuando nos acostumbramos a este tipo de muertes terribles, a la vista y paciencia de todo el mundo.

La explicación oficial es que el problema es “estructural”, que hay “una responsabilidad de todo el Estado” y que no hay que hacer de esto un “botín político”. La responsabilidad de todo el Estado es la forma más elegante de que no sea responsabilidad de nadie.

La responsabilidad política existe y tiene nombre. Gonzlao Civila es el responsable político de esta desgracia y el único acto aceptable es su renuncia.

No la de un coordinador, no la rescisión de un convenio, la suya.

Si un ministro de desarrollo social no se siente obligado a irse cuando un anciano indefenso muere después de días tirado en una plaza, a su vista y paciencia, con todos los antecedentes de fallos groseros que ya acumulaba, es que perdió todas las referencias morales.

Y si el presidente lo sostiene, las perdió también el gobierno.

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