Alto riesgo

La CAF divulgó a fines de agosto la ficha del proyecto que financia la represa sobre el arroyo Casupá, y ahí, entre siglas y datos técnicos, hay una línea que el gobierno preferiría que nadie leyera. Riesgo social y ambiental: alto. No moderado, no medio, alto, la categoría máxima que el banco asigna a una operación.

No es un panfleto de la oposición ni el berrinche de una ONG, es la clasificación del organismo que pone los 130 millones de dólares. Y no viene sola, la ficha enumera ocho salvaguardas activadas, evaluación de impactos, uso de recursos naturales renovables, conservación de la diversidad biológica, prevención de la contaminación, patrimonio cultural, condiciones de trabajo, equidad de género y, la más elocuente de todas, reasentamiento de población. Gente que se va de donde vive porque el Estado decidió inundar el campo.

Los números explican la calificación. Un dique de hormigón compactado con rodillo, 750 metros de coronamiento, 30 de altura, un embalse de 2.127 hectáreas sobre una cuenca de aporte de 673 kilómetros cuadrados, 102 padrones, 37 propietarios con los que hay que negociar. Del lado financiero el cuadro es igual de claro, costo del proyecto 130 millones, préstamo CAF 130 millones, aporte local cero. Deuda pura, y ya hay 4,3 millones desembolsados.

Hay un detalle que corona la ficha. En el capítulo de resultados esperados, donde deberían figurar los indicadores de desarrollo del proyecto, personas beneficiadas, infraestructuras construidas, todo lo demás, la respuesta es la misma en cada casilla, N/D. Sin línea de base y sin valor esperado. Se pidieron 130 millones sin poder llenar la planilla que dice para qué.

La propia ficha describe lo que compramos. El objetivo, dice, es asegurar una reserva de agua bruta por hasta sesenta días en situación de sequía severa, y mitigar las floraciones de cianobacterias regulando el caudal del Santa Lucía. Sesenta días. La crisis de 2023 no se resolvió en sesenta días. Vale decir, estamos ante un proyecto que no tiene la evaluación adecuada por parte del gobierno y que no resolvería de ninguna manera una crisis hídrica severa.

Pero lo peor no está en la ficha, está en el mapa. Casupá es un arroyo de la cuenca del río Santa Lucía, aguas arriba de Paso Severino. Es decir que después de gastar 130 millones de dólares, inundar 2.127 hectáreas y mudar familias, Montevideo va a seguir tomando agua exactamente de la misma fuente de la que toma hoy. Y conviene recordar qué pasó en 2023, Paso Severino quedó en el barro no porque le faltaran paredes de hormigón sino porque no llovió. Cuando la cuenca se seca, se secan todos los embalses de la cuenca, incluso los nuevos. El problema nunca fue la falta de tanques, fue la falta de agua.

Arazatí resolvía justamente eso, traía agua del Río de la Plata, otra fuente, otro régimen y, eventualmente, otra suerte. Se lo podía discutir por el costo o por otras razones dentro del terreno de lo razonable, pero evidentemente, como evaluaron en su momento expertos israelíes era un proyecto sensiblemente mejor. Más aún resolvía el problema que tenemos, lo que Casupá no hace. Lo que no se discutió nunca en serio fue lo único que lo hacía valioso, que dejábamos de depender de una sola canilla. El proyecto se enterró en julio de 2025 y el pecado original es conocido, lo había propuesto el gobierno anterior.

Tampoco salió gratis enterrarlo. La renegociación con el consorcio terminó en unos 200 millones de dólares en obras alternativas, más los 130 de la represa, más las expropiaciones. Y en el camino el ministro Ortuño resolvió avanzar con la licitación sin tener los estudios ambientales concluidos, exactamente aquello que su fuerza política reprochaba cuando el que licitaba era otro. La coherencia dura lo que dura un cambio de gobierno.

Nada de esto es un error técnico, es una decisión política, y se toma sabiendo lo que dice la CAF. El agua potable de un millón seiscientas mil personas es el ejemplo perfecto de lo que debería manejarse como política de Estado, con horizonte de treinta años y no de cinco, con criterio de ingeniería y no de tribuna. Acá se hizo al revés, se descartó la obra del adversario por ser del adversario y se levantó la propia por ser propia. La sequía que viene, cuando venga, no va a preguntar quién tuvo razón, va a encontrar dos represas vacías en la misma cuenca y una factura de trescientos millones para pagar entre todos. Y quienes hoy quieren seguir adelante con este proyecto absurdo deberán rendir las cuentas que ahora están esquivando.