@|En el editorial del día domingo 10 del presente mes en cuanto al dictamen del juez Alejandro Recarey referido a la suspensión de la inoculación de la vacuna a los niños contra el Covid, se establecen tres razones de peso por parte del Prosecretario de la Presidencia, el Dr. Rodrigo Ferrés, las cuales seguramente estarán incluídas en la apelación junto con otras razones de fuerza contundente.

Es absolutamente seguro que semejante disparate jurídico habrá de ser dejado sin efecto por el Tribunal de Apelaciones que corresponda y se continuará el proceso vacunatorio a los niños.

Ahora bien, dado que hasta un estudiante mediocre de la Facultad de Derecho que actuara en respeto a la normativa jurídica sería incapaz de violarla del modo tan flagrante como lo ha hecho el señor Recarey (me abstengo de llamarlo “juez”), me pregunto si esta agresión contra el Derecho y la Salud Pública sumada a antecedentes impropios de alguien que ejerce tan delicada investidura no debería ser un tema que debiera ser considerado por la Suprema Corte de Justicia estableciendo una severa sanción o directamente la expulsión de su cargo.

¿Se advierte en manos de qué personal judicial está la ciudadanía uruguaya?