Un Estado eficiente

Ciudadano insatisfecho | Montevideo
@|En Uruguay, donde el Estado tiene una presencia significativa en la vida económica y social, la discusión sobre su reforma debería ocupar un lugar permanente en el debate público. Sin embargo, con frecuencia se aborda desde consignas políticas o posiciones ideológicas, dejando en segundo plano una pregunta fundamental: ¿qué tan eficaz es el Estado para cumplir las funciones que la sociedad le ha encomendado?

Reformar el Estado no significa necesariamente hacerlo más grande o más pequeño. Significa lograr que funcione mejor, que utilice responsablemente los recursos de los ciudadanos y que concentre sus esfuerzos en aquello que realmente aporta valor a la sociedad.

Para avanzar en esa dirección existen, a mi entender, cuatro pilares fundamentales.

1) Digitalización con propósito. La tecnología no debería limitarse a trasladar a una pantalla los antiguos trámites burocráticos. Debe utilizarse para rediseñar procesos, simplificarlos y hacer interoperables los organismos públicos. El ciudadano no debería tener que presentar una y otra vez información que el propio Estado ya posee.

2) Presupuestación por resultados. La asignación de los recursos públicos no debería depender exclusivamente de la inercia histórica ni del simple cumplimiento de lo presupuestado. Es necesario conocer qué resultados se obtienen con los recursos utilizados y qué impacto producen en la sociedad. Gastar todo el presupuesto asignado no constituye, por sí mismo, una demostración de buena gestión.

3) Simplificación regulatoria. La acumulación de permisos, requisitos y trámites superpuestos tiene costos para ciudadanos y empresas, desalienta la inversión y puede generar espacios propicios para la discrecionalidad y la corrupción. Simplificar las reglas no significa eliminar controles necesarios, sino hacerlos razonables, transparentes y eficientes.

4) Profesionalización e institucionalidad. Un sector público profesional, con adecuados mecanismos de ingreso, capacitación y evaluación del desempeño, favorece la continuidad de las buenas políticas más allá de los cambios de gobierno. La administración pública necesita preservar el conocimiento y la experiencia, al tiempo que exige responsabilidad por los resultados.

A estos pilares debería agregarse uno transversal: la evaluación. Toda reforma debería establecer objetivos concretos y mecanismos que permitan comprobar, con transparencia, si fueron alcanzados. Los ciudadanos tienen derecho a saber no solamente cuánto se gastó, sino también qué se consiguió con ese gasto.

Un Estado moderno y austero no es aquel que abandona sus funciones esenciales. Es aquel que elimina la grasa administrativa para concentrar cada peso del contribuyente en servicios de calidad y en el desarrollo sostenible de la comunidad.

En definitiva, la discusión sobre la reforma del Estado no debería comenzar preguntando cuánto Estado queremos, sino qué Estado necesitamos y qué resultados esperamos de él.

¡Hechos y no palabras!