Esteban Vicente | Colonia
@|El ser humano es propenso a juzgar a sus semejantes, no por sus conocimientos jurídicos o éticos, sino por sus intereses o sentimientos. La historia está plagada de ejemplos, en la mayoría de los casos de connotadas injusticias.
En nuestro país se instalaron desde el mes de marzo de 2020 unos tribunales que juzgan cualquier actividad llevada adelante por el actual gobierno. Y de inmediato, sin permitir derecho de defensa, lauda y hace llegar sus veredictos a la población a través de sus canales de comunicación, siempre bien dispuestos a trasmitir los dichos del expresidente chacarero, o de los intendentes de la capital o de su vecino canario.
Desde hace dos años, se designó a otro calificado vocero, quien rápidamente cambió su atuendo de presidente de la central sindical, para ponerse el traje de presidente del conglomerado de partidos políticos bajo el paraguas del FA. Y no ha escatimado en calificaciones para nada amigables hacia el Presidente de la República u otros miembros de su gabinete o de su partido. Quizás sea una estrategia usada con éxito en los años 90, o se pretenda copiar a la “grieta” predominante en la Argentina, pero de todas formas no es algo que “prenda” entre los ciudadanos nuestros. O quizás termine en el desencanto hacia todos los políticos…
Lo último que la montaña parió y que por supuesto se publicitó ampliamente es un comunicado del presidente del FA, rodeado de dirigentes algunos conocidos y otros no tanto, donde expresa preocupación por la injerencia del narcotráfico en el gobierno. Todo ello es pasándole factura por el caso Marset, donde desencuentros entre las cúpulas de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Interior terminaron con sus salidas.
Demás está decir que a cualquier ciudadano honesto de este país le preocupa la penetración de la droga en nuestra sociedad, que ha ido ganando espacio sobre todo en los últimos años. Ahora pretender que el FA como partido político aparezca como alguien incontaminado y por lo tanto con autoridad para juzgar al gobierno atribuyéndole estar envuelto en una conspiración mafiosa, es algo de mentes trastornadas. Para estar en condiciones de poder hablar con cierta propiedad de estas acciones del gobierno, habrían dos alternativas para opinar al respecto: 1- Haber tenido vivencias pasadas que vinculen un gobierno con cabecillas narcos.
2- Haber recibido algún chimento que no pueden probar con elementos judiciales, pero que usan como si fuera cierto.
La utilización de información falsa o de medias verdades hace que la sociedad o al menos cierta parte de la misma emita su veredicto condenatorio sin apelación valedera.
La justicia en nuestro país se encuentra en un proceso de grave crisis institucional en la que la política incide en la tramitación de investigaciones de fiscalía, agilitándolas y filtrándolas a la prensa cuando favorecen al partido político de sus preferencias y haciendo lo contrario cuando los afecta a la inversa.
Los tribunales inquisitorios no tienen cabida en nuestro país y nuestra democracia. La sociedad debe rechazarlos categóricamente.